Viridiana Váldez Valenzuela
Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Viridiana Váldez Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Téngase recibido el escrito signado autógrafamente por la quejosa Viridiana Valdez Valenzuela, a través del cual denuncia la repetición del acto reclamado en que han incurrido las autoridades responsables con motivo del pago consignado en el recibo oficial B682326 de quince de junio del año en curso, expedido por la Dirección de Ingresos de la Tesorería del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. Desechamiento de plano. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece que los tribunales no admitirán nunca incidentes notoriamente improcedentes, los cuales serán desechados de plano, sin necesidad de dar vista o traslado a las partes. Ahora, la Ley de Amparo prevé la existencia de la figura jurídica de denuncia de repetición del acto reclamado en sus numerales 199 y 200, a efecto de que la parte interesada pueda acudir a la instancia constitucional a presentar la denuncia respectiva, lo cierto es, que en el caso, existe criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la contradicción de tesis 36/2007, en el sentido de que, tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco. De ahí que, de dicho criterio se colige que previo a la presentación de la denuncia de repetición del acto reclamado, la parte interesada debe agotar la vía prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, esto es, obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria de amparo, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, se considerará equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria y entonces podrá denunciarse como repetición del acto reclamado al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior, dado que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, por lo que, en principio, no habría autoridad a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado. El criterio de que se habla se contiene en la jurisprudencia P./J. 74/2009, de rubro y texto siguientes: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. La solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado. En la especie, la parte quejosa comparece a la presente denuncia con motivo de la sentencia de amparo dictada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 57, numeral 6, apartados 6.2, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa. Así, aduce que el recibo de pago oficial B682326 de quince de junio del año en curso, expedido por la Dirección de Ingresos de la Tesorería del Municipio de Mazatlán, constituye la repetición del acto reclamado. Sin embargo, como se expuso con antelación, la autoliquidación de una contribución, en este caso un derecho, no constituye un acto atribuible a las autoridades exactoras para efectos de la repetición del acto reclamado, ya que únicamente se limitan a recibir el pago, por lo que será hasta que se solicite el pago de lo indebido con base en la sentencia concesoria de amparo ante la autoridad correspondiente y exista una negativa a su devolución cuando pueda actualizarse la repetición del acto reclamado. Por las anteriores consideraciones, se desecha de plano la denuncia de repetición del acto reclamado planteada por la parte quejosa.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo indirecto número 113/2021, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en el proveído de once de julio dos mil veintidós; por tanto, el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia concesoria se encuentra cumplida en sus términos, o si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sentencia emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Viridiana Váldez Valenzuela, para los efectos que a continuación se transcriben: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. A fin de restituir a la quejosa en el uso y goce de sus derechos constitucionales violados, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la concesión de la protección constitucional debe considerar que la tarifa con la que se obtiene la cantidad a pagar por concepto de derechos por concepto de expedición de licencias de construcción, reconstrucción, demolición, remodelación o ampliación contenida en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, su artículo 57, numeral 6, apartados 6.2, inciso b), contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. En consecuencia, tendrá por efecto que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, procedan a realizar lo siguiente: a) Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa Viridiana Valdez Valenzuela, la obligación de pagar el derecho por concepto de expedición de licencias de construcción, reconstrucción, demolición, remodelación o ampliación en los términos previstos por el artículo 57, numeral 6, apartados 6.2, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, dispositivos que dada su inconstitucionalidad no deberán serle aplicados en lo presente ni con posterioridad, hasta en tanto sean reformados. b) En vía de consecuencia, dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación de la norma, por lo que deberá dejarse sin efectos el pago a que se contrae el recibo oficial número B401698, de veintinueve de enero de dos mil veintidós, por la cantidad de $106,929.41 (ciento seis mil novecientos veintinueve 41/100 moneda nacional), por concepto de licencia para construcción, reconstrucción y remodelación, del bien inmueble ubicado en Del Flamenco, número 6246, colonia Marina Mazatlán, en esta ciudad. Por ende, se deberá reintegrar al quejoso la cantidad que pagó por la aplicación del artículo 57, numeral 6, apartados 6.2, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, incluidos los conceptos de "impuestos adicionales" al haber quedado evidenciado que los mismos son producto de aquel cuya inconstitucionalidad quedó evidenciada en la presente sentencia. Cabe precisar