Virginia Dávila Limón

Expediente 1212/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1212/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Virginia Dávila Limón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual informa que el órgano de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto que desechó la demanda de amparo; de lo que se toma conocimiento y se está en espera que el Tribunal de Alzada emita la resolución respectiva.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Actuario judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto que desechó la demanda de amparo, el cual se registró con el número ********************, de su índice, asimismo, solicita se vinculen las constancias de notificación al expediente electrónico del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. De la radicación del recurso de queja antes referido, este Juzgado toma conocimiento; asimismo, se instruye al actuario adscrito a este juzgado federal, para que verifique la integración de las notificaciones al expediente electrónico particularmente la del auto recurrido, para los efectos legales que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación generó un impacto en la administración de justicia; por lo que, atento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de subsanar el retraso ocasionado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. QUEJA Intégrese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, toda vez que no existen partes a las cuales notificar, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Turno, para su sustanciación. De igual forma, ríndase el informe relativo, en el sentido de que se acepta el acto impugnado, ello en razón de que sí fue emitido el proveído que combate en el cual se determina desechar la demanda de amparo; en virtud de la parte quejosa previamente a acudir a la instancia constitucional, debió agotar el principio de definitividad, a través del juicio contencioso administrativo, que constituye un mecanismo de defensa ordinario previsto en la ley que rige al acto precitado, el cual es apto para controvertir la contestación de que se duele la quejosa, mismo que no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Háganse las anotaciones respectivas. De igual manera, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada. En ese sentido resulta innecesario el envío de copias certificadas del presente sumario a fin de que el tribunal de alzada esté en aptitud de substanciar el referido medio de impugnación.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito firmado por ***, a través del cual desahoga la prevención que se le efectuó mediante proveído de diez de agosto del año en curso. Ahora bien, en términos del escrito que se acuerda, este juzgado arriba a la conclusión que el acto reclamado lo constituye: El oficio de 2***, de fecha veintiséis de junio del año en curso, a través del cual se dio respuesta al escrito de petición que presentó el doce de junio del año en curso ante la Jefa del Departamento de Pensiones y Secretaria Técnica del Comité de Pensiones del ISSEMYM, por la cual solicitó la asignación del pago de la pensión que le fue autorizada desde el diecisiete de agosto de dos mil doce. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Al respecto es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esencia establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo consistente en que la quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra del acto reclamado, cuyas excepciones son de estricta aplicación, a saber: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c), de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo) e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d) fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo) Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 191539, de título, subtítulo y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Para robustecer lo anterior, debe decirse que el precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX, de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Además, resulta importante destacar que el numeral en comento, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Al respecto, conviene citar los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, mismos que establecen: Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. Artículo 194.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad. Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 256.- Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 257.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258.- En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 260.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. De lo anterior se advierte que los preceptos transcritos establecen la procedencia del recurso administrativo de inconformidad o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra de actos dictados por autoridades administrativas y fiscales, siendo optativo para los particulares agotar el recurso de inconformidad en contra del acto administrativo combativo o bien acudir en juicio de administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ello, ya que si bien el recurso de inconformidad es optativo, el juicio contencioso administrativo no lo es, ya que constituye un mecanismo de defensa previsto en ley, el cual es apto para controvertir el acto del que se duele la quejosa, mismo que no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Cabe señalar que en el presente asunto no se sostiene la posibilidad de que en contra del acto reclamado proceda el juicio contencioso administrativo, sino que no constituye una afirmación, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto el trece de marzo de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 452/2012, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dando origen a la jurisprudencia 2ª./J. 60/2013 (10ª.), publicada en la página 933, del Tomo 1, del Libro XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio del año dos mil trece, Décima Época, materia común, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad". De lo anterior, claramente se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto el tema de procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra los actos impugnables a través de ese medio ordinario de defensa. En ese tenor, es de sostenerse la materialización de la mencionada causa de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en: El oficio de ***, de fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se dio respuesta al escrito de petición que presentó el doce de junio del año en curso ante la Jefa del Departamento de Pensiones y Secretaria Técnica del Comité de Pensiones del ISSEMYM, por la cual solicitó la asignación del pago de la pensión que le fue autorizada desde el diecisiete de agosto de dos mil doce. Lo anterior se sostiene en la medida que, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión; por tanto, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, por las siguientes razones: Los artículos 128, 131 y 138, de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: ( Que la solicite el agraviado (fracción I); ( Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); ( Que se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; cuando se aduzca un interés legítimo (artículo 131); y ( Que del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, conlleve a concluir que se deba conceder la suspensión solicitada. (Artículo 138). Como se advierte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos a los previstos la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas leyes, ante la solicitud de la medida cautelar se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, según lo previsto. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo, prevé que cuando con la concesión de la suspensión de los actos se puede ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual es previsto de la misma forma en el párrafo primero del citado artículo 257 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. La comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto acorde con el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo para conceder la suspensión, por lo que, previamente a acudir a la instancia constitucional, la quejosa debe instar el juicio contencioso administrativo, a reclamar la contestación que le dieron a través del oficio 207C0401520101L/Dp/8153/2023, de fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se dio respuesta al escrito de petición que presentó el doce de junio del año en curso ante la Jefa del Departamento de Pensiones y Secretaria Técnica del Comité de Pensiones del ISSEMYM. Máxime, que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el diverso precepto legal 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Virginia Dávila Limón. Notifíquese.

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