Virgina Casillas Arias

Expediente 558/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
558/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Virgina Casillas Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables Director General; y, Jefa del Departamento de Nóminas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual informa los actos que han realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Esto es, envía copia certificada del oficio SGPES/2179/2023, donde la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales le informó que realizó las acciones correspondientes a efecto de que en lo presente y en lo futuro se deje de aplicar en perjuicio de la quejosa Virginia Casillas Arias, el descuento de pensión a que se refiere el artículo 16 y el numeral 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Asimismo, adjunta concentrado del el historial de pago individualizado, desglosado y pormenorizado, de los conceptos de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, a nombre de la quejosa Virginia Casillas Arias, a partir del veintidós de septiembre de dos mil veintidós; y los subsecuentes. Sin que por el momento sea el caso requerir el cumplimiento total a la ejecutoria dictada en el presente juicio; lo anterior, en virtud de que se encuentra transcurriendo la prórroga de quince días, otorgada a las autoridades responsables Director General; y, Jefa del Departamento de Nóminas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad, en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la delegada autorizada de las autoridades responsables Director General; y, Jefa del Departamento de Nóminas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento el requerimiento formulado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es: Que giró oficio a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a fin de que emita el historial de pago individualizado, desglosado y pormenorizado, de los conceptos de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, a nombre de la quejosa ********************, a partir del veintidós de septiembre de dos mil veintidós y los subsecuentes. Asimismo, solicita se le conceda una prórroga de quince días a efecto de dar total cumplimiento al fallo protector. Atento a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, atendiendo a la complejidad de los actos a realizar, en virtud de que la autoridad responsable debe realizar las gestiones ante las diversas áreas administrativas involucradas, para devolver a la parte quejosa las cantidades que se le hayan descontado respecto a su pensión con motivo de la aplicación del artículo 16 y el diverso 25, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a partir del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, se concede las autoridades responsables Director General; y, Jefa del Departamento de Nóminas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, una prórroga por el plazo de quince días hábiles, misma que comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1 I.3o.C. J/7 (10a.) pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se informa a las referidas autoridades que les subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, con el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado, sin causa justificada, y, de no demostrar haber dado cumplimiento a la ejecutoria, se le impondrá una multa por cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de la materia; cantidad que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con valor al día de hoy de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), por cien; además, se enviará el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, para seguir con el trámite de inejecución, en términos del numeral 193 de la Ley de Amparo, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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