Virma Zamora Campos

Expediente 1054/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1054/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
07/08/2018

Partes del expediente

  • Virma Zamora Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, tomando en consideración que es innecesario que continúe a disposición de este juzgado la copia certificada del expediente agrario 265/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 41, en esta ciudad; como lo solicitó dicha autoridad al rendir su informe justificado, previa certificación de su desglose devuélvase a su lugar de origen.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1054/2017. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, la quejosa Virma Zamora Campos, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Se señala como acto reclamado la ilegal sentencia de 14 de julio de 2016, a través del cual se reconoce al tercero interesado Ricardo Zamora Martínez, como sucesor de mi finado abuelo Domingo Zamora Pérez, y se le adjudican sus derechos agrarios sin que se me haya dado a conocer dicha circunstancia y violentando todas las reglas del procedimiento, tal y como se acreditará en el momento procesal oportuno". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se registró la demanda en el libro de gobierno respectivo con el número 1054/2017 y se admitió a trámite la misma, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar al tercero interesado Ricardo Zamora Martínez el inicio de este juicio; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el doce del actual al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama la falta de emplazamiento a un juicio agrario en el que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña natural, radicado por una autoridad residente dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; se precisa que el objeto de estudio en este asunto lo constituye la sentencia dictada en el juicio agrario 265/2016, promovido por Ricardo Zamora Martínez, en la que se declaró procedente la acción de sucesión, en vía de controversia agraria por sucesión legitima y le reconoce su calidad de ejidatario en sustitución de Domingo Zamora Pérez, ordenando expedir los certificados parcelarios respecto de las parcelas 413 y 576, del Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero. TERCERO. Oportunidad. La promoción del juicio se estima oportuna, ya que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diez de noviembre de dos mil diecisiete; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del trece de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis de noviembre, dos y tres de diciembre del año próximo pasado, por ser días inhábiles. De ahí que, si la demanda fue presentada el uno del mes último citado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias que integran el juicio agrario 265/2016, que en copia certificada allegó, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: El citado numeral es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)." De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del invocado dispositivo legal, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 5, fracción I de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." De la lectura del numeral transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo), ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Ahora bien, en relación con el interés jurídico, este consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; porque de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico de persona alguna, aun cuando tal acto pueda perjudicarla material o económicamente. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; la protección legal se materializa en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, es decir personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados que tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto se traduce, en que sólo existirá un derecho subjetivo si la norma aplicable fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular, lo que tiene especial relevancia en el caso en que se reclaman actos y resoluciones provenientes de un tribunal judicial (Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41) porque para instar la acción constitucional debe acreditarse de manera plena que se cuenta con un interés jurídico tutelado por el derecho positivo que faculta a su titular a excitar al órgano de control constitucional en demanda del respeto de sus derechos; interés que desde luego debe estar plenamente demostrado. Así lo establece el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI. 3o. J/26, visible en la página 117, tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así las cosas, como se indicó la quejosa reclama la sentencia dictada en el juicio agrario 265/2016, promovido por Ricardo Zamora Martínez, al que se ostenta tercera extraña, en la que se declaró procedente la acción de sucesión, en vía de controversia agraria por sucesión legitima y reconoce a éste último su calidad de ejidatario en sustitución de Domingo Zamora Pérez, ordenando expedir los certificados parcelarios respecto de las parcelas 413 y 576, del Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero; y