Viviana Sotero León
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/06/2023
Partes del expediente
- Viviana Sotero León
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el suscrito licenciado Josué Juárez Hernández, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, certifico y hago constar: Que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento emitida el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo, transcurrió para la parte quejosa y el Fiscal de la Federación adscrito, del dos al quince de junio de la presente anualidad; lo anterior, sin contar los días tres, cuatro, diez y once del mes y año en curso, dado que fueron inhábiles de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la legislación de la materia; haciendo constar que no se localizó promoción alguna presentada en la oficialía de partes de este juzgado y en medios electrónicos, mediante la cual se interponga recurso de revisión en contra de la citada determinación. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Conste. El secretario. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, relativos al juicio de amparo 52/2023-II. Conste. El secretario. Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión previsto por el diverso 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a esta legislación, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión previsto por el diverso 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a esta legislación, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 52/2023-II, promovido por ********************contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, y recibido el doce de enero siguiente en este Juzgado de Distrito, ********************promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis, de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Acto reclamado: "De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. De la autoridad señalada en el numeral 3.1 se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada OHD OPERATORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento." (Sic)." SEGUNDO. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 52/2023-II, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el titular del juzgado puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de las autoridades responsables, en señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial del juicio y la falta del emplazamiento de la demandada dentro del expediente administrativo laboral ********************. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE SEÑALAR FECHA PARA AUDIENCIA INICIAL DEL JUICIO. La Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reprochado, remitiendo copia certificada de las constancias respetivas. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y de las que se advierte que el ocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********************, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Pues bien, aun cuando la autoridad responsable ordenadora haya admitido la existencia del acto reclamado, se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio vida al presente juicio, no existía la omisión reclamada por la agraviada. En efecto, la demanda de amparo que nos ocupa se presentó el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, según sello de recibido de la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, mientras que el auto en el que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de expediente de origen ********************, se dictó el ocho de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, si a la fecha en que se presentó la demanda de amparo no existía el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión de la responsable de dictar el acuerdo respectivo para llevar a cabo la audiencia inicial del juicio laboral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Es aplicable a la anterior consideración la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página: 254 del Tomo: XIII, Enero de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Asimismo, se cita la tesis número 2°/J.3/94, visible a fojas 15, Tomo 79, Julio de 1994, Octava Época, Segunda Sala Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTO RECLAMADO SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA.- La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA. El actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, aceptó la existencia del acto atribuido, por lo que así se tienen para todos los efectos legales. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió la Presidenta de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en esta ciudad, al rendir su informe justificado y mediante oficio 386/2023 (fojas 22 a 37 y 60 a 66), 36 a 42), mismas que por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en el ámbito de sus ejercicios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ..." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que de las constancias que allegó la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con su oficio 386/2023, se aprecia que el día dos de mayo de dos mil veintitrés (foja 66), se procedió a la notificación y emplazamiento de la demandada ********************., dentro del expediente administrativo laboral ******************** de su índice; de cuya falta de radicación se dolía la parte quejosa, subsanándose con ello la omisión que en esencia generó la causa de pedir de la doliente; siendo inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************en contra de actos atribuidos a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito a dicha Junta, con base en los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diez de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 386/2023, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado en esta ciudad, por medio del cual, remite las constancias que le fueron requeridas en términos del dispositivo 75 de la ley de la materia, mismas que se ponen a la vista de las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo de su intención, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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