Virginia Contreas Cerda

Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
90/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Virginia Contreas Cerda

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En razón de que la parte quejosa o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Agréguese a sus autos el escrito signado por José Luis Martínez Guzmán, en cuanto apoderado jurídico de Virginia Contreras Cerda, mediante el cual cumple en tiempo con lo requerido en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, para lo cual manifiesta lo siguiente: "bajo protesta de decir verdad se manifiesta: Mi mandante se constituyó en las oficinas de las autoridades responsables en fecha 02 dos del mes de mayo del 2019 dos mil diecinueve, como se demuestra con las copias certificadas por notario público respecto de la constancia de vigencia de derechos (de fecha 20 de mayo del año 2019), en la que mi representada aparece como beneficiaria y solicitud de pensión, expedida por las responsables, las cuales se ofrecen como prueba de la parte que representamos. En fecha 29 veintinueve del mes de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, le fue notificado la Cancelación de pensión a que se refiere la demanda inicial, para lo que se exhibe con este escrito copia simple de dicha constancia." DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable por del acto reclamado, consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO. - La negativa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar a la quejosa la pensión de viudez por el fallecimiento de su esposo, el señor MARIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ." Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda o aclaración, y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA".***** En el escrito de cuenta, el quejoso expresa, bajo protesta de decir verdad, que el dos de mayo de dos mil diecinueve, la quejosa Virginia Contreras Cerda se constituyó en las oficinas de las autoridades responsables para solicitar la pensión de viudez al modulo de prestaciones económicas de la Unidad Médica Familiar 81 con residencia en esta ciudad, y el veintinueve de mayo siguiente, le fue notificada la cancelación de pensión de viudez por el fallecimiento de su esposo Mario Rodríguez Hernández, toda vez que al existir dos actas de matrimonio del asegurado pensionado y extinto Mario Rodríguez Hernández, el Jefe Subdelegacional de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social le informó que, ese instituto no tiene la facultad de determinar quien es la cónyuge del derecho, para lo cual debía acudir al registro civil a hacer juicio, para que la instancia correcta determine quien es la del derecho. Sin embargo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a desechar de plano la demanda de amparo como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. **** De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueve la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedora del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal transcrito se advierte que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. En ese sentido, al seguir el marco jurídico invocado y paralelamente a los actos reclamados conforme a los hechos que constituyen sus antecedentes -vertidos en la demanda de amparo, se reitera que los actos reclamados consisten en la negativa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar a la quejosa la pensión de viudez por el fallecimiento del señor MARIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ -cónyuge de la aquí quejosa-. Sin embargo, la Ley de Amparo además de la notificación en términos de la Ley ordinaria de la cual provenga el acto reclamado, también establece la posibilidad de que la quejosa conozca del acto de manera informal, sin exigir formalismo para ello, y esté en condiciones de combatirlo, esto es, simplemente que tenga conocimiento del acto, como en el caso acontece cuando dice que el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve le notificaron la cancelación de la pensión de viudez por el fallecimiento de su esposo señor MARIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. Así, se tiene que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, fecha en la que es ineludible que la demanda de amparo que nos ocupa se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados. Ello es así toda vez que en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda de amparo indirecto se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado, en el caso, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve fue la fecha en la que la quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad que conoció el acto reclamado, por tanto, el primer día hábil siguiente a esa data fue el treinta de mayo de dos mil diecinueve. De tal modo, el plazo para presentar la demanda de amparo contra los actos reclamados, transcurrió del treinta de mayo al diecinueve de junio de dos mil diecinueve, ello es así, en virtud de que, en dicho plazo no se computaron los días que mediaron previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo, lo que se ilustra a continuación:****** Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados. Esto es, aun