Virginia Meza Araburo

Expediente 110/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
110/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
21/02/2017

Partes del expediente

  • Virginia Meza Araburo

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, ocho de febrero de dos mil diecisiete. I. Se recibe papeleta. Se tiene por recibido el oficio OCC/C12/JDM/030/2017, firmado por la Jefa de la oficina de Correspondencia Común B de Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual en relación al oficio 4492/2017, de uno de febrero de dos mil diecisiete, remite boleta de turno con número de registro 2411/2016, donde consta el cambio de órgano respectivo. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, uno de febrero de dos mil diecisiete. I. Se recibe oficio. Visto el oficio del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en términos del artículo 49 de la Ley de Amparo, remite los autos del juicio de amparo 833/2016, de su índice, así como los incidentes de suspensión, un cuaderno auxiliar y una memoria USB, al determinar que tanto en ese juicio de amparo como en el diverso 708/2016 del índice de este juzgado de Distrito, fueron promovidos por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables y contra los mismos actos reclamados, con la precisión de que el juicio 708/2016, fue la primera demanda recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, en esta ciudad; al respecto, agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, por lo que al surtirse los supuestos establecidos en el artículo 49 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito, acepta la competencia para conocer de dicha demanda de amparo y se avoca a su conocimiento. Acúsese recibo. Creación del expediente. Por tanto, vista la demanda de amparo promovida por Virginia Meza Aramburo, por propio derecho, contra actos de autoridad, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado, con el número 110/2017. III. Decisión sobre la instancia constitucional. En el presente caso, se considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 49, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, con base en las siguientes reflexiones. Los artículos, fracción y párrafo de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio". Del numeral transcrito en primer término, se infiere que el juicio de amparo resulta improcedente cuando resulte de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo; Asimismo, del artículo citado en segundo término, se desprende que cuando se determine que se trata del mismo asunto, esto es, que fueron promovidos por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, el Juez que resulte competente continuará el juicio promovido ante él y deberá sobreseer el otro juicio, de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio promovido, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. En ese contexto, para la actualización de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Amparo, resulta necesario, pues, que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido diverso juicio de derechos fundamentales, sobre idénticas pretensiones, el mismo acto reclamado, por lo cual debe existir identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e igualdad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Pues bien, de la lectura de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa 110/2017, que a su vez se formó con motivo del oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por el que remitió los autos del juicio de amparo 833/2016 de su índice, promovido por Virginia Meza Aramburo, ello en cumplimiento al acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido en el juicio de amparo 708/2016, del índice de este Juzgado, por el que en términos del artículo 49 de la Ley de Amparo, dicho órgano jurisdiccional determinó que a este juzgado de Distrito le corresponde conocer de la demanda de amparo 833/2016. Así, tenemos que el presente juicio es promovido por Virginia Meza Aramburo, contra actos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Director de Obras Públicas, Héctor García, Jefe del Departamento de Bienestar Social, y Secretaría de Comunicaciones y Transporte, todas con sede en esta ciudad, donde reclamó la invasión y despojo de las edificaciones construidas en el inmueble denominado "Buenos Aires", ubicado entre los ejidos El Venadillo y El Conchi, en esta ciudad. De igual forma, de las constancias del diverso juicio de amparo 708/2016 del índice de este Juzgado; se advierte que fue promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 del Pacto Federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos sesenta y tres, del tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de dos mil seis, cuyo rubro y texto son: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Así como la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicado en el Semanario Oficial de la Federación y su Gaceta, tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, página doscientos noventa y cinco, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.". Sin que sea el caso de adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado, pues se tienen a la vista, al momento de dictarse la presente determinación. En apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro número 172215, cuyo rubro y texto, son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Sólo en el caso de que la presente resolución sea recurrida, adjúntense sendas copias como antecedente del hecho notorio invocado. En efecto, como se anticipó, en el presente asunto se actualizan las exigencias contempladas en el artículo 49 de la Ley de Amparo, pues como se observa ambos juicios de amparo fueron promovidos por la misma quejosa, se señalaron las mismas autoridades responsables y los mismos actos reclamados, esto es, la perturbación y/o desposesión del inmueble del cual detenta la titularidad. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 49 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el juicio de amparo en que se actúa; al actualizarse de manera manifiesta e indudable, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 49, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 visible a página 3466 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Fernando Rojas López; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Carlos Giovanni Calderón Alarcón y Alejandro Díaz Jiménez, en términos del segundo párrafo del citado precepto legal, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. VII. Remítase copia certificada. Finalmente, se ordena remitir copia autorizada del presente proveído a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a fin de que realice la compensación correspondiente. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

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