Virgilio Maldonado Najera

Expediente 595/2009 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 40 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
595/2009
Año
2009
Actuaciones
40
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Virgilio Maldonado Najera
  • Ayuntamiento de Tlapa . .
  • VIRGILIO MALDONADO NAJERA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días concedidos a la parte quejosa, para que se inconformara respecto del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos, sin que lo haya hecho; en consecuencia, téngasele consintiendo la determinación tomada por este Juzgado Federal y con fundamento en los artículos 105 y 113 de la Ley de Amparo abrogada, se declara firme dicha determinación y se archiva el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad y con el estado procesal que guardan los presentes autos, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada dentro de los autos del incidente de inejecución de sentencia 5/2017, así como los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 595/2009. Acúsese el recibo de estilo correspondiente de lo precisado anteriormente. Ahora bien y apareciendo que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Se declara infundado el incidente de inejecución de sentencia, derivado del juicio de amparo indirecto 595/2009, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, promovido por Virgilio Maldonado Nájera, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, haciéndole saber a las partes la llegada de lo antes anotado; asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del incidente de inejecución de sentencia, en el entendido que sólo se deberán agregar la caratula respectiva y las actuaciones originales que obren en el mismo. Señalado lo anterior, y en acatamiento a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el incidente de inejecución de sentencia 5/2017, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes para saber si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 2ªXXXVII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de 1999, cuyo rubro señala: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se procede al estudio de las constancias que obran en autos, a efecto de determinar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo, para ello se tiene en cuenta lo siguiente. I. Virgilio Maldonado Nájera, el seis de mayo de dos mil nueve, promovió amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó: IV.- ACTO RECLAMADO. -la inactividad procesal en el juicio laboral referido, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero II. En la veintiuno de septiembre de dos mil nueve, se concedió el amparo a la parte quejosa y se fijó el acto reclamado de la siguiente manera: La negativa a dar respuesta o acordar el escrito que presentó el nueve de febrero del año en curso (foja 10), en detrimento de lo dispuesto en los artículo 8 y 17 Constitucionales; y La inactividad procesal en el expediente laboral 182/2006, del índice del Tribunal laboral responsable. Y se consideró en lo que interesa lo siguiente: QUINTO. Al no advertirse otra causa de improcedencia del juicio de amparo, a continuación se analizará el diverso acto reclamado consistente en la inactividad procesal en el expediente laboral 182/2006, del índice de la autoridad responsable, en virtud de que en sus conceptos de violación alega que se violan en su perjuicio las garantías constitucionales contenidas en el artículo 17, de la Constitución General de la República, por los razonamientos que se tienen por reproducidos en este apartado para los efectos legales a que haya lugar, atento al criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis de jurisprudencia VI.2º.J/29, consultable en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." En ese orden de ideas, procede abordar el estudio del acto reclamado en relación con el fondo de la controversia. El concepto de violación es fundado, suplido en su deficiencia de conformidad con la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. El quejoso aduce que la responsable vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Carta Magna, en virtud de que no ha emitido ninguna medida para que el convenio de laudo que celebró el ahora quejoso con el ayuntamiento tercero perjudicado en el juicio de origen (foja 211 a 243), sea cumplido de manera pronta por parte de la demandada. Asiste razón al solicitante del amparo, porque de las constancias que obran en el expediente de origen, se aprecia que el tribunal responsable no ha dado cabal cumplimiento a la obligación que le imponen el artículo 97 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y el diverso 940 de la Ley