Viridiana Gervacio Cajella

Expediente 819/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
819/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Viridiana Gervacio Cajella

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 819/2023-III*M, promovido por *****, por su propio derecho, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, secretaria que da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Es innecesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, ni ser necesaria la presencia de las partes. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo y anexos (fojas 3 a 21); auto admisorio de once de agosto de dos mil veintitrés (fojas 22 a 26); constancias de notificación practicadas a las partes (fojas 31 a 33); informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 34 a 48); proveído de once de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por rendido, con su contenido se dio vista a las partes y se difirió la audiencia constitucional para el día de hoy. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este sumario. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales, ofrecidas por las partes. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza dichas probanzas. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que las partes no los formularon, y que la Fiscal de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 819/2023-III, promovido por ****, por su propio derecho, en contra de actos de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, y remitido al siguiente día hábil, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ****, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y los actos reclamados que se precisan a continuación: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- SUBDELEGADA DE PRESTACIONES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN GUERRERO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ACTOS RECLAMADOS 1. LA OMISION DE BRINDAR RESPUESTA FUNDADA, MOTIVADA Y CONGRUENTE A MI ESCRITO DE PETICIÓN DE FECHA 2 DE MAYO DEL AÑO DE 2023 2. LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA DE RECONOCERME COMO BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN POR DEFUNCIÓN DE RIESGO DE TRABAJO, Y PENSIÓN POR VIUDEZ, es decir la omisión o negativa de reconocer mi derecho humano a la seguridad social." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda instaurada, la cual quedó registrada con el número 819/2023-III; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Abril de 2000, Tomo XI, página 32) En esa tesitura, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que en esencia el acto reclamado consiste en: La omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el sentido de que se dicte la resolución correspondiente a la solicitud de una pensión por viudez, con motivo del fallecimiento de su concubino Alfonso Pérez Hernández. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto reclamado, bajo el argumento de que por oficio REG/SP/DP/3891/2023 de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Subdelegada de Prestaciones del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Guerrero, dio contestación al ocurso de mérito. Sin embargo, tomando en consideración que dicho oficio se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se tiene por cierto el acto omisivo que se le atribuye. QUINTO. Causales de improcedencia infundadas. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). En ese sentido, el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, señala que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Esto es así, pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, tiene el carácter de negativo y, por ende, de tracto sucesivo cuya violación es de momento a momento, por lo que no está sujeto al término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la siguiente tesis: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento". (Octava Época. Registro: 218899. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. X, Julio de 1992. Materia(s): Común. Tesis: Página: 332). De ahí que, es infundada dicha causal. En otro aspecto, aduce que debe sobreseerse el juicio conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" Sin embargo, en el considerando cuarto de la presente sentencia, este órgano jurisdiccional ya se pronunció en relación con la existencia de los actos reclamados; por tanto, resulta ocioso realizar un nuevo estudio en torno a dicho tema, por lo que se debe estar a lo determinado en ese considerando. Del mismo modo, señala que se configuran las diversas causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, XXI y XXII de la Ley de Amparo; no obstante ello, no propuso argumentos o pruebas que acrediten su actualización, y no son de obvia y objetiva constatación, por lo que dichas manifestaciones resultan inatendibles. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Toda vez que no se advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, ni una diversa propuesta por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos por el quejoso, los que no se transcriben puesto que no existe obligación de hacerlo, tomando en cuenta que no se encuentra en la ley de la materia precepto alguno que así lo indique. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830) En el caso concreto, el quejoso alega en lo sustancial que se violó en su perjuicio el derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, en virtud de que la autoridad responsable no ha dado contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés. Motivo de disenso que resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, como a continuación se demostrará. El invocado artículo 8 Constitucional, establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la anterior transcripción se desprende que todo servidor público está obligado a respetar el ejercicio del derecho de petición, para lo cual se exige de la autoridad, las siguientes actuaciones: a).- Que se dicte un acuerdo por escrito que recaiga a la petición (que debe ser congruente con lo pedido), además de encontrarse debidamente fundado y motivado. b).- Que ese acuerdo se haga del conocimiento del peticionario; y, c).- Que dicha notificación se realice en breve término. El derecho de petición se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada ante cualquier servidor público de manera respetuosa y pacífica debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente; haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las autoridades del Estado se encuentran obligadas a dar respuesta a los escritos peticionarios de las personas, la cual debe ser congruente y emitida en un plazo razonable, que deberá dar a conocer al solicitante. Lo anterior no significa que la contestación a la petición deba ser en el sentido expresado por la interesada, pues en atención al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Sirven de apoyo, las tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario."2 "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido."3 Al resolver el amparo en revisión 2768/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que históricamente el derecho de petición ha sido concebido como un mecanismo esencial para el funcionamiento de la democracia, debido a que constituye una vía a través de la cual los gobernados pueden informar al gobierno sobre sus problemas y, por ende, la correspondiente obligación del Estado de responder, por lo menos, que se ha enterado de los mismos. Incluso, señaló que el derecho de petición, en el que esencialmente se tutela la condición a cargo del Estado de dar contestación a lo solicitado por los gobernados, sin que ello conduzca a que se resuelva favorablemente sus solicitudes, difiere de una acción administrativa, en la medida en que se tratan de medios autónomos diferentes entre sí. Lo anterior, puesto que la acción tiene como finalidad, de quien la promueve, la obtención de un resultado en concreto, en concordancia con una porción normativa; mientras que la petición únicamente garantiza que la autoridad -Estado- otorgue una contestación, sin que 2 Época: Quinta Época, Registro: 1001604, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Derecho de petición, Materia(s): Administrativa, Tesis: 94, Página: 979. 3 Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en la página 89 del tomo III, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995. exista obligación que sea en un determinado sentido, pero siempre que se encuentre debidamente fundada y motivada. De ese modo, una acción administrativa posibilita a los gobernados a pedir un determinado resultado; y, en el supuesto de ser desfavorable a los intereses del promovente, se podrá solicitar o exigir mediante la vía recursal o jurisdiccional; mientras que la petición no lo permite. Bajo este contexto, la Suprema Corte estableció que el derecho de petición guarda como finalidad esencial y primordial, la obtención del gobernado de una respuesta concreta de la autoridad ante un planteamiento específico; siendo que los recursos administrativos son impugnaciones a la legalidad de los actos de autoridad que se encaminan, esencialmente, a conseguir su nulidad o modificación. Por ende, el derecho de petición no se concibe como un mecanismo de sustitución de los procedimientos o recursos -administrativos o judiciales- establecidos para la revisión de las determinaciones administrativas; sino que aquél fue enderezado a satisfacer un objetivo plenamente distinguible, la prerrogativa de los gobernados a recibir una contestación -congruente, motivada y fundada- respecto de una solicitud o planteamiento formulado - respetuosamente y por escrito- a los órganos del Estado. Explicado lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, se traen a contexto los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran en autos, de los que se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de dos de mayo de dos mil veintitrés, presentado el tres siguiente, ante la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, la quejosa solicitó lo siguiente: "VIRIDIANA GERVACIO CALLEJA, promoviendo por mi propio derecho y en representación del menor CARLOS ALFONSO PEREZ GERVACIO, con personalidad acreditada en el expediente aperturado con motivo de la solicitud por viudez y orfandad hecha por la suscrita que obra en el archivo digital del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, señalo como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en calle Copacabana, número 4, local A, despacho 1, colonia la poza (a un costado de los juzgados de control del fuero común), con número de teléfono y whatsapp 74-41-12-12-12 como medio electrónico, ante Usted, respetuosamente expongo: 1- Soy de nacionalidad mexicana originaria de Acapulco de Juárez, Guerrero, hija de: GILBERTO GERVACIO GATICA Y CARMEN CALLEJA INES, fecha de nacimiento 23 de diciembre del año de 1987, con 35 años, religión católica, estado civil soltera, vivo en privada 18 de julio, número 15, colonia la Mira, código postal 39480, de Acapulco de Juárez, idioma español, soy ama de casa y madre soltera de escasos recursos económicos. 