Virginia Landeros Ocampo
Expediente 699/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 73 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 73
- Última actuación
- 03/04/2023
Partes del expediente
- Virginia Landeros Ocampo
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 73.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciséis, mediante el cual acusa recibo de los oficios en el que se ordenó el archivo del presente asunto por encontrarse concluido; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta a la petición que hace la autoridad mencionada, en torno a que se le devuelvan los autos originales del expediente, constante de nueve tomos; dígasele que existe imposibilidad material para remitirle los autos del procedimiento que invoca, toda vez que los mismos no forman parte de este juicio como cuadernos de prueba. Al respecto, se le hace del conocimiento que dichos autos fueron allegados como pruebas en el juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, el cual a la fecha se encuentra pendiente de dictarse la sentencia correspondiente, tal y como se advierte de la captura de datos que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo, en virtud de que el SISE constituye un método que genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintitrés; consecuentemente, con fundamento en los artículos 2º de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Sin que sea necesario computar el término de la autoridad responsable toda vez que la misma no tiene facultades para interponer el aludido recurso. La circunstancia anterior, hágase del conocimiento de las partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se considera susceptible de destrucción. De conformidad con el diverso precepto legal 15 del Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante. Luego, se previene a la parte quejosa, para la devolución de los documentos exhibidos en este asunto, apercibido que de no cumplir con lo anterior, dicha documentación podrá ser destruida.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa, por estar concluido. Por otra parte, tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito, y, dado que se negó la suspensión definitiva, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo; por su parte, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el término de seis meses, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo ***, promovido por **, por su propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1******************** con sede en Guadalajara, Jalisco; Brigada de Ejecuciones del Tribunal Agrario Distrito ** con sede en Guadalajara, Jalisco; y, Actuario adscrito al Tribunal Agrario Distrito 1******************** con sede en Guadalajara, Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1º, 14, 1******************** y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. , por su propio derecho, el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito con sede en Guadalajara, Jalisco; Brigada de Ejecuciones del Tribunal Agrario Distrito 1******************** con sede en Guadalajara, Jalisco; y, Actuario adscrito al Tribunal Agrario Distrito 1******************** con sede en Guadalajara, Jalisco, que se precisarán en el considerando correspondiente. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo entonces Titular, previa aclaración, dictó proveído el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en que ordenó admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente ********************99/2021; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; emplazar a los terceros interesados; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Tribunal Unitario Agrario Distrito con sede en Guadalajara, Jalisco, en su carácter de autoridad ordenadora: La orden de ejecución de la sentencia dictada en el expediente agrario **, consistente en el desalojo forzoso del predio denominado , en que se autoriza al personal actuante a romper chapas y candados, para el cumplimiento de la sentencia emitida en el aludido expediente, al cual la quejosa no fue llamada, por lo que tiene temor fundado de ser desalojado de los inmuebles identificados como: Del Perito Ejecutor encargado de la Brigada de Ejecuciones del Tribunal Unitario Agrario Distrito La ejecución de los actos ordenados por la autoridad responsable ordenadora, descritos en el párrafo que antecede. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI; Perito Ejecutor del Tribunal Unitario Agrario de Distrito XVI; Actuario Adscrito del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI, al rendir informe con justificación, reconocieron la existencia del acto que se les atribuye. