Virginia Avila Velazquez

Expediente 1187/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1187/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Virginia Avila Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo sin que se hayan devuelto las constancias remitidas por el juez de lo Civil del distrito judicial de Teziutlán, Puebla; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el Anexo I.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que: ".el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, gire el oficio correspondiente al Secretario de Seguridad Municipal de ese lugar, para que se abstenga de ejecutar la orden de presentación de la quejosa, que fue ordenada mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1062/2016, donde dicha quejosa es parte demandada." Asimismo, mediante oficio recibido el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto treinta de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a la partes con tal documento, mismo que se les notificó el nueve de noviembre del año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió informó que mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 1062/2016 relativo juicio de liquidación de sociedad conyugal, por disolución del matrimonio, ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Municipal de Teziutlán, Puebla, a fin de que se abstenga de ejecutar la orden de presentación a la aquí quejosa Virginia Ávila Velázquez. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y se negó en forma definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, por medio del cual informa que mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 1062/2016 relativo juicio de liquidación de sociedad conyugal, por disolución del matrimonio, en el que ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Municipal de Teziutlán, Puebla, a fin de que se abstenga de ejecutar la orden de presentación a la aquí quejosa Virginia Ávila Velázquez. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee y concede la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de lo Civil y Secretario de Seguridad Municipal, ambos con sede en Teziutlán, Puebla para que dentro del plazo de tres días de cabal cumplimiento a la presente ejecutoria dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para lo cual deberá: Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras cada una a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195, de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que se formó el Anexo I con las copias certificadas remitidas como apoyo a su informe de ley por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.

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