Viviana Lidia Valtierra Garza

Expediente 1047/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1047/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Viviana Lidia Valtierra Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de noviembre de dos mil veintitrés. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo implementado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1047/2023-V y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin que resulte necesaria la apertura del incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Se señalan las diez horas con cinco minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la audiencia constitucional. De conformidad en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y ordenadas de todas las constancias de las que deriven dichos actos, necesarias para apoyar su informe, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medio de apremio multa igual a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero último, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y además, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia. En el entendido que podrá rendir dicho informe a esta autoridad, al correo electrónico oficial del Juzgado 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Conforme con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. Ahora bien, tomando en consideración el acto reclamado en esta instancia, los efectos de la sentencia protectora, en su caso, se limitarían a amparar a la quejosa para que la Junta responsable ajuste su actuar a los términos establecidos por la legislación laboral, lo cual incide exclusivamente a la autoridad responsable; aunado a que tanto el actor como el demandado en el juicio de origen, están interesados en la celeridad de la controversia planteada; deviene innecesario ordenar el emplazamiento del tercero interesado. Con fundamento en los artículos 64 párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causal de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá como medio de apremio multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Y por lo que hace a la documental publica consistente en todo lo actuado en el juicio laboral de origen; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que corresponde a la parte agraviada rendir las pruebas que estime pertinentes para acreditar el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable. Lo anterior, en el entendido de que conforme al diverso numeral 117 de esa ley, la autoridad responsable está obligada a remitir las constancias de las que derive el acto reclamado. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Por otra parte, hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Con fundamento en lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8 de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el despacho ubicado en calle ********************, en esta ciudad y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados ********************por así haberlo solicitado. Notifíquese, personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional y por oficio a la responsable.

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