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es de orden público y su estudio es prioritario al fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo ********************2 de la Ley de Amparo. De oficio, se considera que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo ********************1, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la quejosa no acredita contar con interés legítimo, ni jurídico, para promover este juicio. El precepto legal en que descansa la causa de improcedencia que se invoca establece: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, 2******************** y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; De la recta interpretación de los numerales reproducidos, se sigue que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente al gobernado que resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad combatido, de tal manera que la noción de perjuicio para la procedencia del amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es afectado por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación de garantías en su perjuicio. De ahí que el gobernado, ineludiblemente, debe tener una legitimación procesal activa, entendiéndose ésta, como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la pretensión de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. Legitimación que se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, lo cual es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo. En esa medida, resulta de especial relevancia distinguir la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o bien, a la representación de quien comparece a nombre de otro; razón por la cual, la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal, que puede examinarse en cualquier momento del juicio, porque si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, en razón de que ésta consiste en la identidad del quejoso con la persona a cuyo favor está la ley. De tal suerte, que el impetrante estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como puede apreciarse de lo anterior, el juicio de amparo, es improcedente cuando el gobernado que insta la protección de la Justicia Federal no acredita, a través de los medios de prueba previstos en las leyes, que los actos que reclama, afecten la esfera de su interés jurídico, esto es, el derecho subjetivo tutelado por una norma objetiva. De no aceptarse tal connotación, existiría la posibilidad latente de conceder el amparo por un acto o resolución de autoridad que no irrogue perjuicio al catálogo de derechos fundamentales del impetrante de garantías, lo cual desde luego quebrantaría los principios de instancia de parte agraviada y el del agravio personal y directo, inmersos en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 4 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, tenemos que el termino "interés jurídico" se enlaza con el de "perjuicio", y el concepto "perjuicio", para los efectos del amparo, debe tomarse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Por su parte, de la interpretación del artículo 5º de la Ley de Amparo, se arriba a la conclusión que el interés jurídico, es un presupuesto de procedencia de la acción constitucional, y se conceptúa como la titularidad que ejerce el promovente del amparo sobre el bien o derecho subjetivo, público o privado, que resulte lesionado por el acto de autoridad que se reclame, teniendo el promovente la obligación de demostrar fehacientemente, que sus derechos subjetivos quedan mermados con motivo del acto autoritario o de los supuestos normativos regulados por una ley o reglamento. Asimismo, cabe destacar que tratándose del juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental, lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que se ve afectado, por un acto de autoridad. De ahí que sólo el titular del derecho legítimamente protegible puede acudir ante un órgano de amparo, en demanda para que cese esa transgresión. En el caso, la parte quejosa comparece al presente sumario ostentándose como tercera extraña en estricto sentido al juicio agrario *****, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito *** con sede en Guadalajara, Jalisco, arguyendo que, en dicho sumario se emitió una determinación que afecta la propiedad del inmueble de su propiedad y posesión, consistente en los inmuebles identificados como: ********************, ostentándose en este juicio como su propietario con base en dos contratos privados de compraventa, que obran con una constancia de ratificación ante notario de quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve; y, veinticuatro de octubre de dos mil dos. Ahora bien, es necesario hacer una breve relación de los antecedentes que informan este juicio de amparo, lo cual se recaba de las actuaciones del presente juicio de amparo, así como del diverso del índice de este órgano jurisdiccional, por ser un hecho notorio su existencia. Que el, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trece, resolvió el juicio agrario de su índice; promovido por en contra del poblado municipio de y, se condenó a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria: "a