Virginia Joaquín González
Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Virginia Joaquín González
- María de los Ángeles Antonio Joaquín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 600/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de siete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 41 a 45 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de siete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 41 a 45 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 32238, dirigido al Agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, con la razón "No existe la autoridad que cita". Ahora, de autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado al Fiscal Quinto de la Sub Unidad de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Playa Vicente, Veracruz. En mérito de lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reexpídase el oficio 32238 a la autoridad Fiscal Quinto de la Sub Unidad de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Playa Vicente, Veracruz, en su carácter de tercero interesada, a efecto de notificarle la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
V. Con esta fechase notifica por este conducto al representante común de la parte quejosa la sentencia engrosada el veintisiete de octubre del año en curso, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el nueve de agosto de dos mil veintiuno, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, ******************** promovieron juicio de amparo, contra actos que más adelante se precisarán, que atribuyen a 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz (fojas 2 a 17). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo del once del mes y año citado se acordó: admitir a trámite la citada demanda; a Virginia Joaquín González, como representante común; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; al agente del Ministerio Público, adscrito al Juzgado de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz, en su carácter de tercero interesado, se reservó proveer respecto de la existencia de diversos terceros interesados; se fijó data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a la autoridad responsable; formar por separado y duplicado el incidente de suspensión por haber sido solicitado y en atención a las manifestaciones realizadas por las quejosas en su demanda de amparo, en el sentido de que pertenecen a la etnia indígena "Chinanteca", y que hablan y entienden deficientemente el idioma español, se giró oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que designara defensor público (fojas 23 a 27). TERCERO. Trámite. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (fojas 99) se tuvo cómo tercero interesado al Fiscal Quinto de la Sub Unidad de la Unidad de Procuración de Justicia del Décimo Octavo Distrito Judicial con residencia en Playa Vicente, Veracruz; el siete de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 113 a 114) a la Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, con sede en Xalapa, Veracruz, en su carácter de tercera interesada en este asunto; así también el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 138 a 139) a la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada 34/2021, a quien el doce de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por legalmente emplazado al presente juicio de amparo (fojas 152, 153 a 153 vuelta y 174) sin que hayan comparecido a juicio a pesar de estar debidamente emplazados. CUARTO. Audiencia Constitucional. Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 71 a 77, 188 a 195 y 199 a 208) e integrado que estuvo el asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional el dieciocho de agosto de dos mil veintidós (fojas 211). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, pues se trata de un auto que decretó de legal la detención, imputación formulada por el fiscal que participó en esa audiencia, auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de las personas como lo es la libertad, bien jurídico de mayor valor axiológico después de la vida, lo que permite que sea impugnado en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) ya que se actúa como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con sus anexos y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: a) El auto que decretó de legal la detención, dictado en la audiencia inicial, de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. b) La imputación formulada por el fiscal que participó en esa audiencia, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. c) El auto de vinculación a proceso de veinticinco de julio de dos mil veintiuno. d) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada el veinticinco de julio de dos mil veintiuno, dentro del Proceso Penal 72/2021, instruido en contra de ********************, por estimar que existen datos de prueba que acreditan se realizaron hechos considerados por la Ley Penal como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021. Diligencias que le fueron notificadas en la misma data (fojas 190, 201, Video 1 y 2). Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz; debido a que, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó su existencia (fojas 71 a 77, 188 a 195 y 199 a 208). Lo que se corrobora, pues al respecto remitió dos discos versátil digital (DVD'S) que contienen las audiencias del proceso penal, el índice cronológico, así como actuaciones del proceso penal oral 72/2021 de su índice y en las cuales consta el auto de calificación de legal de la detención, audiencia de medida cautelar y el auto de vinculación a proceso emitidos el diecinueve y veinticinco de julio de dos mil veintiuno, las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, ya que se trata de documentos públicos. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Así también la jurisprudencia VI.3o.P. J/1 de la Décima Época, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Materia Penal, Página 1972, con Registro 2020244, del rubro y texto siguiente: "DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además de que no obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD." CUARTO. Procedencia del juicio. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que se precisó en el considerando anterior. QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado (estudio de fondo). Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria; de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con una etapa jurídica del (Procedimiento Penal de Corte Acusatorio, Adversarial y Oral) juicio oral que se prevé en el artículo 16 y 19 Constitucional, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con el precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la calificación de legal de la detención, imputación, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y auto de vinculación a proceso, es conveniente referir la regulación constitucional y legal de ambos aspectos. El artículo 16 y 19 Constitucional, en la parte que interesa, señalan: "Artículo 16. . En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. ." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De una interpretación jurídica de los dispositivos citados se revela que en casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley, así también la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la exégesis del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así como en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De una interpretación de la norma legal citada, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En ese orden de ideas, de tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: a). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución de este. b). Requisitos de fondo: 7. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 8. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese contexto, se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la carta magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. En ese orden de ideas, se instituye como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, el nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación el soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. En ese orden de ideas, el texto constitucional y legal contienen los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese contexto, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, en relación con las constancias procesales que integran el (Procedimiento Penal de Corte Acusatorio, Adversarial y Oral) Proceso Penal Oral 72/2021, del índice del Juzgado de Control y Juicio Oral en el Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, obtenidos de las documentales y del registro audiovisual que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: Video 1 a) Dentro del Proceso Penal Oral 72/2021, a las veintitrés horas con veintiún minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se apertura la audiencia inicial, la cual concluyó a las tres horas con cincuenta y ocho minutos del día siguiente, en donde al minuto: 00:00.04 El juez apertura la audiencia. 00:01.40 Se procede a la individualización de las partes, licenciado Javier Valderrabanos Vázquez Fiscal; por parte del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública la licenciada Linett Carolina Castro quien se identificó con cédula profesional 5207024, en calidad de defensora pública de las investigadas ********************, quienes dieron sus datos en reserva. 00:10.35 Fiscalía justifica motivo de la detención. 00:48.57 El juez concede el uso de la voz al asesor jurídico, quien solicita se califique de legal la detención. 00:49.23 El juez concede el uso de la voz a la defensa de las investigadas, quien refiere no hay oposición. 00:57.52 El juez calificó de legal la detención, teniéndose por notificados las partes. Acto reclamado. 00:59.44 Fiscalía formuló imputación. Acto reclamado. 01:22.44 El asesor jurídico, las investigadas, así como a su defensa, no requirieron de precisiones. 01:25.16 El juez les indica que puede responder a los hechos si lo considera, a lo que las imputadas refieren después de consultarlo con su abogada reservarse su derecho a declarar. 01:25.55 Previa autorización del juez, la fiscalía realizó solicitud de vinculación a proceso respecto los hechos que la ley considera como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021. 02:43.07 El juez informa a las imputadas los plazos para resolver su situación jurídica. 02:43.18 Los imputados solicitan se resuelva dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. El juez señala las dieciséis horas del veinticinco de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia prevista por el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 02:44.46 El juez impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año, es decir, hasta el diecinueve de julio de dos mil veintidós. Acto reclamado. 02:50.21 El juez concluyó la audiencia. Video 2 b) A las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de julio de dos mil veintiuno, continuó la audiencia inicial en la que ocurrió lo siguiente: 00:00.09. Juez inicia la audiencia prevista por el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a la individualización de las partes. 00.01:17 Se procede a la individualización de las partes. 00:59:02 El juez de control decretó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, respecto los hechos que la ley considera como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021 (fojas 191 vuelta a 195 y 203 a 206 y registro audiovisual 2). Acto reclamado. 