Virginia del Pilar Pérez Ordóñez
Expediente 2755/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2755/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Virginia del Pilar Pérez Ordóñez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el escrito que presenta el tercero ajeno Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, quien se ostenta como Director Regional de la persona moral "Article 19, Oficina para México y Centroamérica" -sin acreditarlo- bajo la figura amicus curiae, al cual adjunta un documento que contiene diversos argumentos dirigidos a este Juzgado Federal relacionados con la materia del presente juicio constitucional. Al respecto, se ordena reservar dichas manifestaciones para ser tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa como alegatos, de resultar procedente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. En dicho informe justificado, la autoridad responsable comunica que por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, proveyó lo relativo al requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento del laudo dictado en autos del juicio laboral 680/2020. Lo que se patentiza con copia certificada de las constancias correspondientes que remitió con su informe justificado, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la junta responsable, la omisión de acordar lo relativo al requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento del laudo dictado en autos del juicio laboral 680/2020. Sin embargo, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advierte que por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se pronunció respecto al requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen; circunstancia que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de noviembre de dos mil veintidós). De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea el caso dar vista a la parte quejosa con lo informado por la referida autoridad responsable en el informe de ley, a fin de que estuviese en aptitud de ampliar su demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional, por lo que se ubica en el supuesto de una violación al artículo 17 Constitucional, esto es al derecho humano de seguridad jurídica, y no propiamente de una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 8/15 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, página: 478 y registro 2008883, que es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.". Por tal motivo, en el caso no resulta aplicable la jurisprudencia 136/2011, aprobada en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 160116, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 1590/2022-III-B promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N DO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, y del actuario adscrito la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta capital. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, previo cumplimiento a la prevención de veintinueve de junio del propio año, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. De igual forma, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede.09o7 C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de acuerdo a lo señalado por la parte quejosa en la demanda y del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veintitrés de abril de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio de divorcio sin causales 151/2019 y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, así como del actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, pues así lo reconocieron al rendir sus correspondientes informes justificados; lo que se corrobora con el contenido de las constancias del juicio natural que la primera nombrada remitió con su informe de ley. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Inexistencia de diversas causales de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados por un lado, e inoperantes por otro, los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, razón por la que deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Para mejor comprensión del asunto, a manera de antecedentes, cabe destacar que de las copias certificadas que obran en el presente sumario, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte lo siguiente: 1. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por presentado el escrito de demanda instaurada por ********************, en contra de BELÉN DEL CARMEN ESQUIVEL CHI, promoviendo procedimiento especial de divorcio incausado, como prestación principal. 2. De dicha demanda, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, donde fue radicado con el número 151/2019, ordenando emplazar a la parte demandada. 3. La parte accionada fue llamada a juicio y contestó mediante ocurso de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, manifestando no estar de acuerdo con el convenio propuesto por el actor y realizó contrapropuesta de convenio. 4. Por escrito de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la demandada solicitó a la Juez se pronunciara respecto de las medidas provisionales instadas, entre ellas, la fijación de una pensión alimenticia. 