entablar negociaciones para adquirir tal superficie, mediante una compra con los actores; para incorporarla al patrimonio social de ejido en comento, con lo cual, se regularizaría la posesión del poblado por la citada secretaria, o en caso de comprobarse de manera fehaciente que después de múltiples gestiones de los funcionarios encargados de tal secretaría, no sea posible tal compra de las ********************, localizadas por el perito propuesto por la actora, a favor del ejido en mención, tal dependencia pondrá a disposición en propiedad y posesión al núcleo agrario otra superficie de semejante calidad y extensión, a partir de lo cual comenzaran a transcurrir un plazo de sesenta días para la desocupación y entrega de las tierras ocupadas por los integrantes del ejido en comento, salvo en las áreas donde tengan plantaciones, la entrega se hará en cuanto terminen los ciclos agrícolas de las cosechas plantadas antes de este día, en el cual se dicta la presente sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 302 y 309, de la Ley Federal de Reforma Agraria. Por ello, en caso de falta de compra negociada con los actores por la Secretaría de la Reforma Agraria, además de la entrega de tierras en similares condiciones al ejido en comento, una vez transcurridos los plazos antes mencionados, la brigada de ejecución adscrita a este Unitario, procederá a la entrega forzosa a favor de los propietarios de la superficie controvertida, de ********************hectáreas, del predio denominado ********************, y en su caso, con el auxilio de la fuerza pública; lo anterior, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria, en correlación de lo dispuesto en los artículos 59 reformado, 420 y 421 del supletorio Código Federales de Procedimientos Civiles." b) El ********************, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, asumió competencia en el asunto, y lo radicó bajo su progresivo ********************, declarando en esa misma fecha ejecutoriada la sentencia; y dictó providencia para su cumplimiento. c) En audiencia de ejecución, de ********************, se tuvo, entre otros, a la parte actora solicitando, se requiriera al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la remisión de avalúos relacionados con la superficie materia de la contienda. d) El auto de veintisiete de octubre de dos mil quince, se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria, entablar negociaciones con los actores José Luis Merchant Ovando y ********************para adquirir mediante compra la superficie en conflicto, a efecto de incorporarla al ejido de ********************instruyéndole coordinarse con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para actualizar el valor comercial del predio controvertido. e) El ********************, el Tribunal Unitario Agrario, atendiendo informes previos de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria, requirió se le informaran los avances de los estudios técnicos para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, actualizara el valor comercial de los predios controvertidos. f) Después de requerimientos posteriores e imposición de multas; el ********************, los actores José Luis Merchant Ovando y ******************** solicitaron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, la actualización a valor comercial real de los avalúos, formulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, relacionados con los predios controvertidos. g) El ********************, en relación con la petición de los actores el tribunal, negó lo solicitado, indicando sintéticamente que la inconformidad de las partes con los avalúos mostrados, no obligaba al tribunal a ordenar su actualización puesto que ello no formaba parte del cumplimiento del fallo agrario, dejando expeditos los derechos de los promoventes para recurrir el dictamen valuatorio, ante las instancias correspondientes. h) En tanto que al rendir su informe justificado rendido por las responsables en el presente juicio de amparo, manifestaron que en el juicio agrario ********************, se dictó auto en el que se ordenó la ejecución del que derivan los actos reclamados. Antecedentes que, como se adelantó, algunos se obtienen de los cuadernos de pruebas del juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado Federal, mismos que se citan como un hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, como se anticipó, se llega a la conclusión que la parte quejosa no figuró como parte en el juicio de origen, toda vez que el mismo fue promovido por ********************y ********************en contra del poblado ********************municipio de "el Arenal" Jalisco; ********************y, ******************** No obstante, si bien se encuentra demostrado que la impetrante es tercera extraña en estricto sentido al juicio natural, del análisis de las constancias antes destacadas, también se evidencia que la falta de