1:02:22 Juez resuelve sobre la investigación complementaria otorgando un plazo de dos meses a la fiscalía, venciendo el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno. Por lo que siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de julio del dos mil veintiuno, concluyó la audiencia. SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable infringió en su perjuicio sus derechos fundamentales relativos a las formalidades esenciales del procedimiento, legalidad y seguridad jurídica, los principios de presunción de inocencia, adecuada defensa y debido proceso, previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: a) La detención no reunió los requisitos establecidos en el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que los aprehensores fundamentaron su actuar en el artículo146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no cometieron delito alguno, sin existir orden de aprehensión, ni flagrancia alguna por delito que se les pudiera reprochar, máxime que su detención se realizó a las diecinueve horas con veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiuno y en el Registro Nacional de Detenciones, consta otra hora diferente. b) El fiscal formuló imputación por el hecho que la Ley señala como delito de Desaparición cometida por particulares, establecido en el artículo 34 en relación con el 32 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; sin embargo, en el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintiuno, se les atribuía la comisión del hecho que la ley señala como delito de Privación ilegal de la Libertad Física, antijurídico previsto y sancionado por el artículo 161, en relación con los diversos 21, segundo párrafo, 37 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Además de que no se cumplió con lo previsto en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a las circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma de intervención. c) El juez de control, no era competente para conocer y dictar el auto de vinculación a proceso, toda vez que fueron ilegalmente privadas de su libertad, en su domicilio conocido, en la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán, Oaxaca. d) No se valoraron de manera adecuada los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación que dieran origen a la Causa Penal 72/2021. e) Por no tener una adecuada defensa, por inexperiencia de la abogada defensora pública. Los conceptos de violación que esgrimen las quejosas resultan infundados, como se verá a continuación. En efecto, en primer lugar, debe decirse que contrario a lo que sostienen las quejosas en su concepto de violación señalado con el inciso a) está justificada la resolución de control de la detención de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, toda vez que fueron detenidos en flagrancia sobre este tópico -cabe señalar que en este aspecto si bien fueron detenidas el diecisiete de julio de dos mil veintiuno en posesión de la menor de identidad reservada 33/2021 en el lugar denominado carretera federal 143 tramo Tuxtepec-Palomares a la altura de la desviación de la localidad Nuevo Ixcatlán, perteneciente al municipio de Playa Vicente, Veracruz, con las coordenadas específicamente 17.787484-95.772025, que la menor fue sustraída el día anterior, ello no es obstáculo considerar se haya cometido en flagrancia, dado que el antijuridico que se les atribuye es de los considerados de naturaleza permanentemente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una persona, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparece el sujeto pasivo o se establece cuál fue su destino, por otra parte, fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial a las veinte horas con treinta minutos del día diecisiete de julio del dos mil veintiuno y a disposición del órgano jurisdiccional a las veintidós horas con nueve minutos, respetando así el término constitucional que se le confiere a la representación social, como consta en la audiencia de control de la detención, formulación de imputación y medidas cautelares, del diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Además, también se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia certificada de la resolución de veinticinco de julio de dos mil veintiuno, en la que el Juez de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso. Lo que además se constata con la reproducción del disco de la videograbación de la audiencia respectiva, ante la mencionada autoridad, con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 47, 48, 50, 164 y 187 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, artículo 133, 134 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 16 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; considerando que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en calle privada tres de mayo, sin numero, de la localidad de Santa Ana perteneciente al municipio de Playa Vicente Veracruz, donde aquélla ejerce su jurisdicción. Con lo que se satisface dicho requisito. De ahí que, contrario a lo que sostienen las quejosas en su concepto de violación señalado en el inciso c) no se advierte hayan sido privadas de su libertad en el domicilio ubicado de la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán, Oaxaca, toda vez que no existe dato de prueba alguno que acredite su dicho, por el contario en audiencia inicial la defensa de las imputadas, sostuvo que después de haber dialogado con ellas no se oponía a lo solicitado por la fiscalía. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que a las veintitrés horas con veintiún minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia inicial, a solicitud de las imputadas, el juez autorizó la duplicidad del plazo constitucional, para lo cual se señalaron las dieciséis horas del veinticinco de julio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia prevista por el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En donde el juez de control decretó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, respecto los hechos que la ley considera como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021 (fojas 191 vuelta a 195 y 203 a 206 y registro audiovisual 2). Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, pues su situación jurídica se resolvió el veinticinco de julio de dos mil veintiuno, es decir, sin exceder el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas elegido por las imputadas. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual (Video 1 00:59.44) del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se desprende que, en la audiencia inicial aludida, el Ministerio Público formuló imputación contra las hoy quejosas, por su intervención probable en los hechos determinados por la ley, como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021. De ahí que no les asista la razón a las quejosas, con lo manifestado en su concepto de violación señalado en el inciso b) con relación a que en acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintiuno, se les atribuía la comisión del hecho que la ley señala como delito de Privación ilegal de la Libertad Física, antijurídico previsto y sancionado por el artículo 161, en relación con los diversos 21, segundo párrafo, 37 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual (Video 1-01:25.16) del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se desprende que en la audiencia inicial las imputadas ejercieron su derecho a no declarar. 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que el Juez responsable, al dictar a las ahora quejosas el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como el delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021; lo hizo considerando, solo los hechos expuestos por la fiscalía al momento de formular imputación y solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que la juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación contra los aquí quejosos, clasificó jurídicamente los hechos en el delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021, de ahí que contrario a lo que sostienen las quejosas, expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia tanto en la videograbación como en su transcripción por escrito. En efecto, sostuvo que el día dieciséis de julio del dos mil veintiuno, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, en el domicilio ubicado en calle sin número de la localidad del Arenal Santa Ana, Playa Vicente, Veracruz, los sujetos activos ********************, iniciaron con la privación de la libertad de la victima de identidad reservada 33/2021; desconociéndose el paradero y ocultándola en todo instante de las personas que preguntaban por ella y posteriormente el diecisiete de julio del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas, sobre la carretera federal Tuxtepec-Palomares a la altura del nuevo Ixcatlán, Playa Vicente, Veracruz, fue encontrada la menor en custodia de ellas. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. FONDO I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que el juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021. Ello lo hizo considerando los siguientes antecedentes y datos de prueba: 1. Entrevista de Virginia Felipe Pablo quien refirió que el día dieciséis de julio de dos mil veintiuno, después de quedarse de ver con María de los Ángeles Antonio Joaquín y tomar unas cervezas en su domicilio ubicado en calle tres de mayo sin numero de la localidad de Santa Ana perteneciente al municipio de Playa Vicente, Veracruz, el cual se encuentra frente del de la menor 33/2021, a la que cuida porque su progenitor trabaja, en la plática tomando algunas cervezas, Paty a quien así llaman en la localidad a María de los Ángeles Antonio Joaquín, le había comentado que le diera a la menor de identidad reservada 33/2021, que ella le iba a dar un a mejor vida, en el trascurso de la mañana llegó un taxi del municipio de playa Vicente, Veracruz, observando a una mujer de tez morena aproximadamente de sesenta a sesenta y cinco años de edad, después de no verla pregunta a Paty que había sido de la señora, esta dijo que nada más había bajado a hacer pipí, posteriormente la niña de identidad reservada 33/2021 se sienta en la banqueta donde estaban, esto aproximadamente a las trece veinte horas, cuando de repente un taxi empieza a pitar y ahí fue cuando Paty se levanta y sale corriendo en medio de la casa, tarda unos minutos, posteriormente regresa y le dijo que era un taxi que estaba pitando porque parece que estaba esperando a alguien pero ya este se había ido, le pregunto a Paty por la niña, contesto que estaba adentro, pasaron siete minutos y llegaron los niños con dulces que compraron, que venía don Beto, quien le pregunta a los niños que donde estaba la niña de identidad reservada 33/2021, le pregunta a su hermanito y este se asoma a la casa y que dice que no encuentra a su hermanita, posteriormente don Beto grita la niña no está hay que buscarla y le dijo a Paty que donde estaba la niña pues ella habla planeado algo, quien le dijo que estaba loca y que ella no había planeado nada, les dijo que el coche que llego a lo mejor se la había llevado, que ella no sabía nada, entonces se pusieron a buscar y de ahí avisaron al papá de la niña lo que le había sucedido. 2. Entrevista con la víctima directa 34/2021, refirió que trabaja con el señor Víctor Martínez en la localidad del Arenal Santa Ana perteneciente al municipio de Playa Vicente, Veracruz, realiza trabajos de pintura y laminación, que el dieciséis de julio aproximadamente a las catorce treinta horas, marcan por teléfono a su jefe Víctor Martínez indicándole que urgía fuera a su domicilio, llegó al domicilio a las catorce cuarenta horas, encontró a Virginia Felipe Pablo quien le comento que su hija de dos años de identidad reservada 33/2021 había desaparecido al estar jugando con otra niña, preguntó a su otro hijo de identidad reservada con iniciales L.P.V. si no había visto a su hermanita y este le comento que no la había visto, posteriormente cae en desesperación y empieza a preguntar a familiares y personas en búsqueda de su hija de la cual no lograban dar con su paradero, que el día diecisiete de julio ya había presentado la denuncia en contra de las personas que se hayan apoderado o se hubiesen llevado a su menor hija, donde se radicó la carpeta de investigación 215/2021 y solicito se boletinara a la misma. 