Virginia Guizado Orea

Expediente 2189/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2189/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Virginia Guizado Orea

Actuaciones

  1. Principal

    AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con lo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Se ordena al Analista Jurídico SISE haga las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Vista la demanda de amparo promovida por . por propio derecho, en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; Secretaría de Administración del Estado de Puebla; Jefatura de la Oficina del Gobernador; y, Consejería Jurídica del Estado de Puebla; al respecto, se provee: DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA: En el caso, respecto de las citadas autoridades responsables, esta juzgadora estima opera la causal de improcedencia derivada de la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXIII, con los diversos arábigos 1°, fracción I, y 5 fracción II, interpretado a contrario sentido, ambos, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídica en unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía dichas situaciones jurídicas". Lo anterior se estima así, toda vez que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; Secretaría de Administración del Estado de Puebla; Jefatura de la Oficina del Gobernador; y, Consejería Jurídica del Estado de Puebla, a quienes les reclama la abstención en la ejecución de laudo dictado en el juicio de origen, empero, las citadas dependencias no tienen carácter de autoridades responsables, en atención a que el incumplimiento a un laudo por parte de una dependencia -municipal, estatal o federal-, derivado de un juicio laboral, en el que figuró como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, siempre que en la legislación estatal respectiva, exista un procedimiento para ejecutarlo. Esto es así, ya que para dirimir diferencias entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, como, es decir, entre las que se establecen relaciones de coordinación, como la existente entre la quejosa y las dependencias mencionadas, se debe acudir a los tribunales ordinarios, para que mediante un procedimiento jurisdiccional, impongan coactivamente las reparaciones que generase el incumplimiento de alguna de las partes. Lo que así acontece en el Estado de Puebla, de acuerdo con los artículos 105 a 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, en los que se establecen los medios para lograr la ejecución de los laudos, mismos que a la letra establecen: "ARTICULO 105.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de $ 1,000.00." "ARTICULO 106.- Las multas se harán efectivas por la Tesorería General del Estado, para lo cual se le girará el oficio correspondiente. Hecha efectiva la multa, la Tesorería rendirá informe al Tribunal, señalando los datos relativos que acrediten su cobro." "ARTICULO 107.- El Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus laudos y al efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "ARTICULO 108.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un Actuario para que, asociado de la parte que obtuvo se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de multa en caso de no hacerlo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, con número de registro 2007066, publicada en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, página 699, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Criterio similar sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 48/2019. Bajo ese contexto, lo procedente es desechar parcialmente la demanda de amparo respecto de las citadas dependencias. Por otra parte, respecto de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a la que reclama la omisión en dar ejecución de laudo dictado en el juicio laboral de origen; se provee: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por .. por propio derecho, contra actos de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite. Deberá acompañar en el término señalado COPIA CERTIFICADA COMPLETA Y LEGIBLE DEL EXPEDIENTE de que emana el acto reclamado para apoyar su informe. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá en la sentencia que se dicte, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 117 párrafo III, 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCEROS INTERESADOS. Emplácese a los terceros interesados: a) Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (anteriormente Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla); y, b) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, a través de su titular, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo, mediante oficio, lo anterior con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formarse el incidente de suspensión en virtud de que no se solicita. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. En términos de los artículos 30 fracción II y 31 fracción II de la ley de la materia, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, la vía electrónica, en razón de que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con nombre de usuario .. AUTORIZACIÓN CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Téngase a la parte quejosa solicitando la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa, de su autorizado en términos amplios, toda vez que cuenta con la certificación digital de firma electrónica (FIREL), proporcionando su nombre de usuario; en tal virtud, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y los artículos 77, 78, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario .. solo por cuanto hace al presente juicio de amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene por autorizada en los amplios términos que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo a .. toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las consistentes en copia simple de la audiencia de reinstalación de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, desahogada en autos del juicio laboral .. la instrumental pública de actuaciones; y, la presuncional legal y humana, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por lo que hace la copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral de origen del índice la responsable que remita como apoyo a su informe justificado, no ha lugar a tenerla por anunciada; toda vez que dicho informe justificado y dicho expediente de donde emana el acto que reclama no obra en autos, además de que no se tiene la certeza plena de que la autoridad señalada como responsable lo rinda. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días legalmente computado: Informe si la parte quejosa, ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado. Apercíbasele que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada del lugar de residencia de este Juzgado, cuando así se requiera. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 110 y 113 de la ley en cita. DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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