Virginia Amparo Pérez Morales
Expediente 608/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/07/2019
Partes del expediente
- Virginia Amparo Pérez Morales
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído de diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 30-34), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Ahora, del análisis de la demanda y de las actuaciones que fueron enviadas por el Presidente de la junta responsable, se observa que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo o negativo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos o negativos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en remitir el expediente *****, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del conflicto competencial suscitado entre dicha autoridad y la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado. Ahora bien, de la constancia remitida por el titular de la junta responsable, se advierte que mediante oficio *****, de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, remitió al Tribunal Colegiado en Materia Laboral de este Circuito, el juicio laboral *****, para la sustanciación del referido conflicto competencial; comunicación que fue recibida por el citado tribunal colegiado con fecha treinta de mayo de esta anualidad. Documental a la cual se concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, es inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en remitir el expediente *****, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del conflicto competencial suscitado entre dicha autoridad y la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar que aún persiste la omisión reclamada, si la autoridad demostró con documentos que hacen prueba plena, que tal omisión se subsanó, de ahí que en aras de no retardar injustificadamente la resolución de este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se recibió el informe justificado de la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de los informes justificados y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa así como al agente del Ministerio Público de la adscripción; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese al sumario la comunicación firmada por el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por la cual informan las gestiones que han realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En ese contexto, señalan bajo protesta de decir verdad que la primera gestión la realizaron mediante oficio ********************, de veinte de junio de dos mil dieciocho, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, en que solicitaron la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del seguro social a favor de la parte actora. Posteriormente, ante la imposibilidad que manifestó dicho instituto, procedieron a solicitar al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, a través de la comunicación ********************, informaran los requisitos para inscribir a la parte actora a dicha institución; derivado de ello, respondió dicha dependencia que debían celebrar convenios, los cuales serían aprobados por el ejecutivo estatal, por tanto, se encontraron imposibilitados para llevar a cabo tales convenios. Derivado de ello, comunican a este juzgado que solicitaran al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, otorguen a la parte actora y a sus familias el servicio médico necesario, lo cual debe ser peticionado y aprobado por el cabildo de ese ayuntamiento; en consecuencia, las autoridades vinculadas solicitan prórroga para poder dar cumplimiento al fallo protector. Atento a su petición, se acuerda: En proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 1475 a 1477, tomo II), se tuvieron como autoridades vinculadas para el cumplimiento de la sentencia ejecutoria al Ayuntamiento, Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, lo cual se les hizo de su conocimiento mediante oficio 5251/2018. Así también, se les informó que los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa son los siguientes: "[.] En vista de que existe solicitud de la parte actora para que se efectúe el cumplimiento del laudo relativo, así como el dictado de acuerdos de apercibimiento y posterior determinación de hacer efectivas las multas a que alude el artículo 104 de la legislación de la materia, el tribunal laboral responsable deberá dictar las medidas legales a su alcance para verificar el resultado de la intervención de la autoridad hacendaria en el cobro de las mismas, además, acreditar que se verificó el requerimiento ordenado en proveído de nueve de febrero de dos mil quince, así como el resultado de dicha diligencia. En ese orden, previa solicitud de los actores, deberá efectuar el procedimiento respectivo hasta llevar a cabo la ejecución eficaz del laudo (incluso las medidas contempladas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado), sin permitir más evasivas en su cumplimiento, agotando todos los medios a su alcance para vencer la resistencia de la parte condenada, de conformidad con lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en términos del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En reiteradas ocasiones, este órgano de control constitucional ha requerido a dichas autoridades para que den cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, otorgándoles también las prórrogas que han solicitado, siendo la última de fecha veinticuatro de abril del año en curso (foja 2657, tomo III), por el plazo de diez días hábiles, sin embargo, fueron omisas en acatar lo ordenado, por lo que en auto de dieciséis de mayo de esta anualidad, se les requirió nuevamente para que informaran sobre el cumplimiento del fallo protector (foja 2686), siendo hasta esta data en que comunican lo relativo, sin hacer alusión además a las diversas prestaciones a las que están obligadas a observar, en cuanto al cumplimiento del laudo condenatorio. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido en el cuatro párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede a las autoridades vinculadas Ayuntamiento, Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, prórroga de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que reciban la comunicación respectiva, para que acaten en sus términos la sentencia concesoria del amparo, esto es, deberán realizar todas las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes y en relación con todas las prestaciones ordenadas en el laudo, sin evasivas y con la prontitud debida, de lo cual deberá remitir copia certificada a este órgano de control constitucional. Apercibidas que en caso de incumplimiento, sin causa justificada, se les impondrá a cada una multa de cien Unidades de Medida y Actualización que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 192, 193 y 258 de la ley en la materia y se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, para el trámite correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar a la quejosa *********, el contenido del proveído de nueve de mayo de esta anualidad, por las circunstancias allí expuestas. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del citado acuerdo, de este auto y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realicen por medio de lista en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista a la parte quejosa el proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve y este acuerdo.**************************************************************************************** AUTO DE NUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.........Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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