intervención en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1******************** con sede en Guadalajara, Jalisco, no afecta su interés jurídico, pues para que ello ocurra es indispensable que se encuentre demostrado de manera fehaciente su interés derivado del derecho de propiedad y posesión que dice tener sobre el inmueble materia de la controversia. En ese orden, para demostrar su interés jurídico, la quejosa ofreció como medios de convicción los siguientes: * Dos contratos privados de compraventa, en que obran con una constancia de ratificación ante notario de quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve; y, veinticuatro de octubre de dos mil dos, mismas que son ineficaces para el propósito señalado. Ahora bien, a fin de valorar adecuadamente la prueba documental referida, debe citarse lo dispuesto por los artículos 202, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, numerales que determinan el valor probatorio de los documentos públicos y privados en una controversia judicial de esta índole, los cuales establecen textualmente lo siguiente: "Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en el que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan libros de registro, original y duplicado, y cuando existiendo; estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas su valor queda a la libre apreciación del tribunal." "Artículo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; mas no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. Se considera como autor del documento privado al que lo suscribe". "Artículo 205. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142, que la suscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscripción y la fecha, por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la suscripción y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores. Si la suscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquiera otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un documento público indubitado." De acuerdo con los numerales citados, el documento público hace prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; asimismo, se obtiene que, el documento privado proveniente de tercero prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él, y contra el colitigante que no lo objeta, pero si esto último ocurre, con el fin de otorgar plena eficacia probatoria a dicha documental, es necesario corroborar el contenido del documento objetado con cualquier medio de convicción que proporcione certeza jurídica al juzgador por cuanto a los hechos contenidos en el mismo. Sentado lo anterior, se tiene que con las referidas pruebas documentales se pretende acreditar la compraventa de los inmuebles identificados como: Sin embargo, dichos documentos resultan insuficientes para demostrar el derecho de propiedad que la peticionaria del amparo aduce tener sobre los bienes inmuebles descritos en tales contratos, ya que de éstos no se aprecia que hubiese adquirido fecha cierta para determinar de manera certera la fecha en la cual se constituyeron, de ahí que, para considerar que éstas son de fecha cierta, debe tomarse en cuenta el día en que se presenta ante fedatario público o funcionario autorizado, o bien, son inscritos en el registro público de la propiedad, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Esto es así, pues si un documento privado en el cual se celebra un contrato de compraventa carece de fecha cierta por no reunir los requisitos referidos en líneas anteriores, entonces, debe considerarse que no se demuestra el interés jurídico. Esto, aun en el supuesto de que no hubiese sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas con las que acreditara tener mejor título sobre la propiedad o posesión de los bienes inmuebles, ya que la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si los reclamos que se realicen sobre los bienes que ampare el documento, son derivados de actos anteriores o posteriores a la adquisición de los bienes litigiosos. Luego, las referidas pruebas documentales ofrecidas por la quejosa son insuficientes para demostrar los derechos de propiedad que aduce tener sobre los inmuebles materia de ejecución de la sentencia dictada en el expediente agrario consistente en el desalojo forzoso del predio denominado, porque, no debe soslayarse que para que surtan sus efectos, deben cumplir con las exigencias que marcaba la ley del notariado vigente en esa temporalidad; lo que no ocurrió en el caso particular. Así es, si se atiende al contenido de los artículos 82, fracción X, 83, 90 y 115 de la Ley del Notariado (vigente en la temporalidad en que se realizaron los actos jurídicos citados), los que son de la literalidad siguiente: "Artículo 82. El notario redactará los instrumentos públicos en castellano, observando las reglas siguientes: X. Deberá dar fe de conocimiento de los comparecientes, o de que los identificó por cualesquiera de