VIRGINIA RUELAS CASTRO y Otros.
Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/11/2023
Partes del expediente
- VIRGINIA RUELAS CASTRO y Otros.
- Luis Ángel Valdez Ruiz
- Virginia Ruelas Castro
- Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Irvin Octavio Valdez Vizcarra, autorizado legal de los quejosos y, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada y constancia que por su recibo se deje en autos, autorizando para recibirlas a quienes menciona. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintidós de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas con diez minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 726/2023-I, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda y documentales anexas consistentes en copia simple de credenciales para votar expedidas a nombre de los quejosos por el Instituto Nacional Electoral; b) escrito recibido en este Juzgado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés mediante el cual la parte quejosa, por conducto de su apoderad, subsanó la prevención formulada el veinte de junio de dos mil veintitrés; c) constancias de emplazamiento realizados a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y a la tercera interesada; d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables y documentales anexas; y, e) proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en el que se tuvo al Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informando que hizo disponible el juicio de amparo 167/2023-III, de su índice, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio en el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas antes relacionadas, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto; sin pruebas pendientes por proveer o desahogar se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos en el que se hace constar que no fueron formulados por las partes, por lo que se declara igualmente cerrado este periodo. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 726/2023-I, promovido por Virginia Ruelas Castro y Luis Ángel Valdez Ruiz, por propio derecho, contra actos de la Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito depositado en el buzón judicial el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, recibido en la propia fecha en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, finalmente, receptado en misma data en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Virginia Ruelas Castro y Luis Ángel Valdez Ruiz solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de lo Civil, así como Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos en esta ciudad. Actos reclamados "A) De la Autoridad Responsable precisada en el numeral 1 del presente juicio de garantías: Reclamo el ilegal emplazamiento hecho a los suscritos en el Juicio civil dentro del expediente 608/2014, seguido ante el Ciudadano Juez Quinto de lo Civil de esta Ciudad de Tijuana, Baja California, promovido en nuestra contra por el tercero interesado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y como consecuencia de lo anterior todo lo actuado en el procedimiento a partir de dicha actuación procesal, así como la orden de desalojo y el desposeimiento del inmueble del cual somos propietarios. Por lo que solicitados se nos ponga en Posesión Material y Jurídica del Inmueble del que fuimos ilegalmente desposeídos en virtud del juicio de donde emanan los actos reclamados. B) De la Autoridad Responsable precisada en el numeral 2 del presente juicio de garantías: Reclamamos el ilegal emplazamiento hecho a los suscritos en el Juicio Civil dentro del expediente 608/2014, seguido ante el Ciudadano Juez Quinto de lo Civil de esta Ciudad de Tijuana, Baja California, promovido en nuestra contra por el tercero interesado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y como consecuencia de lo anterior todo lo actuado en el procedimiento a partir de dicha actuación procesal, así como la orden de desalojo y el desposeimiento del inmueble del cual somos propietarios. Por lo que solicitados se nos ponga en Posesión Material y Jurídica del Inmueble del que fuimos ilegalmente desposeídos en virtud del juicio de donde emanan los actos reclamados. C) De la Autoridad Responsable precisada en el numeral 3 del presente juicio de garantías: Reclamamos la Ilegal cancelación de la Partida 5303221 Sección Civil con fecha de inscripción 02 de diciembre del 2002, así como la Ilegal Cancelación de la Partida 5303222 Sección Civil de fecha 02 de diciembre del 2002." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. El veintiocho de junio de dos mil veintitrés, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 726/2023-I; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional respectiva; y, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, su aclaración y el contenido del informe justificado y las constancias anexas, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: El emplazamiento (por su falta o ilegalidad) a la jurisdicción voluntaria 608/2014 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de lo Civil, así como Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos en esta ciudad, pues así se desprende del contenido de sus informes justificados y ello quedó corroborado con las documentales previamente valoradas. Cuarto. No obstante la certeza de los actos reclamados, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo, pues tales actos fueron materia del diverso juicio de amparo 167/2023-III, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando éste se promueve contra actos reclamados a autoridades responsables que hayan sido materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo. Así, para que se actualice la causal de improcedencia, en ambos juicios de amparo debe existir identidad entre: a) la parte quejosa; b) el acto reclamado; y, c) la