Viviana Iamilet Enriquez García
Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Viviana Iamilet Enriquez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 20, fracción II, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes judiciales, consistentes en duplicados siempre que se cuente con el original, una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. Así también, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, es susceptible de destrucción el presente expediente, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la quejosa, o alguno de sus autorizados, a notificarse personalmente del auto de veintiuno de octubre del presente año, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), Y 29 de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que dice: Agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de seis de octubre del año que transcurre, remite copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento laboral de origen. Ahora bien, es menester precisar que los actos reclamados en la presente contienda constitucional se hicieron consistir, en esencia en: - La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral ********************, dentro del término señalado por la Ley Federal del Trabajo. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, de las documentales aportadas por la Junta Local responsable, se advierte que en ese juicio laboral en audiencia especial celebrada el primero de septiembre de dos mil veintiuno, la parte actora llegó a un arreglo económico conciliatorio con la parte demanda, ordenándose el archivo del procedimiento laboral de origen ********************, como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, en el caso concreto sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y. Lo anterior es así, pues la quejosa siendo actora en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, reclama la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral ********************, dentro del término señalado por la Ley Federal del Trabajo. Empero, de la constancia que adjuntó al oficio de cuenta el Presidente de la Junta Local responsable en copia certificada, a la cual se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en audiencia especial celebrada el primero de septiembre de dos mil veintiuno, la parte actora llegó a un arreglo económico conciliatorio con la parte demanda, ordenándose el archivo del procedimiento laboral de origen ********************, como asunto total y definitivamente concluido. De lo expuesto claramente se advierte que aun cuando subsista el acto reclamado, el objeto o materia del mismo, ha dejado de existir en el campo jurídico en virtud de que la solicitante del amparo llegó a un arreglo económico conciliatorio con la parte demanda, esto, en audiencia especial celebrada el primero de septiembre de dos mil veintiuno. Por tanto, aún en el supuesto que se concediera el amparo, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, pues como ya se dijo, al tratarse de un asunto legalmente concluido, se pone de manifiesto que el objeto o materia de los actos reclamados han dejado de existir, no obstante que materialmente subsistan los mismos. Al respecto de cita, en lo que interesa, la tesis VI.2o.T.38 L, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto a la letra establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." De igual forma, resulta aplicable la tesis 2a. XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Finalmente, también es aplicable en lo conducente, el criterio 2a. XCVIII/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, concretamente las constancias que se acompañaron al informe justificado rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, de las que se advierte, en lo que interesa, que en proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se señalaron las diez horas con treinta minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen 102-240/2021. Por tanto, en virtud de que podría actualizarse una causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación de este proveído, realice lo siguiente: - Informe si celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, o bien, si señaló nueva fecha y hora para su celebración y, de ser así, remita copia certificada, legible y completa de la constancia que lo sustente, o bien, manifieste su imposibilidad jurídica para hacerlo; y, - Informe si dentro del referido juicio laboral de origen se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada y, en caso afirmativo, remita las constancias de emplazamiento respectivas. Con el APERCIBIMIENTO que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible a página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrarse la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se difiere la misma señalándose las ONCE HORAS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado remitido por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Ahora, resulta evidente que no median en su recepción al menos ocho días de anticipación al día de hoy en que está programada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al tenor del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 54/2000, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 191995, bajo el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra dicha temporalidad, se DIFIERE la audiencia que según certificación de cuenta, estaba programada para esta fecha fijándose para que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.
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