5. Por medio de acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, la juez accedió a lo anterior y ordenó trabar formal embargo sobre la cantidad liquida que resultara del treinta por ciento (30%) del total de los sueldos y demás prestaciones que devengaba mensualmente ********************, como empleado de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, en concepto de alimentos a favor de los hijos menores de edad de ambos contendientes. 6. En proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez responsable aprobó la planilla de liquidación de diferencias de pensión alimenticia presentada por la parte demandada y ordenó a la apoderada de Pemex, Exploración y Producción, procediera a descontar de manera gradual de los sueldos o emolumentos que devenga ********************, una cantidad adicional a la ya embargada, hasta cubrir el monto total de doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional, en concepto de pensiones alimenticias adeudadas por el periodo comprendido del mes de octubre a diciembre de dos mil diecinueve. 7. Seguido el juicio por sus cauces legales, por oficio DJ.GJRS-SJCC-OJM-252-2021, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la apoderada de Pemex, Exploración y Producción, solicitó a la Juez responsable que a fin de estar en posibilidad de realizar el descuento gradual de los sueldos o emolumentos que devenga ********************, una cantidad adicional a la ya embargada, hasta cubrir el monto total de doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional, en concepto de pensiones alimenticias adeudadas por el periodo comprendido del mes de octubre a diciembre de dos mil diecinueve, se le instruyera el número de parcialidades y monto de cada una que debe descontarse al deudor alimentista. 8. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la juez del conocimiento dio vista de dicho oficio a las partes por el término de tres días. 9. Mediante escrito de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, Álvaro Germán Escalante Castillo, como asesor jurídico de BELEM DEL CARMEN ESQUIVEL CHI, solicitó a la juez responsable, entre otras cosas, que el pago adeudado de doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional, se realizara en una sola exhibición. 10. Por escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el apoderado de ********************, manifestó a la juez del proceso que la cantidad de doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional, resulta incorrecta porque la acreedora BELEM DEL CARMEN ESQUIVEL CHI, no acreditó la necesidad de recibirlos, ya que al contestar la demanda manifestó que es ama de casa y pasante de la licenciatura de odontología. 11. Por oficio DJ.GJRS-SJCC-OJM-268-2021, de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la apoderada de Pemex, Exploración y Producción, informó a la Juez responsable que se procedió a descontar de manera gradual de los sueldos o emolumentos que devenga ********************, una cantidad adicional a la ya embargada, hasta cubrir el monto total de doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional, en concepto de pensiones alimenticias adeudadas por el periodo comprendido del mes de octubre a diciembre de dos mil diecinueve. 12. En acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable dio vista a las partes de lo informado por la apoderada de Pemex, Exploración y Producción; asimismo, en virtud de lo solicitado por ********************, ordenó librar oficio al representante legal del Centro Universitario República de México, para que informara lo relativo a los datos que solicitó de BELEM DEL CARMEN ESQUIVEL CHI. Además, con lo manifestado por la parte demandada, dio vista a la parte actora, aquí quejosa; y en relación al escrito del quejoso, se reservó valorar su manifestaciones en la sentencia definitiva. 13. Mediante escrito de siete de enero de dos mil veintidós, ******************** manifestó que lo informado por la apoderada de Pemex, Exploración y Producción, es violatorio de sus derechos fundamentales porque la persona que reclama el monto de esa pensión no es acreedor alimentario; por lo que no es procedente se le condenara al pago de pensión alimenticia en forma retroactiva y solicitó procediera a declarar improcedente el pago de pensión alimenticia en forma retroactiva del mes de abril a noviembre de dos mil diecinueve. 14. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la juez del conocimiento tuvo por presentado al aquí quejoso y con relación a lo que manifestó en el séptimo párrafo de su escrito, le precisó que no era de accederse en razón de lo acordado en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno. 15. Inconforme con lo anterior, ******************** interpuso recurso de revocación en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós. 16. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable admitió a trámite el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso. 17. Por resolución de veintitrés de abril de dos mil veintidós, la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, con sede en esta ciudad, declaró que no procedió el recurso de revocación interpuesto, por lo que confirmó el auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós. Resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional y que en lo que aquí interesa, dice: "Mérida, Yucatán a veintitrés de abril del año dos mil veintidós. VISTOS: Para dictar sentencia con motivo del recurso de revocación interpuesto por RENE JACOBO GASCA CABALLERO en contra de la primera parte del párrafo segundo del auto de fecha veinticinco de enero del año que transcurre, dictado en el expediente número 151/2019, relativo al Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales promovido por el citado GASCA CABALLERO en contra de BELEN DEL CARMEN ESQUIVEL CHI; y, -RESULTANDO- PRIMERO.- Que por escrito presentado el veintiocho de enero último, compareció ante este Juzgado RENE JACOBO GASCA CABALLERO, a interponer el presente recurso de revocación en contra de la parte conducente del auto de fecha veinticinco de enero del presente año. Con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, en éste apartado se tienen por reproducidos los agravios que el recurrente expuso. Sirve de apoyo a este criterio por analogía, el precedente obligatorio emitido por el Tribunal Constitucional de Yucatán, registrado con el número TC.10.012.Constitucional, de rubro y texto: SENTENCIA. NO EXISTE OBLIGACIÖN DE TRANSCRIBIR LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES.-- - - - Si de un análisis de la ley de la materia no se advierte como obligación que se deban transcribir en las sentencias los argumentos de las partes, queda al prudente arbitrio del juzgador realizarlo o no, atendiendo a las características especiales del caso. Lo anterior, no contraviene los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia debe tener, en la medida que se resuelvan todas las alegaciones esgrimidas, dando respuesta a los planteamientos señalados sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De igual forma, el hecho de que no exista esta obligación en la ley, se debe a la intención de que las sentencias sean más breves, lo que tiene como propósito que sean más claras y menos gravosas en recursos humanos y materiales, lo que se consigue cuando la resolución se compone de razonamientos y no de transcripciones, las cuales sólo deben darse Cuando sean necesarias. SEGUNDO.- Que por auto de fecha veintiuno de febrero del presente año, con fundamento en los artículos 423 y 425 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, se admitió el recurso de revocación interpuesto y se mandó dar vista a la señora BELEN DEL CARMEN ESQUIVEL CHI por el término de tres días para el uso de sus derechos. Vista que la interesada no desahogó. TERCERO.- Que por auto de fecha doce de abril del año que transcurre, se citó a las partes para escuchar la resolución correspondiente, que se dicta hoy dentro del término legal, y; CONSIDERANDO: PRIMERO.- De conformidad con los artículos 423 y 425 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, los autos y decreto dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, sor revocables por el propio Juez que los haya dictado. La revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente, interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el Juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. SEGUNDO.- El referido GASCA CABALLERO impugnó la parte conducente del acuerdo de fecha veinticinco de enero del presente año, que por considerarse pertinente, se transcribe a continuación: Mérida, Yucatán, a veinticinco de enero del dos mil veintidós.- Vistos tres oficios y dos escritos se proveen: Se tiene por recibido ....Por lo que toca a los dos memoriales, se tiene por presentado al ciudadano RENE JACOBO GASCA CABALLERO; en el primero, contestando la vista que se le diera en autos, acumúlese a sus antecedentes para todos los efectos legales pertinentes, así mismo, en mérito de lo manifestado en el séptimo párrafo, se le hace saber que no se accede en virtud a lo proveído en el acuerdo de fecha trece de diciembre del año inmediatamente anterior,....Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, Licenciada en Derecho Ana Elena Alpizar Achurra, ante la fe del Secretario de Acuerdos que autoriza, Licenciado en Derecho José Narciso Gómez. Lo certifico. TERCERO. El impugnante en lo medular expuso como agravios lo siguiente: "Se queja de que no se accede a la solicitud que insto, de que se declare improcedente el requerimiento de pago del retroactivo de pensiones alimenticias del mes de abril a noviembre del año dos mil diecinueve, señalándose que es en virtud del acuerdo de fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, sosteniendo que como se desprende del oficio de fecha dieciséis de noviembre del pasado año, suscrito por la ciudadana MARIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ, en su carácter de representante