Viridiana Eridane García Durán
Expediente 880/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Viridiana Eridane García Durán
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió a Viridiana Eridane García Duran, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, realizara lo siguiente: "Dicte de inmediato el auto que en derecho proceda respecto a la admisión, prevención o desechamiento de la demanda laboral y, en su caso, señale fecha para la audiencia inicial de demanda, conciliación y excepciones y ordene notificar a las partes dentro del juicio laboral 5B-1267/2021 de su índice". 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dictó un acuerdo en el expediente 5B-1267/2021, en el que tuvo por recibida y radicada la demanda en la vía ordinaria laboral promovida por Viridiana Eridane García Duran, señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó notificar a las partes. 4. Manifestación de la parte quejosa respecto del cumplimiento. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hayan hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal considera que la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6.2. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido del secretario Marco Antonio Arroyo Rodríguez, en el juicio de amparo 880/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, el secretario relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez: con la demanda de amparo e informes justificados; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por las partes. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y el secretario hace constar que ninguna parte los formuló; a lo que el juez acuerda: ténganse por hecha la referida relación, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que el Juez procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Visto, para resolver, el juicio de amparo 880/2021, promovido por Viridiana Eridane García Duran, por conducto de sus apoderados jurídicos Arturo Sánchez Castro y Eréndira Cedillo Nieto, por alegada violación de los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán, consiste en la omisión de radicar la demanda laboral promovida por la quejosa, señalar fecha para la audiencia inicial de demanda, conciliación y excepciones y emplazar a las partes, dentro del juicio laboral 5B1267/2021. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado carece de ejecución y la demanda se presentó dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. Certeza del acto consistente en: ? La omisión de radicar el juicio laboral 5B-1267/2021, señalar fecha para la audiencia inicial de demanda, conciliación y excepciones, así como de emplazar a las partes. La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán, al rendir su informe con justificación, manifestó que era cierto el acto reclamado antes precisado, dado que a la fecha no ha radicado la citada contienda laboral a razón de las cargas de trabajo y reducido personal con que cuenta. Lo que además se corrobora con la copia certificada de la demanda presentada por la quejosa ante la responsable, la que cuenta con sello de recibido de uno de junio de dos mil veintiuno. Documental, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al establecerlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. De ahí que ahora se tenga por cierto el acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte alguna causal de improcedencia, por lo que procede el análisis de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo; de manera que deviene innecesaria su transcripción, tal como se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEXTO. Estudio de fondo. El concepto de violación que hace valer la quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. La peticionaria de amparo aduce que la autoridad laboral trasgrede en su perjuicio el derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no emitir el acuerdo de radicación a la demanda que presentó el uno de junio de dos mil veintiuno; así como, llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada y señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley, dentro de los plazos y términos que al efecto establece la Ley. A fin de apoyar la afirmación anterior, en principio conviene puntualizar que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República establece: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales De lo transcrito, se advierte que el citado precepto constitucional garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en que la impartición de ésta debe ser pronta y expedita. Lo anterior, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos establecidos por las leyes procesales respectivas. En ese tenor, están obligadas a observar los derechos que integran la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, todas aquéllas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución para dirimir conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, Octubre de dos mil siete, página doscientos nueve, cuyo rubro es: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En ese orden de ideas, la Junta responsable, de conformidad con el artículo 17 Constitucional está obligada a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama la quejosa en esta vía constitucional, obligación que incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Entonces, debe velarse el derecho fundamental de todo gobernado garantizado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, cuyo objetivo principal es preservar la obligación de las autoridades a impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, por la innegable necesidad de que los procedimientos, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos administradores de justicia; se efectúen dentro del tiempo fijado por la ley especial, que debe ser suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Ahora bien, el procedimiento del que deriva el acto reclamado es de naturaleza laboral, que se rige por las disposiciones que al efecto contiene la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, conviene traer a colación el contenido del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que establece lo siguiente: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Del contenido del precepto legal citado, se advierte que una vez presentada la demanda, la Junta dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, tiene la obligación de proveer respecto a la admisión de la demanda, prevención o desechamiento. Una vez admitida, se correrá traslado de ella a la parte demandada, en un plazo no mayor de diez días hábiles, emplazándola al juicio. En esa tesitura, se considera que la junta responsable vulnera en perjuicio de la quejosa la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, toda vez que no ha emitido auto de radicación a la demanda que presentó el uno de junio de dos mil veintiuno y mucho menos ordenado el emplazamiento de la contraria y señalamiento de la fecha de la audiencia de ley, lo que denota una dilación o demora contraria al espíritu del artículo 17 constitucional, y una trasgresión al principio de celeridad con que debe de estar revestido el procedimiento laboral. En ese tenor, resulta inconcuso que a la fecha, como se puede observar han transcurrido en exceso el término previsto por la ley aplicable, sin que la autoridad responsable realizara la radicación de la demanda. Ello, independientemente de las cargas de trabajo, como las que aduce tener, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada junta, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso tan prolongado. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página mil doscientos ochenta y tres, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES.". Aunado a lo anterior, es de considerarse la circunstancia de que tal conducta contraviene el principio constitucional de prontitud y expeditez en la administración de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional y con ello se le causan perjuicio de difícil reparación, para ambas partes (trabajador y patrón). Por lo que este órgano de control constitucional concede la razón a la inconforme, toda vez que dicha responsable efectivamente no ha respetado el principio de justicia pronta que como garantía individual concede al gobernado el artículo 17 constitucional al no hacer uso de sus facultades y medios establecidos en la Ley Federal del Trabajo para cumplir con su obligación de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán: Dicte de inmediato el auto que en derecho proceda respecto a la admisión, prevención o desechamiento de la demanda laboral y, en su caso, señale fecha para la audiencia inicial de demanda, conciliación y excepciones y ordene notificar a las partes dentro del juicio laboral 5B-1267/2021 de su índice. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Viridiana Eridane García Duran, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán, por las razones vertidas y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la presidenta de la Junta Especial Número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán rindiendo INFORME JUSTIFICADO, con el cual se ordena dar vista a las partes. 1.1. Pruebas documentales. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofertando como pruebas de su parte las documentales adjuntas al informe con justificación. Con las cuales se ordena dar vista a las partes a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. 1.2. Diferimiento anticipado de audiencia. Toda vez que en esta fecha se está ordenando dar vista con el informe de ley de cuenta y que, además, la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del próximo diecinueve de los actuales, por tanto, se difiere anticipadamente y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.
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