Viridiana Amaya Aguirre
Expediente 773/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 7 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Viridiana Amaya Aguirre
Actuaciones
- Principal
V I S T A la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 773/2020-III, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, del estudio de la demanda, este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, en la parte conducente, establecen lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)». De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El desarrollo lógico a partir de la aceptación, de que las violaciones dentro de juicio de tipo "adjetivo" o "intraprocesal", también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros. En ese contexto, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; el prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera, pues en los primeros casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrían reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, por ejemplo, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y la disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etcétera, y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistirían irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva. Por tanto, los derechos sustantivos presentan: a) límites internos de su cobertura en razón, precisamente, de los bienes tutelados; y, b) restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público. Es aplicable a lo antepuesto, la tesis I.13o.A.3 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenida a página 1742, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN». Bajo ese contexto, a consideración de este juzgador, se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, pues del contexto integral de su demanda, se desprende que la parte quejosa, reclama la sentencia interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el expediente 1234/2019, promovido por Viridiana Amaya Aguirre, (aquí impetrante) contra Oscar Amaya Aguirre (tercero interesado), hecho valer contra el proveído de doce de agosto de dos mil veinte, que ordenó al hoy tercero interesado, manifestara bajo protesta de decir verdad el estado civil en que se encuentra, turnar los autos al notificador adscrito al juzgado responsable a efecto de tener cercioramiento de quienes son los que habitan el inmueble ahí citado con el fin de prevenir fraude procesal y/o conductas ilícitas, pues así lo deja entrever en sus conceptos de violación, al ser ésta la determinación que aduce le conculca vulneración a sus derechos humanos. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Una vez precisado lo anterior, este juzgador estima que por cuanto hace al citado acto, se actualiza la causal de improcedencia descrita, pues de momento no afectan ninguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el acto impugnado por la parte quejosa, consistente en la sentencia interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el expediente 1234/2019, promovido por Viridiana Amaya Aguirre, (aquí impetrante) contra Oscar Amaya Aguirre (tercero interesado), hecho valer contra el proveído de doce de agosto de dos mil veinte, que ordenó al hoy tercero interesado, manifestara bajo protesta de decir verdad el estado civil en que se encuentra, turnar los autos al notificador adscrito al juzgado responsable a efecto de tener cercioramiento de quienes son los que habitan el inmueble ahí citado con el fin de prevenir fraude procesal y/o conductas ilícitas, no afecta materialmente derechos sustantivos de la inconforme, esto es, no hay una consecuencia inmediata a la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, dado que se alega la conculcación de derechos adjetivos; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia vigente, el juicio de amparo solo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente, cuando no haya afectación material a derechos sustantivos. Por ello, si el acto destacado, consiste en la sentencia interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el expediente 1234/2019, promovido por Viridiana Amaya Aguirre, (aquí impetrante) contra Oscar Amaya Aguirre (tercero interesado), hecho valer contra el proveído de doce de agosto de dos mil veinte, que ordenó al hoy tercero interesado, manifestara bajo protesta de decir verdad el estado civil en que se encuentra, turnar los autos al notificador adscrito al juzgado responsable a efecto de tener cercioramiento de quienes son los que habitan el inmueble ahí citado con el fin de prevenir fraude procesal y/o conductas ilícitas, resulta ser un acto dictado en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. En ese sentido, el acto reclamado en la presente vía, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en virtud que su emisión sólo producen efectos intraprocesales, siendo el caso que al pronunciarse sentencia definitiva, ésta le sea favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasionara los actos que combaten; en caso contrario, será hasta el fallo respectivo, cuando se patentice la afectación de sus derechos y estará en posibilidad de promover el juicio de amparo directo, inherente; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio de amparo, sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir éste, no tenga el carácter de irreparable, como acontece en el caso concreto. Es aplicable a lo anterior, la tesis XI.T.Aux.C.1 K, del Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, Tomo XXXII, Julio de 2010, consultable a página 1880, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA». Ante esta perspectiva, es evidente que el acto cuya constitucionalidad se reprocha, no tiene efectos de imposible reparación, toda vez que sólo entraña una posible infracción a los derechos adjetivos de la parte quejosa que produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales; por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la actuación de la que se queja la parte inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, puede quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse sentencia que decida la controversia de origen, la cual puede ser a su favor y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del referido fallo, en la medida en que trascienda a su resultado. Es aplicable a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis V.3o.3 C, del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 1157, Tomo VIII, Octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE TENER POR ACUSADA LA REBELDÍA A LA DEMANDADA». De lo antes señalado, se colige que el acto combatido no causa a la parte solicitante del amparo perjuicios de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial contra actos dentro de juicio, pues para que una violación de derechos procesales se ubique en tal hipótesis es necesario que produzca una afectación en grado predominante o superior. Luego, sus efectos o consecuencias son simplemente procesales mientras no se dicte la sentencia que decida el fondo de la controversia, y si bien existe la posibilidad de que el fallo sea desfavorable a la parte solicitante del amparo; sin embargo, tal probabilidad no basta para conferir un interés jurídico al mismo para acudir de inmediato al juicio de amparo indirecto, pues también es posible que la violación de referencia no llegue a concretizarse, si el fallo resulta favorable a la parte agraviada, pese a existir un acto de procedimiento estimado ilegal, porque esa violación procesal cometida en el procedimiento no trascendería al fallo y no habría conculcación a sus derechos sustanciales o fundamentales. En tales condiciones, como en la especie no se aprecia que por las circunstancias del caso exista una conculcación inmediata de derechos humanos, sino que por el contrario, según quedó expresado con antelación, aquélla sólo podrá actualizarse al dictarse sentencia definitiva (de resultar desfavorable a la parte quejosa), es de concluirse que no estamos en presencia de un perjuicio irreparable. Asimismo, cabe señalar, que los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo vigente, establecen que los juicios seguidos ante los tribunales, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, cuando se afecten las defensas del quejoso y dichas violaciones, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia que decida dicho recurso. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, de rubro siguiente: «EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS». En consecuencia, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado que se atribuye al tribunal responsable, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de la rubro siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Asimismo, encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, de rubro siguiente: «DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA». Sin que pasen inadvertidos para este resolutor, los diversos criterios sostenidos por Nuestro Máximo Tribunal, en relación con la acepción de actos de imposible reparación, así como los casos de excepción tratándose de los intraprocesales, virtud a que la nueva Ley de Amparo, en el numeral y fracción examinados (107, fracción V), definió qué debe entenderse por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, y, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la aludida reforma, justificó la vigencia de la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, en la medida que no se oponga a lo proscrito en la nueva Ley de Amparo. Toda vez que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con fundamento en lo establecido por el artículo 16, fracción II, párrafo segundo del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que las diligencias de notificación personal que deban practicarse se desahogarán en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, se ordena notificar por lista de acuerdos que se publica en internet los acuerdos subsiguientes que deriven del presente asunto, hasta en tanto subsane tal omisión, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, respecto al correo electrónico y número telefónico que indica, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.
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