Viridiana Palomo Bueno

Expediente 1377/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 30 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1377/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
26/12/2017

Partes del expediente

  • Viridiana Palomo Bueno
  • Fiscal General del Estado de Querétaro
  • Leonor Lira Barcenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo antes citada, se declara que ha CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales; por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, en razón de haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos dichos años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. Finalmente, devuélvasele al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, un tomo de pruebas consistente en las copias certificadas de la causa 219/2017 de su índice, y a la Fiscal de Acusación adscrita a la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, un legajo de copias certificadas de las carpetas de investigación números CI/QRO/29075/2017, CI/QRO/18497/2017 y CI/QRO/21663/2016; en la inteligencia de que la constancia de recepción de la presente comunicación hace las veces de acuse de recibo necesario....III

  2. Principal

    Glósese a los autos el escrito de cuenta, que suscribe el representante especial de los menores con iniciales D.H.P. y K.A.P., a través del cual realiza manifestaciones a manera de alegatos, lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en veintiocho de noviembre del año en curso se dictó sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente juicio..III

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 01/12/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO JOSÉ ALAIN ILDEBRANDO HUERTA VILLALÓN EL AUTO DE 28/11/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta (con anexos) signado por la Fiscal de Acusación adscrita a la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado mediante auto de nueve, en relación con el de veintidós, ambos del presente mes y año, al remitir copia certificada del oficio 23014/2017, de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual ordena la cancelación de la presentación, a la autoridad ejecutora. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como del oficio de mérito, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa por una parte, no existe, y por la otra, han cesado sus efectos. En primer lugar, corresponde realizar un análisis de la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente. Ahora, en el caso que nos ocupa la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la orden de presentación y/o detención, así como la ejecución de medidas provisionales en materia familiar y medidas cautelares para quitarle y/o cambiar la custodia de sus menores hijos, a las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME Foja FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 125-126 FISCAL DE ACUSACIÓN DE LA UNIDAD 4 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CIERTO (ÚNICAMENTE RESPECTO A LA ORDEN DE PRESENTACIÓN) 72-73 FISCAL DE SOLUCIÓN ALTERNA DE LA UNIDAD 4 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 58 bis PROCURADOR DE PROTECCIÓN ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN QUERÉTARO NIEGA 108 JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 99 JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 100 JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 53 JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 101 JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 54 JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 67 JUEZ SEPTIMO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO CIERTA (ÚNICAMENTE RESPECTO A LA MEDIDA CAUTELAR DE ARRAIGO) 68 JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 102 JUEZ NOVENO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 103 ACTUARIOS ADSCRITOS A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO Adhieren al informe del Juez Séptimo de lo Familiar. 57-58 DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 59 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 70 En mérito de lo anterior, de los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables, se desprende claramente que los actos son inexistentes, a excepción de la Fiscal de Acusación de la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (únicamente respecto a la orden de presentación) y del Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Querétaro (únicamente respecto a la medida cautelar de arraigo), asimismo, la parte quejosa no probó la existencia de los mismos. De ahí que, el acto que en esta vía se combate, al día en que insto el juicio constitucional, no existe. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por parte de la quejosa, fue por existir simple sospecha de la existencia del acto reclamado, lo cual, como se ve, no es cierto. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, respecto de los actos y autoridades antes citados, a excepción de la Fiscal de Acusación de la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (únicamente respecto a la orden de presentación) y del Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Querétaro (únicamente respecto a la medida cautelar de arraigo), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la orden de presentación que aceptó la Fiscal de Acusación adscrita a la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; de la copia certificada que anexó al oficio de cuenta la citada Fiscal, se advierte que ordenó la cancelación de la presentación en nueve de noviembre de dos mil diecisiete, y lo informó a la autoridad ejecutora. Por tanto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, a juicio de este juzgador, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La razón de la causal de improcedencia establecida en el artículo arriba transcrito, es la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, siendo necesario destacar, que los efectos del acto reclamado se traducen en una violación de derechos humanos en perjuicio del agraviado, por ende, para hablar de cesación de tales efectos, debe atenderse, necesariamente, si la contravención alegada por la parte quejosa ha desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella, esto es, debe constatarse si las cosas se han reestablecido al estado que guardaban antes de la emisión y ejecución, en su caso, del acto reclamado, en tratándose de actos positivos, pues sólo en esta hipótesis se estaría en presencia de la causal de improcedencia en comento. En el caso, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la orden de presentación y/o detención; sin embargo, de las constancias que obran en autos, mismas que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que únicamente existía una orden de presentación dirigida hacía la quejosa y que ella ya compareció el treinta de octubre del año actual, ante la Fiscalía de Acusación de la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; ahora, vistas las constancias que remite la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que derivado de lo anterior, en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la referida orden de presentación dirigida a la quejosa. Bajo esa perspectiva, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al estar probado plenamente que se dejó sin efectos la presentación de la parte quejosa, ordenada por la Fiscalía de Acusación de la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por lo que es evidente, que han cesado los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro: 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 63, fracción V, de ordenamiento legal invocado. Finalmente, respecto del acto reclamado consistente en la medida de arraigo, la cual fue aceptada por la Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro y actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Querétaro, en el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI del numeral 107 de dicho cuerpo de leyes, aplicada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Fracción VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" La fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto "Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas..." Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 331 visible a foja 280 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. En vista de lo anterior y conforme a la materia de análisis que se plantea en el presente juicio de garantías, esto es, aquella en la que quien es parte en el juicio comparece a él no obstante no haber sido emplazado o habiendo sido llamado en forma irregular, se hace sabedor del proceso antes de dictarse sentencia, procede determinar en qué momento y en qué términos puede intentar el amparo en contra de ese acto que ha irrogado perjuicio a su esfera jurídica. En tales condiciones, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería, debe ser interpretado en forma armónica con la disposición constitucional, de tal manera que si ésta no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el precepto del ordenamiento reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. En efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes de que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga. Apoya la anterior consideración, la tesis visible en la página 188, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Primera Parte, Octava Época, del siguiente tenor: "AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, noestán obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citado. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional." En ese tenor, el acto reclamado restante se hace consistir en el arraigo como medida cautelar a la quejosa. Sin embargo, a la aquí quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al juicio del cual emana el acto reclamado, pues tomando en consideración que tal situación se advierte de la copia certificada de cuenta que fue sacada del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, consistente en el escrito presentado por la parte quejosa, ante éste órgano jurisdiccional el dieciséis de noviembre del presente año, donde realiza diversas manifestaciones, y en lo que interesa, refiere que el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete tuvo conocimiento del juicio 219/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, seguido en su contra, en donde es la parte demandada del juicio de pérdida de la patria potestad de la menor con iniciales K.A.P., documental que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y por la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 356378, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LVIII, visible en la página 2643, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS, NATURALEZA DE LOS.".; por tanto, como ya se dijo, se advierte de sus manifestaciones que la parte quejosa tenía conocimiento del juicio 219/2017 desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, seguido en su contra, incluso, también se desprende que compareció ante la autoridad, aunado a que expresó que en la fecha de la presentación del escrito en comento, se encontraba dando contestación a la demanda familiar. Confesión realizada por la quejosa, que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ellas las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Apoya lo anterior, por los datos que informa, la jurisprudencia 27/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 294, Tomo LXXXIX, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO, CONFESION EN EL.- Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". En esa virtud, se concluye que tiene conocimiento del juicio natural y, por ende, es de estimarse que la solicitante de amparo, no es persona extraña al juicio, en virtud de que puedo defenderse dentro del procedimiento de origen. En efecto, si la quejosa ha comparecido al procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le permite el conocimiento del número de expediente relativo, la autoridad ante la cual se tramita y el motivo por el cual es demandada; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso, o bien, a través del medio extraordinario de defensa que estimara pertinente. En las condiciones apuntadas, al comparecer al juicio de origen, la parte quejosa, en el juicio de amparo que nos ocupa es notoriamente improcedente, porque no es persona extraña al juicio y, por tanto, no se da la hipótesis que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Cobra aplicación sobre el particular la jurisprudencia P./J. 39/2001, visible en la página 93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), con número de registro 2000619, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Décima Época, Página: 681, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Por lo anteriormente considerado se actualiza la causal de improcedencia, con fundamento en fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI del numeral 107 de dicho cuerpo de leyes, aplicada a contrario sensu, puesto que la quejosa tenía conocimiento del juicio 219/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, por lo tanto, pudo hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso, o bien, a través del medio extraordinario de defensa que estimara pertinente. El sobreseimiento aquí decretado se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a los actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Querétaro; al no reclamarse por vicios propios. Tiene aplicación sobre el particular, el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 50 del Tomo 24, tercero parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En consecuencia, como ya quedó precisado, procede sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, por las causales antes analizadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

