Virginia Ramírez Ruiz
Expediente 694/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Virginia Ramírez Ruiz
- Emmanuel Flores Ramírez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que trascurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio, por el que se desechó la demanda con que se formó este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y, de la certificación que antecede se advierte que por proveído de nueve de septiembre del presente año, se le tuvo a la Jefa de la Administración de Correos de México, por informando que por oficio 78211/127 de su índice solicitó a las oficinas de destino Administraciones Postales Zaragoza y Palacio Postal en la Ciudad de México, dar cumplimiento a la brevedad posible y retroalimenten los acuses originales de recibo de los oficios 36689/2019 y 36690/2019 girados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión en la Ciudad de México; sin que a la fecha Correos de México haya informado sobre los mismos. Requerimiento. No obstante lo anterior; requiérase al Administrador Local de Correos de la Oficina Lomas Cuarta Sección de San Luis Potosí, a fin de que dentro del término de tres días, que se le conceden con fundamento en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, remita las piezas postales de los oficios 36689/2019 y 36690/2019 girados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión en la Ciudad de México, a las cuales les correspondieron las series RM119541028MX y RM119541031MX, en la factura 4196 recibida por dicho Administrador el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, o manifieste el impedimento que tiene para hacerlo. Ello para integrar debidamente el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Amparos contra Leyes, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, éste a su vez en representación del Presidente de la República. Apercibimiento. Apercíbase al Administrador Local de Correos de la Oficina Lomas Cuarta Sección de San Luis Potosí, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 7 DE OCTUBRE DE 2020 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve ********, contra actos de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 694/2020-VIII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cuadro fáctico (antecedente). Del examen de la demanda que se provee, se advierte que la misma se presentó en línea, con la firma electrónica de *******; sin embargo, no obran las correspondientes (firma electrónica) a ******, por lo que al no obrar las firmas electrónicas de los promoventes del amparo, no existe signo gráfico autógrafo o documento de identidad que evidencie la voluntad de los mismos para ratificar el contenido del escrito y en el cual se exprese su voluntad con lo solicitado. Calificación e hipótesis. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Marco Normativo."Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" El artículo 107, fracción I, Constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. Caso concreto. El quejoso en este juicio es -entre ellos Emmanuel Flores Ramírez- Virginia Ramírez Ruiz, Andrea Aurora Flores Ramírez, Aurora Silvia Ruiz y Rosendo Silva Ruiz, pero quien únicamente suscribió electrónicamente la demanda fue Emmanuel Flores Ramírez, de donde se observa que el escrito de demanda no contiene la firma electrónica certificada de los diversos promoventes del amparo, ni se encuentra firmada de manera autógrafa, siendo lo anterior una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos de fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, Constitucional, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda; de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve o el documento de identidad válido y vigente respectivo. En adición lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se establece en su artículo 6 que todas las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica; asimismo, el precepto 10 del citado acuerdo expone que las disposiciones de que se trata son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito y que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.Por su parte, el ordinal 16 del acuerdo de que se trata, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en ese acuerdo, aunado a que deberán realizar un registro en dicho sistema, que es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra.Asimismo el precepto 17 del acuerdo en comento, establece como excepción que el archivo que contenga la demanda de amparo no sea firmado electrónicamente, los reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.Finalmente, en el artículo 45 del acuerdo antes referido se establece el procedimiento para presentar solicitudes, demandas y otros escritos iníciales de manera electrónica, de donde se obtiene que un requisito es que el usuario agregue a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, con la excepción de que se trate de demandas electrónicas a que se refiere el numeral 42 del acuerdo en cuestión.Bajo este contexto, es posible concluir que toda promoción presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá ser firmada electrónicamente, haciendo uso de la Firma Electrónica de la persona que la suscribe, con las excepciones previstas en el acuerdo relativo, a fin de dar certeza de que el contenido del documento electrónico fue emitido por el firmante, quedando asentado para tal efecto la evidencia criptográfica de la firma. Por tanto, toda vez que el escrito que generó este expediente se presentó a través del aludido Portal de Servicios en Línea y que no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en los artículos 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se puede concluir en lo relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que debe cumplirse con las mismas formalidades que los documentos presentados de manera impresa, incluyendo la firma de la persona que lo suscribe, pues la vía electrónica únicamente es un instrumento para facilitar el acceso a la justicia y acercar al Poder Judicial Federal a la ciudadanía. Bajo estas directrices, no es posible proveer respecto del escrito de demanda de amparo que se presentó de manera electrónica, al carecer de una formalidad que afecta su validez, esto es, la constancia de la evidencia criptográfica (firma electrónica) que corresponda con las personas que solicitan la protección constitucional. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Decisión. Consecuentemente, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata respecto de ********. Ahora bien, vista la demanda de amparo que promueve *******, se provee: Acto reclamado. Del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la ejecución de los actos de investigación y el ejercicio de la acción penal (contenidos en los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 constitucionales) en la investigación de los delitos dentro de una carpeta de investigación. Omisión, que si bien el promovente indica es atribuibles al fiscal General de la Republica con sede en la ciudad de México y al fiscal General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, de sus hechos se desprende que el veinticinco de junio compareció a querellarse y/o denunciar los lícitos de los que fue víctima, siendo estos, los de cobranza ilegitima, fraude abuzo de autoridad, violación, uso ilícito de los medios de comunicación y artefactos tecnológicos, usurpación de identidad, delitos contra la salud, trata de infantes, falsificación de documentos en general y actos en contra la libertad fuera de un procedimiento, solicitando el ejercicio de la acción penal y la ejecución de los actos de investigación. Lo que hizo del conocimiento tanto de la Fiscalía de Justicia del Estado y como de la Fiscalía General de la Republica, solicitando sean remitidas y/o se integre la correspondiente carpeta de investigación, turnando la misma a la unidad de tramite común, para la correspondiente administración de justicia, que hasta el momento se haya obtenido respuesta alguna respecto la imputación de los cargos y la respectiva vinculación a proceso; de ahí, que pueda aseverarse que el acto reclamado consiste en la omisión a que se ha hecho referencia. Causal de improcedencia. Al efecto, la suscrita considera que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan [...]" Mientras que la fracción XVIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, deriva el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, de manera previa a la promoción de la acción constitucional, los recursos ordinarios que puedan tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; con excepción de los supuestos señalados en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII en comento. Dicho principio tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, o dicho en otras palabras, aquellos que no admitan un recurso ordinario de defensa; por lo que es imperativo que el agraviado antes de incoar la acción constitucional, agote las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que a su parecer genera afectación, ello siempre y cuando no se esté en un caso de excepción. Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De acuerdo con lo dispuesto en el artículo transcrito, la victima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en dicho numeral, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sentado lo anterior, si en el caso la parte quejosa reclama la omisión de la ejecución de los actos de investigación y el ejercicio de la acción penal en la investigación de los delitos dentro de una carpeta de investigación, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió impugnar dicha abstención mediante el recurso ordinario que concede la ley dentro del procedimiento penal de origen. Es así, en razón de que contra las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de que el Juez de Control revise la omisión reclamada y de considerarlo necesario, conmine al agente del Ministerio Público responsable a que cese la omisión y practique todas las diligencias pertinentes para la terminación de la investigación en sede ministerial. Por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso debió interponer el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, al no hacerlo así, la acción constitucional intentada es improcedente. Máxime, si la parte quejosa no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción del referido principio de definitividad que lo exima de su cumplimiento, pues no reclama un acto de los contemplados en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor es el siguiente:"SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De igual manera sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:"SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.- Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Decisión. Consecuentemente, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que promueve Emmanuel Flores Ramírez, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el citado Emmanuel Flores Ramírez. Sin que se óbice a lo anterior, que los hechos o abstenciones vertidos en el escrito que presenta el promoverte no fueron formulados bajo protesta de decir verdad, lo que daría lugar a prevenir de conformidad a la fracción II, del artículo 114 de la Ley de Amparo; sin embargo, al actualizarse una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, se estima innecesaria realizar tal prevención. Señala correo electrónico. Téngase a la parte quejosa por proporcionando cuenta de correo electrónico, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente. "
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