Viridiana Aricel Aldama Valdespino

Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
345/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Viridiana Aricel Aldama Valdespino

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio vía electrónica de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; del que se advierte que tuvo por recibas las constancias del juicio de amparo ****/2023-VII, e informa que se avocó al conocimiento del asunto, mismo que se remitió por incompetencia, en relación con la demanda de amparo promovida por **** a favor de ****, registrándola con el número de amparo directo ***/2023, de su índice. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, como lo solicita el homologo federal, remítase vía electrónica la constancia de notificación realizada vía exhorto a la autoridad responsable, respecto de la suspensión de plano que se decretó en el asunto; además, infórmese que el presente expediente ya se encuentra debidamente vinculado desde el momento en que se remitió la aludida incompetencia, por lo que en su caso ya se encuentra en posibilidad de realizar el enlace respectivo y visualizar la totalidad de actuaciones del expediente. Por otra parte, téngase por recibida la diversa misiva de referencia, a través de la cual el Director de Servicios Clínicos del Hospital ****, informa lo relativo al cumplimiento de la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, mediante proveído de veinticuatro de marzo del año en curso. En atención a su contenido, y toda vez que como se advierte de los párrafos que anteceden, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; aceptó la competencia que se le declinó, en obvio de dilaciones procesales, envíese dicho informe vía electrónica para lo que tenga a bien proveer. En diverso aspecto, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, no se omite precisar que a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación.