los medios substitutos previstos por el artículo 90 de esta ley, y asimismo, emitirá juicio de capacidad. Artículo 83. Para que el Notario haga constar que los otorgantes tienen capacidad legal, bastará con que en ellos no observe manifestación de incapacidad natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. De los preceptos legales transcritos, en lo que aquí interesa, se establece que las certificaciones sobre autenticidad de firmas y ratificación de documentos privados, se harán constar mediante acta que se levante al calce de los mismos documentos, la que deberá contener: El día y hora de la certificación; Los nombres de los comparecientes; Sus generales cuando no obren en el documento; La personería cuando actúen a nombre de un tercero; Acta que deberá ser firmada por todos los interesados y autorizada por el notario, expresándose el número de la toma de razón. Asimismo, deberá contener las menciones a que se refieren las fracciones II, VIII y X del artículo 82 de propia Ley de Notariado del Estado de Jalisco, es decir: El lugar y fecha en que se extiende; Su nombre y apellidos; El número y adscripción de su Notaría, o la circunstancia de ser Suplente Adscrito, Asociado o Encargado, en su caso, indicando en estos últimos supuestos, la razón por la cual está en ejercicio; Cuando alguna palabra o frase resulte equivocada, se encerrará dentro de un paréntesis y se testará con una raya delgada en el centro, que permita su lectura; si una palabra se omitió y debe substituir a otra, se anotará entre renglones y se encerrará entre comillas. Deberá dar fe de conocimiento de los comparecientes, o de que los identificó por cualesquiera de los medios substitutos previstos por el artículo 90 de esta ley, y asimismo, emitirá juicio de capacidad. Y, para que el Notario haga constar que los otorgantes tienen capacidad legal, bastará con que en ellos no observe manifestación de incapacidad natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. Además, cuando el notario no conozca a algún o algunos de los otorgantes, o a su juicio no sea suficiente la identificación que por otros medios, de los mismos se haga, como documentos oficiales expedidos por autoridades federales, estatales o municipales u organismos paraestatales, descentralizados o similares, intervendrán dos testigos, conocidos o identificados por aquél que certifique la identidad de dichos otorgantes, pudiéndose en cualesquiera de estos supuestos requerir por la impresión de la huella digital de la persona identificada. Sentado lo anterior, cabe precisar que, la accionante del amparo pretende acreditar su interés jurídico, con dos contratos privados de compraventa, que obran con una constancia de ratificación ante notario de quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve; y, veinticuatro de octubre de dos mil dos, respectivamente; sin embargo, la constancia de ratificación no reúnen los requisitos que al efecto preveía la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, vigente al momento de la celebración de los actos jurídicos. A efecto de evidenciar lo anterior, es necesario precisar que, el contrato privado de compraventa celebrado el veintitrés de octubre de dos mil dos, en que obra una constancia de ratificación ante notario de quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve, carece de los requisitos que al efecto señalan los artículos 82, fracción X, 83, 90 y 115 de la Ley del Notariado (vigente en la temporalidad en que se realizaron los actos jurídicos citados), y para ello, es necesario imponerse del contenido de la aludida certificación, la cual literalmente dice: "===En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13.00 trece horas del día 15 quince del mes de Febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve, ante mi ********************, Notario Público Número ******************** ******************** de esta Municipalidad de Guadalajara Jalisco, COMPARECIERON los señores ******************** y su esposa ******************** (VENDEDORES) y la señora ******************** (COMPRADORA) y mismos Contratantes que Bajo Protesta de Decir Verdad, MANIFIESTAN.- Que Ratifican las Firmas que de sus nombres aparecen al calce del Documento que obra al Dorso y propiamente del CONTRATO DE COMPRA - VENTA celebrada entre ambos Contratantes en toso su contenido.=== Tomo Razón de este Acto en mi Libro de Certificaciones de Firmas, haciendo constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de Ley, agregando las correspondientes Identificaciones de los comparecientes, así como una copia de este Testimonio, en mi Libro de Documentos Generales.- Leí lo anterior a los comparecientes, quienes se manifestaron de conformes y para la debida constancia firman nuevamente ante mi presencia.- DOY FE. (una firmas ilegibles)." Como se aprecia, el Notario Público Número ********************, de la Municipalidad de Guadalajara, plasmó tomar razón del acto en su libro de certificaciones de firmas, pero no citó el número; no dio fe de conocimiento de los comparecientes ******************** (vendedores), así como de ******************** (compradora), ni tampoco los identificó por cualesquiera de los medios substitutos previstos por el artículo 90 de Ley del Notariado del Estado de Jalisco, menos aún emitió juicio de capacidad. Desde luego, no pasa inadvertido que hubiere hecho constar que se reunían todos y cada uno de los requisitos de ley; sin embargo, no hace mención a qué requisitos se refiere. Además, no se soslaya que hubiere asentado que agregaba las correspondientes identificaciones; sin embargo, no precisó con qué tipo de documentos identificó a cada uno de los comparecientes, acorde a lo dispuesto por el numeral 90 de la Ley del Notariado del Estado (vigente en ese momento). En concordancia con lo anterior, se concluye que la constancia de ratificación ante notario de veinticuatro de octubre de dos mil dos, es ineficaz para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, pues al igual que la analizada con anterioridad, carece de los requisitos que al efecto señalan los artículos 82, fracción X, 83, 90 y 115 de la Ley del Notariado (vigente en la temporalidad en que se realizaron los actos jurídicos citados), y para ello, es necesario imponerse del contenido de la aludida certificación, la cual literalmente dice: "En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12.00 trece (sic) horas del día 24 veinticuatro del mes de Octubre del 2002 dos mil dos, se presentaron ante el Suscrito Licenciado, Notario Público Número de la Municipalidad de Guadalajara Jalisco, la Señorita ******************** (VENDEDOR) y la señora ******************** (COMPRADORA) y mis Personas que me Ratifican sus generales que obran al Dorso, así como Ratifican en todas y cada una de sus partes el contenido del presente Contrato de COMPRA VENTA, que ha celebrado con esta fecha y que es la misma que obra al dorso, lo anterior por ser la Voluntad de dichas partes Contratantes, además por haberme cerciorado de ello y quienes se Identifican planamente a satisfacción del suscrito, levantando la correspondiente ACTA DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS bajo el Numero en el Libro Correspondiente y mismos comparecientes que Firman nuevamente ante mi presencia, y a quienes les hago del Conocimiento de la Obligación que tienen de realizar en su momento oportuno la Escritura Pública y el Pago de Transmisión de Dominio de dicha Fracción del Predio Restico materia de esta Operación Contractual, así como la de Registrarlo ante la Oficina del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Guadalajara Jalisco en la Sección Segunda, por esta ubicado en la Municipalidad de Zapopan Jalisco en la Sección Segunda, y quienes me manifestaron de enterados, lo que para la debida constancia asiento la presente en Vía de Certificación de Firmas. (Unas firmas ilegibles).". Como se desprende, el Notario Público Número de la Municipalidad de Guadalajara, no tomó razón del acto jurídico, pues solamente refirió que levantaba la correspondiente acta de certificación de firmas con el número ********************, en el libro correspondiente; empero, se insiste no mencionó la razón del acto jurídico; no dio fe de conocimiento de los comparecientes ********************(vendedora), así como de ******************** (compradora), que si bien es cierto, asentó haberse cerciorado de ello y quienes se identificaron plenamente a su satisfacción, también es cierto que no se asentó la razón de ello, es decir, no dio conocimiento de los comparecientes, ni tampoco identificó por cualesquiera de los medios substitutos previstos por el artículo 90 de Ley del Notariado del Estado de Jalisco, menos aún emitió juicio de capacidad. Luego, ante esa falta de requisito exigible por la Ley del Notariado vigente a la fecha en que celebró el acto jurídico, no se tiene evidencia de la fecha cierta del mismo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro ********************7, Junio de 2019, Tomo V, página 4420, de rubro y texto siguientes: Esto es así, pues si un documento privado en el cual se celebra un contrato de compraventa carece de fecha cierta por no reunir el requisito referido en líneas anteriores, entonces, debe considerarse que no se demuestra el interés jurídico. Esto, aun en el supuesto de que como se dijo no hubiese sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas con las que acreditara tener mejor título sobre la propiedad del bien reclamado, ya que la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si los reclamos que se realicen sobre los bienes que ampare el documento, son derivados de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigio. Luego, es evidente que las referidas pruebas documentales ofrecidas por la quejosa son insuficientes para demostrar los derechos de propiedad que aduce tener