Federal del Trabajo, esta última de aplicación supletoria a la primera de las legislaciones en mención, esto es, no ha dictado las medidas necesarias para que la ejecución del convenio de laudo referido sea pronta y expedita. Las disposiciones legales de referencia, en su orden, disponen: "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". De las disposiciones citadas, deriva la obligación para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de dictar y promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, para conseguirlo dictaran las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita, esto es, deben imprimir celeridad en los actos tendentes a la ejecución del laudo correspondiente. Por tanto, si el estado procesal de los autos del juicio natural revelan que el tribunal laboral responsable no ha proveído las medidas necesarias que a su juicio sean procedentes para lograr la eficaz e inmediata ejecución del citado convenio de laudo, es indudable que la conducta procesal de la responsable trastoca la garantía de impartición pronta y expedita de justicia que el artículo 17 de la Constitución Federal consagra a favor de los gobernados, en función de que con su actuar retarda injustificadamente la ejecución del convenio de laudo que celebró el ahora quejoso con el ayuntamiento tercero perjudicado en el juicio de origen (foja 211 a 243). En las relatadas condiciones, ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder la protección federal para el efecto de que el tribunal responsable dicte todas las medidas necesarias para lograr el eficaz cumplimiento e inmediata ejecución del convenio de laudo celebrado entre el ahora quejoso y el Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el procedimiento natural, ello en estricta observancia al artículo 17, de la Carta Magna, con el objetivo de evitar que el procedimiento natural se continúe retardando injustificadamente, y así reestablecer a la parte quejosa en su garantía individual violada, consagrada en el citado numeral constitucional." (Fojas 298 a 305) III. Ahora bien, el efecto de la sentencia de amparo debe entenderse conjuntamente con la parte considerativa de la sentencia, pues solo de esa forma podrá conocerse cuáles son los actos concretos que la autoridad responsable está obligada a realizar; de ahí que a la expresión ".dicte todas las medidas necesarias para lograr el eficaz cumplimiento e inmediata ejecución del convenio de laudo celebrado entre el ahora quejoso y el Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el procedimiento natural.", debe dársele contenido en ese contexto. Ahora bien, el efecto de la sentencia de amparo debe entenderse conjuntamente con el acto reclamado y la parte considerativa de la misma, porque sólo de esa forma podrá conocerse cuáles son los actos concretos que la autoridad responsable está obligada a realizar. Bajo esta tesitura, la demanda de amparo se promovió por la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de acordar la promoción presentada el nueve de febrero del año en curso (foja 10) y la omisión de promover la eficaz e inmediata ejecución del laudo. Luego, confrontados que fueron los efectos de la concesión del amparo y la parte considerativa de la sentencia, se tiene que las acciones concretas del tribunal responsable, se limitan a: 1. Despachar ejecución del laudo, y vigilar su cumplimiento. Esto, porque en la propia sentencia se hizo notar que, el treinta de abril de dos mil nueve, se acordó lo referente al escrito presentado el nueve de febrero de dos mil nueve y se consideró que ello patentizaba un retraso en el procedimiento laboral de origen de manera innecesaria, al omitir acordar en tiempo las promociones; por lo que el alcance del efecto de la concesión del amparo, se constriñó a promover lo relativo para dar continuidad a la etapa de ejecución del laudo, tomando las correspondientes medidas para ello. Al respecto, se invoca el precedente derivado del recurso de inconformidad laboral 9/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, tramitado en el juicio de amparo 1281/2012, del índice de este órgano jurisdiccional. Esto, porque la oración: "[.]dicte todas las medidas necesarias para lograr el eficaz cumplimiento", es una frase que si se toma aislada resulta vacía de contenido específico, al no puntualizar la actividad que en concreto debe realizar la autoridad responsable, por ello debe tomarse en el contexto de la ejecutoria ya indicada. Así, resulta que el alcance del efecto de la concesión del amparo debe constreñirse a proveer lo relativo para dar continuidad a la etapa de ejecución del laudo; sin que los efectos de la concesión se puedan extender hasta el