VIRIDIANA JUÁREZ SOLÍS y Otros.
Expediente 1434/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- VIRIDIANA JUÁREZ SOLÍS y Otros.
- Viridiana Juárez Solís
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de la autoridad federal de cuenta, por medio del cual acusa recibo del comunicado 3947 y anexos de nuestro índice, e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por ** autorizado de la parte quejosa, en contra del proveído de once de noviembre del presente año (fojas 32 a 34); de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Agréguese el escrito signado por ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 28); en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión contra el auto de once de noviembre del año en curso (fojas 54 a 56), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En ese tenor, distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios; además, se instruye a la Secretaria que bajo su más estricta responsabilidad, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente, al en que se integre el juicio de amparo en que se actúa, lo envíe foliado, rubricado y entresellado el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, de conformidad con el Acuerdo General 43/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos de su revisión. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico de este juicio de amparo, se encuentra debidamente integrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); en tal virtud, fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias indispensables; lo anterior, en atención al Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y mejora de la gestión, capitulo III, inciso F), 1d.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado y anexo de la autoridad de cuenta; con su contenido, dése vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales remitidas por la Junta responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que para mayor claridad se trascribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, de la demanda de amparo promovida, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de radicación del procedimiento en el expediente laboral *** del índice de la responsable (foja 2) y, por consecuencia, la omisión de pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas en el escrito que le dio origen. Sin embargo, de las documentales enviadas por la responsable, se desprende que mediante auto de *** en curso (fojas 34 y 35), la Junta laboral se pronunció sobre el escrito presentado por los quejosos mediante el cual promovieron procedimiento para procesal ****, en contra del Instituto de Salud del Estado de Chiapas; explicando las razones por la que no se acordó favorable a sus intereses al considerar la Junta responsable que no es competente para resolver las cuestiones planteadas. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en el presente juicio cesaron en sus efectos, actualizándose por ende la causa de improcedencia analizada al haber desaparecido los motivos que concreta y específicamente originaron el presente juicio, pues como se dijo, la autoridad responsable se pronunció sobre el escrito presentado por los quejosos mediante el cual promovieron procedimiento para procesal ***** y solicitaron medidas cautelares. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo efectos ni los surtirán, en virtud de que la autoridad responsable dictó el acuerdo en el que se pronunció sobre el escrito presentado por los quejosos mediante el cual promovieron procedimiento para procesal ***, en contra del ******, con sede en esta ciudad; explicando las razones por la que no se acordó favorable a sus intereses, al considerar la Junta responsable que no es competente para resolver las cuestiones planteadas, cuya omisión fue reclamada en esta vía constitucional; de manera análoga a si se hubiera concedido la protección constitucional. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, novena época, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual forma, la Jurisprudencia número 2ª./J.9)98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo; pues constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si el sentido del fallo sería el mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 28). Por otro lado, toda vez que en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, se reservó proveer sobre la parte tercera interesada (foja 28); hasta en tanto obrara el informe justificado, lo que ya aconteció, al respecto; sin que se haga mayor pronunciamiento ante el sobreseimiento decretado.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Encargada del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a nombre propio y en representación del Subdelegado de Prestaciones del aludido Instituto, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el original del comunicado **** de dieciséis de octubre del año en curso, dirigido al Profesional Administrativo Responsable de Cálculo del anotado Instituto, a través del cual, le solicitó dé cumplimiento de manera inmediata a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, resulta necesario señalar que los efectos de la ejecutoria de amparo, consisten en que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: Deberán acatar en sus términos la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, así como de la interlocutoria de queja por omisión en el cumplimiento, de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictadas en el juicio de nulidad ****; es decir, emitan una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que describan las fechas y porcentajes de aumento de la pensión del demandante, el cual debe ser conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor, y en caso de que este resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, la cuantía de la pensión del actor deberá ser incrementada en la misma proporción en que aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, también deberán expresar los cálculos y las operaciones aritméticas que sirvieron para determinar los incrementos de la pensión y cuando se hicieron cuidando de no exceder el límite equivalente a diez veces el salario mínimo general, lo que dicho sea de paso, se debe regir por los artículos 15, 57, párrafos tercero y cuarto, 60 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y de resultar cantidades por diferencias a favor del enjuiciante por concepto de incrementos de pensión y de gratificación anual o aguinaldo deberán pagársele, para lo cual deberá realizar el estudio comparativo de los incrementos otorgados al activo, considerando la Constancia de Evolución Salarial que obra a folios veinte y veintiuno de autos del juicio de nulidad o la que obtenga de la dependencia para la cual laboró el demandante y el incremento del índice Nacional de Precios al Consumidor señalando de donde obtuvo el mismo y aplicar el que resulte mayor y por ende se ordene el pago de las diferencias existentes entre los montos cubiertos y los que legalmente le corresponde, lo que deberá hacerse de forma retroactiva hasta la fecha de pago de tales diferencias. Establecido lo anterior, resulta necesario precisar que la protección constitucional otorgada al quejoso ***es para el efecto de que las autoridades responsables, acaten en sus términos la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, así como de la interlocutoria de queja por omisión en el cumplimiento, de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictadas en el juicio de nulidad ****, del índice de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad. Efecto concesorio, que pone de manifiesto, que el entonces Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y el Subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son los directamente obligados a cumplir con la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, pues fue contra el acto que de ellos se reclamó, respecto del que se otorgó la protección de la Justicia de la Unión y, de acuerdo con su esfera de competencia, son quienes pueden proveer sobre los efectos de la sentencia concesoria. No obstante lo anterior, tomando en consideración lo informado por la Encargada del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, a nombre propio y en representación del Subdelegado de Prestaciones del aludido Instituto, con sede en esta ciudad, requiérase al Profesional Administrativo Responsable de Cálculo del anotado Instituto, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, informe cuál es el trámite brindado al comunicado ****, de dieciséis de octubre del año en curso, signado por la Encargada del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del citado Instituto, o bien, indique el impedimento para ello, debiendo remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho. Lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de pronunciarse en relación al cumplimiento de que se trata; toda vez que, los juicios de amparo no pueden permanecer paralizados conforme con lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna. Apercibido que de hacer caso omiso a lo anterior, se entenderá como la obstaculización o la actualización de una conducta contumaz que imposibilita el debido acatamiento del fallo protector; por lo que, en términos del artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización. Además, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado competente, con sede en esta ciudad, para el trámite del incidente de inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y la consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido, que en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Finalmente, respecto a los delegados que señala, dígase a la oficiante que se esté a lo acordado en proveído de veintisiete de agosto del actual (fojas 121 y 124 vuelta).
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