Virginia Mesina Cerna
Expediente 955/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Virginia Mesina Cerna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista la sentencia dictada l tres de octubre de este año, a la parte quejosa, en virtud de no haber comparecio a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal que a la letra dice: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 955/2022-I; y R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el trece de diciembre de dos mil veintidós1, en el Buzón Judicial de la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Virginia Mesina Cerna por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo, en los siguientes términos: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Se señalan como responsables las siguientes: a).- C. Juez Cuarto de lo Civil, de Primera Instancia, de esta Ciudad, como Ordenadora, dentro del expediente número 765/2021, con domicilio en Vía Rápida Poniente s/n entre Avenida 16 de septiembre, Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, B.C. b).- C. Actuario adscrito, al Juzgado Cuarto de lo Civil, como Ejecutora, dentro del expediente número 765/2021 con domicilio en Vía Rápida Poniente s/n entre Avenida 16 de septiembre, Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, B.C. c) C. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Tijuana, B.C., como Ejecutora y con domicilio conocido en esta Ciudad. IV). ACTOS RECLAMADOS.- A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA, le Reclamo del Ciudadano Juez Cuarto de lo Civil, de la Ciudad de Tijuana, Baja California, la falta de llamamiento a juicio a la suscrita con todas las formalidades de Ley, de tal suerte que pueda la suscrita, hacer valer mis derechos dentro de dicho juicio, asimismo reclamo a nombre de la suscrita todas y cada una de las actuaciones y consecuencias originadas por y dentro de los autos del expediente número 765/2021, del indicado Juzgado Cuarto de lo Civil, de esta ciudad de Tijuana, Baja California." Segundo. Trámite del juicio. Por razón de turno administrativo, el conocimiento del asunto correspondió a este órgano jurisdiccional, por lo que en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós2, se radicó la demanda bajo el juicio de amparo 955/2022-I, y se previno a la promovente para que en el plazo de cinco días hábiles, por escrito y con copias necesarias para correr traslado a las partes, precisara el acto concreto que reclamaba a las autoridades responsables Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, ambos con sede en esta ciudad, proporcionara nombre y domicilio del tercero interesado y exhibiera dos copias más de su demanda. En auto de dos de enero de dos mil veintitrés3 se agregó el escrito con número de registro 185904, mediante el cual la quejosa desahogó la prevención efectuada el quince de diciembre de dos mil veintidós; no obstante, se le requirió para que ratificara la firma que calzaba el escrito referido. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés5se tuvo por ratificado el escrito presentado por la quejosa el treinta de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, 2 Fojas 28 a 31. 3 Foja 36. 4 Fojas 34 y 35. 5 Fojas 41 a 44. NANCY GUADALUPE HUERTA GARATE 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.48.42 15/05/26 18:00:00 Juicio de amparo 955/2022-I C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. En virtud de que el acto reclamado, tiene ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37 de la ley de la materia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda, escrito aclaratorio y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. La falta de llamamiento al juicio especial hipotecario 765/2021, de su índice, y en consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del aludido controvertido judicial. NANCY GUADALUPE HUERTA GARATE 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.48.42 15/05/26 18:00:00 4 Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. La ejecución material de los actos llevados a cabo en el juicio génesis, en específico el oficio girado al Registro Público de esta ciudad. Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California. La inscripción ante el Registro Público de esta ciudad, con folio real número 1392729, partida número 5558849 Sección Civil de veintitrés de octubre de dos mil siete, del bien inmueble ubicado en unidad 24, condominio Almendros, construido sobre el Lote 14-A de la Manzana 795, unidad 24, en el Boulevard Casaurinas, con domicilio fiscal número 22891, interior 24, del Fraccionamiento Riberas del Bosque, Delegación de la Presa, Tijuana, Baja California. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables rindieron su informe justificado solicitado, tal como se precisa a continuación: No. Autoridades responsables Sentido del informe Foja (s) 1 Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Cierto 80 y 81 2 Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Cierto 179 3 Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California. No cierto 53 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables Juez y Actuario, ambos del Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California admitieron la existencia de los actos reclamados, por ende se tienen plenamente probados los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2786, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que en apoyo a su informe justificado remitió el juez responsable, que obran dentro del presente juicio, de las que se advierte la existencia del juicio especial hipotecario 765/2021. Documentales que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionario público en el ejercicio de sus facultades. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2267, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, se tiene que la autoridad responsable Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, al rendir su informe justificado negó los actos de ejecución que le fueron reclamados; sin 6 Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. 7 Visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época. embargo, tal negativa queda desvirtuada, dado que se tuvo por cierto el acto reclamado a la autoridad ordenadora; por lo que, de ser el caso, deberá acatar los actos que ésta le ordene ejecutar. Aunado a que, de las pruebas documentales que en apoyo a su informe justificado remitió la referida autoridad responsable, que obran dentro del presente juicio, de las que se advierte que por oficio 1152/2022, el juez responsable le ordenó la inscripción preventiva de la demanda promovida por Virginia Mesina Cerna en contra de Karina García Berumen, al margen de la partida 5558849, sección civil, en cumplimiento al cual emanó la diversa partida 6275910, con relación al bien inmueble que defiende. Documentales que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionario público en el ejercicio de sus facultades. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2268, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. 8 Visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época. NANCY GUADALUPE HUERTA GARATE 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.48.42 15/05/26 18:00:00 Juicio de amparo 955/2022-I Examinada la certeza de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 629 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. Falta de interés jurídico. Del análisis de las constancias de estudio, este órgano de control constitucional de oficio, estima que el presente juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo del ordenamiento legal en cita, pues no está acreditado que los actos reclamados afecten el interés jurídico de la parte quejosa, en tanto que no demostró con documento idóneo que al momento en que se tramitó y resolvió el juicio de origen, contaba con algún derecho de propiedad o posesión sobre el bien inmueble que defiende y por ende que debió llamársele a la controversia. Para dilucidar lo anterior, conviene precisar el contenido del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo y el 5, fracción I, cuarto párrafo, de dicho ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: 9 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". En primer término, con relación a la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional no procederá contra los actos de autoridad que de ninguna manera vulneren el interés jurídico del gobernado, de lo que se deduce que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico; sin embargo, la figura del interés legítimo se encuentra excluida tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues desde la reforma constitucional en materia de amparo se consideró que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Por tanto, se advierte que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Ahora bien, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. En relación a este último punto, el artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran, sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, el interés jurídico debe ser plenamente demostrado en el transcurso del juicio de amparo, con el fin de que la autoridad esté en aptitud de entrar al estudio de lo planteado por la parte quejosa, pues de lo contrario y en atención a la misma causa de improcedencia que establece la fracción XII en comento, el juicio resultaría improcedente. Así, el interés jurídico podrá ser demostrado en el desarrollo del proceso, a través de los medios de convicción idóneos que lo acrediten de forma tal que no exista duda de que la persona que comparece sea la titular del derecho que se dice afectado, criterio que ha sido ampliamente reiterado por los tribunales federales de nuestro país. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94 (con número de registro electrónico 206338), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 82, Octubre de 1994, página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Lo anterior se considera así, atento a que en casos como el que nos ocupa, en el que una persona defiende el derecho de audiencia y por ende pretende su llamamiento al juicio, conlleva la finalidad de defender los derechos que alega tiene sobre alguna cuestión que es materia de conflicto en el juicio natural. Es decir, por regla general una persona ajena a la relación procesal natural carece del interés jurídico para solicitar ser llamado a juicio, a menos que ostente un derecho subjetivo o interés jurídico. Caso concreto. En este asunto la quejosa Virginia Mesina Cerna, por derecho propio acude a esta instancia constitucional ostentándose como persona tercera extraña típica o estricto sentido, al juicio especial hipotecario 765/2021 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el cual, entre otras aspectos, se condenó a la demandada Karina García Berumen a pagar: la cantidad de 326.1281 VSMM (trescientos veintiséis punto mil doscientos ochenta y un veces salario mínimo vigente), equivalente a $1,221,639.36 pesos (un millón doscientos veintiún mil seiscientos treinta y nueve pesos 36/100 moneda nacional), por concepto de capital insoluto; la suma de 5.2724 VSMM (cinco punto dos mil setecientos veinticuatro veces salario mínimo mensual), que asciende a la cantidad de $19,749.83 (diecinueve mil setecientos curenta y nueve pesos 83/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios; los intereses moratorios causados y que se siguieran causando hasta la fecha en se hiciera el pago total de las prestaciones reclamadas; los gastos y costas que se originaran con motivo de dicho juicio; y, en caso de que no efectuara dichos pagos, se procedería a hacer el trance y remate del bien inmueble hipotecado, ubicado en Boulevard Casuarinas número 22891, interior 13 de la Unidad Condómino Ribera del Bosque de esta ciudad. Proceso judicial que la peticionaria del amparo afirma se tramitó sin haber sido oída ni vencida en juicio a pesar de que cuenta con un derecho de propiedad sobre el mismo. Al respecto este órgano jurisdiccional, debe analizar si efectivamente les asiste tal carácter para estimar la actualización de la transgresión a su derecho fundamental de audiencia previa. Por lo que dicho estudio estará orientado a verificar si en el caso se cumplen los requisitos que actualizan la hipótesis en que aduce se encuentra la parte quejosa, los cuales a saber son: a) Que no haya figurado como parte en sentido material dentro del juicio o procedimiento de origen; b) Que no obstante de no haber sido parte, sufra afectaciones en su esfera de derechos durante la secuela procesal o en su ejecución; c) Que desconozca el expediente o las actuaciones practicadas en el mismo; d) Que no contó con la posibilidad de ser oída para oponer defensas. Elementos esenciales que se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J.7/98 (con número de registro electrónico 196932), publicada en la página 56 del Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; cuyo contenido integral es el siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Primer requisito. Esta exigencia se considera colmada, ya que efectivamente la parte quejosa es tercera extraña típica al procedimiento de origen del cual derivan los actos reclamados, según se desprende de las constancias remitidas por la juez responsable en apoyo a su informe justificado (las cuales fueron valoradas con anterioridad) de las que se observa que Virginia Mesina Cerna, no tiene el carácter de parte en el juicio especial hipotecario 765/2021, pues la relación procesal se encuentra constituida por Mabucapa I, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en su carácter de actor, mismo que posteriormente fue sustituido procesalmente por Ma. de los Ángeles Cárdenas Rincón, con motivo de la cesión de derechos celebrada; y por Karina García Berumen, en su calidad de parte demandada. Para dar mayor claridad a ello, resulta necesario citar los antecedentes más relevantes que se advierten de las constancias con las que se cuenta para resolver, en específico de la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario 765/2021, de índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, los cuales son los siguientes: 1. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad, admitió la demanda promovida por el aquí tercero interesado MABUCAPA I, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable en la que demandó en la vía especial hipotecaria a Karina García Berumen, por diversas prestaciones, con motivo del contrato de compraventa mercantil de créditos a través de la cesión onerosa de derechos de crédito, de cobro, litigiosos, entre otros, y la hipoteca constituida sobre el inmueble ubicado en Boulevard Casuarinas número 22891, interior 24 de la Unidad Condómino Ribera del Bosque de esta ciudad y ordenó emplazar a la parte demandada Karina García Berumen. 2. Luego el treinta de septiembre del mismo año10, la Juez de origen, declaró la rebeldía de la demandada, dado que no dio contestación a la demanda, no opuso excepciones ni ofreció pruebas. 3. Seguidos los trámites legales correspondientes, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno11, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se condenó a Karina García Berumen al pago de las prestaciones reclamadas. 4. Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós12, la sentencia emitida causó ejecutoria, al no haber sido recurrida por las partes. 10 Página 84. 11 Ídem 85 a 92. 12 Foja 93. 5. