Virginia Zuleika Arroyo Lara
Expediente 659/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 26/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Virginia Zuleika Arroyo Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa, para que dentro de los veinte días siguientes, al en que surtió efectos la notificación del proveído de dieciséis de noviembre del presente año (fojas 280 y 281), publicará los edictos para emplazar a la tercera interesada Lucrecia Caciano Vigueras, y demostrara que tramitó su publicación, sin que así lo hubiere hecho; por tanto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del presente juicio de amparo, lo que permite su sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, la aludida omisión de la parte quejosa de publicar los edictos ordenados para emplazar a la tercera interesada Lucrecia Caciano Vigueras y no demostrar dentro de los veinte días siguientes, su tramitación correcta, pone de relieve que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento señalada en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61 de la Ley de Amparo, 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), de la citada ley, mismos que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el juicio de amparo." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;" De la interpretación de los preceptos transcritos se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, incluso fuera de audiencia, toda vez que incumple con un presupuesto procesal -emplazar al tercero interesado- que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa ha incumplido con un presupuesto procesal como es el emplazamiento a juicio de la parte interesada Lucrecia Caciano Vigueras, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la omisión de publicar los edictos ordenados correctamente, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a la tercera interesada aludida en el juicio en que se actúa, cuya investigación resultó infructuosa, en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, se ordenó el emplazamiento a juicio, de la tercera interesada Lucrecia Caciano Vigueras, mediante la publicación de los edictos correspondientes. Luego, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa para recoger y publicar los edictos a fin de emplazar a la tercera interesada de referencia, sin que así lo hubiera hecho, lo que denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional; consecuentemente, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En la ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia, se sostuvo en esencia que el incumplimiento del quejoso de publicar los edictos para emplazar a la parte tercera interesada y pagar su publicación, no necesariamente conduce al sobreseimiento en el juicio. Lo anterior porque deben ponderarse las circunstancias que rodean a la parte quejosa para determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal el que debe publicar, a su costa, los edictos de mérito, ya que en todas las materias -incluso en la penal- se debe tener en cuenta las particularidades de la parte quejosa para establecer si le resulta imposible cubrir el costo de la publicación, razón por la cual existe la posibilidad de establecer excepciones que se deben considerar para ordenar el emplazamiento mediante edictos y, en su caso, para decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en estas premisas, se sostuvo que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones que se desprenden de la parte atinente de la ejecutoria de mérito, que es del tenor siguiente: "(.) Como puede advertirse, tal norma presupone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr emplazar a la parte tercero perjudicada en un juicio de amparo, siendo las siguientes: a) Existencia de un tercero perjudicado respecto del cual se desconoce su domicilio (imposibilidad de emplazarlo a juicio). b) En ese caso, el juzgador está obligado a requerir al quejoso que proporcione el domicilio de tal parte (en cumplimiento a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Ley de Amparo, que obliga al promovente cumplir con tal requisito en su demanda de garantías, y 146 del mismo ordenamiento que ordena prevenirlo para cumplir con tal formalidad). c) De no obtener dato cierto sobre el particular, o en el supuesto de que el promovente desconozca el domicilio del tercero perjudicado, se deberá requerir a la autoridad o autoridades responsables que lo señalen con la finalidad de que no quede paralizado el procedimiento (obligación que se fundamenta en el numeral 157 de la Ley de Amparo). d) Si a pesar de esos requerimientos se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, el juzgador está obligado a iniciar un procedimiento de investigación, que consiste en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener un dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza, y que a manera ejemplificativa puede ser la Policía Judicial; el Registro Federal de Causantes; el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; el Instituto Federal Electoral; acudir al directorio telefónico, entre otros. e) Agotado el procedimiento de investigación sin resultado alguno, se ordenará que el emplazamiento al tercero perjudicado se lleve a cabo por medio de edictos a costa del quejoso (fracción II del artículo 30 de la ley de Amparo), requiriéndolo para que los recoja en el local del juzgado, con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio que se estimen pertinentes en caso de no acatar tal decisión. f) En la hipótesis de que a pesar de ello el promovente del juicio no acuda a recoger los edictos para su publicación, en cumplimiento a la jurisprudencia citada al inicio del presente considerando, el Juez de amparo está en posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, pues de acuerdo a tal criterio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicha consecuencia, es decir, el sobreseimiento dictado fuera de audiencia, no necesariamente debe ser decretado por el simple hecho de que el quejoso no recoja los edictos para su publicación, tomando en consideración que la Segunda Sala emitió el criterio relativo a que dicho incumplimiento por parte del promovente del juicio, no opera en materia agraria, ya que la regulación específica tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, a quienes pertenecen a la clase campesina, lo que obliga al juzgador a considerar los aspectos que rodean el incumplimiento de mérito. Como puede apreciarse del criterio reproducido, la excepción a la jurisprudencia que se solicita modificar deriva de que existen supuestos en que los quejosos no tienen la posibilidad de sufragar el gasto derivado de la publicación de edictos, razón que en parte, motivó la petición que dio origen al presente asunto. En el mismo sentido, resulta incuestionable que ese supuesto de excepción también opera en tratándose de la materia penal, pues resulta evidente que una persona privada de su libertad, cuya última instancia sea la promoción del juicio de garantías, es muy probable que no tenga las posibilidades económicas para pagar la publicación de edictos a fin de emplazar a la víctima u ofendido de un delito. En este orden de ideas, lo procedente es concluir que habiéndose agotado el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y que