cumplimiento total del laudo, porque eso no se concretizó en la sentencia de amparo. Ese tema fue tocado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resolver la inconformidad 193/2013, con base en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que en lo toral expuso: "De lo que se sigue que se encuentra satisfecho el núcleo esencial de la obligación exigida por la ejecutoria de amparo, lo que es suficiente para tenerla por cumplida, toda vez que las dilaciones a que alude la inconforme sobre la admisión y desahogo de pruebas así como en el dictado de laudo, son aspectos que atañen a un diverso medio de defensa. No pasa inadvertido que el ahora inconforme invoca, en apoyo de sus agravios, la jurisprudencia 2ª/J 45/2007 de esta Segunda Sala que a la letra se lee: 'SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. (Se trascribe)'. Sin embargo, del análisis del criterio jurisprudencial transcrito no se desprende, como lo pretende la inconforme, que para poder tener por satisfecho el núcleo esencial de la obligación exigida en la sentencia que concede el amparo por violación al principio de pronta impartición de justicia, es necesario esperar hasta el dictado del laudo y verificar que todas las actuaciones procesales se hayan realizado dentro de los plazos previstos en la ley, habida cuenta de que el retardo en la conclusión de juicio en ocasiones es atribuible a las partes e incluso a factores ajenos a la voluntad de la autoridad responsable, siendo ésta la razón por la cual se afirma que las nuevas dilaciones procesales a que alude la inconforme son impugnables a través de diverso medio de impugnación". Además, se invoca el precedente derivado del incidente de inejecución de sentencia 3/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, derivado del juicio de amparo 278/2010. En tal contexto se analizará el cumplimiento de la ejecutoria. IV. Acciones realizadas por la responsable. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, efectuó lo siguiente: Por oficio 2894/2009 de trece de mayo de dos mil nueve, envió el auto de treinta de abril de dos mil nueve, se acordó lo referente al escrito presentado el nueve de febrero de dos mil nueve, dentro de los autos del juicio laboral de origen, en el que se señalaron las doce horas con veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil nueve, para que tuviera verificativo la reinstalación del actor Virgilio Maldonado Nájera (fojas 18 a 20). El seis de mayo de dos mil catorce, dictó auto de ejecución y cuantificó la condena, correspondiéndole al aquí quejoso la cantidad de $706,600.00 (setecientos seis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) y comisionó al actuario para que en compañía del quejoso se constituyeran en el domicilio del demandado a efecto de llevar a cabo la reinstalación de la parte actora, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así aplicaría una multa de mil pesos, con fundamento en el artículo 95 de la Ley 51 del estado (foja 504). Por oficio 11446/2014 remitió el auto de tres de julio de dos mil catorce, por el cual se llevó a cabo la reinstalación del aquí quejoso Virgilio Maldonado Nájera, asimismo, requirió de pago al ayuntamiento demandado dentro de los autos del juicio laboral de origen 182/2006 (fojas 519 y 520). Mediante oficio 353/2015 de nueve de enero de dos mil quince, adjunto el oficio girado a la Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, recepcionado el nueve del mismo mes y año, por el cual le solicitó aplicara la multa decretada al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por la cantidad de mil pesos (fojas 561 y 563). Por autos de nueve de febrero, seis de marzo, ocho de abril, once de noviembre de dos mil quince, veintiséis de abril y diez de junio de dos mil dieciséis (fojas 578, 598, 613, 628, 649 y 655), se advierte que la autoridad responsable ordenó hacer efectivos los apercibimientos de multas en autos del juicio laboral de origen, por el cumplimiento dado por la demandada a los diversos requerimientos realizados. Por oficio 3291/2015 de veinticuatro de febrero de mil quince, remitió el oficio girado al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, recepcionado el diecisiete del mismo mes y año, por el cual le solicitó hiciera efectiva la multa decretada al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por la cantidad de mil pesos (fojas 592 y 593). Por autos de treinta y uno de agosto, veinte de octubre de dos mil dieciséis y diez de enero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable requirió al ayuntamiento demandado para el efecto de que pagara al aquí quejoso la cantidad de $706,600.00 (setecientos seis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), que