excluyendo de dicho cómputo los días no laborables, la presentación de la demanda de amparo sigue estando fuera del plazo que la ley exige para estudiar los actos reclamados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sin que opere excepción a dicha regla general, en virtud de que el acto que reclama la quejosa es la negativa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar a la quejosa la pensión de viudez por el fallecimiento del señor MARIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ -cónyuge de la aquí quejosa-, pues no se trata de una norma general, procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, derechos agrarios o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. ****** Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. No es obstáculo para considerar lo anterior el hecho que manifiesta la parte promovente en su escrito aclaratorio en el sentido de que los derechos de la parte quejosa a la pensión es imprescriptible; lo anterior porque las reglas que rigen en la materia fuente del acto reclamado, solo tienen aplicación para los trámites que se lleven ante la misma, pero no modifican las reglas para el trámite del juicio de amparo, pues conforme al principio de especialidad, debe de aplicarse al juicio de amparo, las disposiciones que establecen la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en las cuales no existe alguna norma que permita considerar que el término es indefinido para promover juicio de amparo contra actos relativos a la negativa o terminación de una pensión; sino que se rige por las hipótesis del precitado artículo 17 y, en el presente caso, aplica la de quince días como ya se explicó. Por otra parte, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "joseluismartinez"; para lo cual, se ordena a la funcionaria encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en el sistema; para los efectos legales consiguientes. Asimismo, en cuanto al correo electrónico (joseluismartinez.cjf@gmail.com) y número telefónico que indica, dígasele que en auto de veintitrés de febrero del año en curso se le tuvo únicamente como contacto, para comunicarle en su caso las claves a fin de llevar a cabo audiencias por videoconferencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en cuenta además, que tales medios electrónicos no son los idóneos para recibir notificaciones, pues ni en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ni en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativos al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se prevé que en los juicios de amparo, las partes puedan ser notificadas en correos electrónicos. Ahora, es claro que las partes pueden solicitar el trámite del juicio en línea, pero para ello es necesario que cumplan con los siguientes requisitos: a) Tener usuario con firma electrónica autorizada en el Portal de Servicios en Línea; b) Solicitar el acceso al expediente electrónico; c) Solicitar recibir notificaciones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, con apoyo en los artículos 2, fracción IV, XI y XII, 13, 14, del acuerdo antes invocado; así como artículos 6, 10, 11, 14, 16, 18, 34, 35, 36, 39, 55 y 60, del acuerdo general 12/2020. Por ende, si lo que desea el quejoso es que su abogado o defensor, consulte el juicio en línea, tiene las siguientes opciones: A) De acuerdo con los artículos 3 y 24, párrafo final, de la Ley de Amparo, puede el quejoso directamente o a través de representante legal (como un apoderado jurídico) solicitar en promoción por escrito con firma autógrafa o en forma electrónica usando su propio y personal usuario del Portal de Servicios en Línea, que cuente con firma electrónica autorizada, solicitar el acceso para ella y para el autorizado en términos amplios, a quien le puede permitir que use su firma electrónica, a cuyo efecto deberá de comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma. B) Conforme a los artículos 14, 16 y 35 del acuerdo general 12/2020, puede presentar el quejoso o a través de representante legal (como un apoderado jurídico), una promoción en físico con firma autógrafa o en forma electrónica firmada con firel, en la cual señale que otorga a su autorizado en términos amplios la facultad expresa para que éste solicite el acceso al expediente electrónico o si lo desea, además, que pueda solicitar ser notificado en línea en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Hecho lo anterior, quien decida el quejoso y nombre su autorizado en términos amplios con la mencionada facultad expresa, ahora sí podrá comparecer en una promoción ante este juzgado a solicitar el acceso al expediente electrónico, proporcionando su nombre de usuario, en cuya virtud, tendrá acceso a dicho expediente y a algunas de las herramientas y beneficios propios del sistema en línea, pero su juicio aún no se tramitará en línea pues para ello será necesario que, además, también solicite que se le hagan las notificaciones en línea en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con ese usuario; con esto último el juicio se llevaría completamente en línea, con todas las herramientas y beneficios del sistema. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.******

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