Virginia de los Ángeles Flores
Expediente 1221/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Santos Alfredo Osorio Cushco
- José Lorenzo Flores Flores y Otros.
- Maura Lilian Gámez
- Virginia de los Ángeles Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el auto de seis de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, haya sido recurrido por la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios, y no obstante ello, no lo recurrió; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.
- Principal
CAUSA ESTADO AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA DEMANDA DE AMPARO..
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe sobre la suspensión de plano, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable Representante Local de Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta a las señaladas por el promovente en la demanda de amparo), acompañando como complemento al último de ellos, diversas constancias relacionadas con el acto reclamado; en tal virtud, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora, de las constancias de mérito, se advierte que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por los quejosos 1) José Lorenzo Flores Flores y 2) Miguel y Antonio Bermúdez Alfaro, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que los quejosos reclaman primordialmente la detención que como personas extranjeras ejecuta en su contra la responsable, y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó al informe justificado, copias certificadas relacionadas con los actos reclamados, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el uno de julio de dos mil veintidós, el Sub-Representante Local Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, emitió el acuerdo de salida con fines de regularización de estancia en el país, a favor de los aquí quejosos 1) José Lorenzo Flores Flores y 2) Miguel y Antonio Bermúdez Alfaro. Sin que obste a lo anterior que de los documentos remitidos por la autoridad migratoria se advierta que fue asentado el nombre de Miguel Antonio Bermúdez Alfaro, pues la firma que el quejoso estampó en el oficio de salida claramente coincide con la plasmada en la diligencia de ratificación de la demanda constitucional. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraban los quejosos hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedaron en libertad y, por ende, la detención que reclaman en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo [veintisiete de junio de dos mil veintidós], lo fue el uno de julio del año en curso, respectivamente. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, los quejosos expresaron que se encontraban bien de salud y que no habían sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por los quejosos 1) José Lorenzo Flores Flores y 2) Miguel y Antonio Bermúdez Alfaro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado, toda vez que la autoridad responsable Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, no ha remitido copia certificada de las constancias que le fueron requeridas en proveído de treinta y uno de mayo del presente año. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de las constancias que tengan relación con los actos reclamados; lo anterior, toda vez que resulta necesario para continuar con el procedimiento en el presente juicio y estar en posibilidad legal de resolver el mismo, tomando en consideración que ha sido omisa en rendir su informe justificado. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Por último, para dar oportunidad a la integración de este juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese. ...
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