Virginia Tellez Duran

Expediente 1492/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1492/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2017

Partes del expediente

  • Virginia Tellez Duran

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  3. Principal

    se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa los actos que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    se admite la demanda de amparo de referencia. Del incidente de suspensión: Sin aperturar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requerimiento a las autoridades responsables: Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Solicitando se acompañe al citado informe copia certificada de las constancias necesarias para apoyar el mismo. Apercibida que de no rendirlo, se le impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desintexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se le hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que la autoridad responsable podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Apercibimiento a la parte quejosa: De conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la responsable. De la audiencia constitucional: Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio procesal y autorizados: En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere y en términos amplios del artículo 12 de la misma legislación, a los profesionistas que menciona. De las notificaciones a las partes: Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación: En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento: Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese.

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