  2. Principal

    téngase por recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden y origen 119/2023, del índice de este Juzgado Federal, por el que se encomendó notificar a la autoridad responsable, el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo.De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a expedir el acuse de recibo, toda vez que no fue solicitado.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Hospital Medico Ángeles Metropolitano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 345/2023-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La privación de la libertad personal fuera de procedimiento, derivado del adeudo por la intervención quirúrgica que fue necesaria por la negligencia médica cometida contra la quejosa por el propio hospital responsable. La falta de atención médica adecuada, ocasionada por la negligencia médica contra la quejosa, al perforar un pulmón equivocado. El cobro indebido de intervenciones quirúrgicas ocasionadas con motivo de la propia negligencia del hospital. Violencia obstétrica a la quejosa, al cobrar por intervenciones motivadas por la negligencia del hospital mismo. II. AUTORIDAD QUE ORDENÓ Y EJECUTÓ EL ACTO. Hospital Medico Ángeles Metropolitano, ubicado en Talcotalpan 59, Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06760, Ciudad de México. Precisado lo anterior, esta Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, por las razones siguientes. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgador federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. Ahora bien, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen en lo que interesa, lo siguiente: "Articulo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto redamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Por tanto, si el acto reclamado posee ejecución será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. En caso de que el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto en párrafos que anteceden se obtiene que la intensión del legislador fue facilitar al agraviado que aduce la violación de un derecho ocurrir ante un Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado. Precisado lo anterior, es de hacer referencia al caso concreto Héctor Huerta Serrano en representación de Viridiana Aricel Aldama Valdespino, demanda el amparo y protección de la Justicia Federal por los actos que hace consistir en la falta de atención médica adecuada, ocasionada por la negligencia médica cometida contra la quejosa, al perforar un pulmón equivocado: y, con ello, el cobro indebido de intervenciones quirúrgicas ocasionadas con motivo de la propia negligencia del Hospital Medico Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. En consecuencia, la ejecución de los actos aquí reclamados, producirán consecuencias jurídicas fuera del lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, esto es, se llevarán a cabo concretamente la Ciudad de México, que corresponde a la Jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Por tanto, al actualizarse el supuesto que prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 del mismo ordenamiento legal, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que se analiza, declinando su competencia a favor del Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno. Por lo antes expuesto, remítase vía interconexión, de manera digitalizada, el oficio respectivo, al cual se adjunta la demanda de amparo promovida por Héctor Huerta Serrano, en representación de Viridiana Aricel Aldama Valdespino, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, solicitándole atentamente que, en caso de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar recibo e informe la determinación que adopte respecto a la competencia que se declina. Por otra parte, con independencia de que este Juzgado Federal se está declarando incompetente para conocer del asunto, y toda vez que en el presente caso se reclaman actos que pueden atentar en contra de salud de la parte quejosa, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver lo conducente a la suspensión de los actos reclamados. Lo anterior, en virtud de que al presentar la demanda de amparo que nos ocupa no se advierte el actual estado de salud de la quejosa ni el resultado de la tercera operación quirúrgica, tampoco se advierte si la directa quejosa ya fue estabilizada respecto al nuevo padecimiento de neumotórax en el pulmón izquierdo, debido a la desaturada oxigenación. SUSPENSION DE PLANO Es conveniente recordar que la parte quejosa reclama la falta de atención médica, inmediata, oportuna y necesaria al problema de salud que padece la quejosa ****** consistente en retiro de hernias en la columna y que posterior a ello existió negligencia médica cometida por el personal médico del Hospital Medico Ángeles Metropolitano, al perforar un pulmón equivocado, así como el cobro indebido de intervenciones quirúrgicas ocasionadas con motivos de la propia negligencia médica del mismo hospital. La peticionaria de amparo refiere en la demanda que nos ocupa, que el uno de marzo de dos mil veintitrés en dicho nosocomio le realizaron estudios preoperatorios para valorarla e ingresarla con la finalidad de una cirugía derivada del retiro de hernias en la columna, posterior a ello el diecisiete de los actuales ingresó al hospital referido. El dieciocho de marzo siguiente fue intervenida quirúrgicamente de su padecimiento, es decir la extirpación de hernias en la columna, el resultado de dicha operación, según el reporte médico fue satisfactorio. El veintiuno de marzo del año en curso, le negaron el alta debido a un nuevo padecimiento "un neumotoráx en el lado izquierdo", porque estaba desaturada la oxigenación derivada del inadecuado ingreso de un instrumento quirúrgico que generó afectación en uno de sus pulmones (lado izquierdo), y por tal motivo era necesario intervenirla de urgencia ese mismo día. Sin explicación alguna sobre los avances preoperatorios, el personal médico manifestó que tenía una burbuja (omitiendo especificar si era líquida, de aire, o de qué contenido), en el hombro izquierdo, por lo que debería realizarle otros estudios relativos a sus pulmones En resultado a los estudios practicados, el veintitrés de marzo del año en curso resultó que el pulmón derecho (el que no estaba dañado desde un inicio), se encontraba bien, por lo que la intervención inicial se realizó en el pulmón equivocado, por lo tanto, el personal médico solicitó autorización para una nueva intervención quirúrgica y no se complicara su situación de salud. Derivado al deterior del estado de salud de la quejosa y el incremento a los gastos generados la quejosa, solicitó su alta para gestionar su atención médica un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a que es derechohabiente de dicha institución, petición que le fue negada hasta que se le realizara una tercera operación. El día de la fecha (veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés), la quejosa fue ingresada al quirófano de urgencia del hospital responsable, informando que una vez que fuera estabilizada, no podría salir hasta liquidar el total del adeudo de las relatadas intervenciones quirúrgicas. Ahora bien, importa resaltar que atendiendo al Decreto publicado el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformó, entre otros, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se incorporó al texto constitucional la protección de los derechos humanos reconocidos tanto en dicha Ley Suprema, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, se buscó atender a la interpretación pro persona, consistente en que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, como se advierte del contenido literal de dicho precepto constitucional: Al respecto, debe tenerse presente que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el citado artículo 4º de la Carta Magna, se elevó a rango constitucional y constituye una responsabilidad social. Es aplicable la jurisprudencia P./J.136/2008, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 71, tomo XXVIII, octubre de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168549, cuyo rubro y contenido son los siguientes: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso". Además, la tesis P. XVI/2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintinueve, tomo XXXIV, agosto de dos mil once, tomo XXXIV, agosto de dos mil once, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161333, que dice: DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". Entonces, se tiene que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 20, 33, fracción IV, 35, 112, segundo párrafo y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que a la directa quejosa Viridiana Aricel Aldama Valdespino, le sea brindada la atención médica que requiera, de manera suficiente y con calidad, proporcionando los insumos, material, equipo, personal y procedimientos para su eficaz recuperación, hasta que se finiquite el procedimiento que motivó su ingreso, y se genere el egreso hospitalario sin que se ponga en peligro su vida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2º.P.A.8.a (11ª), invocada por la quejosa y sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página tres mil quinientos veinte, tomo IV, libro 11, Marzo de dos mil veintidós, Undécima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2024359, que dice: SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE CIERTA CANTIDAD DE DINERO POR PARTE DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD PRIVADA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS MÉDICOS, PARA EL EFECTO DE QUE SE ATIENDA DE URGENCIA AL QUEJOSO HASTA QUE FINALICE EL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ SU INGRESO Y SE GENERE SU EGRESO HOSPITALARIO. Hechos: Al quejoso se le practicó una cirugía en una institución de salud privada; derivado de una complicación se determinó la necesidad de otro procedimiento quirúrgico; sin embargo, el hospital le requirió el pago de cierta cantidad de dinero como condición para seguir otorgándole el servicio y, ante la imposibilidad de pagar en ese momento promovió juicio de amparo indirecto. La Jueza de Distrito le concedió la suspensión de plano para el efecto de que se le brindara la atención médica de urgencia, en la inteligencia de que los servicios prestados no son gratuitos, sino que están sujetos al reglamento interno del hospital; inconforme, interpuso recurso de queja al estimar que la medida cautelar debió ser otorgada para el efecto de que se suspendiera el pago, hasta que sea dado de alta. Por tanto, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que informe de inmediato el cumplimiento que dé a la presente determinación; asimismo, demuestren de manera fehaciente las acciones que se emprendieron para el abordaje del mal de salud que se expuso en la demanda de amparo, haciendo de su conocimiento que en caso de no obedecer la suspensión aquí concedida, pueden dar lugar a que se proceda en términos del título quinto, capítulo III, de la Ley de Amparo, e incurrir en el delito tipificado en el artículo 262, fracción III, de dicho cuerpo normativo, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de nueve de enero de dos mil veintitrés, cuyo monto vigente es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendado, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este órgano jurisdiccional de manera electrónica, únicamente la constancia de notificación. Dada la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, no es necesario el acuse de recibo, toda vez que el propio sistema lo emite al momento del envió, por ello, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse únicamente a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Se pone a disposición de las autoridades requeridas, el correo institucional electrónico 10jdo2cto@correo.gob.mx, para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional, así también, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de las nueve a quince horas, de lunes a viernes. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, únicamente Selene Hernández Carrillo, ya que su cédula profesional que los acredita para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por lo que hace a las diversas personas que señala, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto, acrediten tener su cédula profesional registrada en el aludido sistema. De igual manera, la parte quejosa proporciona el correo electrónico huerta.hector23@gmail.com, mismo que se tomará en consideración para estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional; sin que esto implique que dicho medio se tenga para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Por otra parte, toda vez que la parte promovente proporcionó los nombres de usuarios "hectorhs" y "selenecaher", en términos de lo dispuesto por los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte promovente la consulta vía internet y notificaciones electrónicas relativas al presente asunto; por tanto, instrúyase a la Oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), para que realice las gestiones necesarias. Sin que en el caso sea dable tener como domicilio para ese mismo efecto, el diverso físico que señala, toda vez que no pueden subsistir ambos, a fin de dar seguridad jurídica a las partes, en tanto que ya se han autorizado las notificaciones electrónicas. Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, la parte quejosa o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargada del asunto, Jesús Facio Rodríguez, a saber: 5553870500, extensión 1387, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto.

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