Virginia Elizabeth Jimenez Gómez
Expediente 1260/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1260/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Virginia Elizabeth Jimenez Gómez
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, que en resumen dice: "SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juzgado Décimo Tercero Menor de lo Civil de León, Guanajuato y otra autoridad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, la demanda de amparo debe examinarse en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el particular, se concreta la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" El primero de los preceptos legales transcritos dispone la improcedencia del amparo, en los casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley; y el diverso numeral determina la procedencia del juicio de amparo contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Atento a la materia de la litis conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la figura del tercero extraño a juicio, para efectos del amparo. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de audiencia que implica la potestad de todo gobernado para que, previo a cualquier acto de autoridad que pudiera tener por objeto privarlo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o de derechos, se le debe dar oportunidad razonable de defenderse en juicio. Las formalidades esenciales del procedimiento constituyen las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que puedan desarrollar las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que su falta o defectuosa práctica, constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. En este marco se inscribe la institución de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, siendo parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alega en el juicio de amparo. En la misma línea se encuentra el tercero extraño stricto sensu, pero a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio, y no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En ese supuesto, el perfecto tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Ahora, para ubicar la etapa procesal en la que se gestaron los actos reclamados de la demanda de amparo, se narran los antecedentes siguientes expresados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad: 1. El diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte quejosa, ordenado dentro del Juicio Mercantil ***, del índice del Juzgado Décimo Tercero Menor de lo Civil de León, Guanajuato. 2. Por auto de veintitrés de octubre del año actual, dictado en el juicio de origen, la autoridad responsable aprobó la diligencia practicada, por lo que ordenó girar oficio a la fuente laboral de la parte demandada para que informara sobre las percepciones que percibe la parte quejosa. 3. En acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, la responsable ordenó realizar el descuento del embargo autorizado sobre el treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo que percibe la parte quejosa. De lo anterior, se advierte que la quejosa fue emplazada el diecisiete de octubre del año actual y en el juicio de origen todavía no se dicta la sentencia correspondiente. Por tanto, a la quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación, debido a que en la contienda de origen es parte demandada; ya fue emplazada y todavía no se dicta la sentencia que resuelva la primera instancia. De ahí que, la peticionaria integre la relación jurídica procesal pues conoce la existencia y los datos de identificación del juicio seguido en su contra y que éste no concluye por sentencia. Entonces, en este momento la solicitante no se le puede considerar que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le ocasionara un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, para estar en aptitud de acudir al amparo indirecto a solicitar el respeto a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, como se dijo, no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación porque, para conservar esa categoría, es menester que no se ligue de alguna manera a la controversia de origen y se desconozca, en su totalidad, la tramitación antes de que se dicte la resolución definitiva. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Así como la diversa 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).Acorde con la 6 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, registro digital: 189916 jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Luego, al no asistirle a la parte peticionaria el carácter de tercera extraña, en todo caso, estuvo en posibilidad de hacer valer los medios de defensa legales procedentes en contra del auto de seis de noviembre del presente año en el que se ordenó el descuento respecto del embargo autorizado sobre el treinta por ciento de las percepciones que percibe la parte quejosa. Por tanto, la parte peticionaria previo a promover el juicio de amparo, debe impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación. Cierto, el numeral 1334 del Código de Comercio dispone: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." 7 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, registro digital: 2004274 De ese numeral, se obtiene que la legislación mercantil establece que cuando una actuación no encuadre en los supuestos de apelación, el medio de impugnación idóneo para combatir es el de revocación. En el caso, se considera que el acuerdo reclamado era susceptible de recurrirse a través del recurso de revocación, porque con motivo de la cuantía no resulta apelable al no superar el monto de $816,439.97 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, previsto en el numeral del 1340 del ordenamiento de comercio,8 ya que el negocio se ventila ante el Juzgado Menor que en términos del artículo 23 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato,9 únicamente conoce de asuntos cuya cuantía no sea mayor de la cantidad que resulte de multiplicar por dos mil la Unidad de Medida y Actualización diaria, lo que para el año dos mil veintitrés arroja la suma de $207,480.00 (doscientos siete mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) considerando que el valor de tal unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Medio de impugnación que no fue promovido por la parte quejosa. Sin que la parte solicitante se encuentre relevada de respetar el referido principio de definitividad dado que no se actualiza diverso supuesto de excepción previsto en los 8 Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. 9 Artículo 23. Los Jueces Menores son competentes para conocer exclusivamente de negocios, contenciosos cuya cuantía no sea mayor de la cantidad que resulte de multiplicar por dos mil la Unidad de Medida y Actualización diaria. incisos a), b), c) y d) del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: 1. El acto reclamado no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que, se reitera, se trata de la decisión que autorizó el descuento del treinta por ciento del salario de la parte quejosa con motivo del embargo de tal percepción. 2. La decisión controvertida no afecta directamente la libertad personal de la parte quejosa porque en ella no se decidió sobre ese aspecto, sino sobre el embargo del mencionado salario. 3. La parte solicitante no es ajena al procedimiento de origen puesto que le asiste el carácter de demandada la que ya fue emplazada al juicio en el que todavía no se dicta sentencia. 4. El acto reclamado no es el auto de vinculación a proceso. 5. Además, la procedencia del recurso de revocación no se encuentra sujeta a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que, como se vio, el Código de Comercio, es enfático en prever que ese medio de defensa. Finalmente, se precisa que el acuerdo reclamado, por su naturaleza, es un acto dictado dentro del procedimiento que tiene una ejecución de imposible reparación, porque contiene un mandato que aprueba el embargo del monto del treinta por ciento del salario mensual de la parte quejosa, el cual no será materia de análisis en la sentencia de fondo del asunto ni en un momento procesal posterior, ya que una vez ejecutado solo se podrá estudiar por vicios propios, el embargo que en su caso se haya decretado y no así la orden respectiva. Robustece tal consideración, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 6/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por este. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual solo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo solo puede tener por efecto remediar vicios propios de este, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que este estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo".10 Sin embargo, cabe hacer notar que la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra un acto dictado dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez que la parte demandada (parte quejosa) se emplazó al procedimiento natural, no es inmediata, sino que está sujeta a que cumpla con el principio de definitividad previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior cobra sustento, en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo". Por lo expuesto y fundado se impone desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo."
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