Virginia Ramirez Ruiz
Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Virginia Ramirez Ruiz
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de enero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de doce de enero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintidós. 1. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Virginia Ramírez Ruiz, contra actos del Director del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y otra autoridad, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 44/2022-VI. 2. Desechamiento de demanda. Examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma ya que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del análisis conjunto de tales normas, se advierte que cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte de la quejosa para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Sobre el tema, específicamente respecto a que si se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y ésta no es firmada electrónicamente (firel) por el quejoso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, determinó que no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito debe desechar de plano la demanda intentada. Ilustra lo anterior la tesis P./J. 8/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sobre tales bases, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación sin firma electrónica, es patente que no se ha ejercido la acción constitucional, pues la ausencia de firma equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Es decir, no hay instancia de parte, pues sin firma electrónica no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Máxime, que en el presente caso no se actualizan los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea motivo de excepción la firma electrónica. Sin que pase inadvertido que el escrito de cuenta en realidad se trata de un documento digitalizado en cuyo calce aparece una rubrica y el nombre Virginia Ramírez Ruiz, el cual no es apto para considerarla firmada en términos de ley, ya que en conformidad con el precepto 3 de la Ley de Amparo, las promociones deberán hacerse por escrito; siendo optativo para el promovente presentar su escrito en forma (i) impresa o (ii) electrónicamente y en este último caso: "Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal." Respecto a lo cual, el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Dicho arábigo también dispone que la FIREL se comprende por la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Por su parte, el artículo 10 del referido Acuerdo General, establece que las disposiciones contenidas en este Capítulo Tercero, denominado "De los servicios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal", son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, y en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Los artículos 14 y 16 del Acuerdo General citado, disponen que el Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en dicho Acuerdo General. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, para lo cual tendrán que acceder al referido Portal en el cual se establecen los vínculos necesarios para su tramitación. Y, el artículo 45 de dicho cuerpo administrativo, prevé que para la presentación de demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 de dicho Acuerdo, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, eligiendo el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Luego, como la demanda que originó este asunto no se presentó con la firma electrónica vigente, no existe la voluntad de quien aparece como promovente, y por tanto es inconcuso que tampoco hay instancia de parte. Lo que actualiza la causal de improcedencia analizada; ante lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. 3. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Emmanuel Flores Ramírez, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, ni acreditó que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. 5. Notificaciones por lista. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, y adicionalmente, se remitirán por correo electrónico a la administración del edificio en que se aloja este juzgado las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. 6. Información de contacto. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, y diverso 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico a fin de que, de estimarse necesario, se establezca contacto con dicha parte procesal, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, con la precisión que tal autorización no conlleva que por dichos medios electrónicos se le realicen notificaciones. 7. Diversas determinaciones. Hágase del conocimiento de las partes que, con sujeción a lo antes expuesto: Desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que haga al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Lo cual deberá llevarse a cabo una vez que esté en operación el área de fotocopiado que presta servicio a los justiciables. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza a las partes para reproducir o fotografiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que éstos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Para sendas actividades, habrá de presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, las determinaciones emitidas en el presente asunto que incluyan la evidencia criptográfica (firel) del suscrito y del secretario que actúa dando fe, las podrá descargar en sus equipos de computo y éstas serán consideradas como copias certificadas electrónicamente. 8. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 9. Identidad de expedientes físico y electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico. 10. Datos personales. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
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