Vladimir Alfonso Rivera Jimenez
Expediente 876/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Vladimir Alfonso Rivera Jimenez y Otros.
- Vladimir Alfonso Rivera Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de catorce de julio de dos mil veintidós, el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, en términos del artículo 214 de la ley de la materia, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual informó que concedió a los quejosos Vladimir Adolfo Rivera Jiménez y Jhojan José Francisco Useche Muñoz la condición de estancia de visitante con permiso temporal para realizar actividades remuneradas, y con motivo de ello, abandonaron las instalaciones de la estación migratoria, esto es, que fueron puestos en libertad. Ahora, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que los quejosos reclamaron esencialmente por esta vía constitucional la incomunicación, aseguramiento, alojamiento, detención prolongada y privación de la libertad fuera de procedimiento dentro de la estación migratoria en esta ciudad. Atento a lo anterior, de lo informado por la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, se considera que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del informe y el anexos que remitió la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración por conducto de su Sub representante local en Mexicali, Baja California, consistentes en copia certificada de los oficios 3680/2022 y 3681/2022 ambos de catorce de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se les autorizó a los quejosos Vladimir Adolfo Rivera Jiménez y Jhojan José Francisco Useche Muñoz la condición de estancia de visitante con permiso temporal para realizar actividades remuneradas, y con motivo de ello, abandonaron las instalaciones de la estación migratoria, esto es, fueron puestos en libertad. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -doce de junio de dos mil veintidós-, la autoridad responsable aun no ponía en libertad a los quejosos, tal afectación a la esfera jurídica de la gobernada cesó una vez que dicha responsable dictó los oficios 3680/2022 y 3681/2022 ambos de catorce de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se les autorizó a los quejosos Vladimir Adolfo Rivera Jiménez y Jhojan José Francisco Useche Muñoz la condición de estancia de visitante con permiso temporal para realizar actividades remuneradas, y con motivo de ello, abandonaron las instalaciones de la estación migratoria, esto es, fueron puestos en libertad. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable emitió una determinación para poner en libertad a los quejosos. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2a./J. 59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación de los actos reclamados, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con cuatro minutos del día de hoy. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se tiene a la autoridad informando que el catorce de junio del año en curso, concedió a los quejosos Vladimir Adolfo Rivera Jiménez y Jhojan José Francisco Useche Muñoz, la condición de estancia de visitante con permiso temporal para realizar actividades remuneradas y remite copia de dichos documentos, con los cuales los quejosos fueron puestos en libertad.
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio del Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual informa el acatamiento a la suspensión de plano y remite constancias relativas únicamente al expediente administrativo correspondiente al quejoso Vladimir Adolfo Rivera Jiménez, no así del diverso Jhojan José Francisco Useche Muñoz o Johan José Francisco Useche Muñoz. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas que exhibe la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la oficiante para que dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computados, remita copia certificada del expediente administrativo seguido en contra del quejoso Jhojan José Francisco Useche Muñoz o Johan José Francisco Useche Muñoz. Con el apercibimiento, que de no atender éste requerimiento, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción IV de la ley en cita. En otro aspecto, tomando en consideración que de autos no se advierte que las autoridades responsables Titular Encargado de la Estación Migratoria e Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Mexicali, Baja California, hubiesen acatado a cabalidad con la suspensión de plano, requiéraseles, para que, a más tardar dentro de las doce horas siguientes a su notificación, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; previniéndoseles que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. Reiterándoles de nueva cuenta, que en el presente juicio, mediante proveído de doce de junio de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio y de plano para efecto de que no se ejecute la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro contra los quejosos, así como para que en su caso cese cualquier tipo de incomunicación y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; por lo que se debe permitir a la parte quejosa tener comunicación o interacción con su abogado o persona de confianza. Del mismo modo, se concedió la suspensión de oficio y de plano para efecto que la parte quejosa sea puesto en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, o bien, que hayan transcurrido las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de referido ordenamiento. Además, para efecto que los aquí quejosos no sean trasladados a una diversa estación migratoria de la que se encuentran actualmente alojados. Asimismo, con apoyo en el artículo 126 y 164 de la ley de la Materia, se decretó la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que, si la detención o privación de la libertad de la parte quejosa tiene relación con la comisión de un delito, sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Previniéndoseles que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal.
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