del Centro de Servicio al Personal de Pemex, en el cual informa que de la cantidad de doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, con ochenta centavos, moneda nacional, en concepto de cantidad adeudada de pago de pensión alimenticia retroactiva y en la cual se informa e indica que dicha cantidad será descontada a partir del periodo del veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, en veintidós catorcenas por un monto fijo de diez mil ciento cincuenta y siete pesos, con sesenta y dos centavos, moneda nacional, hasta cubrir dicha cantidad; ahí se puede apreciar que esto causa un grave perjuicio económico al quejoso, pues al proceder al citado descuento, SE PUEDE ADVERTIR QUE ESTA PAGANDO DOBLE, puesto que en el diverso oficio de fecha once de agosto de dos mil veintiuno, expedido a su favor por MARIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ informó que en relación al descuento del quince por ciento favor de BELEN DEL CARMEN ESQUVEL CHI, instruido mediante expediente 902/19-2020/J1°AF-II se aplicó a partir del día trece de febrero del año dos mil veinte, por lo que inició a descontarse a partir del periodo 06/2020 del cinco de marzo de dos mil veinte, en la cual se registró con cuenta bancaria a nombre de la embargante, por lo que no generó saldos a favor, dicho oficio ya obra dentro del presente expediente en el tomo II página setenta y uno del mismo, por lo que de la solicitud de la citada ESQUIVEL CHI, se le informa a esta autoridad que las pensiones alimenticias decretadas en los presentes autos, ya han sido debidamente cubiertas. Y respecto a esto, es importante señalar que las pensiones alimenticias las ha pagado en su totalidad tal y como acreditó con los estados de cuenta de la señora antes citada y en las cuales consta y aparece que ha pagado en forma puntual la pensión alimenticia, ya que al exhibirlos a esta autoridad y darse vista de ello a la multicitada ESQUIVEL CHI, la misma no contestó la vista que se le diera ni opuso objeción alguna en cuanto a estos documentos que acreditan los pago efectuados por el suscrito por dicha pensión. Y al proceder al descuento de un monto en concepto de pensión alimenticia para la mencionada ESQUIVEL CHI, se viola en forma muy grave sus derechos humanos, puesto que, dichos descuentos no deben realizarse, ya que de la lectura del escrito inicial en donde se promovió el divorcio siempre ha actuado de buena fe, sin embargo durante este procedimiento se han realizado diversas violaciones a sus derechos, ya que las cantidades fijadas en concepto de alimentos no han sido para nada razonables y si en cambio muy abusivas y esto lo afirma, toda vez que a fojas noventa y uno a noventa y siete en el tomo II se advierte que existe un informe proporcionado por la institución bancaria SANTANDER MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, de fecha veinte de mayo del pasado año, en la cual se informan de los movimientos y saldo promedio del periodo que abarca del año dos mil catorce al año dos mil diecinueve y según se advierte la señora ESQUIVEL CHI, siempre tenía dinero suficiente en su cuenta bancaria es decir siempre cumplió con el pago de pensión alimenticia a favor de la familia que formó con la antes citada y como bien se desprende del informe de movimientos ella es la que disponía de dichos recursos financieros por lo que considera que NO DEBE CONTINUARSE CON EL DESCUENTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA MULTICITADA o no es procedente la solicitud de que se le requiera de pago de pensión alimenticia por el periodo de abril a noviembre del año dos mil diecinueve y si en cambio se solicitó se ordene la cancelación de los pagos de ese periodo por el quince por ciento otorgado a favor de la citada ESQUVEL CHI. Por lo que solicita, que se proceda a declarar como improcedente el pago de pensión alimenticia alguna en forma retroactiva comprendido del mes de abril a noviembre del año dos mil diecinueve, ya que en ese periodo se cubrió el pago de la pensión alimenticia que se reclama, por el contrario se cancelen los pagos de ese periodo por el quince por ciento otorgado a la señora ESQUIVEL CHI. Ahora bien, de la revisión de los agravios que invoca el recurrente, es importante destacar que se duele de que no se accede a la solicitud que instó, para que se declare improcedente el requerimiento de pago del retroactivo de pensiones alimenticias del mes de abril a noviembre del año dos mil diecinueve, señalándose que se determinó que en virtud del acuerdo dictado en fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, violándose de esta forma sus derechos humanos, pues considera que está pagando doble, por lo que no debe continuársele descontando la pensión alimenticia a favor de la señora ESQUIVEL CHI, dado que exhibió estados de cuenta bancarios que abarcan el periodo de dos mil catorce a dos mil diecinueve, advirtiéndose que depositaba a la señora ESOUIVEL CHI. Una pensión alimenticia. Establecidos los motivos de inconformidad; para resolver en este asunto, es menester