le corresponden por la condena impuesta en el juicio laboral de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le haría efectiva una multa por doscientos días de salario mínimo vigente (fojas 660, 684 y 752). La autoridad responsable por oficio 251/2017, anexó el auto de diez de enero de dos mil diecisiete, por el cual la parte demandada exhibió dos cheques por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno, a nombre de la parte actora, dentro del juicio laboral 182/2006 (fojas 751 a 752). Por oficio de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, remitió copia del acuse del oficio dirigido al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por el cual lo instó a dar cumplimiento al laudo dentro del juicio laboral de origen 182/2006 (fojas 800 y 801). Este órgano jurisdiccional, por auto de dos de marzo de dos mil diecisiete (fojas 802 a 806), ordenó tramitar incidente de inejecución de sentencia, al considerar que no estaba cumplida la ejecutoria, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad (bajo el número 5/2017), el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en el sentido de estimarlo infundado. Por oficio 2341/2017 de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por el cual requirió el cumplimiento a la parte demandada dentro del juicio laboral de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso indicado se le impondría una multa de doscientos veinte días de salario mínimo vigente en el estado de Guerrero El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en representación del secretario de finanzas, remitió copia certificada de las constancias relacionadas en el párrafo precedente, asimismo, que el Ayuntamiento demandado, en diecisiete de marzo de dos mil diecisiete le informó que no contaba con la solvencia suficiente para realizar el pago en una sola exhibición, señalando que los pagos se realizarían de manera mensual hasta finiquitar el adeudo dentro del juicio laboral 182/2006 (fojas 896 a 904). En el mismo oficio remitió copia certificada del cheque expedido el quince de marzo de dos mil diecisiete a favor de Virgilio Maldonado Nájera, por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100) (foja 899) V. Verificación del cumplimiento. En virtud de lo anterior y analizada que fue la resolución dictada en veintiuno de septiembre de dos mil nueve (fojas 295 a 307), se advierte, como se dijo en el párrafo anterior sobre los efectos de la sentencia de amparo esta juzgadora debe darle el contenido que en el contexto le corresponde, esto es, el núcleo esencial de la ejecución de amparo, tal y como se advierte de la sentencia que otorgó la protección constitucional es, que la autoridad responsable dictara todas las medidas necesarias para lograr el eficaz cumplimiento e inmediata ejecución del convenio de laudo celebrado entre el ahora quejoso y el Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el procedimiento natural, sin perder de vista que de la misma sentencia amparadora, se dijo, que el objetivo de la misma era para evitar que el procedimiento natural se continuara retardando injustificadamente y así restablecer a la parte quejosa en su garantía violada. Así, confrontadas las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, con los efectos y alcances del amparo concedido al quejoso, permite afirmar que la responsable acató la sentencia amparadora. Esto, porque: 1) El treinta de abril de dos mil nueve, se acordó lo referente al escrito presentado el nueve de febrero de dos mil nueve; 2) El seis de mayo de dos mil catorce, dictó auto de ejecución y cuantificó la condena, correspondiéndole al aquí quejoso , asimismo, comisionó al actuario para que en compañía del quejoso se constituyeran en el domicilio del demandado a efecto de llevar a cabo la reinstalación de la parte actora; 3) Remitió el auto de tres de julio de dos mil catorce, por el cual se llevó a cabo la reinstalación del aquí quejoso Virgilio Maldonado Nájera, asimismo, requirió de pago al ayuntamiento demandado dentro de los autos del juicio laboral de origen 182/2006 4) Proveyó en relación a su cumplimiento, es decir, requirió de pago al ayuntamiento demandado, impuso multas y logró pagos parciales de la condena cuantificada en ejecución de la sentencia de amparo, así: En cuanto a las medidas que tomó para ejecutar el laudo, se tiene que: 1) La autoridad responsable ha efectuado diversos requerimientos al ayuntamiento demandado a fin de que realizara el pago de la cantidad de $706,600.00 (setecientos seis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) a favor del aquí quejoso. 2).