Viridiana Cruz Mendoza
Expediente 550/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 03/08/2022
Partes del expediente
- Viridiana Cruz Mendoza
- Comsión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
- Personal de la Coordinación del Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación con los puntos 8.1.2. en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo solicitado. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18 inciso a), de dicho acuerdo, el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). Notifíquese como legalmente corresponda.
- Incidental
Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación con los puntos 8.1.2. en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo solicitado. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18 inciso a), de dicho acuerdo, el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. los
- Incidental
Toluca, Estado de México; uno de agosto de dos mil veintidós COLEGIADO FIRME QUEJA Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el oficio firmado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual informa que ha quedado firme la determinación de uno de junio de la presente anualidad, dictado en el recurso de queja 457/2022 de su índice, en el cual se declaró sin materia el recurso de queja interpuesto por el representante de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contra el auto de ocho de abril anterior, circunstancia de la que se toma nota para los efectos legales procedentes. Andrea
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 550/2022-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remitido al día siguiente a este juzgado; Viridiana Cruz Mendoza, en representación del menor de identidad reservada D.C.L.C., solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. En auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la parte quejosa reclama actos de naturaleza omisiva que no precisan ejecución material, y el libelo constitucional fue presentado en el lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Titular de la Secretaría de Salud. Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud. Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, y, Dirección General del Instituto de Salud del Estado de México. ACTOS RECLAMADOS ( La omisión por parte de las autoridades responsables para vacunar al menor quejoso para la prevención del virus COVID-19 en México. TERCERO. Oportunidad de presentación de demanda. Es importante destacar que la parte quejosa acude al presente juicio como progenitora, en favor del menor de edad de identidad reservada de iniciales D.C.L.C. dada la falta de atención médica ante la omisión de aplicarle la vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención del Covid-19; por lo que, no se encuentran sujetos al plazo genérico de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la presentación de la demanda. Es aplicable la tesis III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Registro digital: 178476, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1451, Tipo: Aislada, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. Por tanto, la demanda se encuentra promovida en tiempo, dado que la naturaleza del acto reclamado es de tracto sucesivo, en razón que se trata de aspectos omisivos de actualización constante; por tanto, la demanda se puede presentar en tanto subsista la omisión. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Salud; Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud; y, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; negaron la existencia al rendir su informe justificado. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria; por lo que ello, robustece lo determinado en el párrafo que precede. En ese contexto, es válido considerar que el acto reclamado a través de este juicio constitucional no existe. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, lo cual no realizó. Sobre la base de lo relatado con anterioridad, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, como quedó analizado en párrafos precedentes. QUINTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto a ellas reclamado. Sin embargo, toda vez que el acto que se reclama de la autoridad previamente mencionada es de naturaleza omisiva, será la valoración de las pruebas la que permita determinar la certeza o inexistencia de la abstención impugnada; además, de que se advierte la existencia de la emisión de la "Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-COV-2, para la prevención de la Covid-19 en México", la cual fue publicada el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx, en la que se describen los diferentes tipos de candidatos para recibir el biológico, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia. Es aplicable en lo conducente, la tesis aislada 1a. IV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2022760, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1215, que establece: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos." En esa tesitura, se desvirtúa la negativa aducida por la autoridad responsable y se tiene por cierto el acto a ella reclamado. Por otra parte, la autoridad responsable Director General del Instituto de Salud del Estado de México, fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, por lo que se tiene por presuntivamente ciertos los actos a ella reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 8/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Materias(s): Común, con número de registro digital: 194401, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. En esa tesitura, se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se precisa que no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo para que esta Juzgadora estudie la improcedencia del juicio de amparo que plantea las autoridades responsables; pues no basta que la autoridad cite sólo la disposición que estima aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, toda vez que para su ponderación se requiere del desarrollo de mayores razonamientos, sin que esta Juzgadora advierta de oficio la obvia actualización de las causas de improcedencia invocadas por la citada autoridad responsable. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 174086, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." En esa tesitura, esta juzgadora considera que el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar la vacuna (Pfizer/BioNTech) contra el virus SARS-COV-2 para la prevención del Covid-19, al menor de identidad reservada de iniciales D.C.L.C., ha cesado en sus efectos. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran agregadas en los autos del incidente de suspensión que deriva del presente, los cuales constituyen un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de Amparo, de los que se advierte que en proveídos emitidos el cuatro de mayo pasado y el ocho de junio del mismo año, se tuvo por recibido el escrito signado por la quejosa Viridiana Cruz Mendoza, en representación del menor de identidad reservada D.C.L.C., mediante el cual informó que el veintinueve de abril y el veintisiete de mayo, ambos de dos mil veintidós, le fueron aplicadas al menor quejoso antes citado, la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNtech contra el virus SARS-Cov2; lo anterior, como se advierte de las constancias que remitió para acreditar su dicho. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 (9a), que aprobó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En tales circunstancias, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, concatenadas con la diversa XXIII y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Lo anterior es así porque la parte quejosa en esencia, reclama la omisión de aplicar la dosis autorizada de la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención del Covid-19, al menor de identidad reservada de iniciales D.C.L.C.; sin embargo, como quedó precisado, ya cuenta con el esquema de vacunación completo en su primer y segunda dosis, por lo que resulta evidente que los efectos de dichos actos reclamados han cesado. Documentales que, al provenir de una autoridad sanitaria surten efectos plenos, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. De lo que se sigue que, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 205/2008, publicada a página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, de la novena época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Así las cosas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público, establecido en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Viridiana Cruz Mendoza, en representación del menor de identidad reservada D.C.L.C., respecto del acto reclamado consistente en omisión por parte de las autoridades responsables para vacunar al menor quejoso para la prevención del virus COVID-19 en México, atribuidos a las autoridades indicadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos cuarto y quinto de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Georgina Albarrán Macías, secretaria que autoriza y da fe.
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