señalar que si bien es cierto que no es pertinente la parte del acuerdo que señala que no se accede a la solicitud de declarar improcedente el requerimiento de pago de pensión alimenticia retroactiva, que se le hace del periodo que abarca del mes de abril a noviembre del año dos mil diecinueve, no menos cierto es que tal requerimiento no se le ha realizado, puesto que únicamente, se determinó que en cumplimiento de la ejecutoria federal dictada en el Juicio de Amparo 435/2021-VII-A promovido por BELEN DEL CARMEN ESQUIVEL CHI, por su propio y personal derecho y en representación de sus hijos menores S.R.G.E. y R.A.G.E. de identidad reservada, se resolvió que siguiendo los lineamientos señalados en la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en fecha veintitrés de agosto del año que transcurre, que resultaba procedente decretar la pensión alimenticia de los acreedores alimentarios del ahora recurrente, desde que se inició, este procedimiento, por tales razones no debe dejarse sin efecto tal determinación, ya que sólo se cumplió con la disposición de la autoridad federal, siendo obligación de esta autoridad abonar a su cumplimiento al tenor de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Nueva Ley de Amparo; respecto a los demás agravios que invoca, éstos resultan inoperantes, pues no se advierte que exista el pago doble que señala, dado que el periodo que se pretende cobrar mediante la resolución dictada en fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno, es con antelación a la pensión alimenticia decretada en este asunto, así como el otro pago que señala, emana de la aprobación de la planilla de liquidación de diferencias de pensión alimenticia no cuantificadas, que resultaron una cantidad adicional a la ya embargada, hasta cubrir el monto total de DOSCIENTOS VEINTITRËS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, CON OCHENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, misma que adeuda el instado GASCA CABALLERO en concepto de pensiones alimenticias vencidas de los periodos comprendidos del mes de octubre a diciembre del año dos mil diecinueve; de enero a diciembre del año dos mil veinte; de enero a junio del año dos mil veintiuno; por lo tanto no existe la duplicidad, que menciona. Por otro lado, es importante hacer de su conocimiento que los estados de cuenta que señala y que invoca para referir que ha pagado pensiones alimenticias atrasadas: deberá hacerlas valer al cuantificar el monto de pensiones alimenticias no pagadas durante el periodo que abarca del mes de abril a noviembre del año dos mil diecinueve. Por último, respecto a los agravios que dice le causa y que no debió habérsele condenado al pago de diferencias de pensiones alimenticias no pagadas por la suma de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, CON OCHENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, éstos resultan inoperantes, pues el derecho a inconformarse por tal determinación, debió hacerse valer mediante el recurso respectivo al tener conocimiento del acuerdo de fecha dos de septiembre del pasado año, sin que se hubiese hecho valer algún medio de impugnación en contra del referido acuerdo, tal como consta en los presentes autos, razón por la cual ya no resulta válido que el aquí recurrente pretenda controvertirlo, ya que no impugnó en el momento procesal oportuno. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la Jurisprudencia con número de Registro: 176608, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.C. J/60, Página: 2365, misma que a la letra versa: ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz". Por lo que en atención a lo antes expuesto, debe declararse improcedente el presente recurso de revocación. Bajo este contexto, se puede afirmar que el acuerdo de fecha veinticinco de enero del presente año, no transgrede sus derechos; en consecuencia, los agravios hechos valer, resultan insuficientes para revocar el acuerdo impugnado, porque, como se ha expuesto, no se trata de duplicidad de pagos de pensión alimenticia pagados, así como tampoco se le puede eximir de lo determinado por la autoridad federal. Por analogía de razón, esta determinación encuentra sustento en: La tesis VI.20.C.30 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Décima Época, con número de Registro: 2003463, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1699, de rubro y texto: - -- AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN DECLARARSE FUNDADOS PERO INSUFICIENTES PARA TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO Y BENEFICIAR A LOS INTERESES DEL INCONFORME (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). ------ El artículo 396 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla precisa que el tribunal de apelación al emitir su ejecutoria puede declarar que los agravios son fundados, infundados, inoperantes, e insuficientes; y así no obliga a la Sala a clasificarlos en una sola categoría, pues puede hacerlo indistintamente en dos o más hipótesis de las mencionadas. Pero principalmente no obliga