Viridiana Canseco Martínez
Expediente 1220/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Viridiana Canseco Martínez
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por la agraviada Viridiana Canseco Martínez; en su atención, como lo solicita, devuélvanse las documentales que acompañó a su demanda de garantías. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil dieciséis . Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, primer párrafo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado por este Tribunal el diecinueve de julio de dos mil dieciséis (fojas 14-16); con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el artículo décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que no existen documentos originales en el presente expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la demanda que suscribe Viridiana Canseco Martínez, contra actos del Síndico Municipal y Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca; anótese su ingreso con el número de expediente 1220/2016, atento su contenido, se provee: Debe desecharse la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte, los actos reclamados que se atribuyen al Síndico Municipal y Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca, se constriñen en la retención, privación de su salario relativo a tres quincenas ya devengadas como Directora de la Unidad Básica de Rehabilitación del Municipio de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca, despido injustificado y la falta de pago del finiquito legal correspondiente. Este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.) Las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así lo determinó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el caso, no se está en presencia de actos de autoridad, ya que entre el aquí promovente y el Síndico Municipal y Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de garantías. No reviste el carácter de autoridad responsable, pues los actos que se controvierten refieren a cuestiones inherentes que como trabajadora tiene derecho al pago de salario y demás prestaciones; luego, se está en un plano de igualdad, y los actos de la responsable no debe estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación; así, dado que el mencionado Síndico actúa en su calidad de ente patronal frente a la relación que mantiene con la promovente en su calidad de trabajadora del Municipio de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca; luego, se está ante un derecho laboral reclamable ante los Tribunales de Arbitraje que corresponda. En este sentido es aplicable la jurisprudencia 651, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Tomo V, materia de trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917- 2000, que dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." También es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 9/90, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, que aparece publicada en la página 91 del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." Lo expuesto permite establecer que la señalada como responsable, no resulta ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues los actos reclamados se suscitan entre particulares en materia de derecho laboral, de ahí la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En ese contexto, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio, que impone desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado numeral 113, de la ley de la materia. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y a las personas que menciona para el mismo fin, sin gozar de las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de abogados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a la promovente que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puede oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión publica de las resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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