Virginia Contreras Camacho

Expediente 1221/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1221/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Virginia Contreras Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *****; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA. AUTOS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al inconforme.

  4. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de veintidós de julio del año en curso para que se manifestaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizaron en tiempo y forma. En esas condiciones, se procede a resolver sobre tal acatamiento, pues se trata de una cuestión de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. De inicio, es menester precisar que este órgano de control constitucional, el doce de noviembre de dos mil veinte, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos *****. Dicha determinación fue modificada por el Octavo Tribunal colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictada en el R.C. 51/20202-III. Bien, las consideraciones esenciales y los efectos del amparo fueron los siguientes: ""[.] En ese sentido, tiene razón la recurrente al indicar que el Juez de Distrito omitió tomar en cuenta el certificado de gravámenes en que aparece la inscripción de la hipoteca del crédito reclamado, porque atendiendo al mismo es evidente que los peticionarios de amparo son causahabientes del deudor principal, porque adquirieron el bien con ese gravamen. No obstante lo anterior, como se desprende de las constancias reseñadas y los actos reclamados por los peticionarios de amparo, y dado que indicaron que no fueron oídos ni vencidos en juicio, y atendiendo al estudio integral de la demanda, en que se mencionó la forma en que fue emplazada la sucesión, se endiente que su reclamo es por la falta de emplazamiento, porque el mismo se hizo a través de una persona a quien no le correspondía tener la representación de la sucesión, y es en este sentido que les asiste la razón. Es así, porque si previamente a la tramitación del juicio natural (2006) se designó albacea en la sucesión del demandado (2005), y posteriormente a ello se aprobó incluso el proyecto de partición y adjudicación que presentó el albacea (2007), en tanto que el emplazamiento se realizó en (2014) a través de un interventor judicial, es evidente que dicho emplazamiento a la sucesión fue ilegal porque tenía que hacerse realizado por conducto de su verdadero representante legal, que no era el interventor, a quien se nombró partiendo de una base falsa, porque ya existía una designación previa e incluso adjudicación hereditaria, con independencia de que su cargo hubiera o no sido revocado. En ese sentido, la sentencia revisada, que concedió el amparo para el efecto de que juez responsable "En el juicio 297/2006, de su estadística, se abstendrá de perturbar la prerrogativa de propiedad y posesión de los peticionarios del amparo respecto del inmueble ubicado en el ******, Distrito Federal, hasta que sean oídos y vencidos en algún diverso procedimiento, es incorrecta, porque el Juez de Distrito asignó a los quejosos un carácter que no tienen (tercero extraño a juicio) y consideró que lo reclamado por los peticionarios se reducía a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, cuando que, precisamente en su calidad de causahabientes estaban en aptitud de reclamar, como lo hicieron, por falta de emplazamiento legal a la sucesión. En ese sentido, como los quejosos son causahabientes del deudor principal y está demostrado que el emplazamiento a juicio se realizó de manera ilegal, procede conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable tomando en cuenta los lineamientos de esta ejecutoria deje insubsistente todo lo actuado en el juicio natural y ordené de nueva cuenta el emplazamiento a juicio a través de la persona que corresponda, acorde con lo antes considerado. [.]" Asimismo, mediante oficios con números de registro 10712 y 11347, la Novena Sala, así como la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informaron el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que mediante auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós se dio vista a la quejosa, así como a la tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia concesoria. Así, por proveído de veintidós de julio de la presente anualidad, este juzgador determinó que la sentencia no se encontraba cumplida, por los motivos que a continuación se exponen: "[.] La Jueza Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por auto de quince de junio pasado, dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio natural y ordenó "EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA SUCESIÓN A BIENES DE JOAQUÍN RODOLFO ESTRADA TOLEDANO POR CONDUCTO DE SU ALBACEA"; sin embargo, de la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México, antes transcrita, se advierte claramente que el emplazamiento debe ordenarse a Joaquín Alejandro y Eduardo, ambos de apellidos Estrada Vega, en su carácter de causahabientes del deudor principal Joaquín Rodolfo Estrada Toledano. Por su parte, la Novena Sala Civil de la Ciudad de México, por sentencia de veintitrés de junio de la presente anualidad, dejó insubsistente la sentencia definitiva materia del recurso de apelación dictada en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, así como todo lo actuado en el juicio natural y ordenó el emplazamiento a juicio de la demandada Sucesión de Joaquín Rodolfo Estrada Toledano, por conducto de quien según se desprende de constancias, es su albacea Joaquín Alejandro Estrada Vega o por quien legalmente la represente; sin embargo, como se precisó en párrafos anteriores, el emplazamiento debe ordenarse a Joaquín Alejandro y Eduardo, ambos de apellidos Estrada Vega, en su carácter de causahabientes del deudor principal Joaquín Rodolfo Estrada Toledano. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérase al juez y la sala responsables para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, cumplan efectivamente la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados y ordenen el correcto emplazamiento de la parte demandada *******quejosos en el presente juicio-. [.]" Derivado de lo anterior, se requirió a las autoridades responsables a efecto de que cumplimentaran a cabalidad la ejecutoria de amparo, lo que dio como consecuencia las siguientes actuaciones: Mediante oficio con número de correspondencia 14621, la Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, a través del cual dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio natural y ordenó practicar de nueva cuenta el emplazamiento de los demandados. De tal determinación, importa transcribir lo siguiente: "(.) como lo solicita la autoridad federal y en cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, de fecha veinticinco de mayo del año en curso, SE DEJA INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO NATURAL Y SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA PARTE DEMANDADA *****, A TRAVÉS DE SUS CAUSAHABIENTES ******---QUEJOSOS EN EL PRESENTE JUICIO---, para tal efecto, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL requiérase a la parte actora, para que en el término de TRES DÍAS siguientes a la notificación, exhiba las copias simples del escrito inicial de demanda y documentos base de la acción para el traslado correspondiente, así como también proporcione el domicilio para su emplazamiento (.)" Por su parte, a través del oficio registrado bajo el ordinario 14839, la Secretaria de Acuerdos de la Novena Sala Civil de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca 156/2018, por la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha veinticinco de mayo del presente año, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión número R.C. 51/2022-III, se ordena que el juez de origen cumpla con lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, expediente número 297/2006. Ordene el emplazamiento de *******, porque de acuerdo con el artículo 1281 del Código Civil, dichas personas no son extraños al juicio, lo que significa que son causahabientes del de cujus, y como causahabientes son continuadores de la personalidad de éste. Ordene el emplazamiento de *******, por conducto de su albacea ******, ya que en la sucesión tramitada en el expediente 137/2005 del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de *******, en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil cinco se verificó la junta de herederos a que se refiere el artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad y se designó como albacea definitivo de las sucesiones intestadas al coheredero, ******. Prevéngase a la parte actora para que exhiba tres juegos de copias de la demanda, para que se lleven a cabo los emplazamientos". De lo antes expuesto se advierte que las autoridades responsables dejaron insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, expediente número 297/2006, asimismo, ordenaron el emplazamiento de *******, en su carácter de causahabientes del deudor principal *********. Por lo tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto. Hágase del conocimiento de las partes lo antes expuesto, para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el numeral 196 del citado ordenamiento, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, así como el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, toda vez que el expediente principal se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. En atención a que en el caso en particular, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General plurimencionado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, o en su caso, las inherentes a su violación y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. Asimismo, toda vez que en el presente asunto obran documentos considerados como no originales; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de los quejosos los documentos catalogados como "no originales"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del Acuerdo General citado. Finalmente, agréguese a los autos el ocurso signado vía electrónica por *****, mandatario judicial de la tercera interesada ******, por medio del cual solicita que se emita el pronunciamiento respecto del cumplimiento dado a la sentencia concesoria, en tal sentido, dígase al promovente que deberá de estarse a lo ordenado en párrafos que preceden. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a los quejosos, así como a los terceros interesados y por lista a las demás partes.

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