que los alcances de la concesión del amparo en los términos señalados, atienden a que el vicio de inconstitucionalidad recae en uno de los elementos esenciales del tributo y no en alguna variable, ya que en el caso, el vicio evidenciado en cuanto a la base gravable considerada para aplicar las tarifas previstas para la expedición de la licencia de construcción, radica en que su cuantía está condicionada a un elemento ajeno, como es el valor total de la obra." Atento a lo anterior, y en cumplimiento al fallo mediante oficios sin número, signados por Eva Alejandra Escobar Sandoval, Delegado del Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad y del resto de las autoridades responsables, recibidos el uno y once de los cursantes, comunicó la manera en que se dio cumplimiento al aludido fallo. Así las cosas, de las constancias allegadas a través de los comunicados de referencia, se desprende que EL FALLO PROTECTOR SE ENCUENTRA CUMPLIDO. Lo anterior, se considera así, toda vez que de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que en resolución de cinco de julio del año en curso, se desincorpora de la esfera jurídica a Viridiana Valdez Valenzuela, del artículo 57, numeral 6, apartado 6.2, inciso b) de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y se ordenó dejar sin efectos el pago a que se contrae el recibo oficial número B401698, de veintinueve de enero de dos mil veintidós, por la cantidad de $106,929.41 (ciento seis mil novecientos veintinueve 41/100 moneda nacional), por concepto de licencia para construcción, reconstrucción y remodelación, del bien inmueble ubicado en Del Flamenco, número 6246, colonia Marina Mazatlán, en esta ciudad y anexa copia simple del cheque por concepto de devolución del importe que contiene el recibo de pago reclamado, del que se aprecia que fue entregado a la citada quejosa. Atento a lo anterior, por acuerdo de once de julio del presente año, se dio vista a la parte quejosa a fin de que, dentro del término de tres días, contado legalmente, sin que a la fecha hubiese formulado manifestación alguna. En esa tesitura, del análisis comparativo del acto emitido por la autoridad responsable, con los efectos de la sentencia de amparo, se declara que esta última se encuentra CUMPLIDA, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, toda vez que en el expediente no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes, se ordena archivar el presente asunto como definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido el amparo solicitado. Notifíquese el presente proveído a la parte quejosa y a la autoridad responsable, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, de las constancias que integran el presente sumario, no se advierte la existencia de documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del secretario de juzgado, licenciado Gabriel Galván Morales, con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte el oficio sin número, signado por la por la licenciada Eva Alejandra Escobar Sandoval, Delegada de las autoridades responsables municipales, por medio del cual informó sobre la manera en que dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo y allegó diversas constancias para acreditar su dicho. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el citado comunicado y anexo, para que en el término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si las responsables incurrieron en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad de mérito.
- Principal
Téngase recibido el oficio sin número signado por la delegada de la autoridad responsable Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa lo atinente al cumplimiento dado al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa; memorial y anexos que se ordena agregar en autos para que obren como corresponda. Ahora bien, del contenido del ocurso de mérito y anexos, se desprende que la autoridad oficiante aparentemente ya entregó a la aquí quejosa el cheque por concepto de devolución del importe que se contiene en el recibo de pago reclamado; sin embargo, nada se informa en torno a los diversos efectos de la sentencia de amparo, a saber, a) Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa Viridiana Valdez Valenzuela, la obligación de pagar el derecho por concepto de expedición de licencias de construcción, reconstrucción, demolición, remodelación o ampliación en los términos previstos por el artículo 57, numeral 6, apartados 6.2, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, dispositivos que dada su inconstitucionalidad no deberán serle aplicados en lo presente ni con posterioridad, hasta en tanto sean reformados y b) En vía de consecuencia, dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación de la norma, por lo que deberá dejarse sin efectos el pago a que se contrae el recibo oficial número B401698, de veintinueve de enero de dos mil veintidós, por la cantidad de $106,929.41 (ciento seis mil novecientos veintinueve 41/100 moneda nacional), por concepto de licencia para construcción, reconstrucción y remodelación, del bien inmueble ubicado en Del Flamenco, número 6246, colonia Marina Mazatlán, en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado de manera legal, remita copia certificada de las constancias relativas a (i) la desincorporación de la esfera jurídica de la aquí quejosa de la obligación de pagar el derecho por concepto de expedición de licencias de construcción, reconstrucción, demolición, remodelación o ampliación con base en las porciones normativas declaradas inconstitucionales y de (ii) la determinación en la que se deje sin efectos el pago a que se contrae el recibo oficial número B401698, de veintinueve de enero de dos mil veintidós, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. En el entendido de que subsisten los apercibimientos con los que se le conminó en auto de ocho de junio del año en curso.
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