Viridiana Aguilar García
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Viridiana Aguilar García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que alude el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de revisión la sentencia de veintitrés de marzo dos mil veintidós, que sobreseyó el juicio de amparo solicitado por *****, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registros de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comuníquese lo anterior a las partes y atendiendo a que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido, en su oportunidad archívese como asunto terminado.
- Principal
Visto el contenido de la razón actuarial que antecede de la que se advierte la imposibilidad del fedatario adscrito de notificar a la quejosa el contenido de la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el domicilio señalada en su escrito de demanda, toda vez que el mismo se encuentra fuera del ámbito territorial de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, toda vez que por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en internet, se ordena notificar la sentencia emitida el veintitrés del mes y año en curso por lista. Ahora, la citada resolución de veintitrés de marzo de este año, es del tenor siguiente: "VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 300/2021-III; promovido por **********, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado el día diecinueve siguiente a este juzgado de Distrito, Viridiana Aguilar García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "La Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México." ACTOS RECLAMADOS: "a) Acuerdo de fecha dos de febrero del año en curso, emitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco; b) Todas las consecuencias que derivan del acuerdo indicado en el inciso anterior, consistentes en: -Negativa de la autoridad responsable, para iniciar el procedimiento de ejecución forzosa y/o procedimiento de embargo, en términos del Título Quince, Capítulo I, Sección Segunda, de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente laboral número J.5B/777/2016. -Omisión de tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo, particularmente, la omisión de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para lograr la inscripción de la suscrita ante dichos institutos. -Dilación y/o paralización del trámite de ejecución en el expediente laboral número J.5B/777/2016. -Denegación en la impartición de justicia, en flagrante violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 300/2021-III, se requirió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se desechó la ampliación de demanda contra el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno y sus consecuencias, y el diecinueve siguiente se ordenó el emplazamiento del tercero interesado. Seguido el trámite correspondiente, tuvo verificativo la audiencia constitucional sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra un acto emitido por una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, en el expediente J.5B/777/2016, en que no acordó de conformidad la ejecución del laudo consistente en reinstalar a la actora, pagar las cantidades y conceptos indicados y girar oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para la inscripción retroactiva de la actora. Sin que sea el caso de tener como actos destacados la negativa de iniciar el procedimiento de ejecución forzosa y/o procedimiento de embargo, la omisión de tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo, particularmente, la omisión de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para lograr la inscripción de la quejosa ante dichos institutos, la paralización del trámite de ejecución en el expediente laboral número J.5B/777/2016 y la denegación en la impartición de justicia, en violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tales actos propiamente constituyen una consecuencia del acuerdo impugnado o bien un concepto de violación tendiente a evidenciar su ilegalidad, los que en todo caso, serán materia de análisis al resolverse sobre el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. En tal sentido, debe decirse que es cierto el acto reclamado de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México (en su denominación correcta), consistente en la emisión del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, en el expediente J.5B/777/2016, en que no se acordó favorablemente la solicitud de ejecución de laudo presentada por la actora, tal como se desprende del informe rendido con número de control interno 6071. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral J.5B/777/2016, que remitió el la Junta responsable; documentales a las que, dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al caso se invoca, la jurisprudencia número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que se aprecien de oficio o bien, las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal sentido, en el caso respecto del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, en el expediente J.5B/777/2016, en que no se acordó favorablemente la solicitud de la quejosa de ordenar la ejecución del laudo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que en su contra se debió interponer el recurso de revisión establecido en la Ley Federal del Trabajo. El precepto legal citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto y fracción transcritos prevén que el juicio de amparo resulta improcedente cuando es promovido contra resoluciones judiciales en las que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento. Ahora, conforme al análisis de los dispositivos legales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los preceptos que conforman su ley reglamentaria, puede advertirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "principio de definitividad del acto reclamado", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues, de lo contrario, se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo no puede vulnerarlo; circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de modo que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que este es un medio extraordinario, sui generis, encaminando a invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desvirtuaría la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales, contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales. Por ello es lógico que antes de intentarlo, el interesado deduzca todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen y en sí mismo, por la institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación. En el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, en el expediente J.5B/777/2016, en que no se acordó favorablemente la solicitud de la quejosa de ordenar la ejecución del laudo. Al respecto, los artículos 849 y 850, fracción I, de la Ley Federal de Trabajo, prevén: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas." Los numerales transcritos establecen la procedencia del recurso de revisión contra los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin al juicio, y que la propia junta conocerá de dicho medio de impugnación. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2002 , de rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", en su parte considerativa determinó que la intención del legislador ordinario fue la de otorgar a las partes en un juicio laboral, la posibilidad de solicitar la revisión de los actos que realicen los presidentes de las Juntas, en ejecución de los laudos o convenios, para verificar su legalidad. Lo anterior, en el entendido de que la interpretación del precepto legal no tuvo el propósito de restringir el citado medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos, sino la de hacer extensiva su procedencia a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo. Así, concluyó que el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no restringe la procedencia del recurso de revisión sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquéllas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél o que se encaminen esencialmente a ese objetivo; sino que, también incluye a las que aunque no tengan estas características, se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se estime que se cometió un acto ilegal que debe ser corregido o enmendado. En tal sentido, se tiene que contra el acuerdo reclamado es improcedente el juicio de amparo, pues la Ley Federal del Trabajo prevé a favor de la promovente del amparo el recurso de revisión, por el cual es posible que dicha determinación se modifique o revoque en lo que proceda. Son aplicables, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.), que establece: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Así como la tesis XXVII.3 L , que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES PROCEDENTE CONTRA CUALQUIER ACTO DEL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Como se puede advertir, dicho precepto legal se refiere, entre otras cuestiones, a actos de los presidentes de las Juntas "en ejecución" de los laudos, sin hacer una distinción entre la "última resolución" -aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, y las que sólo constituyen resoluciones anteriores a aquélla. En esa virtud, conforme a una recta interpretación del dispositivo legal en cita, debe entenderse que contra cualquier acto del presidente de la Junta dictado en la fase de ejecución del laudo es procedente el recurso de revisión, así se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a preparar y lograr tal objetivo, como lo sería, en un momento dado, el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a nombre de alguna de las partes en el juicio laboral; cuenta habida que en el caso concreto cobra aplicación el principio de derecho que reza "donde el legislador no distingue no es dable al juzgador hacerlo." En conclusión, el presente juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que de la interpretación relacionada de los artículos antes transcritos se desprende que el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, en el expediente J.5B/777/2016, en que no se acordó favorablemente la solicitud de la quejosa de ordenar la ejecución del laudo, puede ser impugnado por el actor del juicio laboral, a través del recurso de revisión contemplado en el numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, puede revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Por último, no pasa inadvertido para este juzgador, que la propia ley establece que el referido principio no es absoluto, toda vez que en los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia se señalan los casos en los cuales no habrá necesidad de agotar el medio ordinario de defensa que establezca la ley y podrá el quejoso acudir, sin más, al juicio de amparo. Sin embargo, al tratarse el acto reclamado de una determinación emitida en la fase ejecutiva de un juicio laboral, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en los citados incisos y necesariamente debe agotarse en su contra el medio ordinario de defensa previsto en la ley, antes de promover el juicio de amparo. Cebe destacar que la quejosa tiene el carácter de parte en el juicio de origen, tal como se deprende del laudo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral J.5B/777/2016, por lo que no tenía impedimento para hacer valer el medio de impugnación previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a ello, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, que reza: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II y 107 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio.
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado recibido electrónicamente proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual se devuelve debidamente diligenciado el exhorto 384/2021 (orden 398/2021-III), del índice de este juzgado, del que se advierte el emplazamiento a juicio del tercero interesado ******; en consecuencia, se le tiene por legalmente emplazado a juicio; Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario acusar recibo en virtud de que el sistema arroja la constancia correspondiente de manera automática.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · 8,254 expedientes
- Virginia Esquivias Gutiérrez507/2020
- Virginia Esquivias Gutiérrez846/2020
- Virginia Guzmán Ríos708/2020
- Virginia Mejía Enríquez254/2019
- Virginia Mejía Enríquez665/2018
- Virginia Velarde Viveros1019/2023
- Viridiana Laguna Palacios1405/2022
- Viridiana Laguna Palacios1152/2023
- Viridiana Monserrat Jiménez Orduño130/2020
- Viridiana Roldán Martínez127/2018
- Viviana Alejandra Quiceno Rios1659/2018
- Vladimir Herrera Blancas812/2020