a la autoridad de segunda instancia a que por la sola circunstancia de que resulten fundados deba emitir su fallo en sentido favorable al recurrente y a la modificación o revocación del fallo apelado en su beneficio, ya que puede resultar que a pesar de ser fundados los agravios sean insuficientes para trascender al resultado del fallo y, por tanto para beneficiar a los intereses del inconforme, lo que por esa única razón no causa perjuicio alguno a las partes, siempre y cuando las consideraciones y fundamentos que rijan la sentencia se encuentren apegados a derecho. - - Como corolario de lo anterior, deberá declararse improcedente el recurso de revocación interpuesto por RENE JACOBO GASCA CABALLERO en contra del auto de fecha veinticinco de enero del presente año, dejando firme el auto combatido, con todas sus legales consecuencias. Por lo expuesto, considerado y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO.- No ha procedido el recurso de revocación interpuesto por RENE JACOBO GASCA CABALLFRO en contra del auto de veinticinco de enero del presente año; en consecuencia, SEGUNDO: Se confirma el proveído de fecha veinticinco de enero del presente año, quedando firme con todas sus legales consecuencias. TERCERO.- Notifíquese y Cúmplase.". Al respecto, como conceptos de violación el promovente aduce que la determinación impugnada, vulnera sus derechos fundamentales porque la juez responsable omitió aplicar en su beneficio el principio de suplencia del derecho aplicable, dispuesto por el artículo 9 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Por otra parte, también alega el quejoso, que la resolución impugnada viola en su perjuicio sus derechos fundamentales, al declarar la juez como inoperantes sus agravios, en cuanto a que no debió habérsele condenado al pago de diferencias de pensiones alimenticias no pagadas por la suma de doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional, al señalar que: "el derecho a inconformarse por tal determinación debió hacerse valer mediante el recurso respectivo al tener conocimiento del acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, sin que hubiera hecho valer algún medio de impugnación en contra del referido acuerdo, tal como consta en los presentes autos, razón por la cual ya no resulta válido que aquí el recurrente pretenda controvertirlo ya que no se impugnó en el momento procesal oportuno". Lo anterior, porque considera que este razonamiento de la juez responsable lo puede entender de esta manera: "que a pesar de que existen violaciones al procedimiento, y que aun de manera oficiosa se debió analizar, como ya se determinó, pues así seguirá cometiéndose dicha violación, no importa, el deudor (el hoy quejoso), que siga pagando las cantidades aun y cuando se le violen sus derechos". De ahí que estime que dicha violación a sus derechos humanos lo deja en estado indefensión, ya que uno de los razonamientos planteados en la exposición de motivos cuando se emitió el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, es que el código es la protección del Derecho Familiar, en la cual los principios que la van a regir, son los de legalidad, es decir, que los jueces deben actuar con arreglo a las disposiciones este código, y uno de esos principios, es la de suplencia del derecho, siendo que este principio obliga al juez que debe aplicar el fundamento del derecho dentro del procedimiento, pero no sólo a una de las partes sino a las partes. Dichos motivos de inconformidad son infundados. Se afirma lo anterior, toda vez que como correctamente consideró la autoridad judicial responsable, correspondía al quejoso hacer valer el medio de defensa que procediera en contra de la determinación que fijó el monto de la suma que debía pagar en concepto de pensiones alimenticia atrasadas. Máxime que aun cuando es verdad que dicha autoridad tiene el deber de aplicar el derecho, también lo es que es a las partes a quienes les corresponde legalmente poner a consideración del juez, los argumentos pertinentes que consideren violatorios de sus derechos, a través de los recursos que para ello prevé el código familiar; de manera que si el hoy quejoso en su momento no se inconformó de ello, no es válido que ahora pretenda que se analicen cuestiones que consintió tácitamente; cuando tuvo la oportunidad legal de impugnarlas y no lo hizo. Sin que a pretexto de lo que dispone el numeral que cita se pueda interpretar que la responsable tenga obligación de analizar cuestiones respecto de los cuales las partes no se inconformaron y que se convierta en una defensora de los derechos de cada una de ellas; cuando que precisamente al aprobar la planilla exhibida por la aquí tercero interesada, la valoró y con base en ello fue que determinó la legalidad de la misma, trayendo como consecuencia su aprobación. En otro aspecto, alega el quejoso que la responsable se limitó a aprobar la "planilla de pensiones adeudadas", con rubros que no deberían ser cuantificados dentro de sus ingresos para pagar el porcentaje de pensión alimenticia a la que fue