el juzgador ordene su emplazamiento a través de edictos a costa de la parte quejosa, y ésta no los recoja para proceder a su publicación, puede decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo; sin embargo, sólo en el supuesto de que la promovente del juicio manifieste que está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación, como de los elementos que consten en autos existan indicios suficientes que demuestren que en efecto, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; sólo entonces el juzgador deberá, se insiste, atendiendo a las particularidades del caso, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado sea a su costa, pues de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa. Dicha determinación obedece a que es evidente la ineludible obligación del promovente, de que a su costa se publiquen los edictos con la finalidad de emplazar al tercero perjudicado, incumplimiento que puede conducir al sobreseimiento del juicio; sin embargo, atento a las particularidades de ciertos quejosos, a los cuales les resulta imposible sufragar ese gasto, existe la posibilidad de establecer excepciones que deben considerar los juzgadores para la toma de su decisión final. Consecuentemente, si bien la regla general es que agotado el procedimiento para conocer el domicilio del tercero perjudicado y lograr su emplazamiento, éste debe llevarse a cabo por medio de edictos a costa del promovente; el incumplimiento a esta disposición no debe, en todos los casos, conducir al sobreseimiento en el juicio, pues deberán ponderarse las circunstancias que rodean a los quejosos, para efecto de determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal quien debe publicar, a su costa, los edictos de mérito." Lo que lleva a concluir que la parte quejosa no atendió al requerimiento realizado en auto de dieciséis de noviembre del año en curso, y por tanto, debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, y sobreseerse en el juicio. Sin que obste a lo anterior, el escrito presentado ante este juzgado el cuatro de diciembre actual, a través del cual pretendió se le tuviera como insolvente; sin embargo, no acreditó tal circunstancia con prueba idónea. En las relatadas condiciones, si la parte quejosa no acreditó haber tramitado la publicación de los edictos ordenados para emplazar a la Lucrecia Caciano Vigueras, y tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir la publicación de los mismos; procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de los artículos 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61, 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días otorgado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso a la parte quejosa (fojas 280 y 281), a efecto de que acredite haber realizado las gestiones tendientes a la publicación de los edictos ordenados para emplazar a la tercera interesada Lucrecia Caciano Vigueras; o bien, acreditar dentro del lapso señalado su incapacidad económica para realizar la publicación respectiva. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Virginia Zuleika Arrollo Lara, por el cual solicita copia certificada de todo lo actuado y pretende acreditar su insolvencia económica. En cuanto a las copias certificadas que solicita de todo lo actuado y de la averiguación previa 622/2014/MPDS-1, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, expídanse a su costa las mismas, previa razón que de su recibo se deje en autos, autorizando para recibirlas a las personas que menciona. Por otra parte, no ha lugar a señalar fecha y hora para presentar testigos que acrediten las manifestaciones que alega, dado que dicha prueba, no es idónea para acreditar tal circunstancia. Lo anterior, atendiendo a que con la testimonial que ofrece únicamente tiende a demostrar que vive en la casa de su madre, que tiene dos dependientes económicos y que está desempleada; sin embargo, no adjuntó documento alguno idóneo con el que se acredite su insolvencia. Ahora, la sola manifestación de la situación económica, no permite establecer que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, pues para acceder a su solicitud, es menester demostrar que se halla en el supuesto previsto en el inciso c), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, esto es, que se trata de persona de escasos recursos, lo cual podría probarse, con ciertas valuaciones o estudios, por el que sin duda y a simple vista se demuestre la extrema pobreza o la escases de recursos económicos, para realizar las erogaciones que el acaso acontece. ... En ese orden de ideas, es oportuno señalar que el principio de idoneidad de la prueba, aunque no aparece detallado en la Ley de Amparo, es recogido por el supletorio artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el que interpretado en forma sistemática con el diverso numeral 119 de la ley de la materia, permite concluir que cualquiera de las pruebas cuya admisión no está proscrita por el legislador, para ser aceptada por el juzgador, debe además tener relación inmediata con los hechos controvertidos y ser idónea. Consecuentemente, se desecha la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, por no ser prueba idónea para acreditar la insolvencia económica que dice tener. Además, es pertinente destacar que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial y que, por ello, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto que implica la publicación por edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces, el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a la parte tercero interesada. ... Tal contenido amerita ser recogido, dado que su alcance se estima adecuado al sentido de la carga procesal legal impuesta a la parte quejosa, pero, además, porque a través del mismo se prevé también la posibilidad de eximir de su cumplimiento cuando el peticionario del amparo manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. En efecto, existe la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta en cada caso concreto, de ahí que a fin de no incluir en el mismo solo a las personas que se encuentran asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, si no a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará propiamente su economía profesional o familiar, es necesario analizar los elementos probatorios que obren en autos y los allegados al expediente, a efecto de establecer si es aplicable lo dispuesto en el artículo 27, facción III, inciso c), de la ley de amparo. Ciertamente, como ya lo ha explicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque es relevante la manifestación de imposibilidad para cubrir el gasto de la publicación de edictos, ésta por sí sola no es suficiente para acreditarlo. Por el contrario, debe partirse de los elementos que obren en autos para determinar si existen indicios suficientes que demuestren que no se tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, lo cual se hará con los elementos que obren en el expediente, con los aportados por la parte quejosa o por los resultantes de las medidas para mejor proveer llevadas a cabo potestativamente por la autoridad jurisdiccional. Consecuentemente, debe decirse que de las constancias de autos no existen suficientes indicios que acrediten que la parte quejosa sea una persona de escasos recursos. ...
