Virgilio Huitrón Vargas

Expediente 854/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
854/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad
  • Virgilio Huitrón Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.

  2. Principal

    El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Por otra parte, no pasa inadvertido que no se ha emplazado a la parte tercera interesada; sin embargo, en el caso no existe un perjuicio a está ni un fin práctico que pudiera favorecer al quejoso, ya que no se advierte que la presente determinación, le genere beneficio, además, en el artículo 115 de la ley de la materia se establece que la audiencia constitucional deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, de lo que se advierte que la intención del legislador plasmada en dichos preceptos es que las audiencias se celebren en breve término, al sólo prever su diferimiento cuando exista causa fundada y suficiente para hacerlo, por lo que ningún fin práctico tendría esperar el emplazamiento de la tercer interesada, y sí en cambio, retrasaría la impartición de justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, mismos que se estiman plasmados en la orden contenida en el numeral 115 de la Ley de Amparo. Enseguida el Secretario relaciona, como principales constancias del expediente, la demanda de amparo, el auto de admisión y el informe justificado y las constancias de notificación practicadas. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en la demanda, así como por la autoridad responsable en su informe justificado; y, sobre el particular, el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, con lo cual se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó pedimento alguno; a lo que el Juez acuerda: ténganse haciendo la anterior constancia y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 854/2021, promovido por Virgilio Huitron Vargas, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal De Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el trece de julio de dos mil veinte, en expediente laboral 237/2013 -año del juicio que se desprende del propio ocurso que ofreció como prueba-. . El acuerdo publicado el uno de julio de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 237/2003. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 61, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en virtud que el acto reclamado es de naturaleza laboral, atribuido a una autoridad de la misma materia, cuya residencia se ubica dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Al rendir el informe justificado el Tribunal De Conciliación y Arbitraje en el Estado del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por conducto de su Presidente, manifestó respecto del primer acto que se le reclama no ser cierto; sin embargo de las constancias que anexó a su informe de ley, se corrobora su existencia. Asimismo, se tiene por cierto el segundo de los actos reclamados, pues así lo manifestó en la parte relativa de su informe con justificación. Aunado a que de la constancia que adjuntó, se advierte su certeza; a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Ahora, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio. En ese sentido, este juzgado estima que respecto del primer acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Lo anterior es así, ya que de las copias certificadas remitidas por la oficiante, se advierte que mediante auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable proveyó lo conducente respecto al escrito presentado ante éste el trece de julio del año inmediato anterior. Por tanto, se sostiene que la transgresión aducida por la parte quejosa cesó; de ese modo, se encuentra demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el numeral 63, fracción III, de la ley en la materia, lo procedente es sobreseer en el presente asunto por lo que hace a la omisión aquí reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por lo que ve al segundo acto: Es Improcedente el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo publicado el uno de julio de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 237/2003. Se dice lo anterior, pues de conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el dispositivo 62 de la ley que reglamenta la materia, se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, relacionada con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Ahora, de los artículos citados, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva la demanda en los plazos previstos por la ley, además que el término general para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del: 1. Día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Aquél en que haya tenido conocimiento; 3. Aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Ahora bien, de la copia certificada de las constancias que integran el informe justificado, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde el ocho de julio de dos mil veinte, tal como se advierte del instructivo de notificación que obra en la foja 26 de las constancias electrónicas remitidas con el informe justificado. Bajo ese contexto, el término para impugnar dicho auto empezó a correr a partir del día siguiente hábil al en que se practicó, por lo que el término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a correr desde el nueve al diecisiete de julio y concluyó el diez de septiembre de dos mil veinte, periodo del que se descuentan los sábados y domingos, por ser inhábiles, así como los días que el Tribunal responsable suspendió sus actividades. Por tanto, al no estar el quejoso en alguno de los casos de excepción establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, pues del diez de septiembre de dos mil veinte (fecha en que feneció el término), al dos de septiembre de dos mil veintiuno, en que fue presentado el ocurso constitucional, transcurrió en exceso aquel plazo. En esa tesitura, al actualizarse las causas de improcedencia invocada, procede sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, respecto del acto reclamado indicado. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Virgilio Huitron Vargas, respecto de los actos atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos expuestos en el diverso cuarto.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, se tiene al Presidente del Tribunal De Conciliación y Arbitraje en el Estado, rindiendo informe justificado; con el cual se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. 2. Pruebas. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la oficiante las documentales descritas en su informe con justificación relativas al expediente laboral 237/2013, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. 3. Terceros Interesados. Por otra parte, de las constancias que adjuntó el Presidente del Tribunal De Conciliación y Arbitraje en el Estado, a su informe justificado, consistentes en el juicio laboral 237/2013, de su índice, se advierte que en el presente asunto le recae el carácter de tercera interesada a la Secretaria de Educación en el Estado, quien tiene su domicilio Procesal en: Avenida Siervo de la Nación, número 1175, colonia Sentimientos de la Nación de esta Ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce dicho carácter. En ese tenor, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que emplace -mediante oficio- a la tercera interesada Secretaria de Educación en el Estado, en el domicilio antes precisado, hecho para lo cual, deberá correrle traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio, y, además, de esta determinación. 2. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto para las diez horas con cuatro minutos del once de octubre del año en curso y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. 2. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en Zamora, y actuario de su adscripción, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia de amparo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: "1. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en Zamora, deberá emitir de inmediato, el acuerdo en el que respetando los plazos establecidos en el artículo 871 de la Ley Federal de Trabajo, señale hora y fecha para el desahogo de la audiencia bifásica, (ello salvo que la junta hubiera ya procedido como se precisará en párrafos posteriores). 2. Ordenar al actuario de su adscripción para que de inmediato emplace a las personas demandadas faltantes para que comparezcan al juicio laboral y los aperciba conforme a derecho corresponda. 3. Vigilar que el emplazamiento aludido se realice con la debida anticipación y en los términos que conforme a la lee resulte procedente, debiendo aplicar en su caso las correcciones disciplinarias previstas en los artículos 640 y 647 de la ley Federal del Trabajo en caso de incumplimiento. 4. El actuario, por su parte, deberá practicar el emplazamiento de las personas faltantes dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo". 1.2. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa, de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Por tanto, a efecto de que la autoridad responsable, esté en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con el numeral 192 de la ley en la materia, se ordena remitirle copia de la ejecutoria de amparo. 4. Certificación. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda.

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