VIRIDIANA JOCELYN NOVA ISIDRO y Otros.
Expediente 46/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- VIRIDIANA JOCELYN NOVA ISIDRO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veintiuno. Por recibido vía electrónica el oficio mediante el cual el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, informa el contenido del acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, dictado en el juicio de amparo 40/2021-IV de su índice, del que se desprende que ese órgano jurisdiccional acusa recibo del oficio 775/2021 por el que se remitió de manera digitalizada el juicio de amparo en que se actúa e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del mismo; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. En ese sentido, se ordena remitir los autos originales del juicio de amparo 46/2021-VII al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que la constancia de remisión hace las veces de dicho acuse. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, esto es a partir del veintidós de julio de dos mil veintiuno. Por otro lado, se recibe el oficio registrado con el folio 349 mediante el cual el Responsable de la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Rehabilitación, ******* , en desahogo al requerimiento formulado en auto de catorce de enero del año en curso, informa el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida en autos. Ahora bien, atendiendo a lo acordado en párrafos anteriores se ordena remitir al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México el oficio de cuenta, para lo que tenga a bien determinar. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho y en representación de su menor hija *****; así como por ***** por propio derecho y en representación de su menor hijo *****, contra actos del Director del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra" perteneciente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 3°,4°, 14, 16, 17, 22, 73, fracción XVI, bases 2ª y 3ª, 103, fracción I, 107, fracción VII y 133 de la Constitución Federal. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020 y SECNO/1/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido cinco de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes" , (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la demanda de cuenta. En ese sentido, dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que encuadra en el supuesto considerado como "urgente"; en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. REGISTRO De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo indirecto físico y electrónico, así como registrarlo en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 46/2021-VII. ANTECEDENTES: De la lectura integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes hechos: 1. La quejosa ***** se desempeña como Enfermera General Titulada C, en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra" perteneciente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en funciones relativas a recibir pacientes en la rampa de calle para ingreso hospitalario y llevarlos a cualquiera a la zonas correspondientes, incluyendo el área de Covid, motivo por el cual resultó contagiada el treinta de noviembre de dos mil veinte, presentando secuelas respiratorias agudas. Asimismo, es madre de una menor de ocho meses de edad. 2. La quejosa ********** se desempeña como Afanadora, en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra" perteneciente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, incluyendo el área Covid. Asimismo, se encuentra en etapa de lactancia de un menor de cinco meses de edad. INCOMPETENCIA El análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 1/2009, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas". En ese orden, este Juzgado Federal procede a verificar si tiene competencia para conocer el presente asunto. En primer término, es pertinente señalar que, para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales, debe atenderse a los criterios siguientes: a) La materia, que se establece en atención a las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo del litigio, y que se clasifica de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. b) El territorio, es el ámbito espacial dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. c) El grado, que se refiere a la posibilidad de que un juzgador de mayor jerarquía revise la decisión sobre una controversia, con el fin de que determine fue dictada con apego o no a derecho. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. De acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. Los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito respecto a las materias administrativa y de trabajo. Los artículos mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se aprecia, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial. Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En el mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS", en la que concluyó que, para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique analizar los argumentos alegados. Definido el marco jurídico, corresponde analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que la quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La omisión por parte de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la implementación de medidas para el personal del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra" perteneciente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a efecto de enfrentar la situación sanitaria derivada del COVID-19, que se traduce en incumplimiento a las obligaciones establecidas en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", como lo es el no permitir el resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, al encontrarse en etapa de lactancia con un menores de edad, con el objeto de proteger su salud y la de sus menores hijos, ante la epidemia por SARS-COV2 (COVID-19). Ahora, del contexto fáctico del asunto, deriva que el treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, declaró la existencia de una pandemia. En esas circunstancias, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el "ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", en el que estableció lo siguiente: Diversos mecanismos para que las trabajadoras y los trabajadores que presentaran síntomas de contagio, así como los que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, pudieran justificar sus inasistencias; igualmente, que aquéllos ubicados en grupos vulnerables y que laboraran en las instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, de salud, gestión integral de riesgos y protección civil, así como bomberos, debían solicitar la autorización de la instancia administrativa correspondiente. ( Se solicitó a los titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, no ejercer amonestación o represalia en materia laboral, incluido cualquier descuento por ausencia, en contra de los servidores públicos, sin importar su esquema de contratación. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19)", de dicho instrumento normativo se advierte: ( La instrucción a los sectores público, privado y social, a evitar la asistencia a centros de trabajo de los adultos mayores de sesenta y cinco años, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes conservarían derecho a recibir salario y demás prestaciones. ( Las medidas adoptadas se llevarían a cabo con respeto a los derechos laborales, además de que los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, continuarían normando las relaciones laborales, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad, declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese orden, si bien los acuerdos mencionados fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de sus facultades en materia de salud pública, lo cierto es que tienen un impacto en la materia de trabajo, ya que el Estado implementó medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, instruyendo a los empleadores para evitar la asistencia a los centros de trabajo y, ordenando la suspensión total de actividades no esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria, todo ello con respeto a los derechos laborales. De ahí que, las medidas adoptadas para contener los contagios en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Conviene señalar que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, establece que la salud enfermedades, así como la protección contra elementos físicos y mentales que afecten la salud y estén directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. De esa forma, las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio derivan de una política de salud pública, y su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las y los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Ahora, es pertinente destacar que los actos reclamados en este asunto, provocan un perjuicio en la salud de la parte quejosa y de sus menores hijos que pueden atentar contra su vida, dado que refiere que las autoridades fueron omisas en dar cumplimiento al "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)." En ese contexto, los actos reclamados están relacionados con las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos de salud originados por el virus SARSCoV2, por lo que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por ello, se estima que los actos impugnados son de naturaleza laboral y los tribunales de amparo en esa materia son los competentes para conocer del asunto, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, sin importar el origen del acto reclamado; es decir si deriva del cumplimiento a un acuerdo emitido por autoridades administrativas. El criterio competencial que sostiene este Juzgado federal encuentra sustento además de lo expuesto, en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento" Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, al que se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. En otro aspecto, dada la naturaleza del acto reclamado, procede realizar el siguiente pronunciamiento: SUSPENSIÓN DE PLANO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión para que se le otorgue el beneficio laboral consistente en el resguardo domiciliario por encontrarse en situación de vulnerabilidad ante la presencia en el territorio nacional del virus SARS-Cov2 (COVID-19), permitiéndoles no presentarse a laborar, sin que ello implique un descuento por ausencia, garantizándose el sueldo y demás prestaciones extraordinarias. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades"1. En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el "ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", en cuyo artículo segundo estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, entre otros, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.)." Por tanto, este juzgado concluye que la omisión de la autoridad señalada como responsable de no permitir a las quejosas ***** y *****, ausentarse de sus actividades laborales podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud y de protección de la familia, ante la situación actual de la pandemia. Se estima lo anterior, ya que las quejosas además de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad que formularon, exhibieron las siguientes constancias: El certificado de salud con folio *****, con fecha de veintiocho de agosto de dos mil veinte, a nombre de ***** con puerperio tardío (tres meses veintiún días) con lactancia materna exclusiva, firmado por ***** con cedula 5893294. Resultado de laboratorio infectología, de biología molecular con resultado positivo a SARS-CoV-2, de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, a nombre de *****, firmada por ***** con cedula *****. Constancia de salud de veintiséis de octubre de dos mil veinte a nombre de ******, con diagnóstico de lactante menor clínicamente sano, continuar lactancia materna hasta los dos años El certificado médico de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se diagnosticó con control prenatal al destacar hiperreactora bronquial, a nombre de *****, firmada por la Doctora ***** con cedula ****. Copia del certificado de nacimiento ****** a nombre *****. Copia del certificado de nacimiento folio ****** a nombre ******. Asimismo, con las copias simples de los comprobantes de pago de ****** y ******, con los que acreditan indiciariamente que laboran en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra". En ese sentido, se evidencia que la parte quejosa son destinatarias del beneficio jurídico que el acto reclamado le niega, además, que el acto reclamado pone en riesgo su salud y seguridad, así como la de sus menores hijos; por lo que, de no otorgar la medida suspensional se les podría causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud y seguridad de la parte quejosa y su menor hijo, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables permitan a las quejosas realizar resguardo domiciliario; es decir, no asistir a su centro de trabajo sin responsabilidad jurídica alguna y se les sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se les cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19; dejando al prudente arbitrio de las autoridades se les asignen actividades inherentes a su cargo y que puedan llevar a cabo en su hogar, mediante el trabajo a distancia. Ello implica que las autoridades responsables deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS siguientes a aquél en que queden debidamente notificadas de esta determinación, INFORMEN A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL SOBRE LA FORMA EN LA QUE HAN DADO CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO OTORGADA. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, se les autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, a los usuarios **** y *****. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados a ******, ****** y *****, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y, en términos de lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Amparo para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula en el sistema antes señalado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se proceda a realizar las notificaciones en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar las diligencias que se encomienden, en horas y días inhábiles. Notifíquese en forma electrónica a la parte quejosa.
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