Virginia Rodríguez Macías
Expediente 1456/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1456/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Virginia Rodríguez Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********************; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase al citado tercero interesado legalmente apersonándose al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ......., en esta ciudad. Asimismo, téngasele por hechas las manifestaciones a que se contraen en el mismo, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, respecto de su solicitud en el sentido de que se dé vista al Ministerio Público de la Federación para el efecto de que proceda en contra de la aquí quejosa, por las razones que expone; dígasele que el poner en conocimiento del representante social la conducta que refiere, es una facultad discrecional de este órgano jurisdiccional; empero, tiene expedito su derecho para hacerla valer directamente ante el representante social. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Finalmente, en cuanto a la prueba pericial en criminalística y/o en materia de fisionomía o fisonomía ofrecida por el citado tercero interesado, se desecha la misma, toda vez que en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en los procesos constitucionales, debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que está proscrito admitir o tomar en consideración las probanzas que no hayan sido rendidas ante aquélla, salvo en el caso de que las partes no hubieren tenido oportunidad de hacerlo. Como es factible apreciar, la facultad del oferente a brindar pruebas en el juicio de amparo está limitado, en virtud de que se impone como obligación a los órganos de control constitucional a examinar los actos de autoridad considerados como lesivos de derechos humanos y garantías, con las actuaciones o circunstancias que la autoridad responsable ponderó al momento de la emisión o ejecución de sus actos. Además, porque el juicio de amparo no constituye una segunda o ulterior instancia de impugnación del acto reclamado, sino un medio extraordinario de defensa a través del cual se analiza si la actuación de la autoridad se ajusta o no al orden constitucional, para lo que no se requiere el estudio de cuestiones diversas a aquellas de las cuales conoció la autoridad responsable; Máxime, que lo contrario implicaría una violación al principio procesal de equidad de las partes del juicio natural. Luego, si en el caso se advierte que la prueba pericial en criminalística y/o en materia de fisionomía o fisonomía ofrecida por el tercero interesado pretende demostrar la media filiación del aquí quejoso para evidenciar lo que asentó el funcionario que llevó a cabo la diligencia de cuatro de junio de dos mil diecinueve dentro del controvertido de origen; es claro que no se está ante el supuesto de excepción previsto por el artículo 75 de la Ley de Amparo; Apoya lo anterior la tesis 1a. CCCXLVIII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 392, con número de registro 2018783, que a continuación se inserta: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE LIMITA SU ADMISIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El precepto citado, al prever que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla, no transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva, pues dicha limitación deriva de la propia naturaleza extraordinaria del juicio de amparo directo, que conlleva que deban desestimarse aquellos razonamientos ajenos y/o novedosos a los que se expresaron en el juicio o procedimiento natural, pues es evidente que la autoridad responsable no puede incurrir en una violación a derechos humanos, respecto de razonamientos o pruebas que no tuvo oportunidad de conocer, esto es, los que no se le hicieron valer en el juicio original ni se ventilaron en los medios ordinarios de defensa. Considerar lo contrario, además de desnaturalizar el objeto del juicio de amparo como medio de revisión constitucional extraordinario, llevaría al extremo de considerar que se erige como una tercera instancia del acto reclamado, lo cual no se concibe, pues su naturaleza no está diseñada con esos fines. En ese tenor, el impedimento técnico que deriva del artículo 75 de la Ley de Amparo, no se traduce en un obstáculo para que el quejoso exprese los argumentos que desee y sí, por el contrario, encuentra una justificación racional y constitucional en la naturaleza del juicio, pues jurídicamente dicha acción constitucional no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, ya que nace directamente de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por lo que va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos y no la ley común. Tampoco debe soslayarse que considerar los argumentos que no hubiesen sido planteados en el juicio o procedimiento de origen, en el análisis constitucional de una resolución definitiva implicaría una violación al principio procesal de equidad de las partes del juicio natural, en tanto resolvería sobre la regularidad constitucional de la decisión reclamada, con base en planteamientos respecto de los cuales la contraparte del quejoso en el juicio o procedimiento natural (tercero interesado) no tuvo la oportunidad de pronunciarse o desvirtuar, lo cual, lejos de salvaguardar al juicio como un medio eficaz para proteger y hacer judicialmente efectivos los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, se traduciría en un recurso que generaría incertidumbre jurídica e inequidad para los terceros interesados, al dar a su contraparte una nueva oportunidad para hacer valer argumentos que pudieron y debieron haberse planteado en la controversia de origen, lo cual, incluso, es contrario al principio de congruencia externa de las sentencias." De igual forma es de invocarse la tesis de jurisprudencia numero P./J.41/2001, visible en la página 157, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y contenido siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTA FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2° de la citada Ley, en el amparo indirecto deben admitirse cualquier medio de prueba que este reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esta facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del Código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgado no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Notifíquese, y personalmente al tercero interesado ********************.