3. El aviso de alerta Amber. 4. Con en el dictamen 1740 con registro 140 con salida 813 de dieciocho de julio del año dos mil veintiuno signado por el licenciado Naum Pérez Jiménez, perito de los servicios periciales de la ciudad de Isla, Veracruz, en la cual se hace inspección ocular, secuencia fotográfica y búsqueda de indicios en la calle tres de mayo sin numero de la localidad del Arenal Santa Ana Municipio de Playa Vicente, Veracruz, lugar donde fue sustraída la menor de identidad reservada 33/2021, que tiene como ubicación geográfica 17.78748495772025, agregando placas fotostáticas del lugar. 5. Informe Policial Homologado número 02/2021 signado por Marco Antonio Montiel Pérez de la jefatura de detectives de la Policía Ministerial de Playa Vicente, Veracruz, que se encuentra ubicada en la colonia Florida de Playa Vicente, Veracruz, donde reciben el oficio 1685/2021 signado por el Fiscal Segundo de la Sub Unidad de Procuración de Justicia de esa ciudad, con motivo de la denuncia presentada por la persona de identidad reservada 34/2021, debido a esto se pusieron a investigar la desaparición de la menor víctima de identidad reservada 01/2021, indicando que el día diecisiete de julio de dos mil veintiuno aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta minutos el elemento Marco Antonio Montiel que se encontraba en las oficinas de detectives, realiza la entrevista a la ciudadana María de los Ángeles Antonio Joaquín, la cuál de acuerdo a las investigaciones se encontraba en el lugar de donde desapareció la niña, al realizar la entrevista entró en contradicciones, en la relación de los hechos de su desaparición, llegó acompañada al lugar con Virginia Felipe Pablo quien estaba a cargo de la niña y que el día que suceden los hechos cambio de ropa a la niña, así mismo manifestó que llego un taxi que sonó el claxon, que le había referido que le regalara a la niña, que al finalizar su entrevista a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos, se retiró de las instalaciones, observando una actitud nerviosa toda vez que se tronaba los dedos, se comía las uñas y empezó a sudar, le dan seguimiento viendo que se dirige a un hotel de nombre Rusbelt, donde se estacionan autobuses de pasaje que van a la localidad de Nuevo Ixcatlán, Playa Vicente, Veracruz, la siguen en la patrulla marca Toyota, tipo llux placa 05763, a las dieciocho con ocho minutos, salen a carretera y se dirige a la carretera Tuxtepec-Palomares, aproximadamente a las diecinueve horas, el autobús detiene su marcha en la localidad de nuevo Ixcatlán, como referencia se encuentra el señalamiento de las paradas de autobuses y otro señalamiento de curva próxima a una distancia de 50 metros, descendiendo del autobús María de los Ángeles Antonio Joaquín, en donde la espera una persona del sexo femenino con aparente edad de sesenta años, persona que carga una niña en sus brazos y al acercase María de los Ángeles Antonio Joaquín se la entrega, es cuando la carga, al ver la situación los elementos de la Policía Ministerial se acercan y le preguntan que esa niña quien es, es cuando María de los Ángeles Antonio Joaquín les dice que es la niña que están buscando, su mamá le indicó que la robaran para poder tenerla y darle un mejor tratado, es cuando verifican la fotografía de la menor, a las diecinueve horas con diez minutos le hacen referencia que les entregue a la niña y la recibe el elemento Bonifacio Ramírez Cortes, quien sube a la niña a la camioneta y es cuando proceden a la detención de María de los Ángeles Antonio Joaquín y Virginia Joaquín Gonzáles, les hacen lectura de sus derechos, las trasladan a las instalaciones de la Policía Ministerial, de igual forma las llevan con el perito médico quien certifica clínicamente a las detenidas, así como a la menor de identidad resguardada 33/2021. 6. Acta de nacimiento número 30508308, de la menor de identidad reservada 33/2021, en la cual se muestra fue registra por su señor padre de identidad resguarda 34/2021. De la misma forma, el juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, hacen patente la probabilidad de que las imputadas por sí mismo, cometieron los hechos que se consideran delictuosos. Por último, fue acertado que la responsable ubicara la participación de los imputados quejosos en términos de los artículos 9 y 13 del Código Penal Federal, es decir, como autores materiales y a título doloso, así como que no se advertía alguna causa de justificación de la acción penal o excluyente del delito, por lo que resultaba procedente emitir en su contra el correspondiente auto de vinculación a proceso, al satisfacerse los particulares del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la resolución está debidamente fundada y motivada. En efecto, pues para la emisión de un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere el Ministerio Público aporte datos de prueba, que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Además, la Fiscalía aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios de que las imputadas probablemente cometieron el delito que se les atribuye, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquél, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó la juez de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que las imputadas cometieron el delito atribuido, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. Siendo los datos de prueba los