Vladimir Alberto Miranda Hinojos
Expediente 857/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/08/2023
Partes del expediente
- Vladimir Alberto Miranda Hinojos
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso *****, por su propio derecho y en representación de su menor hijo ***, contra el auto de doce de julio del año en curso, dictado en el presente juicio. Nota de registro de recurso Se toma nota que se registró como recurso de queja 187/2023; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso Vladimir Alberto Miranda Honojos, que contiene expresión de agravios con los que, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto dictado por este juzgado el doce de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el aludido recurso de queja en contra del auto de referencia; remítase al Tribunal Colegiado de este Circuito en Turno, copia certificada de las constancias pertinentes para su resolución. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, ríndase el INFORME JUSTIFICADO en relación con la materia de la queja, señalándose que ES CIERTO el acto reclamado, al que se adjunte el original y copia del ocurso de expresión de agravios y copia certificada del presente asunto.
- Principal
...Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"....." Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Principio de definitividad En el caso, este juzgado federal considera que se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción V, y 172, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: Ahora, resulta conveniente transcribir la causal de improcedencia citada, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto normativo anteriormente transcrito, prevé el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que a su vez se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el peticionario de amparo tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que la ley señala y a través de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclame. Ello, considerando que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario, por lo cual, su estructura está fundamentada en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, entre los que se encuentra el de definitividad, con dos vertientes: definitividad tratándose de actos jurisdiccionales y de actos distintos de los jurisdiccionales. El principio de definitividad tratándose de actos jurisdiccionales, tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional durante la tramitación de un juicio, en tanto que obliga a los quejosos a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales de la ley que rige el juicio del cual emana el acto reclamado, que puedan tener por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. De tal modo que para que se actualice la causal de improcedencia antes aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Que no se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el propio artículo. En el caso a estudio, se reúne el primero de los requisitos que se precisaron en líneas supra, -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- ya que, en la especie los actos se atribuyen a las autoridades 1) ****, Agente del Ministerio Público de Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y 2) Unidad de Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y Normal Desarrollo Psicosexual de Una o Más Mujeres, Zona Mexicali, con sede en esta ciudad. También se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que en contra de los actos reclamados procede un medio de defensa ante el Juez de Control, tal y como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación;" "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (...) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De los numerales transcritos, se advierte que se otorga a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones por parte del Ministerio Público en sus funciones, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; por tanto, contra los actos reclamados en esta instancia procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoyan a lo anterior, los criterios de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES........" "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO........" "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO DECRETA PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y NO EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (CONFLICTO APARENTE DE NORMAS ENTRE DICHO PRECEPTO Y EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO)......." "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO RESUELVE ES IMPUGNABLE ANTE EL JUEZ DE CONTROL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO DEBE AGOTAR ESTE MEDIO DE DEFENSA, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. ....." En esa virtud, en el particular queda patente que la parte quejosa debió agotar tal medio de impugnación previo a la instauración del juicio de amparo, y al no haberse hecho así trae como consecuencia que se actualice el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y que su acción sea improcedente. Finalmente, el tercer requisito de la causal de improcedencia en estudio ?que no se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el propio artículo?, se estima que también queda satisfecho, puesto que en el presente juicio no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En apoyo a lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad, ni tratarse de un caso de excepción al mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la parte promovente contra actos de la autoridad; determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia que se prevé en el artículo 17 Constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio.......
- Principal
....Prevención Atento a lo anterior, se provee respecto de la demanda de amparo presentada por V********************; por lo que, con apoyo en el artículo 114 de la ley de la materia que dispone se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa********************Al respecto del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene que ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a los promoventes para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: Personalidad Manifieste bajo protesta de decir verdad, si promueve el presente juicio únicamente por propio derecho, o en su caso, por sí y en representación de su menor hijo ********************., de ser así, deberá acreditar con documento idóneo la personalidad con la que comparece a juicio, de conformidad con la siguiente jurisprudencia: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" Ello, en virtud de que del capítulo "IV.- ACTO RECLAMADO", se advierte que la parte quejosa señala como tal la negativa de la autoridades responsables en hacer valer y cumplir el interés superior del menor, sin que haya manifestado que promueve el presente asunto en representación del citado infante********************b. Actos reclamados sin vincularlos a las responsables El artículo 108, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la demanda de amparo deberá indicar la ley o acto que de cada autoridad se reclame, por lo que el acto reclamado no está desvinculado de la autoridad responsable, sino que, por el contrario, cada acto debe ser atribuido a un ente del Estado********************Así, con esta vinculación entre acto y autoridad quedaría debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, en atención al artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado, con ello las responsables estarían en aptitud de justificar los actos que en concreto se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte********************También debe atenderse que, en el supuesto caso de que no rindan informe justificado dichas autoridades, si están vinculadas con los actos reclamados, operaría la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117, párrafo tercero, del cuerpo legal en cita********************Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "INFORMES DE LAS AUTORIDADES, FALTA DE. EFECTOS CUANDO ESTÁN EN JUEGO INTERESES DE DOS PARTICULARES......" Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no precisó qué actos en particular reclama a las autoridades responsables, ya que los actos que señala en el capítulo correspondiente los atribuye de manera general e indistinta, sin que se les asigne de forma concreta********************Por lo anterior, deberá precisar los actos que reclama, en específico, a cada autoridad********************2. Apercibimiento Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo********************IV. Intervención a las partes del juicio de amparo......... se le autoriza la consulta vía electrónica y la práctica de las notificaciones correspondientes de este juicio de amparo, al usuario que indica********************.........
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 9,143 expedientes
- Virginia Urzua Montañez555/2022
- Viridiana Pacheco Gallardo y Otros.130/2016
- Viridiana Sanchez Toledo788/2019
- Viviana Morales Gómez862/2023
- Viviana Valdéz Gutiérrez646/2019
- Viviana Valdez Gutierrez877/2021
- Vladimir Alberto Miranda Hinojos1212/2023
- Vladimir Alberto Miranda Hinojos1037/2023
- Vladimir Jesús Lopez Cañedo529/2019
- Vladymir Covarrubias Campos y Otros.35/2015
- Waldina Cardenas Cota888/2018
- Waldina Cardenas Cota420/2019