Viridiana Hernández Sánchez

Expediente 1466/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1466/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Viridiana Hernández Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto; el oficio signado por el Juez de Control de la Región Tres, Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con sede en Pichucalco, por medio del cual acusa recibo del oficio 26259/2022, del índice de este juzgado, así como, del tomo de prueba que remitió en apoyo a su informe justificado. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y téngase a dicha autoridad acusando recibo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de octubre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que se formaron lo cuadernos incidentales, provéase lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Tomando en consideración que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, remitió copia certificada de la causa penal 106/2021, del índice del Juzgado de Control de la Región Tres de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas, resulta innecesaria su retención; por lo cual, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales procedentes; solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  3. Incidental

    Visto; el estado procesal de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, además de acordar lo relativo. Al efecto, se acuerda. ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar, se determina que el original de dicho incidente es susceptible de depuración, ya que se ubica en inciso a), fracción I, del artículo 18, del citado acuerdo, por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión y se destruirá el resto de las mismas, por considerarse que no tienen relevancia. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente incidente y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Visto; el oficio número 7610/2022-II, firmado criptográficamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, por medio del cual remite por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional copia certificada del juicio de amparo 213/2022, de su estadística, así como los cuadernos incidentales y un tomo de pruebas. I. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO Y SE CONVALIDAN LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, RESIDENTE EN CINTALAPA DE FIGUEROA. En ese tenor, acúsese de recibo correspondiente al juzgado oficiante de las constancias descritas en supralíneas. II. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1466/2022-II y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absoluta de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible tener una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los actos que en esta vía se combaten son: La orden de aprehensión y su ejecución. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Del análisis de las constancias se advierte que se actualiza de modo, manifiesto, indudable y notorio, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio constitucional cuando es promovido contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. La causa de improcedencia analizada, garantiza la institución de la cosa juzgada y establece que ésta se actualizará cuando en una controversia sometida a un órgano de control jurisdiccional, éste resuelve aspectos de fondo o sustanciales; por ende, adquiere firmeza, de tal manera que la cosa juzgada constituye la verdad legal e impide que el tema materia de la decisión vuelva a someterse a discusión en un diverso juicio. Lo anterior se desprende con mayor claridad en la fracción X, del numeral 61, de la misma ley, la que contempla una hipótesis de litispendencia entre dos juicios de amparo, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado; esta figura jurídica entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos; se trata de dos juicios de garantías iguales, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación, circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. La razón de ser de la improcedencia en comento descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de una misma ley o acto de autoridad. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es: IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución. De lo cual se colige, que cuando en un juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, y por el propio acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, la sentencia firme en que se analice la constitucionalidad del acto, actualiza la causa mencionada en la citada fracción; por tanto, resulta obvio que, una vez que dicha sentencia causa ejecutoria, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo. El génesis de la figura procesal de "cosa juzgada" es la seguridad jurídica a las decisiones o resoluciones que establezcan situaciones de derecho concretas, mediante el proceso de individualización de normas a través del procedimiento respectivo que se concluye con la sentencia definitiva. De esta manera, se impide toda posibilidad mediante el sometimiento de la misma litis a una nueva controversia. De suerte tal, que su finalidad es evitar el pronunciamiento de sentencias que pueden ser contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios de amparo enderezados con idéntico objeto. Por tanto, la cosa juzgada constituye la verdad legal, lo que significa que si en un diverso juicio de amparo se ha emitido un fallo en el cual se encuentra resuelto el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter nuevamente a un análisis el mismo punto en un proceso distinto. Tiene aplicación la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Así pues, del contenido de la fracción XI del artículo 61, y su remisión a la fracción X, del mismo numeral de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: Que ambos juicios de amparo se hayan promovido por el mismo quejoso. Que en los dos juicios biinstanciales analizados, las autoridades señaladas con el carácter de responsables sean las mismas. Que las normas generales o actos que se reclamen en ambos juicios de amparo sean los mismos, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Que el diverso juicio de amparo ya resuelto, haya causado ejecutoria. Resulta ilustrativa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a estudio, se está en presencia de la figura jurídica denominada cosa juzgada, definida en este precepto legal como ejecutoria en otro juicio de amparo. En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, y para tal efecto, se procede a demostrar la actualización de las hipótesis precisadas en los párrafos que anteceden, lo cual se efectúa al tenor siguiente: La aquí quejosa *** y otros, promovieron demanda de amparo en contra la orden de aprehensión y su ejecución. Demanda que fue turnada al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, misma que radicó con el amparo 213/2022 y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. Del informe justificado emitido por el Juzgado de Control de la Región Tres de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas, refirió que existían distintas causas penales, advirtiendo en lo que interesa que en el proceso 106/2021, el cinco de agosto de dos mil veintiuno, libró orden de aprehensión únicamente en contra de la quejosa ***, -misma que fue materia de análisis en diverso juicio de amparo indirecto del índice de este juzgado-. En razón de ello, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, ordenó la separación de juicios y remitió a este juzgado por conocimiento previo la demanda que nos ocupa, a fin de que conociera respecto de la orden emitida en el expediente invocado en el párrafo que antecede. Ahora bien, es importante precisar que la diversa demanda promovida por *** fue turnada a este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, la cual se radicó con el expediente 668/2021-V, por lo que en auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite y se requirieron los informes justificados respectivos. Seguida la secuela procesal, este órgano jurisdiccional, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia por la que se negó el amparo y protección a la parte quejosa, en la que fue materia de análisis la orden de aprehensión de cinco de agosto de dos mil veintiuno, librada en los autos de la causa penal 106/2021, en contra de ***, por su probable autoría en el hecho que la ley señala como delito de materia electoral, ilícito previsto y sancionado en el artículo 7, fracción VII, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en relación con los artículos 7°, 8° y 9° párrafo Primero (hipótesis de acción dolosa, obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, requiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley) y 13 fracción II (como actor material), todos del Código Penal Federal vigente, ilícito cometido en agravio de la sociedad, de hechos ocurridos en el Municipio de Simojovel, Chiapas. Asimismo, que dicho acto fue atribuido a las autoridades responsables: (1). Juez de Control del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, con sede en Pichucalco, Chiapas -autoridad ordenadora que conoce de la causa penal 106/2021-; (2). Director de la Policía Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado; (3). Encargado y/o Titular y/o Gestor Administrativo del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Dirección General de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado; (4). Encargado y/o Titular de la Dirección de Operaciones (Grupo Táctico de Intervención y Unidad Canina) de la Dirección General de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado; (5). Encargado y/o Titular de la Comandancia Regional Norte de la Dirección General de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, todos con residencia en esta ciudad, de esta ciudad. Resolución constitucional que fue recurrida por la impetrante, misma que le correspondió dirimir al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y al resolver el amparo en revisión 40/2022, de su índice, determinó confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a la aludida impetrante. Lo cual constituye un hecho notorio para este órgano, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el principio jurídico contenido en la jurisprudencia, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. De lo antes expuesto, se advierte que el acto que se reclama en este juicio de amparo; esto es, la orden de aprehensión de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada en autos de la causa penal 106/2021, del índice del Juzgado de Control de la Región Tres de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas, ya fue materia del diverso juicio de amparo 668/2021, del índice de este Juzgado de Distrito; por lo que es inconcuso que se actualiza la primera hipótesis de la improcedencia en el juicio. De igual manera, la segunda y tercera hipótesis de actualizan, ya que tanto el presente juicio de amparo, como el diverso 668/2021, del índice de este órgano, fueron promovidos, entre otros, por ***, contra la orden de aprehensión de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada en autos de la causa penal 106/2021, del índice del Juzgado de Control de la Región Tres de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, con residencia en Pichucalco, Chiapas. Bajo ese contexto, se protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente una controversia. Apoya a lo anterior, la tesis del rubro y texto que se citan: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XI, en los términos de la fracción X, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. Resulta aplicable por analogía el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto. (Énfasis añadido) Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del Juzgado. V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la quejosa ***, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, de esta ciudad. Como autorizado en términos amplios a Octavio Pérez Espinosa y Juan José Tevera Vázquez, por encontrarse sus cédulas profesionales inscritas en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Finalmente, respecto a los números telefónicos y correos que proporciona, únicamente tómese nota de los mismos, ya que de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, solo es un medio para entablar comunicaciones, no procesales con las partes. VI. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VII. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realiza el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

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