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil veintidós13, la Juez responsable formó el incidente de reposición de autos relacionado con el expediente 765/2021 y tuvo como nueva parte actora a Ma. de los Ángeles Cárdenas Rincón, con motivo de la cesión de derechos celebrada respecto del juicio natural. De la relatoría de antecedentes, se concluye que Virginia Mesina Cerna, tiene la calidad de persona tercera extraña típica a la controversia de origen, puesto que no se encuentra incorporada a la misma como parte material (actor-demandado); y a través de esta instancia constitucional pretende que no se le prive de su derecho de propiedad y posesión que aduce tener respecto del inmueble ubicado en Boulevard Casaurinas número 22891, interior 24 de la Unidad Condómino Riberas del Bosque de esta ciudad. Segundo requisito. En cuanto a la segunda de las exigencias precisadas, esta autoridad estima que no se encuentra colmada, ya que la parte quejosa en su calidad de persona tercera extraña típica en la controversia de origen, debió acreditar durante la tramitación de este juicio constitucional que con la substanciación del procedimiento natural se le causó una afectación a su interés jurídico que a su vez hiciera necesario su llamamiento dentro del mismo para la defensa de sus derechos o en su caso, que no se les afectara su derecho de propiedad y posesión por no tener relación alguna con lo controvertido en el juicio de origen; sin embargo, ello no fue probado de manera fehaciente por la peticionaria del amparo. 13 Foja 118. Ello es así, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como persona tercera extraña al procedimiento natural basando su interés jurídico en el hecho de que cuenta con un derecho de posesión y propiedad sobre el inmueble ubicado en Boulevard Casaurinas número 22891, interior 24 de la Unidad Condómino Ribera del Bosque de esta ciudad, con motivo de la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Juez Sexto de lo Familiar, de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 45/2022, en la se declaró consumada la prescripción positiva a su favor y adquirió la propiedad dicho inmueble. Sin embargo, para encontrarse en aptitud de acudir a la defensa del inmueble sobre el que tiene un derecho de propiedad y posesión resultaba necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de la quejosa a poseer que fuera de fecha cierta anterior al inicio del juicio de origen, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer y detentar el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión o propiedad anterior al inicio del proceso judicial del que aduce no fue emplazada; empero, tal carga procesal no fue colmada por el peticionario del amparo. En efecto, para acreditar su interés jurídico la parte quejosa ofreció únicamente como prueba en esta instancia constitucional, copia certificada de la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Juez Sexto de lo Familiar, de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil de prescripción positiva con número de expediente 45/2022 y el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en cual causó ejecutoria dicha determinación. Documento que adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 12914, 19715 y 20216 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de una actuación emitida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones17. Sin embargo, las referidas documentales resultan ineficaces a fin de acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo; lo anterior es de tal manera, ya que si bien de tales probanzas se desprende que la parte quejosa adquirió la propiedad del bien inmueble inmueble ubicado en Boulevard Casaurinas número 22891, interior 24 de la Unidad Condómino Riberas del Bosque de esta ciudad, con motivo de la sentencia en la que se determinó que operó a su favor la prescripción positiva del citado bien raíz, la que causó ejecutoria el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, lo verdadero es que la calidad con la que se ostenta la obtuvo con posterioridad a la admisión de la demanda (veintiuno de junio de dos mil veintiuno), dictado de sentencia (veintinueve de octubre de dos mil veintiuno) y auto en que causó ejecutoria (veinticuatro de enero de 14 "Artículo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. 15 "Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo". 16 "Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado". 17 Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO dos mil veintidós), respecto del juicio especial hipotecario 765/2021 de donde emanan los actos reclamados. En ese contexto, si el juicio especial hipotecario 765/2021, del índice del ahora Juzgado Cuarto Civil, en esta ciudad, fue promovido con anterioridad a la fecha en que se le reconoció a la quejosa el carácter de propietaria del bien inmueble ubicado en Boulevard Casaurinas número 22891, interior 24 de la Unidad Condómino Riberas del Bosque de esta ciudad, es inconcuso que ante tal circunstancia, las citadas documentales no resulten aptas para justificar el interés jurídico de la quejosa en el juicio de amparo, pues resulta evidente que al momento en que se instauró el juicio de origen Virginia Mesina Cerna no contaba con derecho alguno sobre el bien raíz que defiende. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 46/9918, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en 18 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página setenta y ocho, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, con registro electrónico 192662. este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." (El subrayado es propio) Aunado a lo anterior, de los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa manifestó que celebró un contrato verbal de compra venta con Karina García Berumen, respecto del bien inmueble materia de la litis, el cinco de enero de dos mil nueve; lo cual evidencia, que tal como se precisó con antelación, la promovente no cuenta con un documento de fecha cierta anterior a la presentación de demanda, dictado de sentencia y auto en que causó ejecutoria el juicio 765/2021, al cual pretende ser llamada, de ahí que se estime que no cuenta con interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. En ese sentido, dado que es obligación de la parte quejosa demostrar que contaba con un derecho preconstituido, respecto del inmueble que dice tiene en propiedad, ya que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclame, resulta indiscutible que no acreditó fehacientemente el interés jurídico para reclamar las violaciones que señala en su escrito de demanda, por lo que se surte la causal de improcedencia examinada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/200219, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe 19 Registro digital: 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15. demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En razón de lo expuesto, no se satisface el segundo requisito de la hipótesis para considerar persona tercera extraña a juicio típica a la peticionaria del amparo; en consecuencia, los elementos restantes de ese supuesto consistentes en el desconocimiento del expediente y la falta de ser oída y vencida en juicio no pueden verificarse ante la falta de interés jurídico. Aunado a lo anterior, de cualquier modo su título de propiedad (sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, emitida en el juicio 45/2022, del Juzgado Sexto Familia, en esta ciudad), no le conferiría un derecho a ser oída en el juicio natural (especial hipotecario 765/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil), dado que adquirió la propiedad del bien raíz de Karina García Berumen, parte demandada en el controvertido de origen, lo que le confiere el carácter de causahabiente y en esa medida, basta con haber sido oída su causahabiente para que se estime respetado su derecho de audiencia. Decisión. Atento a lo anterior, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, de la legislación en cita, y en consecuencia lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales. En atención a la actualización de las causales de improcedencia aludidas, no es viable el estudio del fondo de los conceptos de violación formulados por los quejosos. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 50920, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Precisión. Finalmente, no es contrario a la presente determinación el hecho de que no se hubiese reconocido el carácter de tercero interesado, y por ende, emplazado a esta instancia constitucional, a Ma. de los Ángeles Cárdenas Rincón quien fue parte actora en el referido juicio especial hipotecario, toda vez que resulta claro que la presente determinación no le irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis P. V/98 (con número de registro electrónico 196912) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 45 del Tomo VII, Febrero de 1998, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída 20 Página 335, Tomo VI, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 394465. alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Virginia Mesina Cerna, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con Nancy Guadalupe Huerta Garate, Secretaria de Juzgado, que firma y da fe hasta el día de hoy tres de octubre de dos mil veintitrés, por así permitirlo las labores de este juzgado. Doy fe.
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ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
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Tijuana, Baja California, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; asimismo, que se encuentra transcurriendo la vista de ocho días otorgada a las partes con el informe justificado que rindió la autoridad responsable, mismo que se tuvo por recibido el siete de febrero de dos mil veintitrés. Por lo antes expuesto, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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Tijuana, Baja California, siete de febrero de dos mil veintitrés. Se rinden informes justificados. Se ordena glosar a los autos para que surtan sus efectos legales los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Cuarto de lo Civil y Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil, ambas con domicilio en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Pruebas. En cuanto a las pruebas documentales que las responsables adjuntaron a su informe con justificación, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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