sobre los bienes materia de la orden de ejecución de la sentencia dictada en el expediente agrario ******************** y, por tanto, debía cumplir con las exigencias mencionadas, tales como que se celebrara ante fedatario público o funcionario autorizado, o bien, fuera inscrito en el registro público de la propiedad, o que hubiera muerto cualquiera de los firmantes; lo que no ocurrió en el caso particular. De suerte que, si la quejosa fue omisa en acreditar indubitablemente que ostentan un título actual de fecha cierta previa al acto de autoridad que reclama, apoyado en alguna figura jurídica que corrobore la propiedad que detenta de los inmuebles que reclama, ello trae como consecuencia que el juicio de amparo que nos ocupa resulte improcedente, puesto que como se dijo no se acreditó afectación real y directa en perjuicio de algún derecho legítimamente tutelado del que fuera titular la solicitante del juicio de amparo. Además, no pasa inadvertido que, para demostrar su interés jurídico, la quejosa ofreció como medios de convicción los siguientes: 1. Lo actuado en el juicio agrario, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1******************** con sede en Guadalajara, Jalisco. 2. Un plano topográfico para demostrar la existencia del predio materia del amparo, del cual la quejosa se ostenta propietaria. 3. La pericial topográfica de identificación, que tiene como objeto identificar si los inmuebles identificados como: *** hectáreas, que resultó inconducente para acreditar los actos reclamados. 4. La testimonial a cargo de No obstante lo anterior, los aludidos medios de prueba no son aptos para acreditar la propiedad del predio en cuestión. Ello es así, pues las constancias que integran el juicio de origen únicamente son eficaces para corroborar que la quejosa no fue parte en el mismo, en tanto que la documental referente al plano topográfico de los predios que por esta vía se defienden, carece de valor probatorio pleno para acreditar la propiedad o posesión del quejoso, por tratarse de una declaración unilateral, respecto de la ubicación medidas y colindancias de los predios de comento. Por su parte, por lo que ve a la prueba pericial en materia topográfica desahogada en autos, si bien es apta para acreditar que, los inmuebles cuya propiedad ostenta la quejosa se encuentra dentro de aquel que fue materia de ejecución en el juicio de origen; lo cierto es que de su contenido no se advierte que la propiedad del referido predio corresponda a la solicitante del amparo. Por ende, no es posible considerar que existe una violación a los derechos de audiencia y debido proceso respecto de la peticionaria del amparo en el juicio natural, porque, no acreditó con medio probatorio idóneo ser propietaria de los inmuebles identificados como: De igual manera, la determinación adoptada tampoco varía con lo manifestado al momento del desahogo de la prueba testimonial, no obstante de ser merecedora de valor probatorio de conformidad al artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que, de las propias declaraciones se evidencia que las conocen por haberlas presenciado puesto que refirieron que conocen el predio; en ese tenor, los testigos por su edad, cuentan capacidad por tener la mayoría de edad e instrucción ya que refirieron uno ser agricultor y el otro empleado, de ahí que tienen el criterio necesario para juzgar el acto; de igual manera dichos testigos tienen probidad, por la independencia que guardaron de su posición y sus antecedentes personales, al momento de hacerles de su conocimiento las posibles tachas por ello, tienen completa imparcialidad; los hechos por sí mismos los conocen y no por inducciones ni referencias de otras personas, de igual manera sus declaraciones fueron claras, precisas, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales; en ese orden de ideas no manifestaron en ningún momento haber sido obligados por fuerza o miedo, o impulsados por engaño, error o soborno, y como consecuencia de ello sus declaraciones fueron fundadas en razón de su dicho. Sin embargo, no obra constancia alguna de la que se desprenda que efectivamente la quejosa sea titular de los predios que reclama; de ahí que, se reafirme, éste no acredito el interés jurídico para instar la presente contienda constitucional. En efecto, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Corolario de ello, deviene improcedente la demanda de amparo, consecuentemente procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por, contra el acto del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1******************** con sede en Guadalajara, Jalisco; Brigada de Ejecuciones del Tribunal Agrario Distrito 1******************** con sede en Guadalajara, Jalisco; y, Actuario adscrito al Tribunal Agrario Distrito con sede en Guadalajara, Jalisco, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
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