Virginia Veracruz Delgado

Expediente 1084/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1084/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Virginia Veracruz Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Virginia Veracruz Salgado, mediante el cual solicita se le dé respuesta a su demanda y se le notifique de manera personal, ya que a la fecha no le ha llegado ni ha recibido notificación alguna respecto al presente asunto; en atención a su contenido, dígase a la promovente que por auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente respecto a su escrito de demanda, desechándose la misma. De igual modo, hágase de su conocimiento que por diverso acuerdo siete de enero del año en curso, se ordenó notificarle la determinación de seis de diciembre del año próximo pasado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, toda vez que el Juez Municipal, con sede en Emiliano Zapata, Veracruz, devolvió sin diligenciar el despacho 249/2021 con número de orden 608/2021 librado en autos del juicio de amparo en que se actúa, pues manifestó que no existe ninguna localidad con el nombre de Mata Oscura en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de seis de diciembre del año dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de enero de dos mil veintidós Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho por ministerio de ley, del Juzgado Municipal de Emiliano Zapata, mediante el cual remite sin diligenciar el despacho 249/2021 con número de orden 608/2021 librado en autos a efecto de notificar a la quejosa el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, de lo manifestado por el juzgado oficiante se advierte, que no existe ninguna localidad con el nombre de Mata Oscura en el Municipio de Emiliano Zapata, en la cual supuestamente tiene su domicilio la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, y todas las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal a la parte quejosa, hasta en tanto proporcione un domicilio para tal efecto. Cúmplase y notifíquese por lista de acuerdos el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Daniela María León Linarte, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe. AUTO DE 06 DE DIDICEMBRE DE 2021.- Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintiuno. EXHORTACIÓN. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Virginia Veracruz Salgado contra actos reclamados a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1084/2021/VI-B. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro1: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro:2 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, además, se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes:3 "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado se le atribuye a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consiste en: - La omisión de emitir la determinación relativa al ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/10º/1443/2017, del índice de la Fiscalía Décimo adscrito a la Unidad de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expondrán: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.].". Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. En el caso a estudio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, la sala precisó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluía que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de éstas. Sobre el particular, razonó lo siguiente: ".tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación." (Lo subrayado es propio). Las anteriores consideraciones dieron lugar a la emisión de las jurisprudencias 27/20184 y 28/20185 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son de observancia obligatoria para la suscrita, en términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, mismas que son de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En ese sentido, si en el presente asunto se señala como acto reclamado la omisión de omisión de emitir la determinación relativa al ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/10º/1443/2017, del índice de la Fiscalía Décimo adscrito a la Unidad de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz; resulta inconcuso que por tratarse de una omisión del Fiscal surgida durante la etapa de investigación, en su contra es procedente el medio de impugnación previsto en el artículo legal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues por medio de éste pueden impugnarse las omisiones en las que en su caso hayan incurrido dichas autoridades. Lo anterior, pues como ya quedó expuesto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la procedencia del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se limita a las determinaciones taxativamente ahí previstas, sino que, en general, se refiere a actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, destacando que el diverso artículo 109, fracción XXI, del ordenamiento legal en cita, establece el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones, inactividad o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Es por ello que, se insiste, en el caso, la parte quejosa debió haber agotado el aludido recurso innominado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en las jurisprudencias citadas con antelación, para cumplir con el principio de definitividad, y al no haberlo hecho así, es incuestionable que se actualizó el motivo de improcedencia invocado. Ahora, del contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,6 se desprende que el Juez de Control una vez interpuesto el recurso innominado, convocará a una audiencia para decidir en definitiva, es decir, en aquella resolverá de plano lo puesto a su conocimiento; de ahí que, no se requiera una disposición expresa respecto a la suspensión del acto, ya que resolución del medio de impugnación en cita en inmediato. Por tanto, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, debido a que el acto que aquí se reclama no contraviene aspectos de constitucionalidad de leyes, ni constituye alguna violación directa a la Constitución y, el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve de inmediato y en definitiva. En esta tesitura, es evidente que la promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, dado que la existencia de dicho medio defensivo se advierte en forma patente, además de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, se pronunció del aludido medio de impugnación, teniéndose la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la observancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, atendiendo a las razones que han quedado expuestas en los párrafos que anteceden, deviene inconcuso que, en la especie, sí se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por ende, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio el ubicado en Calle Soldado de Caballería número 1 de la Localidad Mata Oscura perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 298, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la ley de la materia, gírese atento despacho al Juzgado Municipal con residencia en Emiliano Zapata, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio arriba mencionado y notifique el auto inserto a la parte quejosa. De igual forma, se sirva requerirla para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos. Se apercibe al Juzgado en comento, que de no dar cumplimiento en el tiempo y forma señalado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, manifieste la imposibilidad legal que tenga para dar cumplimiento al requerimiento de mérito. Para lograr la diligencia encomendada, se faculta al juez requerido, para que habilite días y horas inhábiles y requiérasele para que dentro del término de tres días remita a este Juzgado las constancias relativas al emplazamiento que se le ordena practicar; o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en la inteligencia que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 238 en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano