Virginia Patricia Tejero Chuc

Expediente 101/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
101/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Virginia Patricia Tejero Chuc

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Téngase por recibido y agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal en el toca 41/2019, relativo a la queja interpuesta por la quejosa Virginia Patricia Tejero Chuc, contra el auto de veinticinco de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja referido. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de garantías, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA V.Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que comunica que se admitió en ese Tribunal, el recurso de queja por la parte quejosa, contra del auto de veinticinco de enero del año en curso, integrándose el Toca número 41/2019 de su índice. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el escrito de la quejosa Virginia Patricia Tejero Chuc, en el que interpone el recurso de queja en contra del auto de veinticinco de enero del año en curso, dictado en estos autos; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, se desechó la demanda de garantías en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, aplicado en contrario sentido de la citada ley de la materia. En tal virtud, remítase la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de la naturaleza del acto que reclama, así como el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa su agravio, y la copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, asi como anexo derivado del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos, lo anterior a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso.

  4. Principal

    MESA V. Téngase por recibido y agréguese el oficio número 471 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, mediante el cual remite el toca 24/2019 de su índice y la copia certificada deducida del procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgada mediante prenda sin transmisión de posesión 36/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad; asimismo, comunica que mediante resolución dictada el veintitrés de enero del año en curso, se decretó la incompetencia por parte de dicho Tribunal para conocer el juicio de referencia. Ahora, toda vez que dicho cuerpo colegiado, mediante resolución de veintitrés de enero del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; en tal virtud, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se admite la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Por otro lado, atendiendo a que dicha Superioridad remitió la copia certificada deducida del procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgada mediante prenda sin transmisión de posesión 36/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad; por tanto, fórmese un anexo; lo anterior, a fin de preservar sus constancias en el estado que se encuentran, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Asimismo, vista la demanda de garantías promovida por VIRGINIA PATRICIA TEJERO CHUC, contra actos que reclaman del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, se provee: En ese tenor, se procede a proveer en relación con la demanda de mérito; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en autos del procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgada mediante prenda sin transmisión de posesión 36/2018, en la que declaró infundada la excepción de falta de personalidad planteada por la parte demandada, aquí parte quejosa. En el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que respecto de los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, ya que dicha resolución en la que la autoridad señalada como responsable declaró infundada la excepción de falta de personalidad planteada por la parte demandada, aquí parte quejosa en autos del procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgada mediante prenda sin transmisión de posesión 36/2018, no le produce una lesión jurídica de naturaleza sustantiva, ya que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo el hecho de que no se haya tomado en consideración la probanza que intentó, y en caso que suceda, tendría a su alcance los medios de impugnación que la ley de la materia contiene, e incluso, el juicio de amparo directo, donde podría hacer valer dichas violaciones. Ahora bien, la promovente se duele de la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en autos del procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgada mediante prenda sin transmisión de posesión 36/2018, en la que declaró infundada la excepción de falta de personalidad planteada por la parte demandada, aquí parte quejosa. Empero, aún cuando dicha resolución en la cual se decretó infundado la excepción de falta de personalidad, no priva a la parte quejosa del derecho de defensa que en cada procedimiento jurisdiccional tiene consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que, se hace hincapié, dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos, con efectos meramente intraprocesales. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación en la medida en que no impacta en algún derecho sustantivo de la quejosa, así como tampoco se traduce en una violación procesal que implique una afectación de grado predominante o superior, y en cambio, se trata de una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo que se llegue a presentar en contra de la resolución que se dicte en la contienda de origen. Sirve de apoyo la tesis que en su rubro y contenido dice: Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 12:05 h Materia(s): (Común) Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". Así como la diversa tesis que en su rubro y contenido dice: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto y como sus autorizados para tal fin, a Marisol De Fátima Quiñones Novelo, Martín Isaías Caballero Chablé e Ian Adán Espinosa Durán, la primera en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, y los restantes, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del citado artículo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud de la parte quejosa en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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