- Igualmente se aprecia que el ayuntamiento demandado y vinculado al cumplimiento exhibió cheques a favor del actor, por la cantidad de cinco mil pesos cada uno, como pago parcial de la cantidad convenida en autos. Cantidad que si bien es mínima en comparación con los importes a los cuales hizo referencia la autoridad responsable en los requerimientos mencionados, setecientos seis mil seiscientos pesos, lo cierto es que denota que existe el procedimiento de ejecución ya no está paralizado, con lo cual se restituyó al quejoso en su garantía violada. En ese sentido, aun cuando no se haya obtenido el pago total de la cantidad condenada en el laudo, eso no impide tener por cumplida la ejecutoria, porque sus efectos se entienden bajo el contexto de señalarlos de manera concreta en función del acto reclamado y el estado procesal del asunto al momento de promover juicio de amparo, que de acuerdo con la ejecutoria estaba paralizado, porque no se había acordado el escrito presentado el nueve de febrero de dos mil nueve, en el entendido que en esa fecha no se había dictado auto de ejecución, ni mucho menos se habían dictado acciones tendentes para cumplir el laudo; entonces, ya cesó la inactividad en que se encontraba dicha ejecución porque la autoridad responsable despachó auto de ejecución, proveyó sobre su cumplimiento, logró la reinstalación del actor Virgilio Maldonado Nájera y pagos parciales de la condena cuantificada en el mandamiento de ejecución de seis de mayo de dos mil catorce y continúa requiriendo con los apercibimientos de ley (multas efectivas). En consecuencia, es procedente establecer que el tribunal responsable cumplió con los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, en función de lo reclamado por el quejoso Virgilio Maldonado Nájera. Al respecto, se cita el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el incidente de inejecución 21/2016, en el que estableció que este juzgado debe realizar el estudio del cumplimiento de las sentencias de una manera acuciosa y exhaustiva, confrontando los efectos del fallo protector con las medidas efectuadas por la autoridad responsable; así como, lo resuelto en el recurso de inconformidad 2/2017, en donde declaró infundado dicho medio de impugnación al cumplirse con los efectos de la sentencia amparadora con los diversos trámites realizados por la autoridad responsable al no haberse especificado que el alcance era hasta lograr el pago total del laudo. Por ello, no es óbice que la responsable siga requiriendo la liquidación total del laudo; sin embargo, son actos que ya no están comprendidos en los efectos de la concesión del amparo, pero sí están sujetos al impulso procesal que el actor tiene como carga para continuar con la ejecución del laudo, a fin de que las acciones para ejecutar el laudo no prescriban, como lo establecen los artículos 74, 97 y 98 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. No es óbice para ello la circunstancia de que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, haya manifestado que dicha dependencia tiene imposibilidad jurídica para desviar a otros fines las partidas presupuestales del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, porque, de acuerdo con lo narrado, la autoridad responsable ya cumplió con la ejecutoria de amparo. Sin que sea óbice lo anterior, que mediante proveídos de veintitrés de marzo y veintidós de junio de dos mil diecisiete (fojas 862 y 905), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que a la fecha haya desahogado las mismas. 4.- Conclusión. La sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el numeral 105, de la Ley de Amparo abrogada, dese vista a la parte quejosa por el término de CINCO DÍAS, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento dado; de no existir inconformidad se ordenará el archivo del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Por recibido el oficio y anexo firmado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en representación del secretario de finanzas, mediante el cual remite copia certificada de las constancias por las cuales la parte demandada exhibió dos cheques por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a nombre de la parte actora dentro del juicio laboral 182/2006; en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con el oficio de cuenta y constancias anexas al mismo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia del oficio y las constancias adjuntas al mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, mediante el cual informa que admitió el incidente de inejecución de sentencia 5/2017, planteado por este órgano jurisdiccional en proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes.

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