Viridiana Pastrana Ramírez

Expediente 1139/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1139/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Viridiana Pastrana Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de abril de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, previa formulación del acta y relación correspondiente. Por otro lado, dado que la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de diversas documentales, con las cuales se formó un tomo de pruebas por separado; tomando en consideración que resulta innecesario que continúe en este Juzgado, remítase a su lugar de origen para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1139/2022-III, promovido por Viridiana Pastrana Ramírez, por su propio derecho, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, secretaria que da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Cabe señalar que resulta innecesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo y anexos (foja 1 a 43); auto admisorio de nueve de diciembre de dos mil veintidós (foja 44 a 47); informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 60 y tomo de pruebas que obra por separado); proveído de veinticinco de enero del año en curso, en el que se tuvo por rendido y con su contenido, se dio vista a las partes (foja 61); acuerdos en los que se difirió la audiencia constitucional; y constancias de notificación a las partes. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 informe justificado de la autoridad responsable, mismo que será tomado en consideración al resolver este sumario. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta a la Jueza con las documentales exhibidas por las partes. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, dichas probanzas. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria da cuenta con las manifestaciones formuladas por la parte quejosa. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas dichas manifestaciones, mismas que de ser procedentes serán tomadas en consideración al resolver este sumario. Al no haber diligencias o pruebas pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de justicia Federal, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 1139/2022-III, promovido por Viridiana Pastrana Ramírez, por su propio derecho, contra actos de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad responsable; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, y remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito Viridiana Pastrana Ramírez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades responsables y los actos que se precisan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo es la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Acapulco, Guerrero, y su Presidenta. IV. ACTO RECLAMADO.- A. La omisión por parte de la Autoridad Responsable de hacer cumplir integralmente un laudo firme de fecha 29 de octubre de 2015, aun cuando en autos obre constancia de haberse dictado diversas medidas para su ejecución, sin lograrlo, pues la obligación impuesta a estos órganos jurisdiccionales se agota hasta el cumplimiento total del referido resolutivo. Lo que resulta violatorio del derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes, previsto en el artículo 17 constitucional. B. La omisión de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Acapulco, Guerrero, de resolver el Recurso de Revisión propuesto por el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Guerrero, (IEEJAG) en contra de la diligencia de fecha 07 de abril de 2021, dentro de los plazos MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 31 previstos en las leyes de la materia. Dado que con fecha 05 de agosto de 2022, la autoridad responsable reservó el derecho de dictar sentencia interlocutoria correspondiente. Por tanto, resulta innegable que, a la fecha de la referida actuación, ha transcurrido en exceso el término previsto por la ley que rige el acto para el pronunciamiento de la resolución incidental respectiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 735 y 736 de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 1139/2022-III; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción V, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro de los límites territoriales que comprenden la competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.3 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 3 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En ese sentido, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: a) La omisión de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de hacer cumplir el laudo de veintinueve de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 1574/2009, promovido por Viridiana Pastrana Ramírez, en contra del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Guerrero; y, b) La omisión de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada en contra de la diligencia de siete de abril de dos mil veintiuno. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, negó la existencia de la omisión de ejecutar el laudo dictado en la contienda natural. Conducta que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, determinó que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si estaba en condiciones de emitir la actuación en el sentido que alega el impetrante del amparo. Pues al tratarse el acto reclamado de una omisión en la etapa de ejecución del laudo, el juzgador debe verificar si la autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión que se reclama. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 33 AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En esa tesitura, debe precisarse que los artículos 939, 940, 945, 946 y 950 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, misma que resulta aplicable al juicio laboral 1574/2009, en virtud de que la demanda relativa fue presentada en el año dos mil nueve, literalmente establecen: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 De la interpretación sistemática de las normas suprainsertas se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, corresponde al presidente de la Junta en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término encontramos que el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución, pero se insiste, sólo en las primeras setenta y dos horas. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa -pasadas las setenta y dos horas-, tenemos que el artículo 950 prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin. Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P. CXVIII/95, página 207, que dice: "EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL ARTÍCULO 945 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA ESTABLECE EN UN PLAZO MENOR A LOS QUINCE DÍAS QUE SE TIENEN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, al disponer que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificación, si MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 35 bien establece un plazo menor al de quince días hábiles previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para impugnar tales resoluciones, no implica que a la parte condenada en el juicio laboral se le limite su acceso al juicio de garantías y, por tanto, se viole en su perjuicio la garantía de audiencia, debido a que, en primer lugar, la Ley Federal del Trabajo tiende a garantizar que quien sea demandado, comparezca como parte en el conflicto laboral de origen, con la oportunidad de contestar la demanda instaurada en su contra, enderezar las defensas y excepciones que estime pertinentes, ofrecer pruebas y formular alegatos, lo cual hace patente que si el demandado en un juicio reclamatorio es oído y vencido, no se vulnera la garantía de audiencia, si la ley dispone que la ejecución de los laudos deba cumplirse dentro del plazo antes señalado; en segundo lugar, la instancia ordinaria con que culmina un juicio laboral es con el dictado del laudo, que se equipara a una sentencia definitiva, y, para el supuesto de que las partes contendientes estimen que éste lesiona su esfera jurídica, tendrán expedito su derecho para promover el juicio de garantías, concebido como un medio de defensa extraordinario que, por su naturaleza, es independiente de los ordenamientos reguladores de las materias de las que pueda derivar, por tanto, quien considere que el laudo no debe ejecutarse, está en posibilidad de promover el amparo de inmediato, solicitando la suspensión, lo que, en su caso, impedirá su ejecución. En tales condiciones, el referido artículo 945 cumple con la garantía de audiencia consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, dentro del contexto de la ejecución forzosa del laudo, no se debe perder de vista que los artículos 519 a 5224 de 4 Artículo 519. Prescriben en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo; II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo. Artículo 520. La prescripción no puede comenzar ni correr: I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley; y II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. Artículo 521. La prescripción se interrumpe: I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es obstáculo para la interrupción que la Junta sea incompetente; y II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 la Ley Federal del Trabajo regulan la prescripción, y entre los derechos sujetos a esta figura jurídica, se encuentra en la fracción III del precepto citado en primer término, las acciones para solicitar la ejecución de laudos y convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Respecto de este último punto, la acción de los trabajadores para solicitar la ejecución de los laudos es de dos años, contados a partir de la notificación de ellos, indicando además los casos en que dicha prescripción se interrumpe. Por tanto, la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años para ejecutar el laudo. En consecuencia, partiendo de las premisas aquí establecidas, para la ejecución forzosa del laudo se requiere, en un segundo momento (inmediato posterior al transcurso de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación de aquél) la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y aunado lo anterior a la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cierto es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la hipotética concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo Artículo 522. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponda. El primer día se contará completo, aún cuando no lo sea, pero el último debe ser completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primero útil siguiente. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 37 conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, en el caso concreto de las constancias exhibidas por las autoridades responsables, consistentes en copias certificadas del juicio natural se desprenden los siguientes antecedentes: 1. El veintinueve de octubre de dos mil quince, se dictó laudo condenatorio en el juicio laboral 1574/2009. 2. Por escrito de treinta de noviembre siguiente, la parte actora solicitó la aclaración del laudo, y en el acuerdo de uno de diciembre de la citada anualidad, se aclaró dicho fallo. 3. En acuerdos de dieciséis de febrero y tres de octubre de dos mil dieciséis, veintiuno de marzo, diecinueve de mayo y veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se señaló fecha y hora para la diligencia de reinstalación de la trabajadora. 4. Mediante escrito recibido el tres de febrero de dos mil dieciséis, el apoderado legal de la parte actora solicitó que se declarara ejecutoriado el laudo y se dictara auto de requerimiento de pago y embargo. 5. Petición que se acordó de conformidad en el acuerdo de diecisiete de mayo de dicha anualidad. 6. Por ocursos presentados el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, veinticuatro de febrero, tres de mayo, treinta y uno de julio y veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la parte quejosa solicitó la actualización de la condena. 