condenado, pues no se debieron incluir viáticos, fondos de ahorro, gasolina, despensa, gastos de representación etcétera, ya que existe jurisprudencia que prohíbe la inclusión de los viáticos como ingresos. Por lo que aún y cuando no se hubiere impugnado el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, la juez familiar tenía la obligación de analizar de oficio en relación a la planilla de pensión. Que el monto retroactivo que se le determinó en el procedimiento resulta ilegal porque la responsable se limitó a aprobar el monto de dicha cantidad con la simple manifestación de la parte demandada, sin realizar un debido análisis legal de la misma, pues dentro de la cantidad cuantificada se incluyeron viáticos, fondos de ahorro, gasolina, despensa, gastos de representación etcétera, lo cual es inconstitucional. Que se le dejó en estado de indefensión, porque no se le aplicó el principio de suplencia del derecho aplicable, dado que aunque tenga el carácter de deudor alimentarlo, eso no impide, ni obstaculiza, que se debió analizar si en verdad esa cantidad es la que adeuda, más aún porque dentro de esas cantidades se encuentran en forma indebida los rubros de viáticos, fondo de ahorro, despensa, ayuda de gasolina, siendo que este último concepto no es un ingreso, pues considera que se trata de un rubro que sirve para el traslado de su hogar a su trabajo y viceversa. De igual manera, expone el promovente que en el caso a estudio la cantidad que se dice se adeuda no es la cantidad señalada en el escrito de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno y ni la aprobada en acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, pues en ese acuerdo la juez responsable decretó y requirió de pago a la persona moral para la cual trabaja proceda a descontar el monto de la cantidad señalada por la tercero interesada, sin exista un estudio de parte de la autoridad para determinarlo, sino que simple y sencillamente se limitó a aprobar dicha cantidad. Dichos conceptos de violación son inoperantes, toda vez que se tratan de cuestiones ajenas a la presente litis, dado que la resolución que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, únicamente se ocupó de lo relativo a la decisión tomada por la Juez responsable en el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en cuanto que no era procedente lo solicitado por el quejoso, respecto a que declarara improcedente el pago de pensión alimenticia en forma retroactiva del mes de abril a noviembre de dos mil diecinueve; sin que en algún momento se atendieran las cuestiones que ahora pretende introducir en este análisis, del cual la responsable no se pronunció en este momento procesal, ya que corresponden a uno diverso, consentido previamente por el quejoso, ante su falta de impugnación oportuna. Es aplicable a lo antes expuesto, por analogía por tratarse de conceptos de violación formulados en amparo directo, en torno a un recurso de apelación, el criterio contenido en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la foja 181, del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro, 229,934, que informe: "CONCEPTOS DE VIOLACION, SON INOPERANTES CUANDO SON AJENOS A LA MATERIA DE LA APELACION. Cuando el quejoso expresa como argumentos en su demanda de amparo en vía directa cuestiones diferentes y ajenas a los agravios que fueron materia de estudio en la alzada, es decir, ante la Sala responsable, no resulta dable jurídicamente ocuparse de cuestiones ajenas a la litis planteada, en cuyo caso por inoperancia debe negarse la protección de la justicia federal." Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 458, del Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 219,647, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACION. Son inoperantes los conceptos de violación, cuando a través de ellos se pretenden introducir cuestiones ajenas a los agravios en la apelación, supuesto que el tribunal de alzada, sólo puede emprender ese examen siempre y cuando en el pliego de agravios se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes." Aunado a lo anterior, cabe señalar que los argumentos expuestos por el quejoso devienen inoperantes, porque no tienden a combatir todas las consideraciones en que se basó la Juez responsable al resolver el recurso de revocación, así como tampoco expone causa de pedir dirigida a demostrar la ilegalidad de la resolución combatida, pues se limita a hacer afirmaciones sin sustento jurídico, omitiendo realizar argumentaciones enfocadas a demostrar las violaciones que dice cometió dicha autoridad responsable al momento de emitir la resolución respectiva. En efecto, el quejoso no combate todas las consideraciones torales y disposiciones normativas que sirvieron de sustento a la autoridad responsable en la determinación reclamada, como son: Que en relación a la parte del acuerdo que no se accede a la solicitud de declarar improcedente el requerimiento de pago de pensión alimenticia retroactiva, que se le hizo por el periodo que abarca del mes de abril a noviembre de dos mil