dado que las mismas le fueron otorgadas en usufructo funda su derecho para acudir ante esta instancia constitucional, en la "posesión" que refiere tener de las parcelas reclamadas, con motivo del acta de comparecencia y cesión de derechos parcelarios de trece de septiembre de dos mil dos, celebrada ante la Delegación en Guerrero de la Procuraduría Agraria, con sede en Tecpan de Galeana, así como la constancia de trece de junio de dos mil diecisiete, expedida por el Registro Agrario Nacional, Delegación Guerrero; el acta de Asamblea General de Ejidatarios de Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero, convocada el tres de julio de mil novecientos noventa y nueve, verificada el tres de agosto siguiente; y de los contratos de compraventa de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, veintinueve de abril y veinticuatro de noviembre de dos mil, doce de abril de dos mil uno, siete de enero de dos mil tres; constancia de vigencia de derechos de uno de abril de dos mil dieciséis, expedida por el Registro Agrario Nacional, Delegación Guerrero, que obran en el diverso juicio agrario 227/20017 promovido por la quejosa a fin de que se le reconociera y adjudicara los derechos respecto de las citadas parcelas, remitidas, por la autoridad responsable al haber sido solicitadas por ésta última; a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, acorde a la interpretación que del artículo 14 Constitucional realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2002, es necesario acreditar la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión. Sin embargo, en el caso, la quejosa no demostró con medio de convicción idóneo su interés jurídico en la presente acción constitucional, a saber, la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el citado lote de terreno; esto es, la causa generadora de la posesión. Lo anterior, se estima así, porque los documentos referidos en líneas precedentes, resulta insuficiente por sí mismos para acreditar la causa generadora de la posesión que aduce tener en relación con las parcelas 576 y 413 del Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero que en esta vía defiende; porque del acta de comparecencia y cesión de derechos parcelarios de trece de septiembre de dos mil dos, celebrada ante la Delegación en Guerrero de la Procuraduría Agraria, con sede en Tecpan de Galeana, entre la quejosa y Domingo Zamora Pérez, respecto de dichas parcelas, si bien, en ésta se hizo constar la cesión de derechos parcelarios; ello, no está corroborada con documento diverso, pues de la información solicitada a dicha Delegación, por este órgano constitucional en acato a la obligación prevista en el último párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se obtuvo que "después de realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, no localizó dicha documental". De las constancias de trece de junio de dos mil diecisiete, expedidas por el Registro Agrario Nacional, Delegación Guerrero, -sólo se evidencia que la Asamblea General del núcleo agrario de Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero, le reconoció a Domingo Zamora Pérez su calidad de ejidatario, asignándole las parcelas 417 y 576; y, señaló como sucesores de sus derechos parcelarios a PABLO ZAMORA MARTÍNEZ E IRMA ZAMORA CAMPO; persona diversa a la parte quejosa VIRMA ZAMORA OCAMPO, aun cuando ésta refirió que se trata de la misma persona, que es un error de escritura, sin embargo, en esta instancia no ofreció prueba alguna de ello. Del acta de Asamblea General de Ejidatarios de Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero, convocada el tres de julio de mil novecientos noventa y nueve, verificada el tres de agosto siguiente, se obtiene que la Asamblea reconoció a Domingo Zamora Pérez, los derechos respecto de las parcelas 413 y 576, con superficie 02-73-05.804 y 01-59-97.439, respectivamente. Los contratos de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, veintinueve de abril y veinticuatro de noviembre de dos mil, doce de abril de dos mil uno, siete de enero de dos mil tres, celebrados entre el mencionado Zamora Pérez y Pablo Zamora Martínez, demuestran la compraventa del producto de cocotero, de una huerta localizada dentro del Ejido de Hacienda de Cabañas, verificada por personas diversas a la peticionaria de amparo, sin precisión de que tal fruto sea obtenido de las parcelas materia de la Litis. Bajo ese contexto, como la quejosa no demostró con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual detenta las parcelas que por esta vía defiende, debe concluirse que la ejecución de la sentencia definitiva dictada el catorce de julio de dos mil dieciséis en el juicio agrario 265/2016, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que la parte quejosa acredite su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado le perjudique materialmente, pues es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detenta fuera del marco de protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. Sin que obste el hecho de que esté tramitando una controversia agraria, en razón de que en aquella aún no se dicta sentencia en la que se determine que ella es la sucesora de los derechos parcelarios que ostentaba Domingo Zamora Pérez, respecto de las parcelas 413 y 576. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1054/2017, promovido por Virma Zamora Santos, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RICARDO ZAMORA MARTINEZ, LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1054/2017. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, la quejosa Virma Zamora Campos, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Se señala como acto reclamado la ilegal sentencia de 14 de julio de 2016, a través del cual se reconoce al tercero interesado Ricardo Zamora Martínez, como sucesor de mi finado abuelo Domingo Zamora Pérez, y se le adjudican sus derechos agrarios sin que se me haya dado a conocer dicha circunstancia y violentando todas las reglas del procedimiento, tal y como se acreditará en el momento procesal oportuno". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se registró la demanda en el libro de gobierno respectivo con el número 1054/2017 y se admitió a trámite la misma, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar al tercero interesado Ricardo Zamora Martínez el inicio de este juicio; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el doce del actual al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama la falta de emplazamiento a un juicio agrario en el que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña natural, radicado por una autoridad residente dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; se precisa que el objeto de estudio en este asunto lo constituye la sentencia dictada en el juicio agrario 265/2016, promovido por Ricardo Zamora Martínez, en la que se declaró procedente la acción de sucesión, en vía de controversia agraria por sucesión legitima y le reconoce su calidad de ejidatario en sustitución de Domingo Zamora Pérez, ordenando expedir los certificados parcelarios respecto de las parcelas 413 y 576, del Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero. TERCERO. Oportunidad. La promoción del juicio se estima oportuna, ya que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diez de noviembre de dos mil diecisiete; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del trece de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis de noviembre, dos y tres de diciembre del año próximo pasado, por ser días inhábiles. De ahí que, si la demanda fue presentada el uno del mes último citado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias que integran el juicio agrario 265/2016, que en copia certificada allegó, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: El citado numeral es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)." De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del invocado dispositivo legal, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 5, fracción I de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." De la lectura del numeral transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo), ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Ahora bien, en relación con el interés jurídico, este consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; porque de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico de persona alguna, aun cuando tal acto pueda perjudicarla material o económicamente. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; la protección legal se materializa en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, es decir personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados que tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto se traduce, en que sólo existirá un derecho subjetivo si la norma aplicable fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular, lo que tiene especial relevancia en el caso en que se reclaman actos y resoluciones provenientes de un tribunal judicial (Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41) porque para instar la acción constitucional debe acreditarse de manera plena que se cuenta con un interés jurídico tutelado por el derecho positivo que faculta a su titular a excitar al órgano de control constitucional en demanda del respeto de sus derechos; interés que desde luego debe estar plenamente demostrado. Así lo establece el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI. 3o. J/26, visible en la página 117, tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así las cosas, como se indicó la quejosa reclama la sentencia dictada en el juicio agrario 265/2016, promovido por Ricardo Zamora Martínez, al que se ostenta tercera extraña, en la que se declaró procedente la acción de sucesión, en vía de controversia agraria por sucesión legitima y reconoce a éste último su calidad de ejidatario en sustitución de Domingo Zamora Pérez, ordenando expedir los certificados parcelarios respecto de las parcelas 413 y 576, del Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero; y dado que las mismas le fueron otorgadas en usufructo funda su derecho para acudir ante esta instancia constitucional, en la "posesión" que refiere tener de las parcelas reclamadas, con motivo del acta de comparecencia y cesión de derechos parcelarios de trece de septiembre de dos mil dos, celebrada