Virgina Rodriguez Ramírez
Expediente 1537/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 19 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1537/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Virgina Rodriguez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Recepción. Agréguese el oficio firmado por la actuaria adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el oficio 10473/2023 por el que se informa que mediante proveído de doce anterior, el órgano de su adscripción declaró carecer de competencia legal por razón de vía para conocer de la demanda de amparo promovida por ******* y ********, por conducto de su mandatario judicial ******, contra actos de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como el comunicado 5680, donde dicha sala envía el escrito inicial, así como un tomo certificado de actuaciones llevadas a cabo en el toca ****. Con el cuaderno remitido por el tribunal en comento, ante la dificultad en su digitalizacio´n, con fundamento en el precepto 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integracio´n y tra´mite de expediente electro´nico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los o´rganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena formar por separado un cuaderno auxiliar, identificado como tomo I, el cual estara´ a disposicio´n de las partes en la mesa respectiva para su consulta, y se tendra´ a la vista al momento de emitirse el fallo relativo; en el entendido de que se continuara´ actuando en el expediente principal. Acúsese el recibo de estilo. Con fundamento en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control se avoca al conocimiento del asunto, consecuentemente, se provee: Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1537/2023-II. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que las promoventes señalan como acto reclamado el siguiente: La resolución de seis de noviembre de dos mil veintitrés emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca 1497/2023, en la declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por las quejosas y confirmó el proveído de nueve de agosto del año que transcurre, en el que el Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de ese tribunal desechó el incidente de nulidad de notificaciones promovido por las quejosas en el expediente de origen 790/2021. En esas condiciones, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". Dicha aseveración obedece a que el acto combatido es la sentencia de siete de noviembre de dos mil veintitrés, en la que se confirmó el proveído de nueve de agosto del año que transcurre, donde el juez de origen desechó el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento practicado a las quejosas en el juicio ordinario civil de origen. Por tanto, es una determinación que si bien es cierto se verificó dentro del procedimiento mencionado, también es verdad que puede repararse a través de la resolución favorable que llegue a pronunciarse en él y que por ello no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ni tampoco se está en el caso de un acto que sea de imposible reparación, de ahí que la propia Ley de Amparo lo establece como una violación procesal reclamable en el amparo que se promueva en contra del fallo que concluya la controversia natural. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la resolución definitiva; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados o convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos dañar a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia respectiva, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso combatirlos en la vía de amparo que corresponda. Así, los actos procesales que sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación determinar cuándo se produce una afectación irreparable, como sucedió antaño, sino que fue taxativo al señalar qué debe entenderse por dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, el acto aquí combatido, por su naturaleza, carece de tales efectos, pues se trata de una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad de que la resolución que ponga fin al juicio de origen, sea favorable a las quejosas. Dicho fallo no constituye un acto dentro del juicio de origen cuyos efectos sean de imposible reparación, que vulnere materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasionan consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado de la resolución definitiva, amén que esa determinación no priva del derecho de defensa a las partes, ni altera las cuestiones debatidas. Así, se concluye que lo determinado en la sentencia de seis de noviembre del año en curso, en la que se confirmó el proveído de nueve de agosto del año que transcurre, donde el juez de origen desechó el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento practicado a las quejosas, es un acto que puede repararse a través del fallo que llegue a pronunciarse en tal procedimiento y, por ello, no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, porque podrá combatirse como violación procesal en el amparo directo que promueva en su contra. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a tales derechos, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales prerrogativas no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, al tratarse de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que afecte su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. Ahora, en efecto, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1947, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009302, de rubro: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)". Habida cuenta que, se insiste, se trata de violaciones intraprocesales, las cuales pueden ser resarcidas al momento de emitirse la sentencia respectiva en el procedimiento de origen, la cual, de serle desfavorable, estará en aptitud de impugnar por medio del recurso ordinario previsto en la ley aplicable, o en su caso, en la vía de amparo que corresponda, de considerar que dicha violación trascendió al resultado del fallo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la quejosa, lo que no acontece. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y 113 de la ley de la materia, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el dispositivo 27, fracción I, de la normativa de la materia, se tiene como tal el ubicado en *******************************. Acceso al expediente electrónico y notificaciones vía electrónica. Se permite la consulta electrónica del presente asunto, así como la realización de las notificaciones a dicha parte procesal, aún las de carácter personal, por medio del usuario "******" lo anterior, como lo establecen los artículos 3° y 26, fracción IV de la Ley de Amparo. En el entendido que la elección de esta modalidad debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan por lista. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2405, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". Autorizados. Se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada y *******, al tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; asimismo, respecto a las restantes personas que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos de acuerdo con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Proporciona correo electrónico. No ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona como medios oficiales para recibir notificación, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, únicamente contempla que las notificaciones se llevarán a cabo de manera personal, por oficio, por lista y por vía electrónica a las partes que así lo soliciten expresamente, pero para que sean realizadas en la última vía mencionada es necesario que previamente proporcionen el nombre de usuario y que expresamente soliciten dicha notificación electrónica; por lo que las notificaciones vía telefónica, o bien, vía correo electrónico, no son medios de comunicación procesal contemplados en la referida ley. Medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente designada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la facultad. Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Ha´gase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgacio´n de sus datos personales, en te´rminos de los arti´culos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fraccio´n V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintise´is de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes debera´n manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahi´ sen~alados, en el entendido que la falta de oposicio´n conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresio´n de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la u´ltima ley en cita. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad indicada. MESA* II
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