2. En el mes de enero del 2015, inicié una relación marital con el C. ALFONSO PEREZ HERNANDEZ, dicha relación era pública pues vivimos como esposos y convivíamos con nuestros familiares y amigos en nuestro domicilio ubicado en privada 18 de julio, número 15, colonia la Mira, código postal 39480, de Acapulco de Juárez, Guerrero. Esto se puede comprobar con la sentencia definitiva que acredita el concubinato, dictada en el expediente 313/2021-1, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 3. De dicha relación de concubinato, el día 28 de enero del 2016 procreamos a nuestro hijo, quien es menor de edad y responde a nombre de CARLOS ALFONSO PEREZ GERVACIO, a quien registramos el día 30 de diciembre del 2016, con acta de nacimiento número 2276, del libro 12, en la oficialía número 0002, del municipio de Nezahualcoyotl, en el estado de México; quien criamos con respeto y amor desde el momento de su concepción. 4. Mi concubino era empleado de la Guardia Nacional del Gobierno Federal por lo que tenía afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: sin embargo, el día 13 de febrero del 2021, falleció en función de sus servicios, debido a una hemorragia interna y externa consecuente de heridas de proyectiles disparados por arma de fuego, lo que se puede comprobar con el acta de defunción número 00448, de fecha 16 de febrero del 202, (sic) en la oficialía número 40 del Municipio de Acapulco, Guerrero. 5. El día 13 de agosto del 2021, acudí a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicadas en avenida Costera Miguel Alemán, número 63, colonia Deportivo, código postal 39690; en virtud de que mi concubino al ser servidor público del gobierno federal contaba con servicios laborales por parte de dicho instituto, por lo que, pregunté por los requisitos para obtener una pensión por orfandad en favor de nuestro menor hijo y una pensión por viudez en favor de la suscrita, de los que brindaron los requisitos correspondientes. 6. Durante el mes de mayo del 2022, luego de realizar diversos trámites y gestiones para poder reunir la documentación correspondiente a los requisitos que me habían brindado, acudí nuevamente a las oficinas del ISSSTE, por lo que, en la entrada me dirigieron a la ventanilla de "pensiones", donde me recibieron los documentos tales como: el acta de defunción de mi finado concubino, el acta de nacimiento de nuestro menor hijo, la sentencia definitiva del Juez Familiar en el que declaró la relación de concubinato que tenía con el finado, entre otros documentos adicionales. Al momento de hacer la revisión de mis documentos, la servidora pública me hizo mención que la documentación que llevé cumplía con los requisitos para otorgarme la pensión por orfandad y viudez, por lo que, al pacer ya me iban otorgar dichas pensiones a razón de esto, me expidieron un documento denominado "documento de oferta" que está constituido supuestamente con el monto de la cantidad correspondiente a cobrar por pensión de viudez y orfandad; dándome una cita dentro de los 15 días siguientes para continuar con el trámite. 7. Después de 15 días acudí una vez más a las oficinas del ISSSTE, para solicitar información respecto al trámite que había iniciado por pensión, por lo que la encargada de ventanilla me dijo que mi solicitud seguía en trámite y debía esperar más tiempo para recibir una respuesta. 8. El día 07 de julio de 2022, promoví un escrito de petición al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitando copias certificadas del expediente que se había formado, para conocer a detalle las actuaciones realizadas, debido a que no me han entregado la pensión por viudez y orfandad,, y nuestro menor e hijo y la suscrita dependíamos económicamente de mi finado concubino y actualmente no tenemos recursos económicos para solventar nuestras necesidades alimentarias. 9. Con fecha 08 de septiembre del 2022, me presenté en las oficinas del ISSSTE nuevamente y me entrevisté con la Licenciada María de Jesús Terrazas, a quien le corresponde brindar seguimiento al trámite de solicitud de pensión por viudez y orfandad, quien me hizo saber que la Subdelegada de Prestaciones de nombre Candy Arelí Serafín Garibo y el Jefe de Departamento de Pensiones de nombre Ernesto Anituy Rebolledo Zúñiga, le comentaron que no podían continuar con el trámite de la pensión, en virtud de que una persona que labora en las oficinas de la Delegación del ISSSTE en Guerrero, refirió de manera verbal que la suscrita no tenía el carácter de concubina del finado ALFONSO PEREZ HERNANDEZ y que no había procreado a nuestro menor hijo, es decir, que por mi estado civil no podían continuar con el trámite de la pensión; a lo que le respondí que había cumplido con los requisitos correspondientes y entre la documentación que proporcioné se encontraba el acta original de nuestro menor hijo; por lo que la servidora pública insistió que no podía hacer nada, ya que tenían la orden de NO continuar con el trámite, esto a razón de lo dicho por el servidor público que labora