autoridad responsable. Ahora bien, en el caso concreto, dicho supuesto de improcedencia se surte, debido a que en el diverso juicio de amparo 167/2023-III, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, los hoy quejosos impugnaron los mismos actos reclamados a, entre otras, las mismas autoridades responsables, respecto de los cuales el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva, misma que causó ejecutoria en tres de julio del año en curso, y en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, como se demuestra con la siguiente transcripción (énfasis añadido): "Caso concreto. Como se adelantó, es sustancialmente fundado el argumento de la parte quejosa, suplido en su deficiencia, ya que se advierten irregularidades en el emplazamiento practicado en el procedimiento de origen que han dejado a los quejosos sin defensa y que ameritan el otorgamiento del amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. Esto es así, por que del análisis del expediente, se advierte que no se respetó la regla establecida en el artículo 117 del ordenamiento procedimental civil de esta entidad federativa. Se asevera lo anterior, porque no se practicó el emplazamiento de los buscados, hoy quejosos, en su domicilio, sino que, se ordenó de manera directa a través de edictos y con cédula que se fijó en las oficinas del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda, situaciones que no se establecen como parte del procedimiento para la substanciación de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Bajo esos argumentos, se denota que se vulneró el derecho de defensa de los quejosos y que los dejó en estado de indefensión, máxime que la consecuencia de que no se les notificara de manera personal o que tuvieran conocimiento del de la jurisdicción voluntaria de origen, es que no tuvieron la oportunidad de oponerse a la misma y con ello poder defender el bien inmueble materia del contrato de crédito. Por las razones antes expuestas, se concluye que en el caso no se observaron los requisitos para el emplazamiento que establece el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, lo cual se tradujo en una violación al derecho de audiencia que se consagra en el artículo 14 de la Constitución General de la República y, en consecuencia, al carecer de validez debe dejarse insubsistente el llamamiento al procedimiento y reponerse el procedimiento desde esa actuación, tal como lo define, aplicada por identidad de razón, la jurisprudencia 1ª./J. 99/2017 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, del libro 49, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación editado en diciembre de dos mil diecisiete, con registro electrónico 2015693, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. (.)". Decisión. En las relatadas condiciones, al resultar sustancialmente fundado los argumentos hechos valer por la parte quejosa atendiendo a la causa de pedir y suplidos en su deficiencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En ese tenor, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de disenso vertidos en su escrito de demanda, puesto que no podría obtenerse un mayor al apuntado, dado el vicio resaltado en el emplazamiento. (.) Séptimo. Efectos del fallo protector. A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que exigen la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Virginia Ruelas Castro y Luis Ángel Valdez Ruiz, para los efectos siguientes: ( El Juez Quinto de lo Civil en Tijuana, Baja California, deje sin efecto todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria 608/2014 respecto de Virginia Ruelas Castro y Luis Ángel Valdez Ruiz a partir de su emplazamiento y sus consecuencias legales. ( Hecho lo anterior, ordene nuevamente su emplazamiento. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Virginia Ruelas Castro y Luis Ángel Valdez Ruiz, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el considerando segundo, para los efectos contenidos en último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el secretario Naguib Enrique Hernández Delgado, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. [.]". De la transcripción que antecede, es dable advertir que en el diverso juicio de amparo 167/2023-III, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al igual que en el que se actúa, Virginia Ruelas Castro y Luis Ángel Valdez Ruiz reclamaron del Juez Quinto de lo Civil, de esta ciudad -entre otras autoridades- su emplazamiento a la jurisdicción voluntaria 608/2014 y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. Asimismo, los referidos actos reclamados fueron materia de la sentencia definitiva dictada en dicho medio de control constitucional, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, ante lo fundado de los conceptos de violación formulados, suplidos en su deficiencia; determinación que, ante su falta de impugnación, causó ejecutoria el ejecutoria el tres de julio del propio año, por lo que se requirió el cumplimiento de dicho fallo a las autoridades responsables. Por tanto, es inconcuso que se surten los presupuestos necesarios para que se actualice la causal de improcedencia invocada, ya que existe identidad entre la parte quejosa, los actos reclamados y las autoridades responsables y está demostrado que dichas actuaciones fueron materia de un juicio de amparo anterior. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Quinto de lo Civil, de esta ciudad, consistentes en el emplazamiento a la jurisdicción voluntaria 608/2014, realizado a los quejosos y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. Sobreseimiento que deberá hacerse extensivo respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad, ya que del estudio integral de la demanda de amparo no se advierte se le reclamen por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento reclamado. Finalmente, es oportuno destacar que la presente decisión no vulnera el derecho de acceso a la justicia, pues ésta no impide que los quejosos hagan valer los medios ordinarios que estimen pertinentes, con la finalidad de defender los derechos de posesión y propiedad que aducen en esta instancia constitucional, ya que la determinación adoptada en este fallo sólo está vinculada con la improcedencia de la acción constitucional, no así con los diversos procedimientos que, en su caso, pueda hacer valer el inconforme. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Virginia Ruelas Castro y Luis Ángel Valdez Ruiz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/grcg
