Viridiana González Romero

Expediente 33/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
33/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Viridiana González Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Se requiere informe al Representante Social de Acuña, Coahuila

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de veintiuno de enero de dos mil quince, por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de veintiuno de enero del año en curso; lo anterior, toda vez que ya no habita en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. En atención a ello, con fundamento en el artículo 26, inciso c), fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena la notificación del presente proveído, así como el de veintiuno de enero del año en curso, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, y las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún en forma personal, hasta en tanto señale diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. La anterior determinación garantiza el desarrollo expedito del proceso, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable sino sólo conveniente para éste, pues aun si falta, es subsanable para la marcha del procedimiento. Es aplicable en la parte conducente la tesis de Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 47/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 152, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA. El artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en el que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, lo cual no implica que el promovente del juicio de garantías tenga que señalar, en lo que respecta a su domicilio, uno de carácter particular, sino que el legislador únicamente le impuso el deber de indicar un lugar donde le resulte más práctico, cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. Este criterio es congruente con el adoptado por el legislador en otros ordenamientos como, por ejemplo, en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 739 de la Ley Federal del Trabajo, de los que se desprende que lo que la ley exige al interesado, en su primera comparecencia, no es el señalamiento de su domicilio particular, sino el de un lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, para que puedan efectuarse todas las notificaciones personales que fueren necesarias dentro del juicio. Lo antes expuesto se robustece con la circunstancia de que cuando el peticionario de garantías se abstiene de señalar un domicilio, la ley de la materia prevé, en su artículo 30, fracción II, una solución tendiente a garantizar el desarrollo expedito del proceso, consistente en que cuando el agraviado no cumpla con la carga de designar domicilio ubicado en el lugar del juicio ni la casa o despacho para oír notificaciones, éstas se harán mediante lista, medida que es acertada, pues la garantía dispuesta en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a aquélla, principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se halla instituido en los artículos 103 y 107 del Ordenamiento Fundamental, como el medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable sino sólo conveniente para éste, pues aun si falta, es subsanable para la marcha del procedimiento." *Lo subrayado es nuestro. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Viridiana González Romero, contra actos de la Encargada del Despacho de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República, con residencia en México, Distrito Federal, y otra autoridad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 33/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. Sin embargo, en el caso, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 5°, fracción II, bajo la consideración de que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para corroborar el aserto anterior, es necesario traer a colación el contenido de los artículos 5º, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley,." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de está fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. (.)" De la interpretación conjunta de los citados numerales se advierte que el juicio de garantías sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por autoridad para los efectos del juicio de amparo a todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por su parte, cabe destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el carácter de autoridad para los efectos del amparo al órgano que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, cuando ejerce facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, lo que se traduce en auténticos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis P.XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento dieciocho, del Tomo V, Febrero de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro y texto: Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda de garantías. Se tiene a la provente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Luis, número 1403, departamento 11, esquina con prolongación Libertad, colonia Las Fuentes, en esta ciudad, y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Gilberto Rueda Cavazos, Cynthia Raquel González Romero, Juan Antonio Sánchez Ho y Griselda Rodríguez Orozco, atento que tienen registrada su cédula profesional en el "sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, y únicamente para que se impongan de autos, oír y recibir notificaciones, a Sandra Yazmín Rodríguez Orozco, Akim Yuliano Villegas Rodríguez y Juan Antonio Sánchez Riojas. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el presente juicio de garantías, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. Notifíquese; personalmente a la promovente.

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