siguientes: 1. Entrevista de Virginia Felipe Pablo; 2. Entrevista con la víctima directa 34/2021; 3. El aviso de alerta Amber; 4. Con en el dictamen 1740 con registro 140 con salida 813 de dieciocho de julio del año dos mil veintiuno signado por el licenciado Naum Pérez Jiménez, perito de los servicios periciales de la ciudad de Isla, Veracruz; 5. Informe Policial Homologado con número 02/2021; 6. Acta de nacimiento número 30508308, de la menor de identidad reservada 33/2021. Medios de convicción que contrario a lo que esgrimen las quejosas en su concepto de violación señalado en el inciso d) fueron valorarlos en términos de los artículos 259 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaron idóneos, pertinentes, y en su conjunto suficientes para tener por demostrada la existencia del delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34, en relación con el 32, fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con número 33/2021, representada por el ofendido de identidad resguardada con número 34/2021. No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo el juez de control, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación. Lo que encuentra sustento en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, de los que consideró que se establecía que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y existía la probabilidad de que el imputado lo cometió; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), del rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 apartado A fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia y defensa adecuada, como lo refieren en su concepto de violación señalado en el inciso e). Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." En ese orden de ideas y en el caso concreto, la audiencia en la que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin observase violación a los derechos fundamentales del aquí quejoso, puesto que se exponen con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones en que se sustenta, con lo que, cumple con las garantías de legalidad, de debido proceso, de presunción de inocencia y exacta aplicación de la ley previstas por los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior resulta acorde con las directrices constitucionales y legales que rigen el sistema penal acusatorio, ya que, en esta estancia, sólo se cuenta con datos y no propiamente con pruebas, debiendo sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la autoridad ministerial y en este caso la refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Ello es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el órgano técnico de investigación y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor. Además, debe destacarse que el auto de vinculación a proceso se trata de una etapa preliminar de la investigación en la cual no se resuelve el fondo del asunto, sino que tiene como finalidad determinar si se justifica la continuación del proceso que se ha de llevar a una etapa posterior intermedia de depuración, por ello la autoridad constitucionalmente facultada para determinar si existen datos suficientes para continuar con el proceso, es el juez de control; consecuentemente, en el amparo no se puede sustituir esa valoración. Consecuentemente, en el caso concreto que se analiza, respecto del delito por el cual se dictó vinculación a proceso, se tienen por colmados los requisitos constitucionales y legales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. En ese orden, se itera, de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, se advierte que se colmó lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin observase violación a los derechos fundamentales que refiere el quejoso en su demanda de amparo. En esas condiciones, contrario a lo que aducen las quejosas en sus conceptos de violación, no se advierte violación alguna, pues como se ha visto, la responsable respetó y garantizó sus derechos fundamentales al resolver la cuestión planteada, cumpliendo con la regularidad constitucional que exigen los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 133 constitucionales, toda vez que, como se adelantó, la decisión cuestionada se apega a las exigencias constitucionales y legales del debido proceso, se encuentra adecuadamente fundada y motiva, además de que, atendiendo al derecho de que se presuma su inocencia, a partir de una relación lógica de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, debatidos y controvertidos en audiencia, resolvió dentro de los plazos previsto en la Constitución Federal y en la legislación secundaria, como suficientes, pertinentes e idóneos para establecer su probable participación en los hechos con apariencia del delito que se le atribuyen. Sin que, se advierta una interpretación restrictiva o restringida de las normas aplicables al caso concreto en detrimento del principio pro homine al cual debe acudirse obligatoriamente; y menos algún planteamiento sobre una cuestión meramente constitucional en términos de la tesis aislada IV.2o.A.76 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Además de que fue correcto su proceder en determinar dos meses para la investigación complementaria, en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año, debe decirse que al estar establecida en el artículo 19 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, es legal su determinación. CONCLUSIÓN Por tanto, se considera que la resolución reclamada (Control de la detención, vinculación, medida cautelar de prisión preventiva y auto de vinculación a proceso)) no vulnera los derechos fundamentales de las quejosas sin que se advierta alguna deficiencia que suplir en sus conceptos de violación en términos de la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto y autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.
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