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado que remite el Secretario del Juzgado Quinto Civil, lo anterior, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de que las partes se impongan del contenido del referido informe y estén en aptitud legal de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo, se difiere la audiencia señalada para esta fecha y se señalan las doce horas con diez minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, a la fecha, transcurrió el plazo de quince días hábiles otorgado a la parte quejosa a fin de que, en su caso, ampliara su demanda de amparo; por tanto, sin manifestación alguna de la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento de once de julio de dos mil veintitrés y se seguirá este juicio en términos del escrito inicial de demanda. Ahora bien, en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se reservó en acordar lo peticionado por la parte quejosa mediante escrito registrado bajo folio 14346 en el que solicitó que de manera oficiosa este Juzgado cotejara las firmas estampadas por los quejosos en la demanda y subsecuentes actuaciones en las que supuestamente -según aduce del promovente- hubieren firmado los aquí quejosos, dentro del diverso juicio de amparo 167/2023-III, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, hasta en tanto obrara en autos contestación por parte de dicho órgano respecto de la solicitud de diez de julio de dos mil veintitrés, lo que ya aconteció; por lo cual, se procede a acordar respecto a su petición. En ese tenor, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que las constancias respecto de las cuales solicita el citado cotejo, como se dijo, corresponden a un juicio de amparo diverso, que se encuentra radicado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, es decir, no corresponden a actuaciones efectuadas ante la potestad común señalada como responsable, que son generadoras de consecuencias jurídicas entre los contendientes. Aunado a que de las constancias que integran el expediente electrónico del juicio de amparo 167/2023-III, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad -que se encuentra vinculado al expediente electrónico de este sumario-, se desprende que el treinta y uno de mayo del año en curso se dictó sentencia definitiva, la cual causó ejecutoria mediante proveído de tres de julio pasado y en el que se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, de lo que se advierte que el citado sumario constituye cosa juzgada; por tanto, la posible actualización de la objeción de falsedad de manera alguna podría tener el alcance jurídico de dejar sin efecto la ejecutoria emitida en ese amparo anterior, en el que se advierte fue concedido el amparo a la aquí parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la integran, la tesis jurisprudencial P./J. 19/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 29, registro digital 2012796, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE SON SUSCEPTIBLES DE OBJECIÓN DE FALSEDAD POR PARTE DEL QUEJOSO, CUANDO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 5o., fracción II, y 117 de la Ley de Amparo, se colige que en el juicio constitucional la autoridad responsable tiene el carácter de parte y debe rendir su informe justificado, al cual podrá anexar copias de las actuaciones existentes, las que pueden ser objetadas por alguna de las partes en cuanto a su autenticidad o continente, acorde con la jurisprudencia P./J. 5/2001, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.". Por tanto, al revestir ese informe el carácter de documento público, nada impide que alguna constancia que lo integra, que vincule al tercero extraño por equiparación al juicio de origen, pueda ser rebatida a través de la objeción de falsedad de documento prevista en el artículo 122 de la legislación referida, pues dicho tercero sólo tiene conocimiento de ese documento hasta que la autoridad responsable lo exhibe para justificar la existencia o inexistencia del acto reclamado; de ahí que no se le puede exigir que presente pruebas respecto al llamamiento a juicio que obre en el juicio de origen, si no conocía su tramitación, máxime que conforme al artículo 119 de la ley citada, tratándose del ofrecimiento de pruebas, es fundamental tener la oportunidad de hacerlo a partir de la fecha en que conozca el hecho a probar o desvirtuar. Contradicción de tesis 300/2015. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 9 de mayo de 2016. Once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador." Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/JLCG
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,923 expedientes
- Virginia Anaya Vidales177/2021
- Virginia Irma Hernández Rosas646/2021
- Virginia Laura Belmontes Jaramillo187/2023
- ViRGINIA LAURA BELMONTES JARAMILLO52/2015
- Virginia Margarita Valdez Rocha535/2016
- Virginia Mesina Cerna626/2019
- Virginia Sanabria Jacobo713/2016
- Virginia Villegas Manzana1028/2018
- Viridiana Aracely Sainz Medina828/2022
- Viridiana Elizabeth Castaldi González1333/2016
- Visión Méndez, Sociedad Civil771/2018
- Viviana América Zamudio Ortiz751/2023