Virginia Diaz Moreno
Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Virginia Diaz Moreno
Actuaciones
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio amparo directo civil 250/2021 de su índice, del cual se advierte, que ese tribunal aceptó la competencia declinada, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Virginia Díaz Moreno. En consecuencia, y en virtud de que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, remítase al archivo definitivo el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido, bajo la supervisión de la secretaria encargada del trámite, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso j), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda que promueve Virginia Díaz Moreno, contra actos del Juez Séptimo de Primera instancia de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 914/2021-3; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia Ahora, visto el escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado: ".A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: La sentencia definitiva, pronunciada el 3 de agosto del 2021, publicada en el boletín judicial 14116 la cual surtió efectos el 6 de agosto del año 2021, misma que bajo protesta de decir verdad me fue notificada por conducto del licenciado Victor Manuel González Velázquez a las 13 horas del día 12 de Agosto del año en curso en las instalaciones del juzgado séptimo civil de primera instancia ubicado en Calle Sur s/n de la Colonia Bella Vista C.p. 21150 de esta ciudad de Mexicali, así como de todas las actuaciones que integran el sumario desde la contestación de demanda hasta el desahogo de probanzas desde el auto del 19 de febrero hasta el auto de desahogo de probanza de fecha.." ".B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORIA: Cualquier acto tendiente al cumplimiento o ejecución de la sentencia definitiva de fecha 3 de agosto del 2021" De lo anterior, así como de una lectura integral de la demanda de amparo y de los anexos que adjuntó la quejosa a la misma, se observa que se duele de la sentencia definitiva dictada el tres de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1797/2019, del índice de la repsonsable, en el que la suerte principal es la cantidad de $26,828.76 pesos; así como, de diversas violaciones cometidas en el procedimiento, como lo son el desechamiento de probanzas y valoración de las mismas. En ese tenor, se advierte que la determinación señalada viene a constituir una sentencia definitiva que decidió el juicio en lo principal, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 fracción V, de la Constitución General de la República, 47, 170, fracción I de la Ley de Amparo, 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, resulta legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio constitucional. En efecto, el artículo 170 de la ley de la materia establece los casos en que procede el amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional"; Por su parte, el artículo 107 de la Ley de Amparo, fija la procedencia del amparo indirecto en los siguientes términos: Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Los preceptos legales invocados ponen de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo, son tres: Sentencias definitivas. Laudos. Resoluciones que ponen fin al juicio. Entendiéndose por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. Sentado lo anterior, se tiene que en la especie, el acto reclamado consistente en la resolución dictada el tres de agosto del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 1797/2019, del índice del Juzgado Séptimo d de lo Civil, con sede en esta ciudad, en la que se condenó a la hoy quejosa al pago de la suerte principal por la cantidad de $26,828.76 pesos; es de aquéllas a que se refiere el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues resulta ser una sentencia definitiva que decidió el juicio de origen en lo principal, lo cual es impugnable en amparo directo. En consecuencia, de conformidad con el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales en que se actúa, copia certificada de la papeleta de turno, así como las copias de traslado del escrito inicial de demanda, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; solicítese de la manera más atenta a dicho tribunal que informe a este Juzgado la determinación, que sobre el particular tome al respecto. Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Héctor Valenzuela Martínez Víctor; en virtud de haberse encontrado registrada su cédulas profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Manuel González Vázquez y Gerardo Rico Corral, por no haber encontrado registradas sus cedulas en el sistema habilitado para ello Habilitación de días y horas inhábiles En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario puedan llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto, en días y horas inhábiles. Transparencia y datos personales Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de treinta y uno de agosto de esta anualidad: Demanda Vista la demanda que promueve Virginia Díaz Moreno, contra actos del Juez Séptimo de Primera instancia de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 914/2021-3; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia Ahora, visto el escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado: ".A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: La sentencia definitiva, pronunciada el 3 de agosto del 2021, publicada en el boletín judicial 14116 la cual surtió efectos el 6 de agosto del año 2021, misma que bajo protesta de decir verdad me fue notificada por conducto del licenciado Victor Manuel González Velázquez a las 13 horas del día 12 de Agosto del año en curso en las instalaciones del juzgado séptimo civil de primera instancia ubicado en Calle Sur s/n de la Colonia Bella Vista C.p. 21150 de esta ciudad de Mexicali, así como de todas las actuaciones que integran el sumario desde la contestación de demanda hasta el desahogo de probanzas desde el auto del 19 de febrero hasta el auto de desahogo de probanza de fecha.." ".B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORIA: Cualquier acto tendiente al cumplimiento o ejecución de la sentencia definitiva de fecha 3 de agosto del 2021" De lo anterior, así como de una lectura integral de la demanda de amparo y de los anexos que adjuntó la quejosa a la misma, se observa que se duele de la sentencia definitiva dictada el tres de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1797/2019, del índice de la repsonsable, en el que la suerte principal es la cantidad de $26,828.76 pesos; así como, de diversas violaciones cometidas en el procedimiento, como lo son el desechamiento de probanzas y valoración de las mismas. En ese tenor, se advierte que la determinación señalada viene a constituir una sentencia definitiva que decidió el juicio en lo principal, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 fracción V, de la Constitución General de la República, 47, 170, fracción I de la Ley de Amparo, 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, resulta legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio constitucional. En efecto, el artículo 170 de la ley de la materia establece los casos en que procede el amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional"; Por su parte, el artículo 107 de la Ley de Amparo, fija la procedencia del amparo indirecto en los siguientes términos: Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Los preceptos legales invocados ponen de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo, son tres: Sentencias definitivas. Laudos. Resoluciones que ponen fin al juicio. Entendiéndose por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. Sentado lo anterior, se tiene que en la especie, el acto reclamado consistente en la resolución dictada el tres de agosto del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 1797/2019, del índice del Juzgado Séptimo d de lo Civil, con sede en esta ciudad, en la que se condenó a la hoy quejosa al pago de la suerte principal por la cantidad de $26,828.76 pesos; es de aquéllas a que se refiere el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues resulta ser una sentencia definitiva que decidió el juicio de origen en lo principal, lo cual es impugnable en amparo directo. En consecuencia, de conformidad con el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales en que se actúa, copia certificada de la papeleta de turno, así como las copias de traslado del escrito inicial de demanda, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; solicítese de la manera más atenta a dicho tribunal que informe a este Juzgado la determinación, que sobre el particular tome al respecto. Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Héctor Valenzuela Martínez Víctor; en virtud de haberse encontrado registrada su cédulas profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Manuel González Vázquez y Gerardo Rico Corral, por no haber encontrado registradas sus cedulas en el sistema habilitado para ello
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