  4. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta (con anexos) signado por la Fiscal de Acusación adscrita a la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado mediante auto de nueve, en relación con el de veintidós, ambos del presente mes y año, al remitir copia certificada del oficio 23014/2017, de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual ordena la cancelación de la presentación, a la autoridad ejecutora. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como del oficio de mérito, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa por una parte, no existe, y por la otra, han cesado sus efectos. En primer lugar, corresponde realizar un análisis de la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente. Ahora, en el caso que nos ocupa la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la orden de presentación y/o detención, así como la ejecución de medidas provisionales en materia familiar y medidas cautelares para quitarle y/o cambiar la custodia de sus menores hijos, a las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME Foja FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 125-126 FISCAL DE ACUSACIÓN DE LA UNIDAD 4 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CIERTO (ÚNICAMENTE RESPECTO A LA ORDEN DE PRESENTACIÓN) 72-73 FISCAL DE SOLUCIÓN ALTERNA DE LA UNIDAD 4 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 58 bis PROCURADOR DE PROTECCIÓN ESTATAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN QUERÉTARO NIEGA 108 JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 99 JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 100 JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 53 JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 101 JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 54 JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 67 JUEZ SEPTIMO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO CIERTA (ÚNICAMENTE RESPECTO A LA MEDIDA CAUTELAR DE ARRAIGO) 68 JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 102 JUEZ NOVENO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 103 ACTUARIOS ADSCRITOS A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO Adhieren al informe del Juez Séptimo de lo Familiar. 57-58 DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 59 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO NIEGA 70 En mérito de lo anterior, de los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables, se desprende claramente que los actos son inexistentes, a excepción de la Fiscal de Acusación de la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (únicamente respecto a la orden de presentación) y del Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Querétaro (únicamente respecto a la medida cautelar de arraigo), asimismo, la parte quejosa no probó la existencia de los mismos. De ahí que, el acto que en esta vía se combate, al día en que insto el juicio constitucional, no existe. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por parte de la quejosa, fue por existir simple sospecha de la existencia del acto reclamado, lo cual, como se ve, no es cierto. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, respecto de los actos y autoridades antes citados, a excepción de la Fiscal de Acusación de la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (únicamente respecto a la orden de presentación) y del Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Querétaro (únicamente respecto a la medida cautelar de arraigo), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la orden de presentación que aceptó la Fiscal de Acusación adscrita a la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; de la copia certificada que anexó al oficio de cuenta la citada Fiscal, se advierte que ordenó la cancelación de la presentación en nueve de noviembre de dos mil diecisiete, y lo informó a la autoridad ejecutora. Por tanto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, a juicio de este juzgador, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La razón de la causal de improcedencia establecida en el artículo arriba transcrito, es la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, siendo necesario destacar, que los efectos del acto reclamado se traducen en una violación de derechos humanos en perjuicio del agraviado, por ende, para hablar de cesación de tales efectos, debe atenderse, necesariamente, si la contravención alegada por la parte quejosa ha desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella, esto es, debe constatarse si las cosas se han reestablecido al estado que guardaban antes de la emisión y ejecución, en su caso, del acto reclamado, en tratándose de actos positivos, pues sólo en esta hipótesis se estaría en presencia de la causal de improcedencia en comento. En el caso, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la orden de presentación y/o detención; sin embargo, de las constancias que obran en autos, mismas que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que únicamente existía una orden de presentación dirigida hacía la quejosa y que ella ya compareció el treinta de octubre del año actual, ante la Fiscalía de Acusación de la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; ahora, vistas las constancias que remite la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que derivado de lo anterior, en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la referida orden de presentación dirigida a la quejosa. Bajo esa perspectiva, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al estar probado plenamente que se dejó sin efectos la presentación de la parte quejosa, ordenada por la Fiscalía de Acusación de la Unidad 4, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por lo que es evidente, que han cesado los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro: 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 63, fracción V, de ordenamiento legal invocado. Finalmente, respecto del acto reclamado consistente en la medida de arraigo, la cual fue aceptada por la Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro y actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Querétaro, en el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI del numeral 107 de dicho cuerpo de leyes, aplicada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Fracción VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" La fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto "Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas..." Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 331 visible a foja 280 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. En vista de lo anterior y conforme a la materia de análisis que se plantea en el presente juicio de garantías, esto es, aquella en la que quien es parte en el juicio comparece a él no obstante no haber sido emplazado o habiendo sido llamado en forma irregular, se hace sabedor del proceso antes de dictarse sentencia, procede determinar en qué momento y en qué términos puede intentar el amparo en contra de ese acto que ha irrogado perjuicio a su esfera jurídica. En tales condiciones, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería, debe ser interpretado en forma armónica con la disposición constitucional, de tal manera que si ésta no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el precepto del ordenamiento reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. En efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes de que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga. Apoya la anterior consideración, la tesis visible en la página 188, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Primera Parte, Octava Época, del siguiente tenor: "AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, noestán obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citado. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional." En ese tenor, el acto reclamado restante se hace consistir en el arraigo como medida cautelar a la quejosa. Sin embargo, a la aquí quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al juicio del cual emana el acto reclamado, pues tomando en consideración que tal situación se advierte de la copia certificada de cuenta que fue sacada del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, consistente en el escrito presentado por la parte quejosa, ante éste órgano jurisdiccional el dieciséis de noviembre del presente año, donde realiza diversas manifestaciones, y en lo que interesa, refiere que el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete tuvo conocimiento del juicio 219/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, seguido en su contra, en donde es la parte demandada del juicio de pérdida de la patria potestad de la menor con iniciales K.A.P., documental que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y por la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 356378, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LVIII, visible en la página 2643, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS, NATURALEZA DE LOS.".; por tanto, como ya se dijo, se advierte de sus manifestaciones que la parte quejosa tenía conocimiento del juicio 219/2017 desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, seguido en su contra, incluso, también se desprende que compareció ante la autoridad, aunado a que expresó que en la fecha de la presentación del escrito en comento, se encontraba dando contestación a la demanda familiar. Confesión realizada por la quejosa, que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ellas las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Apoya lo anterior, por los datos que informa, la jurisprudencia 27/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 294, Tomo LXXXIX, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO, CONFESION EN EL.- Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". En esa virtud, se concluye que tiene conocimiento del juicio natural y, por ende, es de estimarse que la solicitante de amparo, no es persona extraña al juicio, en virtud de que puedo defenderse dentro del procedimiento de origen. En efecto, si la quejosa ha comparecido al procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le permite el conocimiento del número de expediente relativo, la autoridad ante la cual se tramita y el motivo por el cual es demandada; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso, o bien, a través del medio extraordinario de defensa que estimara pertinente. En las condiciones apuntadas, al comparecer al juicio de origen, la parte quejosa, en el juicio de amparo que nos ocupa es notoriamente improcedente, porque no es persona extraña al juicio y, por tanto, no se da la hipótesis que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Cobra aplicación sobre el particular la jurisprudencia P./J. 39/2001, visible en la página 93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), con número de registro 2000619, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Décima Época, Página: 681, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Por lo anteriormente considerado se actualiza la causal de improcedencia, con fundamento en fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI del numeral 107 de dicho cuerpo de leyes, aplicada a contrario sensu, puesto que la quejosa tenía conocimiento del juicio 219/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, por lo tanto, pudo hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso, o bien, a través del medio extraordinario de defensa que estimara pertinente. El sobreseimiento aquí decretado se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a los actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Querétaro; al no reclamarse por vicios propios. Tiene aplicación sobre el particular, el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 50 del Tomo 24, tercero parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En consecuencia, como ya quedó precisado, procede sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, por las causales antes analizadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE....III NP

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