para el ISSSTE, ya que según él, la suscrita y mi menor hijo, no éramos familiares de mi finado concubino, y aunque el servidor público solo lo habla dicho de manera verbal, es decir, sin exhibir ningún documento, le creían más a él que a mí, porque supuestamente mucha gente de hace pasar por familiares, y que por eso sus jefes habían tomado esa decisión de no permitirme continuar con el referido trámite 10. Por el hecho que desde el día 08 de septiembre del 2022, a al día 27 de marzo de 2023, no me brindaron respuesta POR ESCRITO de mi solicitud, sobre la pensión por viudez y orfandad; solicite, con fundamento en el artículo 8 de la Carta Magna, UNA CONTESTACIÓN POR ESCRITO, por lo que mediante oficio número DEG/SP/DP/01222/2023, de fecha 28 de marzo de 2023, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE, Lic. NETZAH RAFEL PERALTA RADILLA, determinó que no era procedente la pensión por orfandad para el menor; sin embargo, en su segundo punto término que por cuanto a la pensión por viudez para la suscrita, para disfrutar del beneficio pensionario debía agendar una cita vía telefónica al número 435 07 70, extensión 34453, y así recibir mis documentos (aun cuando ya los habla exhibido) y el Departamento de Afiliaciones y Prestaciones Económicas, determine la procedencia de mi alta como posible deudo de mi finado concubino que respondía al nombre de ALFONZO PEREZ GERVACIO, por lo que se me dio una fecha para el día 24 de abril de 2023, sin embargo la servidor público Ma. De Jesús Terrazas Puga, me la canceló en ese momento, seguidamente volví acudir nuevamente para obtener una respuesta, pero no se me quiso recibir hasta agendar otra cita, fue que volví a agendar otra cita para el día 2 de mayo de 2023, fue que me atendieron Ma. De Jesús Terrazas Puga, Netzah Rafael Peralta Padilla y Raúl Palma Delgado, comentando que para obtener una respuesta por escrito debía pedirla por escrito; de ahí que es por ello, que hago este escrito solicitando, con fundamento en el artículo 8 de la Carta Magna, me den una respuesta por escrito sobre mi solicitud de obtener una pensión por viudez pira la suscrita. PRIMERO.- Se me dé una resolución a la solicitud de pensión por viudez para la suscrita . SEGUNDO.- Se me expida una copia certificada y otra simple del acuerdo que recaiga al presente escrito." 2. Mediante oficio REG/SP/DP/3891/2023, de veintiuno de agosto de este año, dirigido a la aquí quejosa, la Subdelegada de Prestaciones del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señaló: ".por este conducto y en atención a su escrito recibido en este Departamento el primero de marzo del año 2023. Por medio del cual solicita; "se de resolución a la solicitud de pensión por viudez y orfandad para la suscrita y el menor Carlos Alfonso Pérez Gervacio", doy respuesta fundada y motivada, de conformidad con el artículo 8° de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Mismo que a la letra se inserta: [.]. Este instituto no niega el derecho a las pensiones, si no que aplica la normatividad que lo rige, en ese sentido me permito informarle lo siguiente: Primero.- No es procedente el otorgamiento a favor de su menor hijo la C. Carlos Alfonso Pérez Gervacio, ello en consecuencia a que el acta de nacimiento de dicho menor, que usted presenta a este departamento, no se encuentra registrada en el libro de la ciudad de México. Segundo.- Ahora bien respecto al otorgamiento de pensión en su carácter de concubina le informo que para estar en posibilidades de disfrutar del beneficio pensionario que aduce en su escrito de referencia, deberá AGENDAR CITA VIA TELEFONICA AL NUMERO 744-435-07- 70 EXT. 34453, hecho esto, deberá presentarse en el día que se le indique a este Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, debiendo traer consigo, los requisitos que anexo al presente escrito, ello para estar en posibilidades de remitir dicha documentación al Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, para que, dicho departamento, dentro del ámbito de su competencia, determine, sobre la procedencia de su alta como posible deudo de su finado concubino, quien respondiera en vida al nombre de CARLOS ALFONSO PEREZ GERVACIO, y de ser positiva dicha acción, este Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el trabajo, se encontrará en posibilidad material, de proceder conforme a derecho, es decir de otorgar el mencionado beneficio pensionario o en su caso emitir el acto administrativo pertinente, ello con fundamento en el artículo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, quien su caso, podrá ser combatido ante la Autoridad Judicial competente. No resulta óbice manifestar que es el trabajador o pensionado, el que deberá mantener actualizado el nombre de sus familiares beneficiarios, en la base de datos en Afiliación y Prestaciones Económicas, en ese sentido acaecida la muerte del derechohabiente directo, es decir del trabajador o pensionado, es obligación de los posibles deudos, aportar las documentales necesarias a efecto de acreditar su carácter de cónyuge o concubina, hijos y padres, es decir, su filiación en el multicitado Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 41, 55, 58, 59, 66, 67, 85, 87 y demás relativos al presente juicio. Sin otro particular, Reciba un afectuoso saludo." De los antecedentes referidos, se colige que la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano previsto en el artículo 8 Constitucional, pues la documental que se adjuntó a la demanda de amparo, acredita que la petición formulada reúne los requisitos a que alude dicho numeral, ya que fue realizada por la ahora quejosa, de manera pacífica y respetuosa, mediante un escrito, en el que estampó su nombre y firma autógrafa. Luego, en términos del artículo 8 Constitucional, las autoridades responsables están obligadas a dar la respuesta congruente y exhaustiva con lo solicitado y hacérsela del conocimiento al impetrante de manera personal en breve término. En ese sentido, si bien es cierto, al rendir su informe justificado el Jefe de la Unidad Jurídica, manifestó que el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Subdelegada de Prestaciones en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio REG/SP/DP/3891/2023, dirigido a la quejosa Viridiana Gervacio Cajella, también lo es que del análisis minucioso de dicha documental, se aprecia que la referida servidora pública atendió a una petición diversa, esto es, la formulada en el ocurso de uno de marzo de dos mil veintitrés. Máxime que no acredita haber dado una respuesta completa y congruente, respecto a la solicitud formulada por la quejosa, en el diverso escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, pues determina que no es procedente el otorgamiento de una pensión en favor del menor Carlos Alfonso Pérez Gervacio, dado que el acta de nacimiento que presentó no está registrada en el libro de la Ciudad de México; cuando en realidad la petición formulada en el ocurso de mérito, versa en torno a la solicitud de una pensión por viudez, respecto a la cual la quejosa refiere haber entregado ya la documentación requerida. En ese contexto, es fundado el concepto de violación, pues resulta evidente que la autoridad responsable vulneró en perjuicio de la quejosa el derecho humano consagrado en el artículo 8º Constitucional, ya que no demostró haber contestado por escrito la petición formulada en el ocurso presentado de tres de mayo de dos mil veintitrés, de manera congruente y completa y haberle notificado el oficio relativo. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con registro digital 2015181, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido: 16/05/24 17:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Guerrero, con sede en esta ciudad, de inmediato: Dé contestación de manera congruente, exhaustiva, fundada y motivada, a la petición formulada por la quejosa mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés; y le notifique su determinación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Guerrero, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido y documentales anexas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele señalando domicilio oficial para recibir notificaciones, y con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, como delegados a las personas que designa para tal efecto. Con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tienen como pruebas las documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que textualmente se transcribe: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debedar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Agosto de 1995, Tomo II, página 594). En relación con lo anterior, es preciso decir que el artículo 117 de la Ley de Amparo establece que con la finalidad de que las partes en el juicio tengan conocimiento no sólo de los informes justificados rendidos en autos, sino además de aquellas constancias que se recaben de manera oficiosa por encontrarse relacionadas con la emisión del acto que se reclame, se les deberá dar vista con éstos, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que ésta fue fijada para el día de hoy, por lo que el plazo a que se refiere el artículo en mención, para darle vista a las partes con el informe justificado, aún no empieza a transcurrir. Por lo tanto, y con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia, lo procedente es otorgar el plazo mínimo necesario para que las partes puedan imponerse del contenido de dicho informe. Para robustecer lo anterior, es conveniente citar la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito signado por *****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual vierte diversas manifestaciones en relación a que el oficio REG/SP/DP/3891/2023 de veintiuno de agosto pasado, en el que se da contestación al escrito presentado por la quejosa, no cumple con la motivación, fundamentación y congruencia debidas, por lo que solicita que se requiera a la autoridad responsable que cumpla con ello. En atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, habida cuenta que ello será materia de análisis en la sentencia de fondo que se emita en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    INCIDENTE 819/2023-III*M CUENTA. El veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 10955. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de la Unidad en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en cumplimiento a la resolución interlocutoria de dieciocho de agosto actual, se remitió el oficio REG/SP/DP/3891/2023 de veintiuno del mes y año en curso, en el que se da contestación al escrito presentado por la quejosa; de lo que queda enterada la suscrita, para los efectos legales conducentes. Notifíquese

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