- Incidental
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 544/2023, el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda y el informe rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda y la instrumental de actuaciones que ofreció en el citado escrito; así como la documental exhibida por la autoridad responsable, consistentes en los autos del toca III-9/2023, de su índice, con las cuales, debido a su volumen, se formó un cuaderno de pruebas por separado, mismo que se ordena tener a la vista para resolver; con lo que concluye dicha fase. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la resolución.
- Incidental
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; al perito oficial, el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 8177/2023 signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo ********************/2021 e informa que dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se encuentra disponible para consulta la resolución dictada dentro del conflicto de acumulación 1/2023, de su índice, en la que se determinó improcedente la acumulación planteada; acúsese recibo, y glósese el cuaderno de antecedentes, tomando en consideración que el mismo está integrado por copias de las principales constancias del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósense únicamente las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte la imposibilidad de los peritos designados por las partes y por este órgano jurisdiccional, para dar cumplimiento con el requerimiento de dos de octubre de dos mil veintitrés, en consecuencia, conforme a la secuela procesal, requiérase a los peritos: 1) ******************** designado por este órgano jurisdiccional; 2) ******************** designado por la parte quejosa; y, 3) ********************, designado por las morales terceras interesadas. Para que dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que al respecto se realice, comparezcan con identificación oficial vigente a las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional a afecto de realizar el estudio correspondiente respecto de las firmas que obran dentro del presente juicio, las cuales son materia de la prueba pericial en caligrafía y grafoscopia, en la inteligencia de que siguen vigentes los apercibimientos decretados en el auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, en caso de inasistencia de los peritos. Del mismo modo, se hace saber a las partes que el estudio pericial versará respecto de las firmas dubitadas del quejoso ******************** plasmadas en los escritos sellados por la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en fechas: 1. Inicial de demanda de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. 2.- Ampliación de demanda de nueve de mayo de dos mil veintidós. 3.- Ampliación de demanda de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 4.- Ampliación de demanda de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. En dicha tesitura, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de este último ordenamiento legal, requiérase a los peritos ******************** designado por este órgano jurisdiccional, ******************** designado por la parte quejosa, y ********************, designado por las morales terceras interesada, para que dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente a aquel en que hayan comparecido ante este juzgado federal, a la recolección de las muestras dubitadas, emitan su dictamen correspondiente, bajo apercibimiento que de no hacerlo, la citada probanza se integrará con el único o los únicos dictámenes que se emitan. Lo anterior, hágase del conocimiento de los citados expertos, por conducto de las partes que los propusieron. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el dos de junio del año que transcurre causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, así como que en proveídos de trece de junio, cuatro, doce y treinta y uno de julio siguiente, se tuvo a las autoridades encargadas de proporcionar la atención médica a la parte quejosa, con residencia en esta ciudad, informando las gestiones en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, así también se tuvo al superior jerárquico conminando a las referidas responsables; sin que a la fecha se tenga conocimiento de las acciones que se siguen realizando en cumplimiento a la referida ejecutoria, esto es, la atención médica proporcionada a los quejosos o, en su caso, la imposibilidad que se tenga para ello. En consecuencia, se requiere nuevamente a las aludidas autoridades responsables para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 193 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, informen las acciones que se siguen realizando en cumplimento a la ejecutoria de amparo en relación con los puntos especificados de la sentencia emitida en el presente juicio, es decir: "Único. Constituyan y reconozcan en favor de los quejosos ********************, el derecho a la salud, y, se sigan otorgando el tratamiento necesario para su padecimiento renal crónico; asimismo, se otorguen los medicamentos necesarios para hacer frente al mismo, de manera gratuita.". Asimismo, remitan constancia fehaciente con las cuales acrediten dicha circunstancia, ello en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, o bien informar el impedimento legal o material que tuvieran para ello, se les impondrá UNA MULTA equivalente a la cantidad de CIEN Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, así como los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente. Y, en caso de contumacia de las responsables, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, este Juzgado hará el pronunciamiento al incumplimiento de la ejecutoria, considerando como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, SE IMPONDRÁN LAS MULTAS CON LAS QUE FUE CONMINADO Y, REMITIRÁ LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, A FIN DE QUE ÉSTE REITERE SI EXISTE O NO INCUMPLIMIENTO, Y DE SER ASÍ, REMITA LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CON PROYECTO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Notifíquese.
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