Virginia Castelán García
Expediente 1166/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- Virginia Castelán García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual informa que en proveído de cinco de septiembre del año en curso, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, el cual se radicó como ********************; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la apoderada del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso; por tanto, fórmese expedientillo de antecedentes, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios y, con el original remítanse los presentes autos, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno. En ese sentido, con fundamento en el Manual de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, entre otros, los objetivos, funciones y responsabilidades de los puestos, se comisiona al actuario adscrito a fin de que una vez que realice las notificaciones pertinentes y cuente con las constancias correspondientes, las remita, debidamente integradas al presente expediente (física y electrónicamente), a la secretaría encargada de este asunto, a fin de darle la mayor celeridad al trámite del recurso interpuesto.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR MEDIO DE LISTA ELECTRÓNICA, PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE; Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la apoderada del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso; por tanto, fórmese expedientillo de antecedentes, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios y, con el original remítanse los presentes autos, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno. En ese sentido, con fundamento en el Manual de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, entre otros, los objetivos, funciones y responsabilidades de los puestos, se comisiona al actuario adscrito a fin de que una vez que realice las notificaciones pertinentes y cuente con las constancias correspondientes, las remita, debidamente integradas al presente expediente (física y electrónicamente), a la secretaría encargada de este asunto, a fin de darle la mayor celeridad al trámite del recurso interpuesto.
- Principal
PARTE QUEJOSA AMPLÍA DEMANDA. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa por el cual amplía su demanda de amparo respecto de las siguientes autoridades y acto reclamados: Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. El emplazamiento realizado en fecha tres y cuatro de marzo de dos mil catorce. La sentencia de veintisiete de junio de dos mil catorce dictada en el juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y su notificación. Diligenciario adscrito al Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Emplazamiento y acta de emplazamiento de tres y cuatro de marzo dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS INICIALES. Ahora bien, previo a proveer al respecto, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que este órgano de control constitucional debe analizar el contenido íntegro del escrito, para así encausar la materia de estudio que en su momento se realice en audiencia constitucional, una vez desahogadas todas las etapas de este juicio constitucional. En ese sentido, por escrito recibido en este juzgado el quince de junio del dos mil veintidós, ******************** por propio derecho, promovió juicio de amparo reclamando lo siguiente: La falta de emplazamiento, y en consecuencia todo lo actuado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, practicado, incluyendo la sentencia y su ejecución. Luego, del estudio íntegro del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa -una vez que se impuso del informe justificado rendidos por el juez y diligenciario responsables y la vista realizada en auto de diez de julio de dos mil veintitrés, así como de las constancias que lo sustentan- pretende ampliar su demanda respecto del procedimiento seguido en el juicio natural, desde el emplazamiento hasta la ejecución de la sentencia, empero dichas actos se contemplan como reclamados en su escrito inicial de demanda, pues al señalar como acto "todo el procedimiento" implica las actuaciones que se hayan practicado en el asunto de origen, a partir del emplazamiento que califica de ilegal; por lo que no sería procedente su admisión por actos per se, tras ya haber sido reclamados. No obstante, puesto que la figura jurídica de ampliación de la demanda permite formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa, integrada por los actos reclamados inicialmente y por los novedosos que se encuentren relacionados con ellos, ya sea que se conozcan mediante el informe justificado o por cualquier otro medio; al tiempo que permite al órgano jurisdiccional analizar la constitucionalidad de las actuaciones impugnadas y, en ese orden, estar en posibilidad de dictar una resolución sobre la totalidad de la pretensión de la parte quejosa, se hace de su conocimiento que las manifestaciones relacionadas con los nuevos actos que cita, serán consideradas como nuevos conceptos de violación, pues en éstas combate vicios propios de los que fueron reclamados inicialmente, para ser valorados en el momento procesal oportuno. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo. ADMISIÓN DE AMPLIACIÓN. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda que plantea la quejosa, sólo por cuanto hace a los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P/J .15/2003, publicada en la página 12. Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). INFORME JUSTIFICADO. Se requiere a las citadas autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, y para tal efecto se manda copia simple de la ampliación de la demanda, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 22, 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. Expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos que a cada uno les reclama, para lo cual acompañarán, en su caso, copia certificada completa, ordenada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido arábigo. Se les apercibe que de ser omisas en rendir su informe con justificación o de rendirlo sin remitir, en su caso, copia certificada completa, ordenada y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa por el importe de cien días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al que tiene el salario mínimo general vigente diario para todo el país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, se les hace saber que aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, requiérase a dichas autoridades, para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó el mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De acuerdo con los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, el quejoso puede ampliar su demanda para formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación, a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe relativo únicamente conllevará imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omiten rendir el informe correspondiente a la demanda inicial. Intervención de la representación social. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le corresponde, por lo que acorde con lo establecido en la fracción III, del numeral 26 del propio ordenamiento, notifíquesele este acuerdo por lista. En el entendido que queda a disposición copia del presente acuerdo así como de la ampliación de la demanda de amparo, en las instalaciones de este juzgado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, la documental que adjuntó a su demanda; sin perjuicio de ser relacionadas con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Audiencia constitucional Hágase de conocimiento a las partes que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Hágase saber todo lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes.
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