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del cinco de noviembre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Virginia Zuleika Arrollo Lara, por el cual solicita copia certificada de todo lo actuado y pretende acreditar su insolvencia económica. En cuanto a las copias certificadas que solicita de todo lo actuado y de la averiguación previa 622/2014/MPDS-1, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, expídanse a su costa las mismas, previa razón que de su recibo se deje en autos, autorizando para recibirlas a las personas que menciona. Por otra parte, no ha lugar a señalar fecha y hora para presentar testigos que acrediten las manifestaciones que alega, dado que dicha prueba, no es idónea para acreditar tal circunstancia. Lo anterior, atendiendo a que con la testimonial que ofrece únicamente tiende a demostrar que vive en la casa de su madre, que tiene dos dependientes económicos y que está desempleada; sin embargo, no adjuntó documento alguno idóneo con el que se acredite su insolvencia. Ahora, la sola manifestación de la situación económica, no permite establecer que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, pues para acceder a su solicitud, es menester demostrar que se halla en el supuesto previsto en el inciso c), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, esto es, que se trata de persona de escasos recursos, lo cual podría probarse, con ciertas valuaciones o estudios, por el que sin duda y a simple vista se demuestre la extrema pobreza o la escases de recursos económicos, para realizar las erogaciones que el acaso acontece. ... En ese orden de ideas, es oportuno señalar que el principio de idoneidad de la prueba, aunque no aparece detallado en la Ley de Amparo, es recogido por el supletorio artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el que interpretado en forma sistemática con el diverso numeral 119 de la ley de la materia, permite concluir que cualquiera de las pruebas cuya admisión no está proscrita por el legislador, para ser aceptada por el juzgador, debe además tener relación inmediata con los hechos controvertidos y ser idónea. Consecuentemente, se desecha la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, por no ser prueba idónea para acreditar la insolvencia económica que dice tener. Además, es pertinente destacar que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial y que, por ello, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto que implica la publicación por edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces, el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a la parte tercero interesada. ... Tal contenido amerita ser recogido, dado que su alcance se estima adecuado al sentido de la carga procesal legal impuesta a la parte quejosa, pero, además, porque a través del mismo se prevé también la posibilidad de eximir de su cumplimiento cuando el peticionario del amparo manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. En efecto, existe la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta en cada caso concreto, de ahí que a fin de no incluir en el mismo solo a las personas que se encuentran asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, si no a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará propiamente su economía profesional o familiar, es necesario analizar los elementos probatorios que obren en autos y los allegados al expediente, a efecto de establecer si es aplicable lo dispuesto en el artículo 27, facción III, inciso c), de la ley de amparo. Ciertamente, como ya lo ha explicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque es relevante la manifestación de imposibilidad para cubrir el gasto de la publicación de edictos, ésta por sí sola no es suficiente para acreditarlo. Por el contrario, debe partirse de los elementos que obren en autos para determinar si existen indicios suficientes que demuestren que no se tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, lo cual se hará con los elementos que obren en el expediente, con los aportados por la parte quejosa o por los resultantes de las medidas para mejor proveer llevadas a cabo potestativamente por la autoridad jurisdiccional. Consecuentemente, debe decirse que de las constancias de autos no existen suficientes indicios que acrediten que la parte quejosa sea una persona de escasos recursos. ...
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Virginia Sánchez Santamaría232/2022
- Virginia Sánchez Santamaría380/2021
- Virginia Sánchez Santamaría285/2021
- Virginia Trinidad Cabrera665/2015
- Virginia Vazquez Sanchez323/2015
- Virginia y/o Epifania Virginia Hipólito Tlacomulco1486/2022
- Virginio Solís Saldaña918/2015
- Viridana Farfán Ramírez1318/2022
- Viridiana Briones González798/2015
- Viridiana Farfán Ramírez623/2016
- Viridiana Farfán Ramírez657/2019
- Viridiana Flores Cervantes476/2016