ante la Delegación en Guerrero de la Procuraduría Agraria, con sede en Tecpan de Galeana, así como la constancia de trece de junio de dos mil diecisiete, expedida por el Registro Agrario Nacional, Delegación Guerrero; el acta de Asamblea General de Ejidatarios de Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero, convocada el tres de julio de mil novecientos noventa y nueve, verificada el tres de agosto siguiente; y de los contratos de compraventa de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, veintinueve de abril y veinticuatro de noviembre de dos mil, doce de abril de dos mil uno, siete de enero de dos mil tres; constancia de vigencia de derechos de uno de abril de dos mil dieciséis, expedida por el Registro Agrario Nacional, Delegación Guerrero, que obran en el diverso juicio agrario 227/20017 promovido por la quejosa a fin de que se le reconociera y adjudicara los derechos respecto de las citadas parcelas, remitidas, por la autoridad responsable al haber sido solicitadas por ésta última; a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, acorde a la interpretación que del artículo 14 Constitucional realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2002, es necesario acreditar la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión. Sin embargo, en el caso, la quejosa no demostró con medio de convicción idóneo su interés jurídico en la presente acción constitucional, a saber, la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el citado lote de terreno; esto es, la causa generadora de la posesión. Lo anterior, se estima así, porque los documentos referidos en líneas precedentes, resulta insuficiente por sí mismos para acreditar la causa generadora de la posesión que aduce tener en relación con las parcelas 576 y 413 del Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero que en esta vía defiende; porque del acta de comparecencia y cesión de derechos parcelarios de trece de septiembre de dos mil dos, celebrada ante la Delegación en Guerrero de la Procuraduría Agraria, con sede en Tecpan de Galeana, entre la quejosa y Domingo Zamora Pérez, respecto de dichas parcelas, si bien, en ésta se hizo constar la cesión de derechos parcelarios; ello, no está corroborada con documento diverso, pues de la información solicitada a dicha Delegación, por este órgano constitucional en acato a la obligación prevista en el último párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se obtuvo que "después de realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, no localizó dicha documental". De las constancias de trece de junio de dos mil diecisiete, expedidas por el Registro Agrario Nacional, Delegación Guerrero, -sólo se evidencia que la Asamblea General del núcleo agrario de Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero, le reconoció a Domingo Zamora Pérez su calidad de ejidatario, asignándole las parcelas 417 y 576; y, señaló como sucesores de sus derechos parcelarios a PABLO ZAMORA MARTÍNEZ E IRMA ZAMORA CAMPO; persona diversa a la parte quejosa VIRMA ZAMORA OCAMPO, aun cuando ésta refirió que se trata de la misma persona, que es un error de escritura, sin embargo, en esta instancia no ofreció prueba alguna de ello. Del acta de Asamblea General de Ejidatarios de Ejido Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, Guerrero, convocada el tres de julio de mil novecientos noventa y nueve, verificada el tres de agosto siguiente, se obtiene que la Asamblea reconoció a Domingo Zamora Pérez, los derechos respecto de las parcelas 413 y 576, con superficie 02-73-05.804 y 01-59-97.439, respectivamente. Los contratos de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, veintinueve de abril y veinticuatro de noviembre de dos mil, doce de abril de dos mil uno, siete de enero de dos mil tres, celebrados entre el mencionado Zamora Pérez y Pablo Zamora Martínez, demuestran la compraventa del producto de cocotero, de una huerta localizada dentro del Ejido de Hacienda de Cabañas, verificada por personas diversas a la peticionaria de amparo, sin precisión de que tal fruto sea obtenido de las parcelas materia de la Litis. Bajo ese contexto, como la quejosa no demostró con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual detenta las parcelas que por esta vía defiende, debe concluirse que la ejecución de la sentencia definitiva dictada el catorce de julio de dos mil dieciséis en el juicio agrario 265/2016, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que la parte quejosa acredite su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado le perjudique materialmente, pues es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detenta fuera del marco de protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. Sin que obste el hecho de que esté tramitando una controversia agraria, en razón de que en aquella aún no se dicta sentencia en la que se determine que ella es la sucesora de los derechos parcelarios que ostentaba Domingo Zamora Pérez, respecto de las parcelas 413 y 576. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1054/2017, promovido por Virma Zamora Santos, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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