Virginia Landeros Carrillo

Expediente 721/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
721/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Virginia Landeros Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, acusa recibo de los autos del juicio de amparo 411/2021, y de cuyo contenido se advierte que ese Tribunal aceptó la competencia planteada para conocer del citado juicio de amparo; asimismo, informa que no le fue remitido el original de la demanda de amparo, toda vez que únicamente recibió tres copias de la misma. En atención a lo anterior, remítanse de inmediato, el original de la demanda de amparo interpuesta por Virginia Landeros Carrillo. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, en atención a que Tribunal oficiante aceptó la competencia planteada para conocer del citado juicio de amparo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense los autos. Finalmente, toda vez que del contenido del expediente en que se actúa se advierte que el mismo es destruible, conforme a lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto, denominado "De la Depuración y Destrucción de Expedientes Judiciales", del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Notifíquese. ...

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Virginia Landeros Carrillo, contra actos del la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 721/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la citada demanda, por razón de la vía propuesta, cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". Por su parte, los numerales 34 párrafo primero y 170, fracción I de la ley de la materia, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional". De los numerales trascritos se aprecia que si un juez de distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante éste se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. En el presente caso, del análisis del libelo constitucional, se advierten los siguientes antecedentes: El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa interpuso demanda en la vía civil ordinaria, en contra de Rocío Rodríguez Frausto, así como de los menores de iniciales J.A., S.A. y U.E. de apellidos G.R., de quienes demandó diversas prestaciones. En auto de diecisiete de marzo del año en curso, la juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital, le hizo saber a la quejosa que no admitió su demanda. Contra esa determinación, la quejosa interpuso recurso de queja. Medio de impugnación que fue resuelto por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Toca A.C. 226/2021, el dos de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual se confirmó el auto de diecisiete de marzo del año en curso en cuanto a la no admisión de demanda presentada por la quejosa. Por lo anterior, se concluye que la resolución que dirimió el recurso de queja interpuesto en contra del auto que no admitió la demanda presentada por la quejosa, dictada en el toca A.C. 226/2021, del índice de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, puso fin al juicio. Por lo que resulta evidente entonces, que la resolución reclamada únicamente es susceptible de ser combatida por medio del juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, por ende, se concluye que la competencia para conocer de la presente demanda se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en términos de lo que establecen los numerales 34 párrafo primero y 170 fracción I, de la citada ley, y 37 fracción I, inciso b), de la ley orgánica del poder judicial de la federación. Cobra aplicación a lo anterior, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial 1ª/J.97/2017, con número de registro 2015687, visible en la página 241, libro 49, tomo I, diciembre de dos mil diecisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." De igual manera, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda formulada por Virginia Landeros Carrillo; por tanto, se ordena enviar dicho ocurso con sus copias al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese atentamente a la Superioridad el acuse de recibo de estilo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Arturo Flores Torres y Sonia Iveth Flores Rayas, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal efecto el que se indica en la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese; personalmente a la quejosa. ...

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