7. Razón por la cual en autos de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, veintiuno de marzo, veintidós de mayo, veintiséis de septiembre y veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se actualizaron los salarios caídos y se señaló fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. 8. Mediante razones de treinta de octubre y veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Actuario adscrito a la Junta responsable hizo constar la imposibilidad que tuvo para realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo. 9. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, las partes comparecieron ante la Junta responsable a celebrar un convenio de cumplimiento de laudo, mismo que se aprobó y elevó a categoría de cosa juzgada. 10.En la sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 866/2017, se concedió a la trabajadora la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se señalara fecha para materializar las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago y embargo. 11.En acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, se requirió a la parte actora para que manifestara si la demandada cumplió el aludido convenio. 12.En proveído de quince de enero siguiente, se tuvo a la trabajadora manifestando que no se cumplió con lo pactado en el convenio de mérito. 13.Por escrito presentado el diez del mes y año en cita, la MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 parte quejosa solicitó la ejecución del laudo, razón por la cual en auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se actualizaron los salarios caídos y se comisionó al Actuario para que practicara la diligencia de reinstalación y de requerimiento de pago y embargo. 14.El dos de febrero de dos mil dieciocho, se realizó dicha diligencia, y ante la falta de pago de la condena, la parte actora solicitó que se trabara embargo sobre las partidas presupuestales de la demandada; sin embargo, el Actuario dijo estar imposibilitado para ello, en virtud de que son inembargables. 15.Por escrito de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, la parte actora solicitó a la Presidenta de la Junta responsable que se pronunciara respecto a la solicitud del embargo, por lo que en auto de seis de marzo siguiente, le hizo efectivo a la demandada el apercibimiento decretado y se le tuvo por no reinstalando a la actora, haciéndole efectivo lo dispuesto en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, y señaló fecha para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. 16.En la razón de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Actuario hizo constar la imposibilidad que tuvo para desahogar dicha diligencia. 17.Por escrito de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa solicitó la ejecución del laudo, razón por la cual en auto de tres de diciembre siguiente, se actualizó el monto de la condena. 18.En cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal Federal en el juicio de amparo 113/2019, en acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable señaló fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. 19.El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se realizó dicha diligencia, y ante la falta de pago de la condena, la parte actora solicitó que se trabara embargo sobre las partidas presupuestales de la demandada; sin embargo, el Actuario nuevamente dijo estar imposibilitado para ello, en virtud de que son inembargables. 20.El seis de mayo siguiente, la parte actora interpuso recurso de revisión en contra de la aludida diligencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, mismo que se declaró improcedente en la resolución interlocutoria de diecinueve de julio siguiente. 21.Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió el juicio de amparo 923/2019, de la estadística de este Juzgado de Distrito, y en la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. 22.En cumplimiento a dicha ejecutoria, en la resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se declaró procedente recurso de revisión contra actos del Actuario Ejecutor, y se señaló fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. 23.El siete de abril de dos mil veintiuno, se practicó dicha diligencia, en la que se trabó embargo sobre el excedente del presupuesto destinado al pago de prestaciones laborales de los trabajadores en activo, de la partida presupuestal que se otorga al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 39 de Guerrero. 24.Inconforme con ello, el demandado interpuso recurso de revisión, el cual se declaró procedente en la resolución interlocutoria de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, y en consecuencia, se dejó sin efectos la diligencia de mérito. De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado deriva de un asunto laboral, en etapa de ejecución del laudo, en el que corresponde a la parte interesada dar impulso al procedimiento respectivo, tal como se desprende del artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que, no solo corresponde a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de este procedimiento hasta su conclusión. Razón por la cual, aun cuando con las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto se pone de manifiesto que no se ha concluido totalmente la etapa de ejecución forzosa del laudo en el juicio de instancia, resulta inviable jurídicamente considerar que subsiste la violación al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal como lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al procedimiento de instancia, en el supuesto en que se reclamen omisiones en la etapa de ejecución del laudo, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal, se deben constreñir a lo reclamado, sin atender a futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues, al requerirse el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Consecuentemente, resulta improcedente emitir pronunciamiento sobre las actuaciones que aún faltan por dictarse para lograr el cumplimiento del laudo, pues para ello, se requiere que la parte ejecutante inste lo necesario para lograrlo. Sin desatender a lo sostenido en cuanto a que la omisión reclamada, también implicaba la omisión de dictar medidas más eficaces tendentes a ejecutar el laudo, tales como vincular al Congreso, a la Gobernadora y al Secretario de Finanzas y Administración, todos del Estado de Guerrero; pues para ello, es necesario que la actora lo solicite en el procedimiento de ejecución, advirtiéndose de las actuaciones del juicio laboral allegadas a este sumario, que en modo alguno se ha instado en cuanto a ello. En ese contexto, se concluye que la omisión que se atribuye a la Presidente Ejecutora de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, deviene inexistente y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende de la previa petición del ejecutante. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". También apoya a lo expuesto la diversa jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre 2011, Tomo 4, Registro 2000025, página 2772, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 41 establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En ese contexto, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada en contra de la diligencia de siete de abril de dos mil veintiuno, pues si bien al rendir informe justificado la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en principio negó su existencia, vierte diversas manifestaciones que la evidencian, toda vez que reconoce que el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, (es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo), resolvió el recurso de revisión contra actos del actuario ejecutor, interpuesto por la parte demandada en el juicio natural, razón por la cual, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391). Certeza que además se encuentra corroborada con las documentales que exhibió como apoyo a su respectivo informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página 153). SEXTO. Causales de improcedencia. Una vez que ha sido demostrada la certeza del referido acto reclamado, previo al estudio de la materia de fondo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, cuyo rubro y texto, indican: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, de manera oficiosa se observa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 43 Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En esa tesitura, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se desprende que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es decir, el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictó la resolución interlocutoria en la que declaró procedente el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada en contra de la diligencia de siete de abril de dos mil veintiuno, cuya omisión constituye el acto reclamado en este sumario; por tanto, es inconcuso que dejó de existir el agravio causado a la impetrante. Por lo anterior, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo se actualiza una indudable cesación de efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que si bien es cierto, en la fecha en que se promovió la demanda, es decir, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable no había resuelto dicho medio de impugnación; también lo es que durante su tramitación, dictó la resolución interlocutoria de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en la que declaró procedente el recurso de revisión contra actos del Actuario Ejecutor interpuesto por la parte demandada, con lo cual se destruye de forma total e MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 45 incondicional el acto omisivo combatido por la solicitante del amparo, y se le restituye en el goce del derecho constitucional violado. Lo que imposibilita entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto, y ya no hay materia para determinar su constitucionalidad. En apoyo de lo anterior tiene aplicación la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71) En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicha ley. Al haberse decretado el sobreseimiento, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, se hace la precisión que no se analizarán las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer la parte quejosa, ya que éstos no forman parte de la litis, pues constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 205449, Octava Época, que dispone: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, 62 y 63 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, en términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y sexto de la presente sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de la Secretaria Mariella Jaramillo Pineda, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por *****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al informe justificado rendido por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por reproducidas sus manifestaciones, en calidad de alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Principal 505/2019-V CUENTA. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 1626. Conste. El Secretario César Barajas García Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado por la Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo e informa el cumplimiento de la multa ordenada en el juicio laboral de origen. En atención a su contenido, en primer orden, se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo de la misiva 807/2023, y en atención al requerimiento inserto en el mismo, informa que solicitó el bloqueo de vehículos y la inscripción de embargo a nombre del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero y exhibe copia del mandamiento de ejecución SI/DGCCV/DEF/JFCYA/010/2021, a nombre del referido instituto; en atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad vinculada, informando las gestiones realizadas a fin de estar en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

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