diecinueve, no se realizó tal requerimiento, porque únicamente se estableció que en cumplimiento de la ejecutoria federal dictada en el juicio de amparo 435/2021-VII-A promovido por la aquí tercero interesada por sí y en representación de sus hijos menores, se resolvió que siguiendo los lineamientos señalados en la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en fecha veintitrés de agosto del año que transcurre, resultaba procedente decretar la pensión alimenticia de los acreedores alimentarios desde que se inició el procedimiento; por lo que consideró que no debe dejarse sin efecto tal determinación, ya que sólo se cumplió con la disposición de la autoridad federal. Asimismo, la parte en que determinó que los demás agravios que invocó, resultan inoperantes, porque no advierte que exista el pago doble que refiere, ya que el periodo que se pretende cobrar mediante la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, es respecto a la pensión alimenticia decretada en el juicio, y diverso pago que señala, emana de la aprobación de la planilla de liquidación de diferencias de pensión alimenticia no cuantificadas, que resultaron en una cantidad adicional a la ya embargada, hasta cubrir el monto total de doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, con ochenta centavos, moneda nacional, que adeuda el quejoso en concepto de pensiones alimenticias vencidas de los periodos comprendidos del mes de octubre a diciembre de dos mil diecinueve; de enero a diciembre del año dos mil veinte; y de enero a junio del año dos mil veintiuno; por lo que consideró que no existe la duplicidad mencionada. Y por otro lado, expuso la responsable que los estados de cuenta que refirió el quejoso para destacar que ha pagado pensiones alimenticias atrasadas, debe hacerlas valer al cuantificar el monto de pensiones alimenticias no pagadas durante el periodo que abarca del mes de abril a noviembre de dos mil diecinueve. De ahí que se califiquen como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que con tales argumentos no ataca frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse, pues los mismos son ambiguos y superficiales, ya que no realiza razonamiento alguno capaz de ser analizado. En tales circunstancias, dado que este órgano jurisdiccional de amparo debe examinar únicamente los conceptos de inconformidad propuestos por el peticionario y al no apreciarse que éstos sean suficientes para acreditar la inconstitucionalidad de la resolución combatida, es por lo que ésta debe seguir rigiendo en el sentido de lo decidido, con independencia de su legalidad o ilegalidad. A la conclusión apuntada es aplicable la Jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 621, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." También resulta aplicable la tesis 2, de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en las páginas 439 y 440 del informe de labores de 1989, tercera parte, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el impetrante aduce alegaciones, en las cuales no se controviertan de manera específica las consideraciones que la responsable tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." En consecuencia, al haber resultado infundados e inoperantes los conceptos de violación aducidos, lo que legalmente procede es negar al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde con lo establecido por los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, y del actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta capital; por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy -treinta de noviembre de dos mil veintidós-, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
NOT ELECT Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese el alegato ministerial 809/2022, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas hágase del conocimiento de la representante social, que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramita vía electrónica, esto es, los acuerdos dictados en el mismo únicamente obran en el expediente electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, únicamente se autoriza la expedición de copias certificadas relativas a actuaciones previas a la entrada en vigor del acuerdo en cita. Pues respecto a las actuaciones posteriores, dígase a la citada representada social que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido de que las que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas. Lo anterior, con fundamento en el a artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Toda vez que la promoción de cuenta, fue presentada de manera física en la oficialía de partes de este Juzgado, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 24 del Acuerdo General 12/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, proceda la Secretaría a su digitalización para integrarla al expediente electrónico del juicio en que se actúa. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el Licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
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