Virginio Carmona Salinas

Expediente 653/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
653/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Virginio Carmona Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 653/2022, promovido por*** ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, emitieron diversas órdenes de manera verbal o escrita en su contra, para efectuar actos de molestia a su persona, familia y propiedad, amenazas, intimidación, detención o destierro, las cuales pretenden ejecutar las autoridades que designó como ejecutoras. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Virginio Carmona Salinas presentó un escrito el siete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Presidente Municipal, Síndico Municipal, Comandantes de la Policía Municipal y Policías Municipales, todos de Santiago Yaitepec, Oaxaca; y como actos reclamados, las órdenes de manera verbal o escrita en su contra, para efectuar actos de molestia a su persona, familia y propiedad, amenazas, intimidación, detención o destierro y su ejecución material. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 2°, 14, 16, 17, 20, 21, 24 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 653/2022; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama a las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: Las órdenes de manera verbal o escrita en su contra, para efectuar actos de molestia a su persona, familia y propiedad, amenazas, intimidación, detención o destierro. La ejecución material de dichos actos. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico Municipal, Alcalde Único Municipal, y tres Comandantes de la Policía Municipal, todos de Santiago Yaitepec, Oaxaca, negaron los actos que les fueron atribuidos, precisando que no existe en contra del quejoso ningún mandamiento escrito o verbal para desterrarlo, mucho menos para hacerlo objeto de azotes, tortura y demás actos que puedan privarle de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni tampoco existe alguna orden de privarlo de su libertad personal o generar acto de molestia e su persona, familia o propiedad o de intimidación en su contra. Así mismo, manifestaron que tal y como se puntualizó en su informe de suspensión de plano, atendido en auto de trece de junio de esta anualidad, a dicho quejoso se le giraron dos citatorios en razón de que ha incurrido en conductas que se encuentran sancionadas por su sistema normativo indígena, relacionadas con la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en la jurisdicción perteneciente al municipio de San Calos Yaitepec, Juquila, Oaxaca; pero que no existe ningún mandamiento verbal o escrito que se haya emitido para ejecutar los actos reclamados por el impetrante. Pues si bien existe el citatorio en comento, las autoridades responsables fueron puntuales en indicar que no se han hecho efectivos los apercibimientos a los que se conminó (multa). Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiese aportado algún medio de convicción para desvirtuar el dicho de las autoridades responsables. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinden el Presidente Municipal, la Síndico Municipal, el Alcalde Único Municipal, y tres Comandantes de la Policía Municipal, todos de Santiago Yaitepec, Oaxaca; así mismo, téngase como prueba la documental que acompañan en copia certificada; con su contenido dese vista a las partes. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no tendrá conocimiento del informe justificado y constancias que remite la citada autoridad responsable, con la debida anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el Presidente Municipal, Síndico Municipal, Alcalde Único Municipal, y tres Comandantes de la Policía Municipal, todos de Santiago Yaitepec, Oaxaca, rinden su informe relativo a la suspensión de plano concedida al quejoso en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

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