Virgilio José Díaz García

Expediente 54/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
54/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • Virgilio José Díaz García
  • Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de garantías ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida no tiene trascendencia jurídica; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de SEIS MESES. Aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de quince del mes y año en curso, de la que se advierte que el quejoso asentó que no ratifica la demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de enero de dos mil veintiuno y con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA promovida a nombre de *****, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur y otra autoridad. Se deja sin efectos la suspensión de plano decretada en autos y se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese, y por lista a la promovente.

  3. Principal

    vista la demanda de amparo promovida por ***, quien acude a nombre de ***, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur y otra autoridad. REGISTRO Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 54/2021-VII. SUSPENSIÓN DE PLANO Toda vez que en la demanda de cuenta se solicitó la suspensión de los actos reclamados, y atento a que se ubican en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo al tratarse de actos que importan peligro a la salud y riesgo inminente a la vida de ***, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado. Cabe precisar que el artículo 4° de la Constitución Federal, en su párrafo cuarto, consagra uno de los más importantes derechos humanos, el derecho a la salud, el cual nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. De la lectura integral a la demanda, se advierte que la parte promovente solicita la suspensión de plano a efecto de que: Se le permita el traslado del Hospital General de Balbuena en que se encuentra hospitalizado a un diverso hospital privado de esta ciudad, con el objeto de garantizar su atención médica. Al respecto, nuestro más Alto Tribunal ha establecido que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, de manera que para garantizar la calidad en los servicios de salud el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que entre los servicios de salud se encuentra la atención médica, misma que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquéllas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos necesarios correspondientes al cuadro básico de insumos del sector salud, así como la aplicación de las intervenciones quirúrgicas indispensables que en cada caso correspondan. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro y contenido siguientes: "DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud." "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." De lo anterior, se colige que la Suprema Corte de Justicia la Nación ha manifestado que, para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, en el marco de la salud, los Estados deben crear un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios medidos (de salud), estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. Es decir, los Estados tienen la obligación de regular, permanentemente, la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de los servicios de salud públicos de calidad, asegurando que los profesionales reúnan las condiciones necesarias para su ejercicio, de tal manera que se disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Así, puede decirse que los Estados tienen, en materia de salud, las obligaciones siguientes: - De supervisión: analizar constantemente la prestación del servicio tanto en instituciones públicas como privadas, para proteger el bien respectivo. - De disponibilidad y accesibilidad: lograr, de manera progresiva, que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción tengan acceso a las instituciones de salud, cuestión que implica que dichas personas sean atendidas oportunamente y que se les brinde el tratamiento o el medicamente necesario en todo momento. - De calidad en el servicio: que las condiciones sanitarias y el personal de las instituciones de la salud sean los adecuados, que estén debidamente calificados o capacitados y que se mantengan aptos para ejercer la profesión. Sentado lo anterior, es menester manifestar que la parte quejosa indicó bajo protesta de decir verdad que se encuentra privado de su libertad en el RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO por sentencia condenatoria de VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, con número de CAUSA PENAL 214/2018 y CUADERNO DE ENJUICIAMIENTO: 9/2019. De acuerdo con los artículos 101 y 102 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), conforme a los cuales, se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población, los cuales, por regla general, se brindarán en las propias instalaciones del centro, salvo que se trate de casos extraordinarios en que la gravedad del interno requiera la autorización de las autoridades penitenciarias, bajo su más estricta responsabilidad y previo dictamen de la unidad médica correspondiente, para que accedan a especialistas de instituciones públicas o privadas del sector salud. De los dispositivos legales en comento, se advierte que los servicios de atención médica serán gratuitos como medio para prevenir, proteger y mantener la salud de los sentenciados, mediante programas de medicina de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. De igual forma, se aprecia que los servicios médicos serán acordes a la necesidad médica del interno, otorgando el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico degenerativas incluyendo las enfermedades mentales. En este sentido la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, deberá prever que exista personal de servicios médicos con conocimientos médicos, psicológicos, psiquiátricos y odontológicos responsable de cuidar la salud física y mental de los sentenciados y vigilar las condiciones de higiene y salubridad en las instalaciones. No obstante lo anterior, podrá permitirse, a solicitud de los sentenciados, familiares o de la persona previamente designada por aquél, que médicos ajenos al Centro Penitenciario examinen y traten al sentenciado; en este caso, el tratamiento respectivo será a cargo del solicitante, y deberá ser autorizado por el titular médico del Centro Penitenciario y ponerse a consideración del Consejo Técnico para su valoración, el cual determinará la procedencia o negativa. En el caso, en el ejercicio de sus obligaciones a fin brindar la atención médica para el hoy quejoso, las autoridades responsables solicitaron el traslado del interno al Hospital General de Balbuena, cumpliendo con lo establecido de brindar la atención médica del sentenciado y velando por la seguridad tanto del interno como el de la sociedad. Lo anterior, implica que se está otorgando el tratamiento adecuado al interno quejoso, en unas instalaciones en las cuales las autoridades penitenciarias del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, tomaron en cuenta que el gobernado requiere medidas especiales de seguridad, y por ende, son las más aptas para efecto de que sin que éste se pueda sustraer a la acción de la justicia, se le otorgue el tratamiento médico idóneo para su padecimiento. Es oportuno mencionar que, la ejecución de las sentencias privativas de libertad se lleva a cabo en centros especiales, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, hay la posibilidad de imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a internos que así lo requieran, cuando se les pueda considerar como personas peligrosas. Lo cual se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos. Así, se considera que si al quejoso en su carácter de interno del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México se le asignó determinado nosocomio o centro de salud para efecto de que reciba un tratamiento adecuado para la afección física que padece, previa valoración del personal médico del centro de reinserción social en que se encuentra preso, se entiende que tal lugar es el más adecuado para otorgarle el tratamiento médico que requiere y además, para aplicarle medidas de seguridad en su instalaciones que minimicen el riesgo de fuga. Sobre tales premisas, con fundamento en lo previsto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DE PLANO SOLICITADA, relativa a que se traslade al quejoso del Hospital General de Balbuena en que se encuentra hospitalizado a diverso hospital privado de la Ciudad de México, con el objeto de que se le otorgue tratamiento médico. Lo anterior, tiene razón de ser porque de acuerdo con lo manifestado por el gobernado en su escrito de demanda, en el nosocomio en que se encuentra internado no se le ha negando el tratamiento médico, ni tampoco se alega que éste no sea el adecuado al padecimiento o afección física que tiene. Corolario a lo anterior es el hecho de que, en términos de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), podrá permitirse, a solicitud de los sentenciados, familiares o de la persona previamente designada por aquél, que médicos ajenos al centro penitenciario examinen y traten al sentenciado; en cuyo caso, el tratamiento respectivo deberá ser autorizado por el titular médico del centro penitenciario y ponerse a consideración del Consejo Técnico para su valoración, que determinará la procedencia o negativa. Sin embargo, tal circunstancia no advierte que haya acontecido respecto de una solicitud presentada a las autoridades del centro de reinserción social en que se encuentra interno el quejoso, con el fin de poder recibir tratamiento médico en un hospital privado, ni tampoco que éstas lo hayan negado. Máxime que para ello, se deberá expresar cuál es el hospital privado en que se pretende recibir el tratamiento médico, con el objeto de que las autoridades del sistema penitenciario puedan constatar que en dicho lugar, se cumplen con las medidas de seguridad necesarias a fin de que el interno no se pueda fugar; pero, nada de eso quedó demostrado en autos en términos de la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN AL DEMANDANTE De conformidad con los numerales 15 y 26, fracción I, inciso a), de la legislación de la materia, y el diverso 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este órgano, a efecto que se constituya en el lugar en que se encuentra la parte demandante, esto es, en el Hospital General de Balbuena, para que haga del conocimiento lo determinado en el presente proveído. Además, la actuaria deberá requerir a Virgilio José Díaz García, para que al momento que se le notifique este proveído, exprese si ratifica o no la demanda de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que se refiere a la consulta y notificación electrónica; así como a los medio electrónicos, una vez que el quejoso ratifique la demanda de garantías, se acordará lo conducente; lo anterior con motivo de que la presente demanda es promovida por persona diversa al directamente agraviado y por tanto tiene el carácter de representación provisional. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman y por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, Mayo de 1993, Materia Común, página 370, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD PROVISIONAL EN EL AMPARO. Cuando el promovente del juicio de garantías, no es la parte quejosa por la imposibilidad del agraviado para firmar la promoción al encontrarse incomunicado, debe decirse, que esta representación tiene el carácter de provisional en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, la cual deja de surtir efectos cuando a la persona a cuyo nombre se llevó a cabo la solicitud de protección constitucional, se encuentre en aptitud de continuar el juicio de amparo." AUTORIZACIÓN DE HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo previsto por los artículos 20 y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al fedatario de la adscripción para que, de ser necesario, realice la diligencia encomendada y cualquier otra que sea indispensable, aún en días y horas inhábiles. Notifíquese; personalmente.

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